jueves, 24 de noviembre de 2011

Las carnicerías de Estellés presentan concurso voluntario

Fuente: expansion.com

22.11.2011VALENCIAJ.B.0

La cadena de establecimientos propios Maxicarne tiene siete tiendas en el área metropolitana de Valencia.

Maxicarne, la cadena de tiendas del grupo Carnes Estellés, ha presentado concurso voluntario de acreedores, según se hizo público ayer en el Boletín Oficial del Estado. La compañía tuvo el año pasado una cifra de negocios de 13,4 millones de euros y entró en pérdidas, con un resultado neto negativo de 358.000 euros. Para este ejercicio, la firma espera unos ingresos de doce millones de euros, según señalaron recientemente sus directivos. El edicto apunta que los acreedores tienen un mes para comunicar sus créditos.

Maxicarne tiene actualmente siete puntos de venta, todos ellos situados en Valencia y provincia. Esta cadena se creó hace cinco años, cuando el grupo Estellés reorganizó completamente su estructura para centrarse en sus líneas de actividad más rentables.

Así, se ha ido abandonando algunas de las actividades de fabricación para terceros y recientemente decidió centrarse únicamente e la elaboración de productos cárnicos destinados precisamente a sus tiendas Maxicarne.

Nuevo modelo

La planta de Carnes Estellés en Paterna (Valencia), que el pasado agosto presentó un ERE de extinción para más de 50 trabajadores, ya no fabrica productos cárnicos para hostelería y elaborados, pero realiza en su centro de trabajo el despiece y embandejado de los productos que ofrece en Maxicarne.
Para estos trabajos, Estellés ha contratado a la cooperativa catalana Trabajadores Asociados de la Industria Cárnica (Taic), que aporta veinte empleados a la fábrica. En la empresa valenciana explicaron que se decidió externalizar estos puestos de trabajo, en lugar de mantener los anteriores, porque el tipo de actividad que ahora se realiza es completamente distinto y se requiere una cualificación diferente. La estimación de la empresa es gestionar una cifra cercana a los tres millones de kilos bajo este modelo.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Nueva regulación en materia laboral tras la reforma concursal

Fuente: expansion.com

21.11.2011Sonia Gimeno. Socia de Antonia Magdaleno Abogados0

La nueva Ley Concursal da mayor protección en materia laboral a todos los operadores de un concurso. Así, los EREs se tramitarán directamente ante el juez, una comisión velará por los derechos de los trabajadores si no tienen representación legal y el deudor podrá asistir a la negociación de las indemnizaciones.

En la Comunidad Valenciana, donde la solicitud y declaración de concursos de acreedores se ha visto incrementada de nuevo en el último trimestre del año, pocos son los procedimientos en los que no se tramite un Expediente de Regulación de Empleo.

Hasta el momento, la regulación de los aspectos laborales relativos a las medidas de carácter colectivo en el seno del concurso se trataba en el artículo 64, y para todo aquello que no estuviera previsto en éste, se aplicaba sencillamente la legislación laboral.

Sin embargo, en la práctica, la aplicación de la regulación aún vigente ha venido suponiendo algunos problemas procesales y de interpretación que, con la reforma, se han intentado suplir ganando en celeridad y en seguridad jurídica.

La modificación del artículo 64, de hecho, ha sido uno de los pilares básicos en el trámite legislativo y, con seguridad, una de las más intensas, tanto por la extensión del artículo como por el número de cuestiones que varían.

La primera de las modificaciones relevantes que se aplicará a partir del 1 de enero de 2012, consiste en que los ERE´s se van a tramitar ante el juez de lo Mercantil desde el mismo momento del auto de declaración de concurso. Incluso los expedientes que ya se estén tramitando ante la autoridad laboral, ya que este organismo tendrá que remitir lo actuado al juez del concurso.

Es más, incluso si ya se ha resuelto por la autoridad laboral antes del concurso, serán los administradores concursales quienes ejecuten las medidas pendientes en los términos acordados. No obstante, sigue manteniéndose el trámite de traslado a la autoridad laboral en los expedientes iniciados en el concurso para que evacue su correspondiente Informe.

