Fuente: Cincodias.com
Alberto Ortín - Madrid - 28/02/2011
El viernes 4 de marzo está previsto que se celebre en Madrid la vista donde se estudiará la petición de embargo de bienes a antiguos consejeros de Viajes Marsans, entre ellos Carlos de Borbón y Dos Sicilias. La solicitud de embargo la formuló la empresa acreedora Mapa Tours y cuenta con el apoyo de la administración concursal. Además de al primo del Rey, la solicitud de embargo afecta también a otros exconsejeros de Viajes Marsans como José Félix de Rivera, Ignacio Pascual -hijo de Gonzalo Pascual- y Gerardo Díaz Santamaría -hijo de Gerardo Díaz Ferrán-.
La juez tendrá que determinar si existen indicios que responsabilicen a los antiguos consejeros de la compañía, en concurso de acreedores desde el pasado julio, de su situación de insolvencia. En los últimos meses de 2009 los consejeros de Viajes Marsans fueron abandonando sus cargos. Antes, en octubre, firmaron las cuentas de Viajes Marsans correspondientes al año 2008, a excepción de José Félix de Rivera, ausente en aquel acto.
El ejercicio de Viajes Marsans de 2008 fue auditado por PricewaterhouseCoopers (PwC), que advirtió que no puede expresar una opinión sobre las cuentas por "la gran importancia de las limitaciones al alcance de nuestra auditoría". Las cuentas de Viajes Marsans revelan préstamos a la matriz, la sociedad Teinver, por 221 millones, que eran de dudosa recuperación, motivo por el que PwC se abstuvo de expresar una opinión sobre las mismas.
Por otra parte, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual han sido imputados por un presunto delito de alzamiento de bienes, a raíz de las querellas de dos acreedores de Marsans, según Efe.
lunes, 28 de febrero de 2011
viernes, 25 de febrero de 2011
La urbanizadora del PAI de Cuatre Carreres suspende pagos
Fuente: levante-EMV.com
V. R. VALENCIA
La adjudicataria del PAI de Cuatre Carreres de Valencia, la urbanizadora con el mismo nombre, solicitó el pasado mes de enero el concurso voluntario de acreedores. La empresa, participada por la inmobiliaria de Caja Castilla-La Mancha Planes e Inversiones CLM (Plainsa) y la valenciana Urvacen 2000, inició el desarrollo del plan de actuación urbanística en los solares ubicados a la espalda del centro comercial El Saler, pero la crisis económica paralizó gran parte del proyecto. Ahorala constructora Arción está terminando la edificación de dos torres con la intención de ponerlas a la venta. Sin embargo el resto del proyecto ha quedado paralizado. Ni siquiera se ha terminado la urbanización de la zona, pese a que hay varias pastillas de suelo que han cambido de propietario. El bloqueo en el sector de la construcción por la falta de demanda y el exceso de existencias han abocado a la sociedad al concurso de acreedores, ya que la actividad de negocio es mínima.
La participación de CCM en Urbanizadora Cuatre Carreres se desgajó del negocio bancario cuando el Banco de España intervino la entidad financiera para sanearla. Ahora, la caja ha sido absorbida por Cajastur, que lidera el Banco Base en el que también participa la CAM. El negocio inmobiliario se traspasó el Fondo de Garantía de Depósitos. La provisión de las pérdidas y el proceso de saneamiento en que ha entrado CCM hace confiar a los acreedores de Urbanizadora Cuatre carreres en que recuperarán parte del dinero adeudado.
El juzgado mercantil número tres de Valencia ha designado y a los tres adminstradores concursales. Las deuda con acreedores comerciales y con empresas de su propio grupo parecen esta detrás del concurso voluntario. Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, que corresponden al ejercicio de 2009, estos dos capítulos representaban un volumen de 13,5 millones y 66,7 millones de euros respectivamente. Las deudas a largo plazo apenas representaban 1,15 millones de euros.
Urbanizadora Cuatre Carreres también figura como accionista en el Registro Mercantil de Renovación Integral de Espacios, una sociedad limitada en la que también participa Vivienda Edival con un 31,67%. La sociedad participada por la inmobiliaria de CCM también tenía intereses en el denominado PAI de La Garrofera en Alzira, donde compró suelo a Francisco Roig.
V. R. VALENCIA
La adjudicataria del PAI de Cuatre Carreres de Valencia, la urbanizadora con el mismo nombre, solicitó el pasado mes de enero el concurso voluntario de acreedores. La empresa, participada por la inmobiliaria de Caja Castilla-La Mancha Planes e Inversiones CLM (Plainsa) y la valenciana Urvacen 2000, inició el desarrollo del plan de actuación urbanística en los solares ubicados a la espalda del centro comercial El Saler, pero la crisis económica paralizó gran parte del proyecto. Ahorala constructora Arción está terminando la edificación de dos torres con la intención de ponerlas a la venta. Sin embargo el resto del proyecto ha quedado paralizado. Ni siquiera se ha terminado la urbanización de la zona, pese a que hay varias pastillas de suelo que han cambido de propietario. El bloqueo en el sector de la construcción por la falta de demanda y el exceso de existencias han abocado a la sociedad al concurso de acreedores, ya que la actividad de negocio es mínima.
La participación de CCM en Urbanizadora Cuatre Carreres se desgajó del negocio bancario cuando el Banco de España intervino la entidad financiera para sanearla. Ahora, la caja ha sido absorbida por Cajastur, que lidera el Banco Base en el que también participa la CAM. El negocio inmobiliario se traspasó el Fondo de Garantía de Depósitos. La provisión de las pérdidas y el proceso de saneamiento en que ha entrado CCM hace confiar a los acreedores de Urbanizadora Cuatre carreres en que recuperarán parte del dinero adeudado.
El juzgado mercantil número tres de Valencia ha designado y a los tres adminstradores concursales. Las deuda con acreedores comerciales y con empresas de su propio grupo parecen esta detrás del concurso voluntario. Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, que corresponden al ejercicio de 2009, estos dos capítulos representaban un volumen de 13,5 millones y 66,7 millones de euros respectivamente. Las deudas a largo plazo apenas representaban 1,15 millones de euros.
Urbanizadora Cuatre Carreres también figura como accionista en el Registro Mercantil de Renovación Integral de Espacios, una sociedad limitada en la que también participa Vivienda Edival con un 31,67%. La sociedad participada por la inmobiliaria de CCM también tenía intereses en el denominado PAI de La Garrofera en Alzira, donde compró suelo a Francisco Roig.
jueves, 24 de febrero de 2011
Cacaolat solicita el preconcurso de acreedores
Fuente: Expansion.com
24.02.2011 I.Elizalde 1
La filial de batidos, con una fuerte presencia en Cataluña y Galicia, decide acogerse al artículo 5.3 de la ley concursal, como otras diez sociedades del grupo. Los expertos explican que la falta de tesorería en esta situación complica el futuro de las empresas.
Cacaolat, sociedad que la familia Ruiz-Mateos considera una de sus joyas de la corona y que barajó sacar a bolsa, también se ha visto afectada por la crisis que vive el grupo y ha optado por acogerse al preconcurso de acreedores.
La solicitud se efectuó el pasado 17 de febrero, el mismo día en el que Nueva Rumasa convocó a los medios para informar de las solicitudes de preconcurso de Carcesa, Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Quesería Menorquina y el equipo de fútbol Rayo Vallecano. Horas antes, habría trascendido que Clesa se acogía al articula 5.3 de la Ley Concursal.
¿Por qué no informó la familia de esta decisión? Ayer, un portavoz del grupo confirmó que la petición ha recaído en el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona y explicó que “no especificamos la solicitud de Cacaolat porque está dentro del grupo Clesa”, informa Efe.
La láctea madrileña posee el 95% de Cacaolat, pero, desde el 1 de enero de 2010, la sociedad funciona de forma independiente ya que segregó su actividad. Por el contrario, la familia sí informó del preconcurso de Quesería Mernorquina, participada por Carcesa.
Sin embargo, fuentes del sector explican que es lógico que la familia Ruiz-Mateos actuara de esta manera. Una vez que trasciende la situación de preconcurso, quienes tienen relación con la empresa tienden a protegerse y, en la medida de lo posible, cortan el suministro de bienes, por ejemplo, materias primas o el flujo de financiación.
“Cuando optas por una decisión como el preconcurso, tienes que tener dinero en la caja, porque, a partir de ese momento nadie, te va a financiar. Es más, todo el mundo se te echa encima”, explica un experto en reestructuraciones.
Precisamente, la falta de liquidez en las empresas ha llevado a la familia a optar por esta medida. Los sindicatos UGT y CCOO, que anteayer advirtieron del riesgo de que todas las fábricas se paralicen en dos semanas, solicitaron ayer personarse como acreedores en los procesos.
El consejero delegado del grupo, José María Ruiz-Mateos Rivero, confió ayer en contar esta semana con una inyección de liquidez por parte de un fondo de inversión que le permita superar la crisis del grupo.
Pagarés a la venta
Mientras tanto, la preocupación crece entre los inversores particulares de Nueva Rumasa, que en algunos casos, tal y como publicó ayer El Mundo, ya han visto cómo se ha dejado de abonar los pagarés, aunque desde la familia se insiste en que se trata de retrasos puntuales y que no se está dejando de pagar a los inversores particulares.
Algunos bonistas han ido más allá. Unos 40 inversores que han adquirido pagarés y participaciones de las sociedades de Nueva Rumasa están dispuestos a desprenderse de deuda por valor de 12 millones de euros y han comenzado a buscar eventuales compradores que quieran asumir sus suscripciones, informa Europa Press. Uno de ellos pretende deshacerse de bonos por un total de 9 millones.
24.02.2011 I.Elizalde 1
La filial de batidos, con una fuerte presencia en Cataluña y Galicia, decide acogerse al artículo 5.3 de la ley concursal, como otras diez sociedades del grupo. Los expertos explican que la falta de tesorería en esta situación complica el futuro de las empresas.
Cacaolat, sociedad que la familia Ruiz-Mateos considera una de sus joyas de la corona y que barajó sacar a bolsa, también se ha visto afectada por la crisis que vive el grupo y ha optado por acogerse al preconcurso de acreedores.
La solicitud se efectuó el pasado 17 de febrero, el mismo día en el que Nueva Rumasa convocó a los medios para informar de las solicitudes de preconcurso de Carcesa, Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Quesería Menorquina y el equipo de fútbol Rayo Vallecano. Horas antes, habría trascendido que Clesa se acogía al articula 5.3 de la Ley Concursal.
¿Por qué no informó la familia de esta decisión? Ayer, un portavoz del grupo confirmó que la petición ha recaído en el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona y explicó que “no especificamos la solicitud de Cacaolat porque está dentro del grupo Clesa”, informa Efe.
La láctea madrileña posee el 95% de Cacaolat, pero, desde el 1 de enero de 2010, la sociedad funciona de forma independiente ya que segregó su actividad. Por el contrario, la familia sí informó del preconcurso de Quesería Mernorquina, participada por Carcesa.
Sin embargo, fuentes del sector explican que es lógico que la familia Ruiz-Mateos actuara de esta manera. Una vez que trasciende la situación de preconcurso, quienes tienen relación con la empresa tienden a protegerse y, en la medida de lo posible, cortan el suministro de bienes, por ejemplo, materias primas o el flujo de financiación.
“Cuando optas por una decisión como el preconcurso, tienes que tener dinero en la caja, porque, a partir de ese momento nadie, te va a financiar. Es más, todo el mundo se te echa encima”, explica un experto en reestructuraciones.
Precisamente, la falta de liquidez en las empresas ha llevado a la familia a optar por esta medida. Los sindicatos UGT y CCOO, que anteayer advirtieron del riesgo de que todas las fábricas se paralicen en dos semanas, solicitaron ayer personarse como acreedores en los procesos.
El consejero delegado del grupo, José María Ruiz-Mateos Rivero, confió ayer en contar esta semana con una inyección de liquidez por parte de un fondo de inversión que le permita superar la crisis del grupo.
Pagarés a la venta
Mientras tanto, la preocupación crece entre los inversores particulares de Nueva Rumasa, que en algunos casos, tal y como publicó ayer El Mundo, ya han visto cómo se ha dejado de abonar los pagarés, aunque desde la familia se insiste en que se trata de retrasos puntuales y que no se está dejando de pagar a los inversores particulares.
Algunos bonistas han ido más allá. Unos 40 inversores que han adquirido pagarés y participaciones de las sociedades de Nueva Rumasa están dispuestos a desprenderse de deuda por valor de 12 millones de euros y han comenzado a buscar eventuales compradores que quieran asumir sus suscripciones, informa Europa Press. Uno de ellos pretende deshacerse de bonos por un total de 9 millones.
miércoles, 23 de febrero de 2011
El juez declara en concurso necesario a Coperfil
Fuente: Cincodias.com
El juez ha declarado en concurso necesario a la inmobiliaria catalana Coperfil, con 80 millones de deuda, después de que acreedores solicitaran la medida contra la empresa.
Cinco Días - Madrid - 23/02/2011
El Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona ha decretado el concurso necesario de la inmobiliaria Coperfil Obras y Servicios. La compañía, propiedad del grupo familiar de Vicente Roig, especializada en centros logísticos, ha sido forzada al concurso por uno de sus acreedores, una filial de Banesto denominada Hune Plataformas, a la que dejó de pagar 1,6 millones de euros, informó ayer Efe.
Coperfil Obras y Servicios, anteriormente conocida como Coperfil Group, era la cabecera del grupo hasta que, en 2007, se segregó la actividad inmobiliaria. Hasta entonces, Coperfil Group había sido la cabecera de un pequeño imperio inmobiliario que empezó construyendo parques logísticos y acabó diversificando su actividad a la promoción y a la construcción de edificios llave en mano, con un volumen de negocio anual de más de 200 millones de euros.
El juez señala en su auto que debe tomar esta decisión por los negativos resultados de las pruebas periciales. Coperfil reconoce, según el auto, "deudas a los proveedores por un importe superior a los 80 millones de euros y que a día de hoy no podrán pagar sin una refinanciación de la deuda, adeudar créditos públicos y, al menos, un mes de salario a sus trabajadores", pero alega que mantiene conversaciones con la banca.
Coperfil reconoce que su actividad se ha recortado de "una forma drástica", puesto que a fecha 30 de noviembre de 2010 "se ha reducido en un dramático 94% con respecto del ejercicio 2009", tal y como señala el auto.
Para tomar su decisión, el juez se basa en las conclusiones del informe pericial, corroboradas por el perito en el acto de la vista, que califica de "demoledoras". "No solo se ha constatado que la actividad de Coperfil en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2010 se ha reducido en un 94% con respecto el ejercicio 2009 sino también que, en consonancia con lo anterior, la cifra de negocio de la compañía entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2010 ha sido de 6 millones de euros, cuando en 2009 era de poco más de 104 millones y en 2008 era de 210 millones de euros", señala el auto.
Para el juez, "es un descenso vertiginoso que determina, a juicio del perito y de este juzgador, que no se estén generando los recursos necesarios para permitir un equilibrio patrimonial a corto plazo".
Cifras demoledoras
La facturación cae en dos años más de 200 millones
-Negocio: el informe pericial indica que en 2008 Coperfil facturó 210 millones y solo 6 en 2010.
-Patrimonio negativo: el auto del juez destaca que a 30 de noviembre de 2010 el patrimonio de la compañía es negativo, -42,9 millones. "Coperfil no es viable, no es solvente", concluye el juez.
El juez ha declarado en concurso necesario a la inmobiliaria catalana Coperfil, con 80 millones de deuda, después de que acreedores solicitaran la medida contra la empresa.
