Las micropymes acapararon el 62% de las empresas en concurso

Fuente: Cincodias.com


Cinco Días - Madrid - 09/02/2011

El año pasado se presentaron en España 5.750 concursos, de los que el 94% (5.462) fueron instados por los deudores y el 6% restante (288) fueron necesarios, propuestos por los acreedores, según datos suministrados ayer por el Consejo General de Colegios de Economistas (CGCEE). Del total de concursos, las empresas acapararon el mayor número. En concreto, 3.651 fueron de sociedades limitadas, 865 de sociedades anónimas y 84 de otras entidades. En cambio, en 1.159 concursos el deudor fue una persona física.
En el caso de las empresas en concurso, un punto a destacar es que un 62% correspondieron a micropymes, es decir, pymes con menos de 2 millones de euros de volumen de negocio. Esto hizo que aumentase el número de concursos abreviados que, según los economistas, ascendió a 5.214 frente a 536 de procedimientos abreviados en 2010. Por sectores, construcción y promoción inmobiliaria, con 1.560, e industrial y energético, con 976, fueron los más castigados. Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que tuvo más concursos (1.353); seguida de Madrid (822), Comunidad Valenciana (775) y Andalucía (606).
Leopoldo Pons, presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), organización interna del mismo Consejo, hizo una estimación de la evolución de los concursos en el arco temporal que abarca los años 2009, 2010 y enero de 2011.
Pons afirmó que 150.000 personas jurídicas se han dado de baja durante este tiempo (con información sacada de Hacienda, de la Seguridad Social o de los datos de consumo eléctrico). Asimismo, anunció que 300.000 personas físicas dejaron de actuar en el mercado.
Según Pons, de las personas jurídicas que han desaparecido, un 80% de ellas han dejado deudas. A su juicio, este es uno de los problemas que debe resolver el proyecto de reforma de la Ley Concursal, cuyo anteproyecto está ahora mismo en discusión en el Congreso. "Se debe ir a una mayor equidad entre los deudores y los acreedores en el procedimiento concursal".
Economía sumergida
Pons pidió que no se olvide al acreedor, para "que no se fomente la economía sumergida como ocurre ahora". En este sentido, sugirió, entre otros puntos, que la reforma invierta la carga de la prueba para aquellas situaciones en que las soluciones concursales terminan en liquidación de compañías con pérdidas de créditos y derechos de los trabajadores. Así, la carga de la prueba "debería corresponder al concursado". También apoyó el plan de actuación presentado por la Agencia tributaria para involucrarse en los procesos concursales.