La segunda novedad fundamental consiste en la protección de los derechos de los trabajadores si éstos no tienen representación legal, ya que se prevé la designación de una comisión, según regula el Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, a partir de la reforma y siempre que la concursada tenga solo intervenidas sus facultades, el deudor podrá participar, si el Juez lo autoriza, en el período de consultas. Esta medida no estaba prevista con anterioridad y llamaba la atención que en la negociación, en la que se iban a acordar pactos económicos a los que tendría que hacer frente el concursado, éste no pudiera -al menos- estar presente e intervenir. Otra novedad significativa en relación con el período de consultas es que se prevé la posibilidad de sustituir el mismo por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa.

Otro cambio significativo es que tras la reforma, se fija expresamente el momento de los efectos de la resolución, que -como regla general- será desde que se dicte el auto.

También se regula el sistema de recursos contra el auto y se fija el plazo (un mes) que los trabajadores o el FOGASA tendrán para interponer incidente si se trata de cuestiones que se refieran a la relación jurídica individual.

Finalmente, se zanja también la problemática originada en relación a las acciones resolutorias individuales del artículo 50 del Estatuto, que se considerarán colectivas si están motivadas por la situación económica o de insolvencia de la empresa empleadora y se generan tras la iniciación del Expediente del artículo 64 de la Ley Concursal.

A la vista del análisis de las principales novedades introducidas en esta materia, con independencia de otras cuestiones que no se han tratado con exhaustividad y que también recoge este artículo, puede afirmarse que la reforma ha pretendido evitar los problemas que se han generado en la práctica en cuanto a la tramitación de los expedientes, dotando a la misma de mayor seguridad jurídica.

martes, 22 de noviembre de 2011

Cacaolat financió a Clesa teniendo problemas de tesorería

Fuente: cincodias.com

Alberto Ortín - Madrid - 22/11/2011 - 07:00

Cacaolat financió entre 2010 y principios de este año la actividad de su matriz, Clesa, a pesar de que la compañía de batidos afrontaba "serias tensiones de tesorería", según el informe provisional de la administración concursal de Cacaolat, al que se refiere un reciente auto del Juzgado Mercantil número 6 de Madrid.

En dicho auto, el juez Francisco Javier Vaquer plantea una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo sobre la acumulación de los procesos concursales que los juzgados de Madrid y Barcelona instruyen sobre Clesa y Cacaolat, respectivamente. Ambas compañías que pertenecieron al grupo Nueva Rumasa. El juzgado de Barcelona adjudicó hace dos semanas Cacaolat a una oferta presentada por el grupo cervecero Damm y la distribuidora Cobega. Las empresas no quisieron ayer comentar el auto del juzgado de Madrid.

El informe provisional de la administración concursal de Cacaolat indica que una "parte muy significativa" de las transacciones llevadas a cabo desde el 1 de enero de 2010 y marzo de 2011 entre Clesa y Cacaolat "no corresponden a transacciones comerciales".

Los administradores concursales de Cacaolat advierten que Clesa era el principal proveedor de Cacaolat y que al parar su producción creó un problema de suministro de la empresa de batidos. Sin embargo, advierte el informe, hay registrados pagos de Cacaolat de "nóminas de empleados de Clesa, pagos directos de nóminas a empleados de Royne, pagos directos a proveedores de Clesa y el cobro de clientes que no mantienen relaciones comerciales con la sociedad".

Subastan una finca

La Agencia Tributaria ha convocado una subasta para una finca de la familia Ruiz-Mateos valorada en 5,27 millones de euros, situada junto a los terrenos de Bodegas Garvey en Jerez de la Frontera (Cádiz), informaron fuentes consultadas por Europa Press.

viernes, 11 de noviembre de 2011

Los jueces apartan a los dueños de empresas de Nueva Rumasa

Fuente: cincodias.com

Cinco Días - Madrid - 11/11/2011 - 07:00

Desde que el pasado mes de febrero Nueva Rumasa comunicara la entrada en procedimiento concursal de buena parte de su entramado, varias de sus empresas han pasado a ser gestionadas por la administración nombrada por el juez. Tanto miembros de la familia Ruiz-Mateos como la sociedad Back in Business, liderada por el empresario Ángel de Cabo, que en septiembre comunicó la adquisición de Nueva Rumasa, han sido apartados de la gestión de empresas del grupo.