Cinco Días - Madrid - 23/02/2011
El Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona ha decretado el concurso necesario de la inmobiliaria Coperfil Obras y Servicios. La compañía, propiedad del grupo familiar de Vicente Roig, especializada en centros logísticos, ha sido forzada al concurso por uno de sus acreedores, una filial de Banesto denominada Hune Plataformas, a la que dejó de pagar 1,6 millones de euros, informó ayer Efe.
Coperfil Obras y Servicios, anteriormente conocida como Coperfil Group, era la cabecera del grupo hasta que, en 2007, se segregó la actividad inmobiliaria. Hasta entonces, Coperfil Group había sido la cabecera de un pequeño imperio inmobiliario que empezó construyendo parques logísticos y acabó diversificando su actividad a la promoción y a la construcción de edificios llave en mano, con un volumen de negocio anual de más de 200 millones de euros.
El juez señala en su auto que debe tomar esta decisión por los negativos resultados de las pruebas periciales. Coperfil reconoce, según el auto, "deudas a los proveedores por un importe superior a los 80 millones de euros y que a día de hoy no podrán pagar sin una refinanciación de la deuda, adeudar créditos públicos y, al menos, un mes de salario a sus trabajadores", pero alega que mantiene conversaciones con la banca.
Coperfil reconoce que su actividad se ha recortado de "una forma drástica", puesto que a fecha 30 de noviembre de 2010 "se ha reducido en un dramático 94% con respecto del ejercicio 2009", tal y como señala el auto.
Para tomar su decisión, el juez se basa en las conclusiones del informe pericial, corroboradas por el perito en el acto de la vista, que califica de "demoledoras". "No solo se ha constatado que la actividad de Coperfil en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2010 se ha reducido en un 94% con respecto el ejercicio 2009 sino también que, en consonancia con lo anterior, la cifra de negocio de la compañía entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2010 ha sido de 6 millones de euros, cuando en 2009 era de poco más de 104 millones y en 2008 era de 210 millones de euros", señala el auto.
Para el juez, "es un descenso vertiginoso que determina, a juicio del perito y de este juzgador, que no se estén generando los recursos necesarios para permitir un equilibrio patrimonial a corto plazo".
Cifras demoledoras
La facturación cae en dos años más de 200 millones
-Negocio: el informe pericial indica que en 2008 Coperfil facturó 210 millones y solo 6 en 2010.
-Patrimonio negativo: el auto del juez destaca que a 30 de noviembre de 2010 el patrimonio de la compañía es negativo, -42,9 millones. "Coperfil no es viable, no es solvente", concluye el juez.
lunes, 21 de febrero de 2011
Nueva Rumasa y la sombra piramidal
Fuente: Cincodias.com
Cristina G. Bolinches - 21/02/2011
No es oro todo lo que reluce y las emisiones para participar en los futuros beneficios de Nueva Rumasa tampoco lo eran, por mucho que la familia Ruiz-Mateos vistiera a sus filiales con las mejores galas para atraer a nuevos inversores con el gancho de una alta rentabilidad.
Los problemas de Nueva Rumasa comenzaron a principios de 2010, cuando sus proveedores empezaron a amontonar facturas impagadas. Unos problemas que no son ajenos a la industria alimentaria, sobre todo en tiempo de crisis. Pero Nueva Rumasa es un caso atípico dentro de su sector.
La familia Ruiz-Mateos convirtió hace tiempo su sociedad en una compañía salvavidas: lista para ir al rescate de empresas con dificultades para salir adelante. "Si tiene problemas para gestionar su negocio, cédanoslo, somos expertos", llegaban a decir a algunos de los gestores a los que trataban de echar un capote. Compraban a bajo precio marcas de renombre, para tratar de rentabilizarlas y lograr una cartera de enseñas que fuera envidia del sector alimentario.
La estrategia tuvo éxito. Por ejemplo, con Kraft, que cedió a Nueva Rumasa la fábrica menorquina en la que elaboraba el tradicional queso El Caserío. La multinacional se reservaba la marca para sí, pero entregaba a los Ruiz-Mateos la planta con la promesa de dar continuidad a la producción y sacar adelante la factoría.
Hoy, sus trabajadores están mano sobre mano y se plantean pedir responsabilidades a Kraft por no estudiar y valorar en su justa medida los planes de negocio de Nueva Rumasa para una planta de la que depende buena parte del tejido empresarial menorquín. Y no era la primera vez. En 2008, Kraft también vendió a Nueva Rumasa dos marcas ligadas a su negocio made in Spain, Apis y Fruco.
El regate de Sos
Otros decidieron solventar sus problemas sin el amparo de Nueva Rumasa. Éste es el caso de Sos. La familia Ruiz-Mateos trato de convencer a la opinión pública, a través de anuncios en los medios de comunicación, de que tenía los fondos y la capacidad necesaria para hacerse con la gestión y la propiedad de Sos, dueña de Carbonell.
El principal grupo aceitero del mundo vivió en 2009 y 2010 su particular vía crucis, después de que se descubriera el presunto desfalco de su expresidente, Jesús Salazar. La compañía de alimentación-reflotada de la mano de Caja Madrid, su principal accionista- insistía entonces en que Nueva Rumasa no solo no había llamado a sus puertas, sino que ni siquiera se había acercado a ellas. Ahora Sos está bajo control de Ebro y a alguno de sus gestores se le ha escapado la frase "ya te lo advertí", al ver como la gestión de los Ruiz-Mateos vuelve a estar en entredicho.
El pasado jueves la familia convocaba de urgencia a la prensa y reconocía que había colocado en preconcurso de acreedores a diez de sus filiales, entre ellas Clesa, la antigua división española de Parmalat. Otra empresa a la que Nueva Rumasa tendió un capote después de que el imperio lácteo italiano saltara por los aires por el fraude de su presidente Calisto Tanzi. Fue el denominado Enron italiano. Solo unos días antes de que José María Ruiz-Mateos volviera a dar la cara por su emporio, el máximo responsable de la Tesorería de la Seguridad Social reconocía que habían comenzado a embargar bienes de la familia por el impago de las cuotas. Y dio la voz de alarma. Si Nueva Rumasa no pagaba a la Seguridad Social, ¿qué pasaría con los cerca de 5.000 pequeños inversores que confiaron sus ahorros al grupo de alimentación?
Unos inversores que estaban sobre aviso. La CNMV había advertido -hasta en siete ocasiones- de la necesidad de informarse sobre la viabilidad y la seguridad financiera de los pagarés de Nueva Rumasa. Estos quedaban al margen del control del regulador y la posibilidad de que los inversores oyeran cantos de sirena, al calor de rentabilidades del 8% y el 10%, resonaba en el Gobierno. De hecho, el Ejecutivo modificó la legislación para que este tipo de emisiones tuvieran que realizarse a través de un intermediario financiero.
El fantasma de la pirámide
José María Ruiz-Mateos hizo gala de sí mismo la pasada semana al asegurar que "si no tuviera fe, me hubiera pegado un tiro". El empresario sigue creyendo en la viabilidad de su proyecto, aunque a día de hoy su principal preocupación son sus inversores/acreedores.
El dueño de Garvey, Dhul o Trapa asegura que seguirá pagando sus pagarés. Y es en esa confianza donde crecen las dudas. Los proveedores de Nueva Rumasa llevan meses tratando de llegar a acuerdos para que la empresa abone sus deudas. Uno de ellos es la multinacional británica Diageo, que distribuía a través de la filial del grupo español Los Conejos, y a la que Nueva Rumasa adeuda -aunque ya había comenzado a pagar- más de tres millones de euros. Pero mientras para ellos no hay liquidez suficiente para saldar deudas, el conglomerado empresarial ha continuado realizando emisiones de pagarés.
La última este mismo año, sin publicidad en prensa. A través de una sociedad, Rumanova, cuyo capital supera ligeramente los 132.000 euros, Nueva Rumasa lanzó una inversión a particulares de pagarés por valor de 50.000 euros y un interés a un año del 10%. ¿Si Nueva Rumasa logra fondos a través de estas emisiones, a dónde van?, ¿a pagar las emisiones anteriores? Mientras, los trabajadores del grupo están de brazos cruzados. La falta de materias primas ha llevado a paralizar la producción de varias plantas y, a día de hoy, nadie garantiza su puesta en marcha. Las vías de entrada de dinero se agotan y la salida a la crisis de Nueva Rumasa se hace cada vez más pequeña.
Cristina G. Bolinches - 21/02/2011
No es oro todo lo que reluce y las emisiones para participar en los futuros beneficios de Nueva Rumasa tampoco lo eran, por mucho que la familia Ruiz-Mateos vistiera a sus filiales con las mejores galas para atraer a nuevos inversores con el gancho de una alta rentabilidad.
Los problemas de Nueva Rumasa comenzaron a principios de 2010, cuando sus proveedores empezaron a amontonar facturas impagadas. Unos problemas que no son ajenos a la industria alimentaria, sobre todo en tiempo de crisis. Pero Nueva Rumasa es un caso atípico dentro de su sector.
La familia Ruiz-Mateos convirtió hace tiempo su sociedad en una compañía salvavidas: lista para ir al rescate de empresas con dificultades para salir adelante. "Si tiene problemas para gestionar su negocio, cédanoslo, somos expertos", llegaban a decir a algunos de los gestores a los que trataban de echar un capote. Compraban a bajo precio marcas de renombre, para tratar de rentabilizarlas y lograr una cartera de enseñas que fuera envidia del sector alimentario.
La estrategia tuvo éxito. Por ejemplo, con Kraft, que cedió a Nueva Rumasa la fábrica menorquina en la que elaboraba el tradicional queso El Caserío. La multinacional se reservaba la marca para sí, pero entregaba a los Ruiz-Mateos la planta con la promesa de dar continuidad a la producción y sacar adelante la factoría.
Hoy, sus trabajadores están mano sobre mano y se plantean pedir responsabilidades a Kraft por no estudiar y valorar en su justa medida los planes de negocio de Nueva Rumasa para una planta de la que depende buena parte del tejido empresarial menorquín. Y no era la primera vez. En 2008, Kraft también vendió a Nueva Rumasa dos marcas ligadas a su negocio made in Spain, Apis y Fruco.
El regate de Sos
Otros decidieron solventar sus problemas sin el amparo de Nueva Rumasa. Éste es el caso de Sos. La familia Ruiz-Mateos trato de convencer a la opinión pública, a través de anuncios en los medios de comunicación, de que tenía los fondos y la capacidad necesaria para hacerse con la gestión y la propiedad de Sos, dueña de Carbonell.
El principal grupo aceitero del mundo vivió en 2009 y 2010 su particular vía crucis, después de que se descubriera el presunto desfalco de su expresidente, Jesús Salazar. La compañía de alimentación-reflotada de la mano de Caja Madrid, su principal accionista- insistía entonces en que Nueva Rumasa no solo no había llamado a sus puertas, sino que ni siquiera se había acercado a ellas. Ahora Sos está bajo control de Ebro y a alguno de sus gestores se le ha escapado la frase "ya te lo advertí", al ver como la gestión de los Ruiz-Mateos vuelve a estar en entredicho.
El pasado jueves la familia convocaba de urgencia a la prensa y reconocía que había colocado en preconcurso de acreedores a diez de sus filiales, entre ellas Clesa, la antigua división española de Parmalat. Otra empresa a la que Nueva Rumasa tendió un capote después de que el imperio lácteo italiano saltara por los aires por el fraude de su presidente Calisto Tanzi. Fue el denominado Enron italiano. Solo unos días antes de que José María Ruiz-Mateos volviera a dar la cara por su emporio, el máximo responsable de la Tesorería de la Seguridad Social reconocía que habían comenzado a embargar bienes de la familia por el impago de las cuotas. Y dio la voz de alarma. Si Nueva Rumasa no pagaba a la Seguridad Social, ¿qué pasaría con los cerca de 5.000 pequeños inversores que confiaron sus ahorros al grupo de alimentación?
Unos inversores que estaban sobre aviso. La CNMV había advertido -hasta en siete ocasiones- de la necesidad de informarse sobre la viabilidad y la seguridad financiera de los pagarés de Nueva Rumasa. Estos quedaban al margen del control del regulador y la posibilidad de que los inversores oyeran cantos de sirena, al calor de rentabilidades del 8% y el 10%, resonaba en el Gobierno. De hecho, el Ejecutivo modificó la legislación para que este tipo de emisiones tuvieran que realizarse a través de un intermediario financiero.
El fantasma de la pirámide
José María Ruiz-Mateos hizo gala de sí mismo la pasada semana al asegurar que "si no tuviera fe, me hubiera pegado un tiro". El empresario sigue creyendo en la viabilidad de su proyecto, aunque a día de hoy su principal preocupación son sus inversores/acreedores.
El dueño de Garvey, Dhul o Trapa asegura que seguirá pagando sus pagarés. Y es en esa confianza donde crecen las dudas. Los proveedores de Nueva Rumasa llevan meses tratando de llegar a acuerdos para que la empresa abone sus deudas. Uno de ellos es la multinacional británica Diageo, que distribuía a través de la filial del grupo español Los Conejos, y a la que Nueva Rumasa adeuda -aunque ya había comenzado a pagar- más de tres millones de euros. Pero mientras para ellos no hay liquidez suficiente para saldar deudas, el conglomerado empresarial ha continuado realizando emisiones de pagarés.
La última este mismo año, sin publicidad en prensa. A través de una sociedad, Rumanova, cuyo capital supera ligeramente los 132.000 euros, Nueva Rumasa lanzó una inversión a particulares de pagarés por valor de 50.000 euros y un interés a un año del 10%. ¿Si Nueva Rumasa logra fondos a través de estas emisiones, a dónde van?, ¿a pagar las emisiones anteriores? Mientras, los trabajadores del grupo están de brazos cruzados. La falta de materias primas ha llevado a paralizar la producción de varias plantas y, a día de hoy, nadie garantiza su puesta en marcha. Las vías de entrada de dinero se agotan y la salida a la crisis de Nueva Rumasa se hace cada vez más pequeña.
Santander ordena a sus abogados que revisen el riesgo con Rumasa
Fuente: Expansion.com
21.02.2011 S.Saiz/I.Elizalde. Madrid 14
La entidad financiera más afectada por la situación preconcursal de diez firmas del hólding de los Ruiz-Mateos ha dado orden prioritaria a su equipo jurídico para evaluar su exposición real.
a decisión de Nueva Rumasa de acogerse al convenio de pagos (artículo 5.3 de la Ley Concursal) para diez de sus principales sociedades ha sentando como un jarro de agua fría en los equipos jurídicos de las entidades financieras que tendrán que renegociar las deudas del hólding de la familia Ruiz-Mateos en los próximos cuatros meses.
El jueves de la semana pasada, el consejero delegado del grupo, José María Ruiz-Mateos, anunció la situación preconcursal de Clesa, Dhul, Hibramer, Carcesa, Hotasa, Rayo Vallecano, Elgorriaga, Trapa, Quesería Menorquina y Garvey. Doce horas después, los bancos daban orden de máxima prioridad a sus equipos de recuperación de impagados para evaluar todo el riesgo comprometido con el hólding de la abeja, según ha podido saber EXPANSIÓN.
Tal y como reconoció el consejero delegado, Banco Santander y Banesto son las entidades más afectadas, aunque en el ránking de los acreedores también figuran The Royal Bank of Scotland (RBS), Aareal Bank, CajaSur, Cajasol y Caja España, entre otras entidades.
Las entidades andaluzas Cajasol y CajaSur ya iniciaron el año pasado los trámites de ejecución hipotecaria sobre la fábrica de Dhul en Granada y una finca de Clesa en Lerma (Burgos), respectivamente. Otros, como Banesto, se decantaron a finales del ejercicio pasado por revisar su exposición a Nueva Rumasa, adelantándose a la situación actual. Santander volvió a actualizar posiciones el viernes, al tiempo que ponía a trabajar a su equipo jurídico.
