Una juez aparta a los tres de la dirección de la empresa Jale tras haber percibido 4,5 millones frente a los 2,1 que les correspondía.
En una sentencia inaudita en España y que podría marcar una nueva etapa en las quiebras empresariales, el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Cádiz ha cesado a los tres administradores concursales que hasta ahora se encargaban de dirigir varias de las sociedades de Grupo Jale -concretamente, Inmobiliaria Amuerga, Jale Construcciones e Inverluna-, todas ellas en concurso desde el año 2008.
La magistrada Nuria Auxiliadora Orellana es la que ha tomado esta medida sin precedentes basándose en dos premisas. Por un lado, alude a que han percibido en concepto de retribución una cantidad superior a la acordada en su momento por la propia juez. Por otro, a causa de las "desavenencias constatadas" entre los administradores y el que fuera presidente y máximo accionista del hólding gaditano, José Antonio López Esteras.
Especialmente significativo es el argumento de los emolumentos excesivos. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, Tomás Torres, Alejandro Bengio y Daniel Pastor (en representación de Banesto como acreedor) tenían derecho a unos honorarios conjuntos de poco más de 2,1 millones de euros por su trabajo en la fase común del concurso de las tres sociedades antes mencionadas.
Sin embargo, el auto recoge que los tres administradores habrían cobrado ya un total de 4,5 millones -repartidos prácticamente a partes iguales-, montante "que excede con mucho la cantidad autorizada por esta juzgadora".
Esta cifra ha procedido en su totalidad de la masa de la sociedad, "por lo que la empresa no ha podido realizar otros pagos fundamentales; eso, sin contar que hemos tenido que despedir a más de quinientas personas", explican a este periódico fuentes de la que fuera una de las mayores compañías de Andalucía, con intereses en los sectores inmobiliario, constructor y hotelero.
El montante de los créditos devengados de las tres sociedades asciende a 25,5 millones de euros, correspondiendo la mayor parte (21,4 millones) a Amuerga.
En este sentido, el auto añade que, "pese a ser requeridos los administradores concursales, no consta que hayan procedido al ingreso de lo cobrado por encima de lo autorizado [...] y ello pese a que no hay liquidez suficiente para pagar los créditos contra la masa devengados".
Sobre este punto, la juez recalca que "dicha actitud, reticente a la devolución, ha provocado la presentación de escritos por acreedores contra la masa que han visto perjudicado su derecho de cobro al anteponerse a ellos la administración concursal, percibiendo una cantidad no autorizada".
Ante esta situación, la magistrada ha decidido apartar a los tres y sustituirlos por PwC y Ernst&Young, aunque Banesto podrá elegir a un experto como representante del banco. Ante esta decisión, no cabe recurso y los tres cesados deberán rendir cuentas de su actuación a la juez en el plazo de un mes.
Desavenencias
En cuanto a las discrepancias con el que fuera presidente del grupo, José Antonio López Esteras, la magistrada estima "procedente la separación de los administradores por las desavenencias constatadas en el procedimiento" entre ambas partes.
Orellana recuerda, en todo caso, que fue el propio empresario quien "en un primer momento autorizó el pago de cantidades superiores a las fijadas en los autos y que, posteriormente, denunció dicho cobro cuando la administración concursal interesó la suspensión de facultades patrimoniales".
Fuentes de la empresa aseguran que López Esteras "se vio obligado a aceptar esos sobresueldos ante las amenazas de los ahora cesados de bloquear numerosos pagos, empezando por las nóminas".
Por último, la juez justifica que su decisión la ha tomado en este momento al haber finalizado la fase común, "estimando que es cuando se ocasiona un menor perjuicio a la tramitación de los concursos".
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