Gerardo Díaz
Ferrán y Gonzalo Pascual responsabilizan del concurso de Marsans a la IATA. La
defensa del expresidente de CEOE dice que el presidente de Santander, Emilio
Botín, "no se dignó" a contestar a las peticiones de ayuda.
Alberto Ortín / Kirru Artea - Madrid - 14/05/2012 - 07:00
Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, los anteriores propietarios de
Marsans, dicen que el grupo dejó de afrontar sus pagos por la decisión de la
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), el organismo que aglutina
a las compañías de líneas aéreas regulares, de embargar la venta de billetes de
viaje al grupo español. Y aseguran que cuando pidieron auxilio a Emilio Botín,
presidente de Santander, la entidad "no se dignó" a contestar.
El expresidente de la CEOE y su socio afrontan el mes que viene el juicio
tras el que se decidirá si el concurso de Marsans se califica como culpable. En
ese caso los empresarios quedarían inhabilitados para administrar empresas
durante un determinado número de años y tendrían que responder con su
patrimonio a las reclamaciones de los acreedores de Marsans.
La representación legal de Gerardo Díaz Ferrán mantiene, en su escrito de
oposición a la culpabilidad del concurso, recientemente enviado a la juez de
Marsans y al que ha accedido este diario, que la decisión de la IATA de retirar
a Viajes Marsans la licencia para vender viajes "viene motivada no por
impago sino como consecuencia de la interesada interpretación (...) por parte
de la IATA del informe elaborado ad hoc por PricewaterhouseCoopers". La
consultora advirtió en su auditoría del ejercicio 2008-2009 de Viajes Marsans
que era incapaz de expresar una opinión sobre las cuentas del grupo ya que este
no aportaba la información suficiente para ello.
IATA, afirma la representación legal del expresidente de la CEOE, tomó su
decisión "de forma arbitraria, unilateral, carente de todo fundamento y
basada exclusivamente en meras suposiciones y conjeturas". El organismo
reclamó el 11 de abril a Marsans una garantía de 24 millones para permitirle
seguir vendiendo billetes, a lo que la compañía española se negó. El 20 de
abril IATA prohibió a Marsans emitir billetes. Apenas dos meses después el
grupo se declaró en concurso y Díaz Ferrán y Pascual traspasaron, prácticamente
al mismo tiempo, el grupo a Ángel de Cabo, empresario especializado en quiebras
y liquidaciones -el mismo que un año después de hizo, en una situación
parecida, con Nueva Rumasa-.
La fiscal María de la Paz Núñez no ve las cosas de la misma manera.
"La pérdida de liquidez de las empresas de Grupo Marsans motivó que dejara
de pagar a la IATA en los plazos establecidos y que ésta a su vez le exigiera
garantías de pago para dejarles emitir billetes, garantías que no pudieron
prestarse", dice la fiscal en su escrito enviado a la juez del concurso de
Marsans, en el que solicita que el mismo sea declarado culpable y que Gerardo
Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual sean inhabilitados por 10 años para administrar
bienes ajenos.
La opción de venta a Orizonia
La defensa de Díaz Ferrán dice que "Viajes Marsans no tiró la
toalla" a pesar de la decisión de la IATA. "El señor Díaz Ferrán se
dirigió personalmente ... a Emilio Botín solicitando su intercesión".
"Huelga decir", señala en su escrito de oposición, "que el Banco
Santander, como parece tener por costumbre cuando vienen mal dadas, no se dignó
ni tan siquiera a contestar".
La defensa de Pascual va más allá y sugiere que Santander trató de
complicar la liquidez del grupo para que una firma participada por el banco
adquiriera Marsans por un precio rebajado.
Asegura que en 2010 Santander endureció las condiciones de préstamo
coincidiendo con unas negociaciones entre Díaz Ferrán y Pascual para vender
Marsans al grupo Orizonia, participado por una firma de capital riesgo ligada a
Santander, Vista Capital, y por Carlyle. Así Orizonia podría "conseguir su
objetivo de adquirir la empresa a un precio más bajo". La familia
Ruiz-Mateos también culpó a Santander de la quiebra de Nueva Rumasa.
El escrito de oposición de Gerardo Díaz Ferrán a la declaración de culpabilidad
del concurso de Marsans acusa a la administración concursal nombrada por la
juez en la compañía de actuar "con manifiesta mala fe" contra sus
anteriores propietarios. "Es evidente, basta acudir a los medios de
comunicación", dice el escrito, "que las llamadas administraciones
concursales parecen tener fama de ser ciertamente irregulares en su
proceder".
La representación del expresidente de CEOE apunta, eso sí, que no es esa su
impresión, pero subraya que "jamás en un informe de calificación (...) ha
visto esta parte mayor adjetivación a favor de la culpabilidad". También
dice que los administradores "revelando una suerte de enconamiento por
ahora inexplicable" acusan a Díaz Ferrán de apropiarse de forma indebida
de cantidades entregadas por los clientes del grupo de viajes.
Díaz Ferrán y Pascual se dieron de alta en Marsans como trabajadores dos
meses antes del concurso del grupo con un salario mensual de 20.555 euros. Las
defensas de ambos aseguran que se hizo para responder ante una deuda de la
empresa con Wells Fargo.
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