Según fuentes del mercado, los equipos de auditoría de las entidades ya habían señalado como dudosos a nivel interno los créditos con el hólding de los Ruiz-Mateos hace meses, una medida que explica por qué los proveedores de Clesa o Dhul no conseguían que prácticamente ningún banco les descontara los pagarés de estas sociedades en el segundo semestre del año pasado.
Nueva Rumasa reconoce que, a fecha de 31 octubre de 2010, su deuda bancaria ascendía a 713 millones de euros, de los que el 43% se correspondía con hipotecas, mientras que el 34% se debía a préstamos comerciales, es decir, a líneas de descuento o similar. Los 133 millones de euros restantes se reparten entre contratos de leasing y otros créditos.
Imagen fiel
Aun así, esta fotografía podría haber empeorado durante los últimos meses. Por ejemplo, The Royal Bank of Scotland había refinanciado dos préstamos hipotecarios ya vencidos de Clesa en marzo de 2010, concediendo una prórroga hasta diciembre del año pasado. El monto total de los créditos asciende a 25 millones de euros, avalados por la central lechera que el grupo tiene en Alicante. El banco escocés, en lugar de ejecutar estas garantías, como hicieron las cajas andaluzas, optó por reclamar judicialmente 36 millones de euros, en concepto de principal, intereses y costas del proceso. RBS pretende embargar preventivamente 56 fincas y 32 marcas comerciales de Clesa, incluyendo activos de su participada Cacaolat. El proceso se encuentra recurrido y los embargos no se han aplicado, según Nueva Rumasa.
En el área de créditos hipotecarios, Santander es el principal acreedor del grupo, con más de 140 millones de euros, según un análisis realizado por EXPANSIÓN entre las principales sociedades agroalimentarias: Dhul, Clesa, Carcesa, Hibramer, Cacaolat y Zoilo Ruiz Mateos, todas ellas en proceso preconcursal menos la última. El banco presidido por Emilio Botín tiene concedidos alrededor de 41,8 millones de euros, aunque Nueva Rumasa debe a su filial Santander Factoring y Confirming más de cien millones, la mayoría con fecha de vencimiento posterior a 2015.
21.02.2011 S.Saiz/I.Elizalde. Madrid 14
La entidad financiera más afectada por la situación preconcursal de diez firmas del hólding de los Ruiz-Mateos ha dado orden prioritaria a su equipo jurídico para evaluar su exposición real.
a decisión de Nueva Rumasa de acogerse al convenio de pagos (artículo 5.3 de la Ley Concursal) para diez de sus principales sociedades ha sentando como un jarro de agua fría en los equipos jurídicos de las entidades financieras que tendrán que renegociar las deudas del hólding de la familia Ruiz-Mateos en los próximos cuatros meses.
El jueves de la semana pasada, el consejero delegado del grupo, José María Ruiz-Mateos, anunció la situación preconcursal de Clesa, Dhul, Hibramer, Carcesa, Hotasa, Rayo Vallecano, Elgorriaga, Trapa, Quesería Menorquina y Garvey. Doce horas después, los bancos daban orden de máxima prioridad a sus equipos de recuperación de impagados para evaluar todo el riesgo comprometido con el hólding de la abeja, según ha podido saber EXPANSIÓN.
Tal y como reconoció el consejero delegado, Banco Santander y Banesto son las entidades más afectadas, aunque en el ránking de los acreedores también figuran The Royal Bank of Scotland (RBS), Aareal Bank, CajaSur, Cajasol y Caja España, entre otras entidades.
Las entidades andaluzas Cajasol y CajaSur ya iniciaron el año pasado los trámites de ejecución hipotecaria sobre la fábrica de Dhul en Granada y una finca de Clesa en Lerma (Burgos), respectivamente. Otros, como Banesto, se decantaron a finales del ejercicio pasado por revisar su exposición a Nueva Rumasa, adelantándose a la situación actual. Santander volvió a actualizar posiciones el viernes, al tiempo que ponía a trabajar a su equipo jurídico.
Según fuentes del mercado, los equipos de auditoría de las entidades ya habían señalado como dudosos a nivel interno los créditos con el hólding de los Ruiz-Mateos hace meses, una medida que explica por qué los proveedores de Clesa o Dhul no conseguían que prácticamente ningún banco les descontara los pagarés de estas sociedades en el segundo semestre del año pasado.
Nueva Rumasa reconoce que, a fecha de 31 octubre de 2010, su deuda bancaria ascendía a 713 millones de euros, de los que el 43% se correspondía con hipotecas, mientras que el 34% se debía a préstamos comerciales, es decir, a líneas de descuento o similar. Los 133 millones de euros restantes se reparten entre contratos de leasing y otros créditos.
Imagen fiel
Aun así, esta fotografía podría haber empeorado durante los últimos meses. Por ejemplo, The Royal Bank of Scotland había refinanciado dos préstamos hipotecarios ya vencidos de Clesa en marzo de 2010, concediendo una prórroga hasta diciembre del año pasado. El monto total de los créditos asciende a 25 millones de euros, avalados por la central lechera que el grupo tiene en Alicante. El banco escocés, en lugar de ejecutar estas garantías, como hicieron las cajas andaluzas, optó por reclamar judicialmente 36 millones de euros, en concepto de principal, intereses y costas del proceso. RBS pretende embargar preventivamente 56 fincas y 32 marcas comerciales de Clesa, incluyendo activos de su participada Cacaolat. El proceso se encuentra recurrido y los embargos no se han aplicado, según Nueva Rumasa.
En el área de créditos hipotecarios, Santander es el principal acreedor del grupo, con más de 140 millones de euros, según un análisis realizado por EXPANSIÓN entre las principales sociedades agroalimentarias: Dhul, Clesa, Carcesa, Hibramer, Cacaolat y Zoilo Ruiz Mateos, todas ellas en proceso preconcursal menos la última. El banco presidido por Emilio Botín tiene concedidos alrededor de 41,8 millones de euros, aunque Nueva Rumasa debe a su filial Santander Factoring y Confirming más de cien millones, la mayoría con fecha de vencimiento posterior a 2015.
“Esta vez, me han pillado”
Fuente: Expansion.com
19.02.2011 I.Elizalde/S.Saiz 5
Los proveedores no saben cómo actuar para cobrar sus pagarés
Fin de semana de reflexión para los proveedores de Nueva Rumasa. “Esta vez, me han pillado”, asegura uno de los pequeños acreedores del grupo, que prefiere mantenerse en el anonimato. En su caso, la cantidad adeudada es pequeña, apenas supera los 50.000 euros, pero ya lleva varios meses retrasando y refinanciando el pago y, ahora, no sabe qué pasos tiene que dar, ya que es la primera vez que lidia con una compañía que se acoge al artículo 5.3 de la Ley Concursal.
En la misma situación se encuentra uno de los contratistas de la fábrica que Dhul está construyendo en Jaén, que tiene pendiente de cobro cerca de 600.000 euros, con pagarés devueltos por el banco que ya superan los 200.000 euros.
Tenía previsto enviar un requerimiento notarial los próximos días, pero ahora tendrá que replantear su estrategia. En las últimas semanas, el grupo también había llegado a acuerdos con los ganaderos de Ávila y Aragón, que se quejaban de retrasos en los pagos. Los problemas para pagar las materias primas han llegado a suponer cortes de producción en algunas de las fábricas.
La unión
Para participar en un proceso concursal, incluso en la primera fase, en la que se abre un proceso de convenio de pagos, los expertos recomiendan a los pequeños acreedores, entre los que se encuentran los proveedores, que intenten agruparse y acudir unidos para ganar peso de negociación, no sólo frente al grupo, sino también frente a otros acreedores con mayor fortalezas y garantías, como los bancos o las multinacionales.
Aun así, los expertos hacen un llamamiento a la calma: “El popularmente denominado preconcurso de Nueva Rumasa no necesariamente supone la insolvencia definitiva de las empresas que lo han solicitado, sino que es una situación de falta de liquidez para atender sus obligaciones de pago a corto plazo”, apunta Pere J. Brachfield, especialista en recobros.
En su opinión, no hay que ser alarmistas y apuesta por dar un voto de confianza “a ver si, gracias a esta medida, se puede reconducir la situación”. Todavía quedan por delante cuatro meses de negociaciones y la esperanza de que llegue un inversor con 500 millones bajo el brazo.
19.02.2011 I.Elizalde/S.Saiz 5
Los proveedores no saben cómo actuar para cobrar sus pagarés
Fin de semana de reflexión para los proveedores de Nueva Rumasa. “Esta vez, me han pillado”, asegura uno de los pequeños acreedores del grupo, que prefiere mantenerse en el anonimato. En su caso, la cantidad adeudada es pequeña, apenas supera los 50.000 euros, pero ya lleva varios meses retrasando y refinanciando el pago y, ahora, no sabe qué pasos tiene que dar, ya que es la primera vez que lidia con una compañía que se acoge al artículo 5.3 de la Ley Concursal.
En la misma situación se encuentra uno de los contratistas de la fábrica que Dhul está construyendo en Jaén, que tiene pendiente de cobro cerca de 600.000 euros, con pagarés devueltos por el banco que ya superan los 200.000 euros.
Tenía previsto enviar un requerimiento notarial los próximos días, pero ahora tendrá que replantear su estrategia. En las últimas semanas, el grupo también había llegado a acuerdos con los ganaderos de Ávila y Aragón, que se quejaban de retrasos en los pagos. Los problemas para pagar las materias primas han llegado a suponer cortes de producción en algunas de las fábricas.
La unión
Para participar en un proceso concursal, incluso en la primera fase, en la que se abre un proceso de convenio de pagos, los expertos recomiendan a los pequeños acreedores, entre los que se encuentran los proveedores, que intenten agruparse y acudir unidos para ganar peso de negociación, no sólo frente al grupo, sino también frente a otros acreedores con mayor fortalezas y garantías, como los bancos o las multinacionales.
Aun así, los expertos hacen un llamamiento a la calma: “El popularmente denominado preconcurso de Nueva Rumasa no necesariamente supone la insolvencia definitiva de las empresas que lo han solicitado, sino que es una situación de falta de liquidez para atender sus obligaciones de pago a corto plazo”, apunta Pere J. Brachfield, especialista en recobros.
En su opinión, no hay que ser alarmistas y apuesta por dar un voto de confianza “a ver si, gracias a esta medida, se puede reconducir la situación”. Todavía quedan por delante cuatro meses de negociaciones y la esperanza de que llegue un inversor con 500 millones bajo el brazo.
Los pequeños inversores de Rumasa, los últimos en cobrar
Fuente: Expansion.com
La solvencia de los pagarés emitidos por la compañía depende de si tienen garantías reales. Quienes optaron por participaciones no pueden reclamar.
Los inversores que confiaron sus ahorros a Nueva Rumasa podrían ser los últimos en recuperar su patrimonio si, finalmente, las empresas de la familia Ruiz-Mateos presentan el concurso de acreedores. Anteayer, Dhul, Clesa, Carcesa, Hibramer, Garvey, Hotasa, Trapa, Quesería Menorquina, Elgorriaga y Rayo Vallecano optaron por acogerse al artículo 5.3 de la Ley Concursal, es decir, el preconcurso que otorga un plazo de hasta cuatro meses para negociar la refinanciación con los acreedores y blinda a la sociedad de reclamaciones anticipadas de deuda. Sólo con la banca, Nueva Rumasa afronta una deuda de 700 millones.
El proceso no paraliza procedimientos anteriores, como embargos preventivos o ejecuciones hipotecarias. Sin embargo, lo lógico es que Nueva Rumasa firme un acuerdo de stand-still (espera) que, en la práctica, detenga estos movimientos para poder negociar con tranquilidad y presentar un convenio anticipado de acreedores, según explican los juristas consultados.
Dos vías
En esta situación, los inversores particulares juegan un papel clave. Los ahorradores han podido invertir en las empresas de los Ruiz-Mateos por dos vías: los pagarés corporativos y las participaciones en empresas.
Entre febrero de 2009 y hasta mediados de abril de 2010, Nueva Rumasa emitió pagarés corporativos de diferentes empresas. La familia habla de cinco mil partícipes aunque no ha desvelado el importe captado, por lo que la realidad de la situación es un misterio.
Para evitar la calificación de emisión pública, la inversión mínima ascendía a 50.000 euros. En este caso, la solvencia de los pagarés emitidos dependerá de la existencia o no de garantías reales. Cada inversor tuvo la oportunidad de negociar de forma particular con la familia y aquéllos que consiguieron una hipoteca sobre alguno de los bienes de las empresas gozarán de mayor protección.
Así, si se presenta el concurso de acreedores, tendrán la condición de crédito privilegiado. Mientras, los que sólo cuenten con el papel comercial estarán en situación de crédito ordinario y, por tanto, tendrán más complicado el cobro.
En cualquier caso, los inversores particulares se situarán por detrás de la Tesorería de la Seguridad Social y Hacienda. En el caso de las hipotecas, la preferencia en el ejercicio de su derecho la ostenta el que primero la concedió. Por eso, las entidades financieras que otorgaron préstamos a las empresas se situarán por delante de los minoritarios, si la garantía se concede sobre el mismo bien.
Desde que Nueva Rumasa optó por esta fórmula de financiación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lanzó sucesivas advertencias a los inversores. Ante la imposibilidad de actuar, el Gobierno decidió pasar a la acción. El 14 de abril, cambió la legislación y obligó a que las emisiones públicas de pagarés (aquéllas con publicidad) contaran con la participación de un intermediario financiero, entidad que sí está supervisada por la CNMV.
Nueva Rumasa negoció con M&G Valores e, incluso, llegó a anunciar un acuerdo, aunque desde la firma de inversión aseguran que nunca se llegó a rubricar un contrato porque “no tenía interés para nosotros”.
Según fuentes del sector, Nueva Rumasa no consiguió encontrar un intermediario porque una de las misiones de este tipo de compañías es advertir del riesgo de las operaciones a los inversores y muchos tenían dudas de poder llegar hasta el fondo en las cuentas de las sociedades que emitían los pagarés.
Participaciones
Ante la imposibilidad de emitir pagarés y acuciada por la falta de liquidez, Nueva Rumasa cambió su fórmula de financiación. En abril de 2010, optó por ampliar el capital de sus empresas, como Clesa (sociedad limitada), a través de participaciones. En esta ocasión, la inversión mínima por partícipe se rebajó a 3.300 euros. La CNMV advirtió, en esta ocasión, de la iliquidez de las participaciones.
Los inversores que optaran por esta modalidad deben tener en cuenta que no son acreedores de la empresa, sino accionistas, y, por tanto, no tienen ningún derecho a reclamar su inversión. “La diferencia con el pagaré es radical”, subraya un jurista.
En opinión de los analistas bursátiles, las advertencias de la CNMV y los altos tipos de interés ofrecidos eran signos de alerta suficiente para que cada inversor valorara si quería o no asumir el riesgo.
Los trabajadores se mueven
Las federaciones agroalimentarias de CCOO y de UGT estudian la posibilidad de personarse en el preconcurso solicitado por Nueva Rumasa. De momento, los sindicatos están analizado con sus servicios jurídicos las posibles líneas de actuación. Los trabajadores, que se enfrentan al riesgo de perder su empleo, han sufrido en los últimos meses ciertos retrasos en el cobro de sus nóminas.
Se desconoce el número exacto de empleados afectados, entre puestos directos e indirectos. La familia Ruiz-Mateos dice que su plantilla asciende a 10.000 puestos de trabajo. En las últimas semanas, las plantas han trabajado al ralentí por la falta de materia prima y suministro de los proveedores. Los empleados de Cacaolat, una de las joyas del grupo, denunciaron ayer que han comenzado a tener problemas para cobrar sus nóminas y han expresado “su preocupación” por la situación de la planta barcelonesa de envasado de leche y batidos.