Este mes el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha suspendido a Clecao, sociedad propietaria del inmueble de Helados Royne (Nueva Rumasa) en Leganés, en el ejercicio de las facultades de gestión y disposición de su patrimonio, que ha asumido la administración concursal, informaron fuentes jurídicas consultadas por EP.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Palencia dictó hace una semana un auto por el que apartaba de las facultades de la gestión de Trapa a los anteriores gestores (la familia Ruiz-Mateos) y al grupo Back In Business, informó Efe.

En septiembre el juzgado mercantil de Álava apartó de la gestión de Chocolates Elgorriaga las facultades de los administradores mancomunados Zoilo Pazos Jiménez, sobrino de José María Ruiz-Mateos, y Susana Álvarez Ampuero.

El grupo liderado por Ángel de Cabo que acordó la adquisición de Nueva Rumasa se hizo en junio de 2010 con el grupo Marsans a través de la sociedad Posibilitumm. En octubre de ese año la juez del concurso de Marsans suspendió a los propietarios de dicha firma de las facultades de administración en el grupo de viajes, hoy en liquidación.

Cacaolat, Apis, Dhul y Trapa, a salvo del colapso de Rumasa

Fuente: expansion.com

9.11.2011S. Saborit. Barcelona

El juzgado mercantil número 6 de Barcelona ha adjudicado esta semana Cacaolat a la alianza empresarial integrada por Damm, Cobega y Victory.

La operación permitirá mantener los puestos de trabajo y salvar del colapso de Nueva Rumasa una marca que es muy emblemática en Cataluña y que los nuevos propietarios se han comprometido a consolidar en el resto de España e incluso a impulsar su internacionalización. Este proceso, que se inició en marzo después de que la empresa presentara concurso de acreedores, servirá de modelo para rescatar a otras marcas de la división alimenticia de los Ruiz Mateos.

Es el caso de Dhul, que seguirá un proceso de subasta similar al aplicado en Cacaolat. También seguirán adelante otras marcas de alimentación como Apis y Trapa, pero, en principio, no correrán la misma suerte otras enseñas como Clesa y Royne.

CLESA

Con la venta de Cacaolat la administración concursal no sólo podrá devolver las deudas del fabricante de batidos, sino que Clesa, que era la matriz de la compañía, percibirá alrededor de 35 millones con la operación. Estos ingresos no permitirán, sin embargo, salvar a la empresa láctea, aunque sí que contribuirán a devolver parte de la deuda contraída con proveedores y con la plantilla.

De hecho, el juzgado mercantil de Madrid que lleva el concurso de Clesa ya ha ordenado la liquidación de los activos fabriles de la compañía, tras la orden de desahucio y de desalojo inmediato solicitada por Metrovacesa, dueña de los terrenos. Se prevé que la venta de la maquinaria como chatarra permita ingresar un millón y medio de euros.

ROYNE

Algo parecido, ocurrirá con los activos industriales de la empresa de helados Royne, que también ha cesado su actividad de forma definitiva en Leganés. Por otro lado, la planta que Clesa tiene en Caldas de Reis (Galicia) podría ser subastada y por ella han mostrado ya interés la cooperativa Feiraco y la empresa Lácteos Tambre.

APIS

Más suerte que Clesa y Royne ha tenido Carnes y Conservas Españolas (Carcesa) que se salvará gracias al apoyo público de la Junta de Extremadura. Se prevé que esta compañía, fabricante de la marca de tomate triturado Apis y de los zumos Fruco, sea adquirida este mismo mes por un consorcio de empresas extremeñas. Por un lado, el 51% del capital pasará a manos de las cooperativas Tomates del Guadiana y Acopaex.

El 49% restante estará controlado por la empresa pública Avante Extremadura. Además de la marca Apis, Carcesa fabrica en sus plantas de Mérida, Montijo y Don Benito tomate triturado de marca blanca para cadenas de supermercados como Carrefour, Dia, Lidl, Alcampo y Ahorramás.

DHUL

El juzgado Mercantil número 1 de Granada dictó la semana pasada un auto en el que autorizó la venta de la unidad productiva de Dhul, una de las empresas más importantes del mercado español de postres lácteos. La compañía, especializada en la elaboración de flanes, se subastará en un plazo de noventa días, en un proceso prácticamente idéntico al seguido en Cacaolat.

