El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha
declarado en concurso a Pescanova y ha retirado a su presidente de las
facultades de administración del patrimonio de la sociedad, por lo que será
sustituido por un consejo de administración, y le pide a la CNMV que designe un
administrador.
El juez estima que existen discrepancias
"relevantes" entre la información suministrada junto con la solicitud
de concurso y la subsanación presentada pocos días después (diferencia de
participación del hasta ahora presidente) e incluso la diferencia del pasivo
total total. El auto añade que, además, el cargo de Sousa ha caducado en fecha
inmediata tras el transcurso del plazo estatutario de cinco años, así como las
"discrepancias" que existieron dentro del consejo de administración
en la votación de la petición del concurso voluntario.
Como consecuencia considera que "mantener las plenas
facultades del deudor puede conducir a una situación de difícil gobernabilidad
en absoluto compatible con el orden que debe presidir el proceso
concursal".
El auto en el que indica que Pescanova ha asegurado que su
pasivo y activo superan los cinco millones de euros; sus acreedores superan los
50; no ha pedido la liquidación de su patrimonio, ni ha presentado una propuesta
de anticipada de convenio; y tenía intención de pedir a la administración
concursal retrasar la formulación de las cuentas.
El juzgado recuerda que el plazo que tendrá la
administración concursal para presentar su informe será de dos meses.
Por último, el auto indica que todos los acreedores de
Pescanova cuentan con un plazo de un mes, a contar desde la publicación en el
BOE, para que comuniquen a la administración concursal la existencia de sus
créditos, "por escrito firmado por el acreedor" o por cualquier otro
interesado.
Más de 3.100 millones de deuda
La banca acreedora comenzó a desesperarse ante la negativa
de la compañía gallega a facilitar las cuentas y realizar una propuesta de
financiación para reestructurar la deuda. Fuentes financieras aseguran que
Pescanova ha comunicado a los acreedores, de manera informal, que la deuda
total asciende a 3.110 millones (el grupo tendría 1.800 millones en créditos
más 350 millones en bonos, a lo que se suma una deuda de 350 millones de las
filiales españolas y otros 610 millones del resto de filiales). Esta cifra, que
duplica la declarada por la alimentaria, no incluye la deuda comercial.
Pescanova, además, se ha negado a plasmar estos datos por escrito.
Dentro de los acreedores, la banca extranjera ha pedido
desde el principio la dimisión de Sousa, máxime aún tras conocerse que se
desprendió recientemente de la mitad de su participación en la compañía.
Fuentes financieras aseguran, no obstante, que la mayoría de las entidades
esperan ahora a que el juez nombre a los administradores concursales para
conocer si esta es viable. De momento, añaden, buena parte de los bancos
mantienen abiertas las líneas de crédito a Pescanova. El grupo comunicó a los
acreedores que sus necesidades de liquidez “inmediatas” estaban relacionadas
con el pago a un proveedor y se elevaba a unos 60 millones, una cantidad que
según la compañía “se gestionaría de manera orgánica o bien con la venta de
activos”.
Intervención de la CNMV
El pasado martes 16, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) decidió intervenir y tomar las riendas en la inspección de las
cuentas de Pescanova, después de haber realizado varios requerimientos a la
compañía alimentaria solicitando más información del ejercicio 2012. Según la
nota remitida por el supervisor, esta “no ha sido elaborada de acuerdo con los
estándares de contabilidad exigibles”. Como consecuencia, la CNMV
“monitorizará” la auditoría de las cuentas que va a realizar KPMG, elegido por
la banca acreedora. El supervisor advierte además que sigue adelante con el
proceso abierto de posibles sanciones a los gestores.