“Nueva Rumasa ha puesto en peligro la continuidad de una importante empresa catalana solvente y con beneficios”, afirmó ayer CCOO, informa S.Saborit. El sindicato denuncia que Nueva Rumasa ha “transferido el dinero que ganaba en Cataluña a las empresas de Clesa en Madrid para evitar los conflictos que surgían por los impagos” a los proveedores.
La solvencia de los pagarés emitidos por la compañía depende de si tienen garantías reales. Quienes optaron por participaciones no pueden reclamar.
Los inversores que confiaron sus ahorros a Nueva Rumasa podrían ser los últimos en recuperar su patrimonio si, finalmente, las empresas de la familia Ruiz-Mateos presentan el concurso de acreedores. Anteayer, Dhul, Clesa, Carcesa, Hibramer, Garvey, Hotasa, Trapa, Quesería Menorquina, Elgorriaga y Rayo Vallecano optaron por acogerse al artículo 5.3 de la Ley Concursal, es decir, el preconcurso que otorga un plazo de hasta cuatro meses para negociar la refinanciación con los acreedores y blinda a la sociedad de reclamaciones anticipadas de deuda. Sólo con la banca, Nueva Rumasa afronta una deuda de 700 millones.
El proceso no paraliza procedimientos anteriores, como embargos preventivos o ejecuciones hipotecarias. Sin embargo, lo lógico es que Nueva Rumasa firme un acuerdo de stand-still (espera) que, en la práctica, detenga estos movimientos para poder negociar con tranquilidad y presentar un convenio anticipado de acreedores, según explican los juristas consultados.
Dos vías
En esta situación, los inversores particulares juegan un papel clave. Los ahorradores han podido invertir en las empresas de los Ruiz-Mateos por dos vías: los pagarés corporativos y las participaciones en empresas.
Entre febrero de 2009 y hasta mediados de abril de 2010, Nueva Rumasa emitió pagarés corporativos de diferentes empresas. La familia habla de cinco mil partícipes aunque no ha desvelado el importe captado, por lo que la realidad de la situación es un misterio.
Para evitar la calificación de emisión pública, la inversión mínima ascendía a 50.000 euros. En este caso, la solvencia de los pagarés emitidos dependerá de la existencia o no de garantías reales. Cada inversor tuvo la oportunidad de negociar de forma particular con la familia y aquéllos que consiguieron una hipoteca sobre alguno de los bienes de las empresas gozarán de mayor protección.
Así, si se presenta el concurso de acreedores, tendrán la condición de crédito privilegiado. Mientras, los que sólo cuenten con el papel comercial estarán en situación de crédito ordinario y, por tanto, tendrán más complicado el cobro.
En cualquier caso, los inversores particulares se situarán por detrás de la Tesorería de la Seguridad Social y Hacienda. En el caso de las hipotecas, la preferencia en el ejercicio de su derecho la ostenta el que primero la concedió. Por eso, las entidades financieras que otorgaron préstamos a las empresas se situarán por delante de los minoritarios, si la garantía se concede sobre el mismo bien.
Desde que Nueva Rumasa optó por esta fórmula de financiación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lanzó sucesivas advertencias a los inversores. Ante la imposibilidad de actuar, el Gobierno decidió pasar a la acción. El 14 de abril, cambió la legislación y obligó a que las emisiones públicas de pagarés (aquéllas con publicidad) contaran con la participación de un intermediario financiero, entidad que sí está supervisada por la CNMV.
Nueva Rumasa negoció con M&G Valores e, incluso, llegó a anunciar un acuerdo, aunque desde la firma de inversión aseguran que nunca se llegó a rubricar un contrato porque “no tenía interés para nosotros”.
Según fuentes del sector, Nueva Rumasa no consiguió encontrar un intermediario porque una de las misiones de este tipo de compañías es advertir del riesgo de las operaciones a los inversores y muchos tenían dudas de poder llegar hasta el fondo en las cuentas de las sociedades que emitían los pagarés.
Participaciones
Ante la imposibilidad de emitir pagarés y acuciada por la falta de liquidez, Nueva Rumasa cambió su fórmula de financiación. En abril de 2010, optó por ampliar el capital de sus empresas, como Clesa (sociedad limitada), a través de participaciones. En esta ocasión, la inversión mínima por partícipe se rebajó a 3.300 euros. La CNMV advirtió, en esta ocasión, de la iliquidez de las participaciones.
Los inversores que optaran por esta modalidad deben tener en cuenta que no son acreedores de la empresa, sino accionistas, y, por tanto, no tienen ningún derecho a reclamar su inversión. “La diferencia con el pagaré es radical”, subraya un jurista.
En opinión de los analistas bursátiles, las advertencias de la CNMV y los altos tipos de interés ofrecidos eran signos de alerta suficiente para que cada inversor valorara si quería o no asumir el riesgo.
Los trabajadores se mueven
Las federaciones agroalimentarias de CCOO y de UGT estudian la posibilidad de personarse en el preconcurso solicitado por Nueva Rumasa. De momento, los sindicatos están analizado con sus servicios jurídicos las posibles líneas de actuación. Los trabajadores, que se enfrentan al riesgo de perder su empleo, han sufrido en los últimos meses ciertos retrasos en el cobro de sus nóminas.
Se desconoce el número exacto de empleados afectados, entre puestos directos e indirectos. La familia Ruiz-Mateos dice que su plantilla asciende a 10.000 puestos de trabajo. En las últimas semanas, las plantas han trabajado al ralentí por la falta de materia prima y suministro de los proveedores. Los empleados de Cacaolat, una de las joyas del grupo, denunciaron ayer que han comenzado a tener problemas para cobrar sus nóminas y han expresado “su preocupación” por la situación de la planta barcelonesa de envasado de leche y batidos.
“Nueva Rumasa ha puesto en peligro la continuidad de una importante empresa catalana solvente y con beneficios”, afirmó ayer CCOO, informa S.Saborit. El sindicato denuncia que Nueva Rumasa ha “transferido el dinero que ganaba en Cataluña a las empresas de Clesa en Madrid para evitar los conflictos que surgían por los impagos” a los proveedores.
viernes, 18 de febrero de 2011
Cronología de una expansión empresarial
Fuente: periodicomediterraneo.com
17/02/2011 EFE / MADRID
Nueva Rumasa, conjunto de compañías gestionadas por la familia Ruiz Mateos desde 1986, ha desarrollado una estrategia de expansión empresarial centrada en la adquisición de sociedades en situación de crisis. Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Ibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y Rayo Vallecano, 10 de sus mayores empresas, se han acogido al procedimiento especial concursal para evitar el cierre.
Estos son algunos de los hechos más importantes relacionados con la trayectoria de Nueva Rumasa:
- 1986. La familia Ruiz Mateos se dedica a la producción y exportación de vinos a Alemania, Gran Bretaña y Holanda. - 1991. Jose María Ruiz Mateos se convierte en el máximo accionista del club de fútbol Rayo Vallecano. - 1992. Nueva Rumasa adquiere chocolates Trapa. - 1996. Nueva Rumasa adquiere Bodegas Garvey a United D. España por 10 millones de euros. - 30 de agosto de 1996. Nueva Rumasa adquiere el 72% de las acciones de la empresa vallisoletana de producción de huevos, "Híbridos Americanos Hibramer", por 1.000 millones. - 5 de febrero de 1997. Nueva Rumasa adquiere el 76% del capital de Cavas Montesquius. - 1999. Aldusa pasa a formar parte de la división de alimentos del grupo. - 30 de junio del 2004. Nueva Rumasa, a través de la sociedad Zoilo Ruiz-Mateos, formaliza la compra de los activos de la bodega jerezana Sandeman a la portuguesa Sogrape. - 15 de octubre del 2004. Formaliza la compra de la distribuidora madrileña de vinos y licores Abilio y Toribio Nieto Gutiérrez, también conocida como Distribuidora Los Conejos. - 22 de julio del 2005. El Grupo Dhul, perteneciente a Nueva Rumasa, adquiere la marca de chocolates Elgorriaga al grupo francés Cantalou. - 12 de enero del 2007. Hotasa Hoteles adquiere dos hoteles en Baleares, el "Menorca Sea Club", ubicado en la localidad mallorquina de Cala'n Forcat, y el "Samoa", en Mallorca. - 4 de julio del 2007. El grupo alimentario italiano Parmalat concluye la venta de sus actividades en España a Nueva Rumasa por 188 millones de euros. - 13 de marzo del 2008. La multinacional Kraft Foods vende su división española de conservas Apis y su marca de zumos Fruco (pertenecientes a la empresa Carcesa) a Nueva Rumasa. - 22 octubre del 2008. La empresa Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), propietaria de la marca Central Lechera Asturiana (CLAS) y Larsa, traspasa su planta de Sevilla a Nueva Rumasa durante un periodo de cuatro años. - 23 de febrero del 2009. Nueva Rumasa pone en marcha un proceso de suscripción de una emisión de pagarés corporativos para financiar la expansión del grupo empresarial. - 16 de marzo del 2009. Hotasa Hoteles anuncia la adquisición de dos establecimientos de dos hoteles en la isla canaria de La Palma, el Hotel Taburiente Playa y el Apartahotel Costa Salinas. - 19 de mayo del 2009. Hotasa Hoteles anuncia la compra de dos hoteles en la localidad de mallorquina de Can Picafort, el Clumba Mar y el Sarah. - 22 de mayo del 2009. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte de que las emisiones de Nueva Rumasa no son sometidas a supervisión. - 30 de junio del 2009. Nueva Rumasa adquiere la planta de Kraft Foods en Mahón (Menorca) y las marcas Tranchettes, Santé y Quesilete. - 15 de octubre del 2009. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte del riesgo de la tercera emisión de pagarés de Nueva Rumasa ya que todavía no ha constituido ninguna garantía que avale la devolución de las inversiones y del rendimiento prometido. - 20 de abril del 2010. La CNMV advierte de que la emisión de pagarés de Nueva Rumasa incumple la ley, al no incluir en la comercialización de estos títulos a un intermediario financiero autorizado. - 28 de octubre del 2010. Nueva Rumasa retira su oferta por SOS Corporación Alimentaria ante la falta de interés de los accionistas de la compañía. - 16 de diciembre del 2010. La CNMV advierte de que las participaciones sociales que emitirá Clesa para ampliar su capital no pueden ser consideradas valores negociables o instrumentos financieros. - 12 de febrero del 2011. Más de un centenar de empleados que integran la plantilla de Quesería Menorquina, propiedad de Nueva Rumasa, denuncian la paralización de la actividad productiva. - 14 de febrero del 2011. La Justicia ordena el embargo a Clesa de bienes y cuentas hasta un importe de 36 millones de euros, tras una reclamación interpuesta por el banco escocés Royal Bank of Scotland. - 16 de febrero del 2011. La Seguridad Social admite el embargo de activos a Nueva Rumasa por incumplimiento de pago de las cuotas ordinarias. - 17 de febrero del 2011. Diez empresas del grupo se acogen al procedimiento especial concursal: Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Ibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y Rayo Vallecano.
17/02/2011 EFE / MADRID
Nueva Rumasa, conjunto de compañías gestionadas por la familia Ruiz Mateos desde 1986, ha desarrollado una estrategia de expansión empresarial centrada en la adquisición de sociedades en situación de crisis. Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Ibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y Rayo Vallecano, 10 de sus mayores empresas, se han acogido al procedimiento especial concursal para evitar el cierre.
Estos son algunos de los hechos más importantes relacionados con la trayectoria de Nueva Rumasa:
- 1986. La familia Ruiz Mateos se dedica a la producción y exportación de vinos a Alemania, Gran Bretaña y Holanda. - 1991. Jose María Ruiz Mateos se convierte en el máximo accionista del club de fútbol Rayo Vallecano. - 1992. Nueva Rumasa adquiere chocolates Trapa. - 1996. Nueva Rumasa adquiere Bodegas Garvey a United D. España por 10 millones de euros. - 30 de agosto de 1996. Nueva Rumasa adquiere el 72% de las acciones de la empresa vallisoletana de producción de huevos, "Híbridos Americanos Hibramer", por 1.000 millones. - 5 de febrero de 1997. Nueva Rumasa adquiere el 76% del capital de Cavas Montesquius. - 1999. Aldusa pasa a formar parte de la división de alimentos del grupo. - 30 de junio del 2004. Nueva Rumasa, a través de la sociedad Zoilo Ruiz-Mateos, formaliza la compra de los activos de la bodega jerezana Sandeman a la portuguesa Sogrape. - 15 de octubre del 2004. Formaliza la compra de la distribuidora madrileña de vinos y licores Abilio y Toribio Nieto Gutiérrez, también conocida como Distribuidora Los Conejos. - 22 de julio del 2005. El Grupo Dhul, perteneciente a Nueva Rumasa, adquiere la marca de chocolates Elgorriaga al grupo francés Cantalou. - 12 de enero del 2007. Hotasa Hoteles adquiere dos hoteles en Baleares, el "Menorca Sea Club", ubicado en la localidad mallorquina de Cala'n Forcat, y el "Samoa", en Mallorca. - 4 de julio del 2007. El grupo alimentario italiano Parmalat concluye la venta de sus actividades en España a Nueva Rumasa por 188 millones de euros. - 13 de marzo del 2008. La multinacional Kraft Foods vende su división española de conservas Apis y su marca de zumos Fruco (pertenecientes a la empresa Carcesa) a Nueva Rumasa. - 22 octubre del 2008. La empresa Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), propietaria de la marca Central Lechera Asturiana (CLAS) y Larsa, traspasa su planta de Sevilla a Nueva Rumasa durante un periodo de cuatro años. - 23 de febrero del 2009. Nueva Rumasa pone en marcha un proceso de suscripción de una emisión de pagarés corporativos para financiar la expansión del grupo empresarial. - 16 de marzo del 2009. Hotasa Hoteles anuncia la adquisición de dos establecimientos de dos hoteles en la isla canaria de La Palma, el Hotel Taburiente Playa y el Apartahotel Costa Salinas. - 19 de mayo del 2009. Hotasa Hoteles anuncia la compra de dos hoteles en la localidad de mallorquina de Can Picafort, el Clumba Mar y el Sarah. - 22 de mayo del 2009. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte de que las emisiones de Nueva Rumasa no son sometidas a supervisión. - 30 de junio del 2009. Nueva Rumasa adquiere la planta de Kraft Foods en Mahón (Menorca) y las marcas Tranchettes, Santé y Quesilete. - 15 de octubre del 2009. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte del riesgo de la tercera emisión de pagarés de Nueva Rumasa ya que todavía no ha constituido ninguna garantía que avale la devolución de las inversiones y del rendimiento prometido. - 20 de abril del 2010. La CNMV advierte de que la emisión de pagarés de Nueva Rumasa incumple la ley, al no incluir en la comercialización de estos títulos a un intermediario financiero autorizado. - 28 de octubre del 2010. Nueva Rumasa retira su oferta por SOS Corporación Alimentaria ante la falta de interés de los accionistas de la compañía. - 16 de diciembre del 2010. La CNMV advierte de que las participaciones sociales que emitirá Clesa para ampliar su capital no pueden ser consideradas valores negociables o instrumentos financieros. - 12 de febrero del 2011. Más de un centenar de empleados que integran la plantilla de Quesería Menorquina, propiedad de Nueva Rumasa, denuncian la paralización de la actividad productiva. - 14 de febrero del 2011. La Justicia ordena el embargo a Clesa de bienes y cuentas hasta un importe de 36 millones de euros, tras una reclamación interpuesta por el banco escocés Royal Bank of Scotland. - 16 de febrero del 2011. La Seguridad Social admite el embargo de activos a Nueva Rumasa por incumplimiento de pago de las cuotas ordinarias. - 17 de febrero del 2011. Diez empresas del grupo se acogen al procedimiento especial concursal: Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Ibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y Rayo Vallecano.