Las empresas interesadas en quedarse la fábrica granadina deberán pagar 12.000 euros para entrar en el proceso de examen de las cuentas y formular una oferta. Alrededor de 16 compañías ya habrían mostrado su interés a los administradores concursales. Sin embargo, en este proceso exite un problema: la titularidad de la marca Dhul.

La sociedad Grupo Dhul no es la titular directa de la marca, que pertenece a la sociedad Lerton Holding, radicada en Belice. En teoría esta compañía instrumental, situada en un paraíso fiscal, ha pasado ahora a manos de Back in Business, sociedad del empresario Ángel Cabo que ha comprado todo el grupo Nueva Rumasa a cambio de asumir una deuda de 1.500 millones de euros.

TRANCHETTES

Nueva Rumasa compró en 2009 Quesería Menorquina a Kraft Foods, aunque nunca llegó a pagar totalmente la cantidad pactada con la multinacional americana. Con esta operación, los Ruiz Mateos se hicieron con la propiedad de la marca Tranchettes. La sociedad ya se ha desvinculado del grupo después de que los directivos y un grupo de trabajadores compraran la compañía por el simbólico precio de 346 euros para garantizar su continuidad.

HIBRAMER
El futuro de la productora de huevos vallisoletana Hibramer pende de un hilo. Los administradores concursales han rechazado la única oferta de compra que ha recibido la sociedad, formulada por el fondo de capital riesgo Eneas Corporate.

También se interesaron Coren y Huevos Guillén, aunque al final desestimaron la operación. Actualmente, Hibramer sólo se dedica a producir huevo líquido, básicamente para el Grupo Siro. Esta actividad, sin embargo, emplea únicamente a 25 trabajadores, de los más de 150 que tenía la compañía.

TRAPA Y ELGORRIAGA
Las empresas de alimentación de Nueva Rumasa se completan con Trapa y Elgorriaga, que integran la división chocolatera del grupo. Ambas están también en concurso y su futuro es más esperanzador al de Hibramer o Clesa.

De hecho, la cercanía a la Navidad ha impulsado la actividad de Trapa, que tiene una planta en Palencia, en la que trabajan 120 personas y que no ha necesitado acudir a los despidos, aunque los trabajadores denuncian retrasos en el cobro de las nóminas. Por su parte, Elgorriaga tiene sus instalaciones en Ávila, donde fabrica galletas, fundamentalmente marcas blancas para Eroski, Dia y Carrefour. La planta ocupa a alrededor de 75 trabajadores.

El juez que instruye los concursos de Trapa y Elgorriaga ha apartado de la gestión de estas sociedades al grupo Back in Business tras convertirse en propietario de las acciones. La gestión ha quedado en manos de los administradores concursales a la espera de que se resuelva su futuro. Se prevé que estas dos marcas también sean vendidas, aunque hasta ahora ninguna compañía del sector ha mostrado su interés públicamente.

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Se dispara el número de insolventes

Fuente: levante-emv.com

La mayoría de las insolvencias se concentran en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid

08-11-2011



EFE / MADRID Cataluña, Comunitat Valenciana, Andalucía y Madrid concentraron el 63,8 % de los deudores concursados en España en el tercer trimestre de este año, según la Estadística del Procedimiento Concursal elaborada por el INE.

El número de empresas y personas que se declararon en España en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) entre julio y septiembre se situó en 1.489, lo que supone un aumento del 25,8 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Por tipo de concurso, 1.441 fueron voluntarios (el 28,4 % más que en el tercer trimestre de 2010) y 48 necesarios (el 22,6 % menos).

Según la clase de procedimiento, los abreviados aumentaron el 30,6 %, mientras que los ordinarios cayeron el 18,8 %.

El 30,5 % de las empresas concursadas tuvo como actividad principal la construcción y promoción inmobiliaria, el 19,5 % la industria y energía, y el 17,2 % el comercio.

Asimismo, el 59,1 % del total de empresas concursadas se concentró en los tramos de 1 a 19 asalariados.

De los 1.489 deudores concursados en el tercer trimestre, 1.268 fueron empresas y el 75,6 % de ellas fueron sociedades de responsabilidad limitada.