Rumasa se desmorona de nuevo 28 años después
Fuente: levante-emv.com
Diez empresas de Nueva Rumasa se han acogido a la Ley Concursal para evitar entrar en suspensión de pagos
EFE / MADRID Cuando se cumplen 28 años de la expropiación de Rumasa, el grupo del empresario jerezano José María Rúiz Mateos vuelve a tener problemas. Diez empresas de Nueva Rumasa se han acogido al procedimiento especial de la Ley Concursal que otorga un plazo de hasta cuatro meses para negociar con los acreedores un plan de pagos y evitar así entrar en suspensión de pagos.
Las empresas Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Ibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y el equipo de fútbol del Rayo Vallecano han comunicado hoy a los juzgados esta medida, ha anunciado el patriarca de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, en una rueda de prensa en Madrid, junto a seis de sus hijos.
Según la familia Ruiz-Mateos, esta medida se ha adoptado para proteger los intereses de los empleados y de los inversores que han depositado en el grupo su confianza.
La deuda bancaria de las empresas del grupo Nueva Rumasa asciende a 700 millones de euros y, según José María Ruiz-Mateos hijo, la mayor parte corresponde a las diez empresas que se han acogido a este procedimiento de la Ley Concursal.
Los miembros de la familia Ruiz-Mateos han asegurado que esta medida no va a afectar al día a día de las empresas ni al patrimonio de Nueva Rumasa, que han cifrado en 6.000 millones de euros.
Han añadido que con esta decisión se garantizan los puestos de trabajo y los fondos que 5.000 inversores han depositado en la compañía a través de los pagarés y participaciones emitidas.
José María Ruíz Mateos hijo ha avanzado que la renegociación que ahora comienza con los acreedores no comportará ninguna quita sino aplazamientos de pago, aunque no ha querido precisar el tiempo.
Según ha explicado, el grupo está en conversaciones con un inversor extranjero para conseguir hasta 500 millones de euros, primero a través de un crédito y posteriormente mediante la toma de una participación minoritaria.
José María Ruiz-Mateos padre ha criticado al Banco Santander y ha asegurado que la entidad no sólo le cortó el crédito sino que, además, le exigió amortizar la mitad del mismo, un movimiento que -ha dicho- les llevó a captar pasivo de inversores particulares.
En este sentido, ha mostrado su firme compromiso de que todos estos inversores cobrarán tanto el principal como los intereses.
Sin embargo, la compañía no ha querido precisar a cuánto asciende el capital que estos 5.000 inversores han invertido en el grupo.
"Que todos sepan que pagaremos todo cuanto corresponde y que, si no lo hacemos, nos pueden repudiar, desearnos lo peor y pedirnos cuanto haga falta", ha señalado el patriarca del grupo.
Por su parte, Ruiz-Mateos hijo ha subrayado que el acogimiento de estas diez empresas al procedimiento especial de la Ley Consursal es reversible con la puesta en marcha de los planes de negocio que se han planteado para cada una de las compañías.
Asimismo, ha quitado importancia a las pagas atrasadas en algunas compañías del grupo como Clesa, Royne y Quesería Menorquina y ha asegurado que no son motivo de preocupación porque se van a abordar.
Ha pedido a los sindicatos que, si bien tienen que hacer su labor, sean responsables y consecuentes de su situación.
Por último, ha explicado que están paralizadas las operaciones de venta de inmuebles con alquiler posterior ("sale lease back") que habían encargado a un operador americano para que consiguiera 200 millones de euros.
Diez empresas de Nueva Rumasa se han acogido a la Ley Concursal para evitar entrar en suspensión de pagos
EFE / MADRID Cuando se cumplen 28 años de la expropiación de Rumasa, el grupo del empresario jerezano José María Rúiz Mateos vuelve a tener problemas. Diez empresas de Nueva Rumasa se han acogido al procedimiento especial de la Ley Concursal que otorga un plazo de hasta cuatro meses para negociar con los acreedores un plan de pagos y evitar así entrar en suspensión de pagos.
Las empresas Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Ibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y el equipo de fútbol del Rayo Vallecano han comunicado hoy a los juzgados esta medida, ha anunciado el patriarca de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, en una rueda de prensa en Madrid, junto a seis de sus hijos.
Según la familia Ruiz-Mateos, esta medida se ha adoptado para proteger los intereses de los empleados y de los inversores que han depositado en el grupo su confianza.
La deuda bancaria de las empresas del grupo Nueva Rumasa asciende a 700 millones de euros y, según José María Ruiz-Mateos hijo, la mayor parte corresponde a las diez empresas que se han acogido a este procedimiento de la Ley Concursal.
Los miembros de la familia Ruiz-Mateos han asegurado que esta medida no va a afectar al día a día de las empresas ni al patrimonio de Nueva Rumasa, que han cifrado en 6.000 millones de euros.
Han añadido que con esta decisión se garantizan los puestos de trabajo y los fondos que 5.000 inversores han depositado en la compañía a través de los pagarés y participaciones emitidas.
José María Ruíz Mateos hijo ha avanzado que la renegociación que ahora comienza con los acreedores no comportará ninguna quita sino aplazamientos de pago, aunque no ha querido precisar el tiempo.
Según ha explicado, el grupo está en conversaciones con un inversor extranjero para conseguir hasta 500 millones de euros, primero a través de un crédito y posteriormente mediante la toma de una participación minoritaria.
José María Ruiz-Mateos padre ha criticado al Banco Santander y ha asegurado que la entidad no sólo le cortó el crédito sino que, además, le exigió amortizar la mitad del mismo, un movimiento que -ha dicho- les llevó a captar pasivo de inversores particulares.
En este sentido, ha mostrado su firme compromiso de que todos estos inversores cobrarán tanto el principal como los intereses.
Sin embargo, la compañía no ha querido precisar a cuánto asciende el capital que estos 5.000 inversores han invertido en el grupo.
"Que todos sepan que pagaremos todo cuanto corresponde y que, si no lo hacemos, nos pueden repudiar, desearnos lo peor y pedirnos cuanto haga falta", ha señalado el patriarca del grupo.
Por su parte, Ruiz-Mateos hijo ha subrayado que el acogimiento de estas diez empresas al procedimiento especial de la Ley Consursal es reversible con la puesta en marcha de los planes de negocio que se han planteado para cada una de las compañías.
Asimismo, ha quitado importancia a las pagas atrasadas en algunas compañías del grupo como Clesa, Royne y Quesería Menorquina y ha asegurado que no son motivo de preocupación porque se van a abordar.
Ha pedido a los sindicatos que, si bien tienen que hacer su labor, sean responsables y consecuentes de su situación.
Por último, ha explicado que están paralizadas las operaciones de venta de inmuebles con alquiler posterior ("sale lease back") que habían encargado a un operador americano para que consiguiera 200 millones de euros.
miércoles, 16 de febrero de 2011
La juez acepta elevar el embargo de bienes a Díaz Ferrán y Pascual
Fuente: Cincodias.com
El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha aceptado elevar el embargo preventivo de bienes a Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual de 417,36 millones de euros a 424,2 millones para cubrir el déficit patrimonial de Viajes Marsans.
Cinco Días - Madrid - 16/02/2011
La juez Ana María Gallego ha desestimado la oposición de los antiguos propietarios de Viajes Marsans y de la última dueña de la empresa turística, Posibilitumm Business, a estas medidas cautelares y acepta la petición de elevar la cuantía formulada por la administración concursal.
El auto rechaza así los argumentos presentados por la defensa de los empresarios que alegaron que su gestión al frente de la compañía turística no provocó su situación de quiebra, sino que la situación de insolvencia fue producto de la retirada de la licencia para vender billetes por parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) el 21 de abril de 2010. La juez considera que el riesgo de que Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual pudieran dejar de tener bienes suficientes para responder de las medidas de embargo "se ha transformado en una evidencia" dada la concurrencia de otros procedimientos judiciales, por lo que su decisión trata de asegurar la efectividad de estos embargos.
El auto señala que aún existe la posibilidad de que Viajes Marsans contraiga nuevas deudas con terceros que pudieran ser perjudiciales para la masa activa y recuerda la venta de Brasil Marsans por parte de Posibilitumm por dos millones de dólares (1,45 millones de euros), una operación que la administración concursal considera que no se realizó debidamente.
"Hay una alta probabilidad de que se pudiera frustrar la virtualidad o eficacia de las medidas cautelares presentadas", afirma la juez. Dentro de los embargos acordados se encuentran cinco fincas propiedad de Díaz Ferrán, situadas en Baralla (Lugo), y de otras cinco propiedad de Gonzalo Pascual, dos en Madrid y tres en Toledo, así como de las cuentas y depósitos de que dispongan ambos empresarios.
La juez acepta las medidas cautelares "con el fin de garantizar la responsabilidad patrimonial personal de los administradores o liquidadores de la entidad concursada, derivadas de la calificación del concurso culpable", según explica en el auto. Los embargados podrán recurrir el auto.
Responsabilidades de Posibilitumm Business
Esta es la segunda vez que los dos empresarios son embargados por las deudas contraídas por sus empresas. El pasado mes de agosto, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid embargó bienes por importe de 37,64 millones de euros a Inversiones Grudisan -patrimonial de Díaz Ferrán-, y a Pascual para cubrir las deudas de Air Comet.
Por otra parte, en cuanto a las medidas cautelares solicitadas por la administración concursal en relación a Posibilitumm, la juez recuerda que figura como propietaria al 100% de Viajes Marsans y de Teinver, y por tanto, es la administradora de la concursada. En esta línea, aclara que quien ostenta la administración de una empresa participa activamente en la gestión, es decir, en el desarrollo de la actividad empresarial que constituye el objeto social, con autonomía de decisión y de manera continuada.
El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha aceptado elevar el embargo preventivo de bienes a Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual de 417,36 millones de euros a 424,2 millones para cubrir el déficit patrimonial de Viajes Marsans.
Cinco Días - Madrid - 16/02/2011
La juez Ana María Gallego ha desestimado la oposición de los antiguos propietarios de Viajes Marsans y de la última dueña de la empresa turística, Posibilitumm Business, a estas medidas cautelares y acepta la petición de elevar la cuantía formulada por la administración concursal.
El auto rechaza así los argumentos presentados por la defensa de los empresarios que alegaron que su gestión al frente de la compañía turística no provocó su situación de quiebra, sino que la situación de insolvencia fue producto de la retirada de la licencia para vender billetes por parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) el 21 de abril de 2010. La juez considera que el riesgo de que Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual pudieran dejar de tener bienes suficientes para responder de las medidas de embargo "se ha transformado en una evidencia" dada la concurrencia de otros procedimientos judiciales, por lo que su decisión trata de asegurar la efectividad de estos embargos.
El auto señala que aún existe la posibilidad de que Viajes Marsans contraiga nuevas deudas con terceros que pudieran ser perjudiciales para la masa activa y recuerda la venta de Brasil Marsans por parte de Posibilitumm por dos millones de dólares (1,45 millones de euros), una operación que la administración concursal considera que no se realizó debidamente.
"Hay una alta probabilidad de que se pudiera frustrar la virtualidad o eficacia de las medidas cautelares presentadas", afirma la juez. Dentro de los embargos acordados se encuentran cinco fincas propiedad de Díaz Ferrán, situadas en Baralla (Lugo), y de otras cinco propiedad de Gonzalo Pascual, dos en Madrid y tres en Toledo, así como de las cuentas y depósitos de que dispongan ambos empresarios.
La juez acepta las medidas cautelares "con el fin de garantizar la responsabilidad patrimonial personal de los administradores o liquidadores de la entidad concursada, derivadas de la calificación del concurso culpable", según explica en el auto. Los embargados podrán recurrir el auto.
Responsabilidades de Posibilitumm Business
Esta es la segunda vez que los dos empresarios son embargados por las deudas contraídas por sus empresas. El pasado mes de agosto, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid embargó bienes por importe de 37,64 millones de euros a Inversiones Grudisan -patrimonial de Díaz Ferrán-, y a Pascual para cubrir las deudas de Air Comet.
Por otra parte, en cuanto a las medidas cautelares solicitadas por la administración concursal en relación a Posibilitumm, la juez recuerda que figura como propietaria al 100% de Viajes Marsans y de Teinver, y por tanto, es la administradora de la concursada. En esta línea, aclara que quien ostenta la administración de una empresa participa activamente en la gestión, es decir, en el desarrollo de la actividad empresarial que constituye el objeto social, con autonomía de decisión y de manera continuada.
La plataforma de acreedores de Noriega se reúne en Madrid
Fuente: Cincodias.com
Cinco Días - Madrid - 16/02/2011
El despacho Blanc & Asociados ha convocado en un hotel de Madrid a acreedores de Noriega Edificación y Obra Civil (NEOC) el próximo viernes para tratar de convencerles de que se unan a la plataforma de acreedores de la compañía andaluza.
El despacho representa a acreedores que suman 46 millones de euros de crédito ordinario de la compañía, declarada en concurso a finales del pasado año. Lograr adhesiones por seis millones más, aproximadamente, supondría alcanzar el 51% del crédito ordinario, lo que otorgaría a la plataforma de acreedores de Noriega una posición determinante en un hipotético convenio que planteara la compañía y mayor influencia sobre la actividad de la administración concursal.
En noviembre de 2010 fue declarado el concurso de cinco sociedades del grupo Noriega, controlado por la familia Sánchez-Ramade que gestiona sus sociedades a través de Compañía Meridional de Inversiones. Las cinco empresas dependientes de Noriega acumulan una deuda de 1.162 millones, uno de los mayores concursos declarados nunca en Andalucía.
Eugenio Sánchez-Ramade Villegas, fallecido en 2005, creó en los años cincuenta del pasado siglo el grupo actual con sede en Córdoba. La división inmobiliaria de Noriega ha entregado desde entonces más de 15.000 viviendas en España.
Cinco Días - Madrid - 16/02/2011
El despacho Blanc & Asociados ha convocado en un hotel de Madrid a acreedores de Noriega Edificación y Obra Civil (NEOC) el próximo viernes para tratar de convencerles de que se unan a la plataforma de acreedores de la compañía andaluza.
El despacho representa a acreedores que suman 46 millones de euros de crédito ordinario de la compañía, declarada en concurso a finales del pasado año. Lograr adhesiones por seis millones más, aproximadamente, supondría alcanzar el 51% del crédito ordinario, lo que otorgaría a la plataforma de acreedores de Noriega una posición determinante en un hipotético convenio que planteara la compañía y mayor influencia sobre la actividad de la administración concursal.
En noviembre de 2010 fue declarado el concurso de cinco sociedades del grupo Noriega, controlado por la familia Sánchez-Ramade que gestiona sus sociedades a través de Compañía Meridional de Inversiones. Las cinco empresas dependientes de Noriega acumulan una deuda de 1.162 millones, uno de los mayores concursos declarados nunca en Andalucía.
Eugenio Sánchez-Ramade Villegas, fallecido en 2005, creó en los años cincuenta del pasado siglo el grupo actual con sede en Córdoba. La división inmobiliaria de Noriega ha entregado desde entonces más de 15.000 viviendas en España.
lunes, 14 de febrero de 2011
Cromoduro presenta concurso con un pasivo de 21 millones
Fuente: Cincodias.com
Forzada por la caída de pedidos y precios en automoción
El mercado ha frenado la actividad de Cromoduro. El holding fabricante de componentes de automoción se ha declarado en concurso de acreedores con un pasivo de casi 21 millones. La firma vizcaína negocia ahora un ERE con los sindicatos para los cerca de 160 trabajadores de Bilbao y Barcelona.
De planes con alemanes y marroquíes, al ERE
Cinco Días - Bilbao - 14/02/2011
Un total de siete compañías del grupo Cromoduro, acuciado por la caída de los pedidos y la competencia de precios de los países "de bajo coste", según algunos de los argumentos esgrimidos en su informe, han solicitado la tutela judicial. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao ha declarado en concurso al holding fabricante de componentes de automoción con un exigible de 21 millones de euros, de los cuales cerca de 15 millones corresponden a los préstamos realizados entre las diferentes empresas del grupo.
En el informe presentado por Cuatrecasas, asesores legales de Cromoduro, se pone de manifiesto que la firma de la industria auxiliar del automóvil ha experimentado un importante descenso de sus facturación en los tres últimos años. Así, en 2008, sus ventas alcanzaron los 21 millones de euros. En 2009 se rebajaron hasta los 11,6 millones y en 2010, a falta de auditar el ejercicio, apenas rebasaron los diez millones de euros.
El grueso del pasivo neto, es decir el que no esta sujeto a las operaciones internas, corresponde a entidades financieras, con BBVA a la cabeza, Hacienda y Seguridad Social, proveedores y trabajadores. A la plantilla se les debe una nómina y la mitad de dos pagas extras.
La compañía vizcaína se dedica a la manufactura de camisas para motores, cabeceros para asientos de vehículos y otras piezas para la industria del automóvil. Uno de sus clientes es Renault Motosport, al que surte de camisas para los propulsores de su equipo de Fórmula 1 desde los años en que Fernando Alonso formaba parte de su equipo.
Plan de futuro
El futuro de Cromoduro se presenta bastante complicado. Su viabilidad, según aseguran fuentes del sector, pasa por un importante ajuste laboral. Pero también, en centrar su nicho de negocio con la fabricación de productos de mayor valor añadido que hagan frente a los procedentes de los países con menores costes laborales.
De planes con alemanes y marroquíes, al ERE
Fundada en 1952 por industriales vizcaínos, Cromoduro tiene fábricas en Bilbao y Barcelona y un centro tecnológico en Amorebieta (Vizcaya). Hasta que se clarifique su viabilidad, el grupo negocia con los sindicatos la puesta en marca de un ERE, en principio temporal, para toda la plantilla y con carácter rotativo. La estrategia industrial de Cromoduro ha experimentado sensibles variaciones en los últimos ejercicios. En 2000 selló una alianza con el grupo alemán AKT para constituir AKT Plásticos en Amorebieta (Vizcaya). Esta sociedad, en la que tenía un 55% del capital, la vendió a su socio germano. Igualmente, el año pasado hizo público un acuerdo para construir una planta de camisas para automoción en Marruecos en alianza con la empresa magrebí FMI. La instalación estaba previsto que se ubicara en Fez, según los planes iniciales.
Forzada por la caída de pedidos y precios en automoción
El mercado ha frenado la actividad de Cromoduro. El holding fabricante de componentes de automoción se ha declarado en concurso de acreedores con un pasivo de casi 21 millones. La firma vizcaína negocia ahora un ERE con los sindicatos para los cerca de 160 trabajadores de Bilbao y Barcelona.
De planes con alemanes y marroquíes, al ERE
Cinco Días - Bilbao - 14/02/2011
Un total de siete compañías del grupo Cromoduro, acuciado por la caída de los pedidos y la competencia de precios de los países "de bajo coste", según algunos de los argumentos esgrimidos en su informe, han solicitado la tutela judicial. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao ha declarado en concurso al holding fabricante de componentes de automoción con un exigible de 21 millones de euros, de los cuales cerca de 15 millones corresponden a los préstamos realizados entre las diferentes empresas del grupo.
En el informe presentado por Cuatrecasas, asesores legales de Cromoduro, se pone de manifiesto que la firma de la industria auxiliar del automóvil ha experimentado un importante descenso de sus facturación en los tres últimos años. Así, en 2008, sus ventas alcanzaron los 21 millones de euros. En 2009 se rebajaron hasta los 11,6 millones y en 2010, a falta de auditar el ejercicio, apenas rebasaron los diez millones de euros.
El grueso del pasivo neto, es decir el que no esta sujeto a las operaciones internas, corresponde a entidades financieras, con BBVA a la cabeza, Hacienda y Seguridad Social, proveedores y trabajadores. A la plantilla se les debe una nómina y la mitad de dos pagas extras.
La compañía vizcaína se dedica a la manufactura de camisas para motores, cabeceros para asientos de vehículos y otras piezas para la industria del automóvil. Uno de sus clientes es Renault Motosport, al que surte de camisas para los propulsores de su equipo de Fórmula 1 desde los años en que Fernando Alonso formaba parte de su equipo.
Plan de futuro
El futuro de Cromoduro se presenta bastante complicado. Su viabilidad, según aseguran fuentes del sector, pasa por un importante ajuste laboral. Pero también, en centrar su nicho de negocio con la fabricación de productos de mayor valor añadido que hagan frente a los procedentes de los países con menores costes laborales.
De planes con alemanes y marroquíes, al ERE
Fundada en 1952 por industriales vizcaínos, Cromoduro tiene fábricas en Bilbao y Barcelona y un centro tecnológico en Amorebieta (Vizcaya). Hasta que se clarifique su viabilidad, el grupo negocia con los sindicatos la puesta en marca de un ERE, en principio temporal, para toda la plantilla y con carácter rotativo. La estrategia industrial de Cromoduro ha experimentado sensibles variaciones en los últimos ejercicios. En 2000 selló una alianza con el grupo alemán AKT para constituir AKT Plásticos en Amorebieta (Vizcaya). Esta sociedad, en la que tenía un 55% del capital, la vendió a su socio germano. Igualmente, el año pasado hizo público un acuerdo para construir una planta de camisas para automoción en Marruecos en alianza con la empresa magrebí FMI. La instalación estaba previsto que se ubicara en Fez, según los planes iniciales.
viernes, 11 de febrero de 2011
La clínica pionera en abortos y partos naturales está al borde de la quiebra
Fuente: Levante-emv.com
El hospital Acuario entra en concurso de acreedores al tener un pasivo de más de 4 millones de euros
A. PADILLA/N. GÓMEZ BENIARBEIG
El juzgado de lo mercantil número 2 de Alicante ha declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) a la mercantil Acuario Espai de Salut, S. A., creada en 1986 y que gestiona el hospital Acuario de Beniarbeig, pionero en España en partos naturales y en interrupciones voluntarias del embarazo. La empresa solicitó el concurso voluntario de acreedores al encontrarse en una situación de "insolvencia inminente" al no poder cumplir "regular y puntualmente" con sus obligaciones. La mercantil hizo constar un activo de 6.479.351 euros y un pasivo (deudas) de 4.114.174 euros.
Aunque esta empresa se creó hace 25 años, la clínica Acuario de Beniarbeig funciona desde mucho antes. Se abrió en 1979 y, desde entonces, revolucionó las técnicas de obstetricia. El ginecólogo Pere Enguix aplicó la filosofía de los nacimientos sin violencia (se reduce el trauma del bebé). La atención a la embarazada era familiar y se hacía del parto un acto sagrado. El método funcionó, ya que la clínica tenía el menor índice de cesáreas y epidurales de España. En 1986, la Conselleria de Sanidad le concedió la acreditación para practicar abortos. El hospital llegó a contar con un centenar de trabajadores y 25 especialidades médicas.
Ahora, quedan unos cincuenta empleados, que viven una situación de total incertidumbre. Llevan tres meses sin cobrar sus nóminas. Además, han sufrido recortes en los sueldos. El pasado mes de octubre, tuvo lugar un acto de conciliación en el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana entre el comité de empresa, el sindicato FSP-UGT y un representante de la mercantil. Se acordó el "descuelgue salarial" del convenio colectivo. Los sueldos se redujeron en un 22,8% y se congelaron mientras continuaran las pérdidas. Ya entonces varios empleados estaban inmersos en un ERE de reducción de la jornada laboral (no se les aplicó el recorte salarial) y, además, estaba en marcha otro ERE que suponía el despido de 18 trabajadores.
Ahora, según ha sabido Levante-EMV, la empresa plantea otra reducción de sueldo del 23% que los empleados han recibido con gran malestar, pues consideran que son ellos los que pagan los errores en la gestión económica y la falta, por la dirección empresarial, de un plan de viabilidad para salvar al hospital de un cierre que cada día ven más próximo. A este clínica, que fue referente de un concepto de sanidad familiar y humana, se le ha atragantado la crisis. En 2007, la rentabilidad cayó un 252%. Comenzaba la agonía económica que ha llevado a este hospital de prestigio a la UVI del concurso de acreedores.
El hospital Acuario entra en concurso de acreedores al tener un pasivo de más de 4 millones de euros
A. PADILLA/N. GÓMEZ BENIARBEIG
El juzgado de lo mercantil número 2 de Alicante ha declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) a la mercantil Acuario Espai de Salut, S. A., creada en 1986 y que gestiona el hospital Acuario de Beniarbeig, pionero en España en partos naturales y en interrupciones voluntarias del embarazo. La empresa solicitó el concurso voluntario de acreedores al encontrarse en una situación de "insolvencia inminente" al no poder cumplir "regular y puntualmente" con sus obligaciones. La mercantil hizo constar un activo de 6.479.351 euros y un pasivo (deudas) de 4.114.174 euros.
Aunque esta empresa se creó hace 25 años, la clínica Acuario de Beniarbeig funciona desde mucho antes. Se abrió en 1979 y, desde entonces, revolucionó las técnicas de obstetricia. El ginecólogo Pere Enguix aplicó la filosofía de los nacimientos sin violencia (se reduce el trauma del bebé). La atención a la embarazada era familiar y se hacía del parto un acto sagrado. El método funcionó, ya que la clínica tenía el menor índice de cesáreas y epidurales de España. En 1986, la Conselleria de Sanidad le concedió la acreditación para practicar abortos. El hospital llegó a contar con un centenar de trabajadores y 25 especialidades médicas.
Ahora, quedan unos cincuenta empleados, que viven una situación de total incertidumbre. Llevan tres meses sin cobrar sus nóminas. Además, han sufrido recortes en los sueldos. El pasado mes de octubre, tuvo lugar un acto de conciliación en el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana entre el comité de empresa, el sindicato FSP-UGT y un representante de la mercantil. Se acordó el "descuelgue salarial" del convenio colectivo. Los sueldos se redujeron en un 22,8% y se congelaron mientras continuaran las pérdidas. Ya entonces varios empleados estaban inmersos en un ERE de reducción de la jornada laboral (no se les aplicó el recorte salarial) y, además, estaba en marcha otro ERE que suponía el despido de 18 trabajadores.
Ahora, según ha sabido Levante-EMV, la empresa plantea otra reducción de sueldo del 23% que los empleados han recibido con gran malestar, pues consideran que son ellos los que pagan los errores en la gestión económica y la falta, por la dirección empresarial, de un plan de viabilidad para salvar al hospital de un cierre que cada día ven más próximo. A este clínica, que fue referente de un concepto de sanidad familiar y humana, se le ha atragantado la crisis. En 2007, la rentabilidad cayó un 252%. Comenzaba la agonía económica que ha llevado a este hospital de prestigio a la UVI del concurso de acreedores.
miércoles, 9 de febrero de 2011
Un centenar de familias valencianas se declaró en quiebra durante 2010
Fuente: levante-emv.com
Más de setecientas empresas de la C. Valenciana entraron en concurso de acreedores, según el INE
M. A. SÁNCHEZ VALENCIA
Noventa y nueve familias valencianas optaron en 2010 por declararse en concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas, según los datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una cifra que representa algo más del diez por ciento de las registradas en España.
El acogimiento a esta figura de quiebra económica por parte de los cabeza de familia, amparada por la actual ley concursal, aún continúa siendo minoritaria, sobre todo por el elevado coste económico que supone. Fuentes jurídicas consultadas por Levante-EMV señalaron que iniciar un procedimiento de declaración de quiebra supone el nombramiento, como mínimo, de un procurador, un abogado y un administrador. Aunque al final, la minuta depende también del importe total de la deuda, es muy extraño que la factura pueda situarse por debajo de los 3.000 euros.
Normalmente, las personas que se acogen a la fórmula del concurso de acreedores lo hacen para ganar tiempo y parar las ejecuciones sobre el patrimonio, dado que con el atasco actual de los juzgados mercantiles, los procedimientos suelen tardar de dos a tres años en resolverse. "En el momento en el que el juzgado dicta el auto de admisión -señalaron- se paraliza todo el proceso". No obstante, los juristas señalan que en la mayoría de las ocasiones, la mejor salida a una situación de insolvencia es la renegociación de la deuda con las partes, lo que permite ahorrar los elevados costes procesales.
Pero si las cifras de las familias en quiebra representan un drama, no es menor el de las empresas que se han declarado en concurso de acreedores. Aunque en general, durante 2010 disminuyó en España el número de deudores concursados un 7,2% respecto al año anterior, en total se declararon 5.750, 775 de ellos en la Comunitat Valenciana, que se convierte en la tercera en el listado negativo, tras Cataluña (1.353) y Madrid (822).
La mayor parte de estas empresas que no han podido hacer frente a sus deudas son pequeñas (el 61,8%), con un volumen de negocio inferior a los dos millones de euros anuales, y en la mayor parte de los casos, con menos de veinte trabajadores.
En el caso de la Comunitat Valenciana, cerca de un tercio de las compañías en quiebra (182) pertenecen al sector inmobiliario y de la construcción que, no obstante, ha registrado un descenso respecto al año anterior. Le siguen en importancia los concursos en el sector del comercio al por may0r (98) y de la Industria y bienes intermedios (77).
En el resto de España, uno de los datos que más llaman la atención es el de la hostelería, que se incrementó un 52,9%, pese a que en números absolutos es todavía poco significativo (159).
Más de setecientas empresas de la C. Valenciana entraron en concurso de acreedores, según el INE
M. A. SÁNCHEZ VALENCIA
Noventa y nueve familias valencianas optaron en 2010 por declararse en concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas, según los datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una cifra que representa algo más del diez por ciento de las registradas en España.
El acogimiento a esta figura de quiebra económica por parte de los cabeza de familia, amparada por la actual ley concursal, aún continúa siendo minoritaria, sobre todo por el elevado coste económico que supone. Fuentes jurídicas consultadas por Levante-EMV señalaron que iniciar un procedimiento de declaración de quiebra supone el nombramiento, como mínimo, de un procurador, un abogado y un administrador. Aunque al final, la minuta depende también del importe total de la deuda, es muy extraño que la factura pueda situarse por debajo de los 3.000 euros.
Normalmente, las personas que se acogen a la fórmula del concurso de acreedores lo hacen para ganar tiempo y parar las ejecuciones sobre el patrimonio, dado que con el atasco actual de los juzgados mercantiles, los procedimientos suelen tardar de dos a tres años en resolverse. "En el momento en el que el juzgado dicta el auto de admisión -señalaron- se paraliza todo el proceso". No obstante, los juristas señalan que en la mayoría de las ocasiones, la mejor salida a una situación de insolvencia es la renegociación de la deuda con las partes, lo que permite ahorrar los elevados costes procesales.
Pero si las cifras de las familias en quiebra representan un drama, no es menor el de las empresas que se han declarado en concurso de acreedores. Aunque en general, durante 2010 disminuyó en España el número de deudores concursados un 7,2% respecto al año anterior, en total se declararon 5.750, 775 de ellos en la Comunitat Valenciana, que se convierte en la tercera en el listado negativo, tras Cataluña (1.353) y Madrid (822).
La mayor parte de estas empresas que no han podido hacer frente a sus deudas son pequeñas (el 61,8%), con un volumen de negocio inferior a los dos millones de euros anuales, y en la mayor parte de los casos, con menos de veinte trabajadores.