El 66,2 % de las empresas concursadas, principalmente sociedades de responsabilidad limitada, se situó en el tramo más bajo de volumen de negocio (menos de dos millones de euros).

El 88,2 % de las empresas concursadas no pertenecía a un grupo empresarial.

Sobre las que sí pertenecían, el 11,5 % lo era a un grupo español y el 0,3 % a uno extranjero.


Una juez cesa a los administradores concursales de Jale por cobrar el doble

Fuente: expansion.com

08.11.2011SEVILLASimón Onrubia2

Una juez aparta a los tres de la dirección de la empresa Jale tras haber percibido 4,5 millones frente a los 2,1 que les correspondía.

En una sentencia inaudita en España y que podría marcar una nueva etapa en las quiebras empresariales, el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Cádiz ha cesado a los tres administradores concursales que hasta ahora se encargaban de dirigir varias de las sociedades de Grupo Jale -concretamente, Inmobiliaria Amuerga, Jale Construcciones e Inverluna-, todas ellas en concurso desde el año 2008.

La magistrada Nuria Auxiliadora Orellana es la que ha tomado esta medida sin precedentes basándose en dos premisas. Por un lado, alude a que han percibido en concepto de retribución una cantidad superior a la acordada en su momento por la propia juez. Por otro, a causa de las "desavenencias constatadas" entre los administradores y el que fuera presidente y máximo accionista del hólding gaditano, José Antonio López Esteras.

Especialmente significativo es el argumento de los emolumentos excesivos. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, Tomás Torres, Alejandro Bengio y Daniel Pastor (en representación de Banesto como acreedor) tenían derecho a unos honorarios conjuntos de poco más de 2,1 millones de euros por su trabajo en la fase común del concurso de las tres sociedades antes mencionadas.

Sin embargo, el auto recoge que los tres administradores habrían cobrado ya un total de 4,5 millones -repartidos prácticamente a partes iguales-, montante "que excede con mucho la cantidad autorizada por esta juzgadora".

Esta cifra ha procedido en su totalidad de la masa de la sociedad, "por lo que la empresa no ha podido realizar otros pagos fundamentales; eso, sin contar que hemos tenido que despedir a más de quinientas personas", explican a este periódico fuentes de la que fuera una de las mayores compañías de Andalucía, con intereses en los sectores inmobiliario, constructor y hotelero.

El montante de los créditos devengados de las tres sociedades asciende a 25,5 millones de euros, correspondiendo la mayor parte (21,4 millones) a Amuerga.

En este sentido, el auto añade que, "pese a ser requeridos los administradores concursales, no consta que hayan procedido al ingreso de lo cobrado por encima de lo autorizado [...] y ello pese a que no hay liquidez suficiente para pagar los créditos contra la masa devengados".

Sobre este punto, la juez recalca que "dicha actitud, reticente a la devolución, ha provocado la presentación de escritos por acreedores contra la masa que han visto perjudicado su derecho de cobro al anteponerse a ellos la administración concursal, percibiendo una cantidad no autorizada".

Ante esta situación, la magistrada ha decidido apartar a los tres y sustituirlos por PwC y Ernst&Young, aunque Banesto podrá elegir a un experto como representante del banco. Ante esta decisión, no cabe recurso y los tres cesados deberán rendir cuentas de su actuación a la juez en el plazo de un mes.

Desavenencias
En cuanto a las discrepancias con el que fuera presidente del grupo, José Antonio López Esteras, la magistrada estima "procedente la separación de los administradores por las desavenencias constatadas en el procedimiento" entre ambas partes.

Orellana recuerda, en todo caso, que fue el propio empresario quien "en un primer momento autorizó el pago de cantidades superiores a las fijadas en los autos y que, posteriormente, denunció dicho cobro cuando la administración concursal interesó la suspensión de facultades patrimoniales".

Fuentes de la empresa aseguran que López Esteras "se vio obligado a aceptar esos sobresueldos ante las amenazas de los ahora cesados de bloquear numerosos pagos, empezando por las nóminas".

Por último, la juez justifica que su decisión la ha tomado en este momento al haber finalizado la fase común, "estimando que es cuando se ocasiona un menor perjuicio a la tramitación de los concursos".