En el caso de la Comunitat Valenciana, cerca de un tercio de las compañías en quiebra (182) pertenecen al sector inmobiliario y de la construcción que, no obstante, ha registrado un descenso respecto al año anterior. Le siguen en importancia los concursos en el sector del comercio al por may0r (98) y de la Industria y bienes intermedios (77).
En el resto de España, uno de los datos que más llaman la atención es el de la hostelería, que se incrementó un 52,9%, pese a que en números absolutos es todavía poco significativo (159).
Los concursos de acreedores bajan casi a la mitad en 2010
Fuente: elperiodicomediterraneo.com
09/02/2011 N. MARTÍNEZ
Los concursos de acreedores en Castellón durante el 2010 bajaron casi a la mitad, de 242 a 137, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso sí, el descenso no viene motivado por las empresas que se declaran insolventes, pues se mantiene la cifra, sino por las personas particulares, cuya afección baja en un 80%.
Así, el pasado ejercicio, de los 137 suspensiones de pago 26 correspondieron a personas físicas y 111 a empresas, la mayoría pymes de menos de 50 trabajadores, de la construcción e inmobiliarias, con menos de 2 millones de volumen de negocio al año.
La tendencia en la Comunitat Valenciana también fue a la baja --775 casos, 33 menos que los contabilizados en 2009, que hubo 808--. Idéntica tendencia en España, que redujo las insolvencias un 7,2%, hasta los 5.750, de las que 4.845 fueron sociedades concursadas (el 6,4% menos). Esta disminución se produce después de que en plena crisis la cifra se disparara y subiera un 80% en 2009. En la provincia de Castellón esa anualidad fue también en la que se registró la cifra récord de 242 concursos, frente a las cifras menores registradas en el periodo anterior, entre 2005 y 2008. H
09/02/2011 N. MARTÍNEZ
Los concursos de acreedores en Castellón durante el 2010 bajaron casi a la mitad, de 242 a 137, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso sí, el descenso no viene motivado por las empresas que se declaran insolventes, pues se mantiene la cifra, sino por las personas particulares, cuya afección baja en un 80%.
Así, el pasado ejercicio, de los 137 suspensiones de pago 26 correspondieron a personas físicas y 111 a empresas, la mayoría pymes de menos de 50 trabajadores, de la construcción e inmobiliarias, con menos de 2 millones de volumen de negocio al año.
La tendencia en la Comunitat Valenciana también fue a la baja --775 casos, 33 menos que los contabilizados en 2009, que hubo 808--. Idéntica tendencia en España, que redujo las insolvencias un 7,2%, hasta los 5.750, de las que 4.845 fueron sociedades concursadas (el 6,4% menos). Esta disminución se produce después de que en plena crisis la cifra se disparara y subiera un 80% en 2009. En la provincia de Castellón esa anualidad fue también en la que se registró la cifra récord de 242 concursos, frente a las cifras menores registradas en el periodo anterior, entre 2005 y 2008. H
Las micropymes acapararon el 62% de las empresas en concurso
Fuente: Cincodias.com
Cinco Días - Madrid - 09/02/2011
El año pasado se presentaron en España 5.750 concursos, de los que el 94% (5.462) fueron instados por los deudores y el 6% restante (288) fueron necesarios, propuestos por los acreedores, según datos suministrados ayer por el Consejo General de Colegios de Economistas (CGCEE). Del total de concursos, las empresas acapararon el mayor número. En concreto, 3.651 fueron de sociedades limitadas, 865 de sociedades anónimas y 84 de otras entidades. En cambio, en 1.159 concursos el deudor fue una persona física.
En el caso de las empresas en concurso, un punto a destacar es que un 62% correspondieron a micropymes, es decir, pymes con menos de 2 millones de euros de volumen de negocio. Esto hizo que aumentase el número de concursos abreviados que, según los economistas, ascendió a 5.214 frente a 536 de procedimientos abreviados en 2010. Por sectores, construcción y promoción inmobiliaria, con 1.560, e industrial y energético, con 976, fueron los más castigados. Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que tuvo más concursos (1.353); seguida de Madrid (822), Comunidad Valenciana (775) y Andalucía (606).
Leopoldo Pons, presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), organización interna del mismo Consejo, hizo una estimación de la evolución de los concursos en el arco temporal que abarca los años 2009, 2010 y enero de 2011.
Pons afirmó que 150.000 personas jurídicas se han dado de baja durante este tiempo (con información sacada de Hacienda, de la Seguridad Social o de los datos de consumo eléctrico). Asimismo, anunció que 300.000 personas físicas dejaron de actuar en el mercado.
Según Pons, de las personas jurídicas que han desaparecido, un 80% de ellas han dejado deudas. A su juicio, este es uno de los problemas que debe resolver el proyecto de reforma de la Ley Concursal, cuyo anteproyecto está ahora mismo en discusión en el Congreso. "Se debe ir a una mayor equidad entre los deudores y los acreedores en el procedimiento concursal".
Economía sumergida
Pons pidió que no se olvide al acreedor, para "que no se fomente la economía sumergida como ocurre ahora". En este sentido, sugirió, entre otros puntos, que la reforma invierta la carga de la prueba para aquellas situaciones en que las soluciones concursales terminan en liquidación de compañías con pérdidas de créditos y derechos de los trabajadores. Así, la carga de la prueba "debería corresponder al concursado". También apoyó el plan de actuación presentado por la Agencia tributaria para involucrarse en los procesos concursales.
Cinco Días - Madrid - 09/02/2011
El año pasado se presentaron en España 5.750 concursos, de los que el 94% (5.462) fueron instados por los deudores y el 6% restante (288) fueron necesarios, propuestos por los acreedores, según datos suministrados ayer por el Consejo General de Colegios de Economistas (CGCEE). Del total de concursos, las empresas acapararon el mayor número. En concreto, 3.651 fueron de sociedades limitadas, 865 de sociedades anónimas y 84 de otras entidades. En cambio, en 1.159 concursos el deudor fue una persona física.
En el caso de las empresas en concurso, un punto a destacar es que un 62% correspondieron a micropymes, es decir, pymes con menos de 2 millones de euros de volumen de negocio. Esto hizo que aumentase el número de concursos abreviados que, según los economistas, ascendió a 5.214 frente a 536 de procedimientos abreviados en 2010. Por sectores, construcción y promoción inmobiliaria, con 1.560, e industrial y energético, con 976, fueron los más castigados. Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que tuvo más concursos (1.353); seguida de Madrid (822), Comunidad Valenciana (775) y Andalucía (606).
Leopoldo Pons, presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), organización interna del mismo Consejo, hizo una estimación de la evolución de los concursos en el arco temporal que abarca los años 2009, 2010 y enero de 2011.
Pons afirmó que 150.000 personas jurídicas se han dado de baja durante este tiempo (con información sacada de Hacienda, de la Seguridad Social o de los datos de consumo eléctrico). Asimismo, anunció que 300.000 personas físicas dejaron de actuar en el mercado.
Según Pons, de las personas jurídicas que han desaparecido, un 80% de ellas han dejado deudas. A su juicio, este es uno de los problemas que debe resolver el proyecto de reforma de la Ley Concursal, cuyo anteproyecto está ahora mismo en discusión en el Congreso. "Se debe ir a una mayor equidad entre los deudores y los acreedores en el procedimiento concursal".
Economía sumergida
Pons pidió que no se olvide al acreedor, para "que no se fomente la economía sumergida como ocurre ahora". En este sentido, sugirió, entre otros puntos, que la reforma invierta la carga de la prueba para aquellas situaciones en que las soluciones concursales terminan en liquidación de compañías con pérdidas de créditos y derechos de los trabajadores. Así, la carga de la prueba "debería corresponder al concursado". También apoyó el plan de actuación presentado por la Agencia tributaria para involucrarse en los procesos concursales.
El juez mantiene el embargo de 37 millones a Díaz Ferrán y Pascual por Air Comet
Fuente: Expansion.com
08.02.2011 A. Marimón 0
El juez desestima todas las peticiones de Pascual y Díaz Ferrán y mantiene el embargo ante los indicios que apuntan a que el concurso será declarado finalmente culpable.
El juez de los Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid, Borja Villena, ha dedicido mantener el embargo por valor de 37 millones de euros a los antiguos gestores de Air Comet y desestimar la petición de éstos de levantar las medidas cautelares, adoptadas en agosto. En concreto, el embargo afecta a todos los bienes de Inversiones Grudisan –sociedad patrimonial de Gerardo Díaz Ferrán–, Gonzalo Pascual Arias, Ignacio Pascual de Riva, Gerardo Díaz Santamaría (estos dos, hijos de los ex dueños de Marsans) y José María Llodrá Serrano. Los directivos tienen que pagar las costas procesales generadas por este procedimiento de oposición.
El juez desestima todas las peticiones de Pascual y Díaz Ferrán y mantiene el embargo ante los indicios que apuntan a que el concurso será declarado finalmente culpable, ya que Air Comet tenía graves problemas financieros meses antes de que cerrara a finales de 2009. En este caso, los antiguos gestores deberán responder con su patrimonio al agujero financiero de la compañía, que los administradores concursales han fijado en 238 millones de euros. El informe de los tres administradores (el economista Luis Arqued, el abogado Mariano Hernández y Luis Sierra, de la Agencia Tributaria) concluyen que "en el ejercicio cerrado en febrero de 2009, y pese a la aportación de los socios, Air Comet estaba en causa de disolución sin que nos conste la preceptiva convocatoria de solicitud de concurso".
El concurso se encuentra en la fase de impugnaciones al informe. Cuando el juez analice todas estas peticiones, procederá a finalizar la fase común y, ante la situación de la sociedad, iniciará su liquidación.
08.02.2011 A. Marimón 0
El juez desestima todas las peticiones de Pascual y Díaz Ferrán y mantiene el embargo ante los indicios que apuntan a que el concurso será declarado finalmente culpable.
El juez de los Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid, Borja Villena, ha dedicido mantener el embargo por valor de 37 millones de euros a los antiguos gestores de Air Comet y desestimar la petición de éstos de levantar las medidas cautelares, adoptadas en agosto. En concreto, el embargo afecta a todos los bienes de Inversiones Grudisan –sociedad patrimonial de Gerardo Díaz Ferrán–, Gonzalo Pascual Arias, Ignacio Pascual de Riva, Gerardo Díaz Santamaría (estos dos, hijos de los ex dueños de Marsans) y José María Llodrá Serrano. Los directivos tienen que pagar las costas procesales generadas por este procedimiento de oposición.
El juez desestima todas las peticiones de Pascual y Díaz Ferrán y mantiene el embargo ante los indicios que apuntan a que el concurso será declarado finalmente culpable, ya que Air Comet tenía graves problemas financieros meses antes de que cerrara a finales de 2009. En este caso, los antiguos gestores deberán responder con su patrimonio al agujero financiero de la compañía, que los administradores concursales han fijado en 238 millones de euros. El informe de los tres administradores (el economista Luis Arqued, el abogado Mariano Hernández y Luis Sierra, de la Agencia Tributaria) concluyen que "en el ejercicio cerrado en febrero de 2009, y pese a la aportación de los socios, Air Comet estaba en causa de disolución sin que nos conste la preceptiva convocatoria de solicitud de concurso".
El concurso se encuentra en la fase de impugnaciones al informe. Cuando el juez analice todas estas peticiones, procederá a finalizar la fase común y, ante la situación de la sociedad, iniciará su liquidación.
martes, 8 de febrero de 2011
Baja el número de familias y empresas en quiebra
Fuente: Levante-emv.com
En total, el conjunto de particulares y firmas en suspensión de pagos desciende un 7,2% sobre 2010
EP / MADRID Las familias que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendieron a 905 durante 2010, lo que supone un descenso del 11,4% respecto a 2009.
Por su parte, las empresas concursadas bajaron un 6,4%, hasta sumar 4.845 procedimientos de quiebra, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada hoy.
En total, el número de familias y empresas en concurso fue de 5.750 en 2010, un 7,2% menos que en 2009. Estos descensos contrastan con los fuertes repuntes experimentados en 2009. En aquel año, las familias en quiebra subieron un 132%, las empresas un 466% y el total de deudores concursados, casi un 80%.
Del total de concursos registrados el año pasado, 5.462 fueron voluntarios, un 7,1% menos que el año anterior, y 288 necesarios, un 9,1% menos. Atendiendo a la clase de procedimiento, los abreviados aumentaron un 9,4% en tasa anual, mientras que los ordinarios descendieron un 62,6%.
Una de cada tres empresas declaradas en concurso en 2010 tenían como actividad principal la construcción y la promoción inmobiliaria.
En total, el conjunto de particulares y firmas en suspensión de pagos desciende un 7,2% sobre 2010
EP / MADRID Las familias que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendieron a 905 durante 2010, lo que supone un descenso del 11,4% respecto a 2009.
Por su parte, las empresas concursadas bajaron un 6,4%, hasta sumar 4.845 procedimientos de quiebra, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada hoy.
En total, el número de familias y empresas en concurso fue de 5.750 en 2010, un 7,2% menos que en 2009. Estos descensos contrastan con los fuertes repuntes experimentados en 2009. En aquel año, las familias en quiebra subieron un 132%, las empresas un 466% y el total de deudores concursados, casi un 80%.
Del total de concursos registrados el año pasado, 5.462 fueron voluntarios, un 7,1% menos que el año anterior, y 288 necesarios, un 9,1% menos. Atendiendo a la clase de procedimiento, los abreviados aumentaron un 9,4% en tasa anual, mientras que los ordinarios descendieron un 62,6%.
Una de cada tres empresas declaradas en concurso en 2010 tenían como actividad principal la construcción y la promoción inmobiliaria.
Martinsa recibe cuatro demandas de oposición a su convenio de acreedores
Fuente: Cincodias.com
EP - Madrid - 08/02/2011
Martinsa Fadesa ha recibido cuatro demandas de oposición al convenio que alcanzó con sus acreedores para pagar su deuda, y con el que se garantiza la superación del mayor concurso de la historia española. Así lo indicó el Juzgado de lo Mercantil número 1 de La Coruña que, una vez admita a trámite las demandas, abrirá un plazo para que contesten los acreedores y la propia inmobiliaria.
Para que las demandas de oposición prosperen deben fundamentar la existencia de alguna ilegalidad en algún punto del convenio. En ese caso, el juez podría llegar a rechazar el convenio aprobado.
Mientras estas demandas se resuelven la aprobación definitiva del convenio y su aplicación queda en suspenso y supeditada a que no prosperen dichas iniciativas. Todo ello podría llevar un periodo de entre tres y cuatro meses.
Martinsa Fadesa logró el pasado enero aprobar, con el respaldo de acreedores representativos del 73,69% de su deuda, el plan que sus principales bancos presentaron por el que la inmobiliaria se comprometía a para pagar su deuda en 10 años.
EP - Madrid - 08/02/2011
Martinsa Fadesa ha recibido cuatro demandas de oposición al convenio que alcanzó con sus acreedores para pagar su deuda, y con el que se garantiza la superación del mayor concurso de la historia española. Así lo indicó el Juzgado de lo Mercantil número 1 de La Coruña que, una vez admita a trámite las demandas, abrirá un plazo para que contesten los acreedores y la propia inmobiliaria.
Para que las demandas de oposición prosperen deben fundamentar la existencia de alguna ilegalidad en algún punto del convenio. En ese caso, el juez podría llegar a rechazar el convenio aprobado.
Mientras estas demandas se resuelven la aprobación definitiva del convenio y su aplicación queda en suspenso y supeditada a que no prosperen dichas iniciativas. Todo ello podría llevar un periodo de entre tres y cuatro meses.
Martinsa Fadesa logró el pasado enero aprobar, con el respaldo de acreedores representativos del 73,69% de su deuda, el plan que sus principales bancos presentaron por el que la inmobiliaria se comprometía a para pagar su deuda en 10 años.
jueves, 3 de febrero de 2011
La crisis deja en cueros a la promotora nudista Armony
Fuente: Cincodias.com
El Playazo, la playa de Vera (Almería) donde se sitúa la promoción de Armony Nature.. La crisis deja en cueros a la promotora nudista Armony - CINCO DÍAS
La cifra
Sectores relacionados
Inmobiliaria
Cinco Días - Madrid - 03/02/2011
Con la peculiaridad de que Proyecciones Inmobiliarias XXI es promotora de un complejo residencial nudista en Almería, la historia de los últimos años de esta compañía es la misma que la de otras cientos de pequeñas inmobiliarias españolas. De un día para otro una tasadora redujo drásticamente el valor de sus activos, los bancos dejaron de financiar y la empresa tuvo que cerrar.
"Era un buen momento para hacerlo, casi no había competencia y la zona era visitada por nudistas, turistas ingleses y alemanes", comenta Ramón González, fundador de Proyecciones Inmobiliarias XXI, cuando recuerda cómo en 1998 él y otros empresarios reunieron capital para comprar unos terrenos en Vera, Almería. Ahí decidieron construir apartamentos destinados al público nudista. "Los vendimos todos, 34, de primera calidad, con piscina climatizada, los áticos tienen sus propias piscinas", dice.
Gracias a esa operación la compañía facturó en 2006 más de 12 millones de euros. La promoción de la compañía en Vera, conocida como Armony Nature, aún puede consultarse en internet. Está situada en la playa El Playazo. "Los naturistas tienden a aceptar a los otros como son, sin duda por el hecho de que ellos mismos aceptan su cuerpo como es", indica la publicidad, ilustrada con imágenes familiares de gente tranquilamente tomando el sol con poca o ninguna ropa.
Tras el éxito de Armony Nature en Proyecciones Inmobiliarias XXI decidieron dar el salto a conceptos residenciales más tradicionales. Compraron terrenos en Toledo calificados como "urbanizables" gracias a un préstamo que lograron por más de cinco millones de euros. "La tasadora seleccionada por el banco valoró en 2007 los terrenos en seis millones de euros, con vencimiento a tres años", explica Ramón González.
Pero el pasado mes de septiembre, a la hora de refinanciar el crédito, la tasadora escogida por el banco valoró los mismos terrenos en 0,9 millones. "Ahí se acabó todo", explica González, "tuvimos que declararnos en concurso de acreedores".
Entre 2007 y 2010 lo que ocurrió fue que la mayor crisis inmobiliaria vivida en España se unió a la mayor crisis financiera global vivida en 80 años. Y en España, en ese periodo, se modificó la Ley de Suelo. La anterior ley en la materia, de 1997, contemplaba sobre las valoraciones la existencia de "suelo urbanizable", que permitía valorarlo deduciéndolo del valor que tendría su aprovechamiento. En julio de 2007 entró en vigor la nueva Ley de Suelo, siendo ministra de Vivienda María Antonia Trujillo, que, entre otros puntos, solo contempla la existencia de suelo rústico y suelo urbanizado.
La consecuencia que esos cambios legislativos han tenido para Proyecciones Inmobiliarias XXI es que la compañía, en lugar de disponer de un suelo "urbanizable", tiene un suelo rústico. Es decir, en lugar de poseer un terreno que podía valorarse por lo que en él algún día pudiera llegar a edificarse, lo que tiene es un terreno que se valora ahora como lo que es, rústico. Los créditos logrados para desarrollar ese suelo, garantizados con el valor teórico que el mismo terreno podría llegar a tener, ya no pueden devolverse. "No digo que la anterior ley fuera mejor o peor, lo que digo es que en mitad del partido nos cambiaron las reglas del juego", dice Ramón González.
La cifra
6 millones de euros es el valor que una tasadora dio a terrenos de la empresa en 2007. Ahora los valora en 0,9 millones.
El Playazo, la playa de Vera (Almería) donde se sitúa la promoción de Armony Nature.. La crisis deja en cueros a la promotora nudista Armony - CINCO DÍAS
La cifra
Sectores relacionados
Inmobiliaria
Cinco Días - Madrid - 03/02/2011
Con la peculiaridad de que Proyecciones Inmobiliarias XXI es promotora de un complejo residencial nudista en Almería, la historia de los últimos años de esta compañía es la misma que la de otras cientos de pequeñas inmobiliarias españolas. De un día para otro una tasadora redujo drásticamente el valor de sus activos, los bancos dejaron de financiar y la empresa tuvo que cerrar.
"Era un buen momento para hacerlo, casi no había competencia y la zona era visitada por nudistas, turistas ingleses y alemanes", comenta Ramón González, fundador de Proyecciones Inmobiliarias XXI, cuando recuerda cómo en 1998 él y otros empresarios reunieron capital para comprar unos terrenos en Vera, Almería. Ahí decidieron construir apartamentos destinados al público nudista. "Los vendimos todos, 34, de primera calidad, con piscina climatizada, los áticos tienen sus propias piscinas", dice.
Gracias a esa operación la compañía facturó en 2006 más de 12 millones de euros. La promoción de la compañía en Vera, conocida como Armony Nature, aún puede consultarse en internet. Está situada en la playa El Playazo. "Los naturistas tienden a aceptar a los otros como son, sin duda por el hecho de que ellos mismos aceptan su cuerpo como es", indica la publicidad, ilustrada con imágenes familiares de gente tranquilamente tomando el sol con poca o ninguna ropa.
Tras el éxito de Armony Nature en Proyecciones Inmobiliarias XXI decidieron dar el salto a conceptos residenciales más tradicionales. Compraron terrenos en Toledo calificados como "urbanizables" gracias a un préstamo que lograron por más de cinco millones de euros. "La tasadora seleccionada por el banco valoró en 2007 los terrenos en seis millones de euros, con vencimiento a tres años", explica Ramón González.
Pero el pasado mes de septiembre, a la hora de refinanciar el crédito, la tasadora escogida por el banco valoró los mismos terrenos en 0,9 millones. "Ahí se acabó todo", explica González, "tuvimos que declararnos en concurso de acreedores".
Entre 2007 y 2010 lo que ocurrió fue que la mayor crisis inmobiliaria vivida en España se unió a la mayor crisis financiera global vivida en 80 años. Y en España, en ese periodo, se modificó la Ley de Suelo. La anterior ley en la materia, de 1997, contemplaba sobre las valoraciones la existencia de "suelo urbanizable", que permitía valorarlo deduciéndolo del valor que tendría su aprovechamiento. En julio de 2007 entró en vigor la nueva Ley de Suelo, siendo ministra de Vivienda María Antonia Trujillo, que, entre otros puntos, solo contempla la existencia de suelo rústico y suelo urbanizado.
La consecuencia que esos cambios legislativos han tenido para Proyecciones Inmobiliarias XXI es que la compañía, en lugar de disponer de un suelo "urbanizable", tiene un suelo rústico. Es decir, en lugar de poseer un terreno que podía valorarse por lo que en él algún día pudiera llegar a edificarse, lo que tiene es un terreno que se valora ahora como lo que es, rústico. Los créditos logrados para desarrollar ese suelo, garantizados con el valor teórico que el mismo terreno podría llegar a tener, ya no pueden devolverse. "No digo que la anterior ley fuera mejor o peor, lo que digo es que en mitad del partido nos cambiaron las reglas del juego", dice Ramón González.
La cifra
6 millones de euros es el valor que una tasadora dio a terrenos de la empresa en 2007. Ahora los valora en 0,9 millones.
Los exdueños de Marsans podrían hacer frente a un mayor embargo
Fuente: Cincodias.com
Cinco Días - Madrid - 03/02/2011
La administración concursal de Viajes Marsans comparó ayer la situación de la compañía en junio de 2010 con la "muerte fulminante de un cetáceo, que aparece varado en los juzgados de lo mercantil". En esa fecha los anteriores propietarios de la compañía, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, vendieron Viajes Marsans a la sociedad Posibilitumm, que acto seguido solicitó concurso de acreedores para la empresa. "Es imposible que nadie en el planeta le hubiera concedido un aval", declaró ayer el administrador concursal de la empresa, Edorta Etxarandio, durante la vista de oposición a los embargos celebrada en Madrid.
"Si hay un paradigma del concurso culpable ese es Viajes Marsans", afirmó Etxarandio, que concluyó que la causa de la insolvencia fue la mala gestión de Díaz Ferrán y Pascual durante los meses previos a la solicitud de concurso voluntario de junio de 2010, informaron EP y Efe.
La administración concursal de Viajes Marsans ha pedido que se eleve de 417 a 430 millones de euros el embargo decretado contra Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, así como contra la actual dueña, la sociedad Posibilitumm Business, y se declare a todos ellos culpables de la quiebra de la compañía.
Al finalizar la vista, Díaz Ferrán y Pascual calificaron de "falsa" la versión aportada por la administración concursal y, tal y cómo defendieron sus abogados, consideraron que la quiebra se produjo por la retirada de la licencia para vender billetes por parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el 21 de abril de 2010.
Confían en la justicia
"No quiero decir nada, confío en la justicia", declaró ayer Díaz Ferrán. Los abogados del expresidente de la CEOE aseguraron que él y Pascual "cargaron personalmente con la situación de pánico" que supuso la retirada de los permisos para vender billetes de avión.
Cinco Días - Madrid - 03/02/2011
La administración concursal de Viajes Marsans comparó ayer la situación de la compañía en junio de 2010 con la "muerte fulminante de un cetáceo, que aparece varado en los juzgados de lo mercantil". En esa fecha los anteriores propietarios de la compañía, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, vendieron Viajes Marsans a la sociedad Posibilitumm, que acto seguido solicitó concurso de acreedores para la empresa. "Es imposible que nadie en el planeta le hubiera concedido un aval", declaró ayer el administrador concursal de la empresa, Edorta Etxarandio, durante la vista de oposición a los embargos celebrada en Madrid.
"Si hay un paradigma del concurso culpable ese es Viajes Marsans", afirmó Etxarandio, que concluyó que la causa de la insolvencia fue la mala gestión de Díaz Ferrán y Pascual durante los meses previos a la solicitud de concurso voluntario de junio de 2010, informaron EP y Efe.
La administración concursal de Viajes Marsans ha pedido que se eleve de 417 a 430 millones de euros el embargo decretado contra Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, así como contra la actual dueña, la sociedad Posibilitumm Business, y se declare a todos ellos culpables de la quiebra de la compañía.
Al finalizar la vista, Díaz Ferrán y Pascual calificaron de "falsa" la versión aportada por la administración concursal y, tal y cómo defendieron sus abogados, consideraron que la quiebra se produjo por la retirada de la licencia para vender billetes por parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el 21 de abril de 2010.
Confían en la justicia
"No quiero decir nada, confío en la justicia", declaró ayer Díaz Ferrán. Los abogados del expresidente de la CEOE aseguraron que él y Pascual "cargaron personalmente con la situación de pánico" que supuso la retirada de los permisos para vender billetes de avión.
martes, 1 de febrero de 2011
Díaz Ferrán trata de evitar el embargo de sus bienes por la quiebra de Marsans
Fuente: Expansion.com
31.01.2011 Agencias 3
Los antiguos dueños de Marsans y los actuales tienen una cita con el juez este miércoles. La vista para decidir el embargo de bienes a antiguos consejeros de la firma se traslada al 4 de marzo.
El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid celebrará el miércoles una vista para decidir sobre la oposición presentada por Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, antieguos propietarios del Grupo Marsans, y la sociedad Posibilitum, actual dueño de la compañía, contra el embargo preventivo de sus bienes para cubrir el déficit patrimonial de Viajes Marsans, según informó del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La juez Ana María Gallego tomará declaración a los dos antiguos propietarios del grupo Marsans, dando lugar a la primera comparecencia de los empresarios ante un juzgado tras la quiebra de sus empresas.
El pasado mes de noviembre, la juez, que tramita el concurso de acreedores de Viajes Marsans, dictó estas medidas cautelares de embargo de bienes, cuentas y depósitos a petición de la administración concursal para cubrir un déficit de 417,3 millones de euros, que finalmente se ha fijado en 271 millones de euros en el informe concursal.
Los embargos se produjeron con el fin de garantizar la responsabilidad patrimonial personal de los administradores frente a los acreedores de la empresas y ante la posibilidad de que acaben siendo declarados culpables de la situación concursal de la compañía turística.
Por otro lado, la juez ha trasladado al próximo 4 de marzo, la vista donde se estudiarán los embargos de bienes a varios antiguos consejeros de Viajes Marsans, que estaba señalada para mañana. Esta petición la formuló la empresa acreedora Mapa Tours y cuenta con el apoyo de la administración concursal, al considerar que también fueron responsables de la quiebra de la compañía.
Tras la vista, la juez decidirá si embarga cautelarmente bienes a Carlos de Borbón y Dos Sicilias, primo del Rey y consejero de Reyal Urbis y Cepsa, y al antiguo vicepresidente de Banif Emilio Novela, entre otros. Durante la vista, los antiguos consejeros de Viajes Marsans podrán presentar sus oposición.
La juez tendrá que determinar si existen suficientes indicios de culpabilidad en la insolvencia por su actuación al frente de la compañía turística.
Los administradores concursales consideran que los consejeros podrían ser responsables porque, aunque abandonaron Viajes Marsans entre noviembre y diciembre de 2009, en octubre de 2009 firmaron las cuentas anuales que incluían desvíos de dinero a la matriz, Teinver, en forma de préstamos por 221 millones de euros.
31.01.2011 Agencias 3
Los antiguos dueños de Marsans y los actuales tienen una cita con el juez este miércoles. La vista para decidir el embargo de bienes a antiguos consejeros de la firma se traslada al 4 de marzo.
El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid celebrará el miércoles una vista para decidir sobre la oposición presentada por Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, antieguos propietarios del Grupo Marsans, y la sociedad Posibilitum, actual dueño de la compañía, contra el embargo preventivo de sus bienes para cubrir el déficit patrimonial de Viajes Marsans, según informó del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La juez Ana María Gallego tomará declaración a los dos antiguos propietarios del grupo Marsans, dando lugar a la primera comparecencia de los empresarios ante un juzgado tras la quiebra de sus empresas.
El pasado mes de noviembre, la juez, que tramita el concurso de acreedores de Viajes Marsans, dictó estas medidas cautelares de embargo de bienes, cuentas y depósitos a petición de la administración concursal para cubrir un déficit de 417,3 millones de euros, que finalmente se ha fijado en 271 millones de euros en el informe concursal.
Los embargos se produjeron con el fin de garantizar la responsabilidad patrimonial personal de los administradores frente a los acreedores de la empresas y ante la posibilidad de que acaben siendo declarados culpables de la situación concursal de la compañía turística.
Por otro lado, la juez ha trasladado al próximo 4 de marzo, la vista donde se estudiarán los embargos de bienes a varios antiguos consejeros de Viajes Marsans, que estaba señalada para mañana. Esta petición la formuló la empresa acreedora Mapa Tours y cuenta con el apoyo de la administración concursal, al considerar que también fueron responsables de la quiebra de la compañía.
Tras la vista, la juez decidirá si embarga cautelarmente bienes a Carlos de Borbón y Dos Sicilias, primo del Rey y consejero de Reyal Urbis y Cepsa, y al antiguo vicepresidente de Banif Emilio Novela, entre otros. Durante la vista, los antiguos consejeros de Viajes Marsans podrán presentar sus oposición.
La juez tendrá que determinar si existen suficientes indicios de culpabilidad en la insolvencia por su actuación al frente de la compañía turística.
Los administradores concursales consideran que los consejeros podrían ser responsables porque, aunque abandonaron Viajes Marsans entre noviembre y diciembre de 2009, en octubre de 2009 firmaron las cuentas anuales que incluían desvíos de dinero a la matriz, Teinver, en forma de préstamos por 221 millones de euros.
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