miércoles, 11 de diciembre de 2013

Los acreedores de Rafael Santamaría tienen un mes para comunicar el importe que les adeuda

Fuente: Expansion.com

10.12.2013 Europa Press0


Los acreedores de Inveryal, la sociedad patrimonial de Rafael Santamaría, accionista de control de Reyal Urbis, cuentan con un mes para comunicar el importe que les adeuda la firma en proceso de concurso de acreedores. El plazo para reclamar deudas arranca este martes, 10 de diciembre, fecha de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del auto de declaración de concurso. Inversiones Globales (Inveryal) es la sociedad a través de la que Rafael Santamaría controla el 70,2% del capital social de Reyal Urbis, y fue declarada en concurso voluntario de acreedores a finales del pasado mes de noviembre por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid con una deuda de unos 525,92 millones. De este pasivo total, la firma afronta vencimientos a corto plazo por 214,96 millones y sólo cuenta con activos líquidos y corrientes por importe de 90.423 euros para afrontar estos pagos, según consta en el auto de la jueza. El concurso del primer accionista de Reyal se registró nueve meses después de que la propia inmobiliaria cotizada se acogiera también a la antigua suspensión de pagos, en este caso con un 'agujero patrimonial' de 1.700 millones de euros y una deuda de 3.600 millones. Respecto a la firma de Santamaría, el auto de la jueza, al que tuvo acceso Europa Press, apunta como causa de su insolvencia a la situación que atraviesa Reyal, "dado que la participación en esta inmobiliaria constituye el principal activo de Inveryal". No obstante, el juzgado señala también que el estado de insolvencia de esta sociedad "no se desprende tanto de la ponderación" del patrimonio negativo de la empresa, por importe de 524,42 millones de euros, sino por su cifra de "pasivo corriente", de 214,96 millones de euros, "cuando además se explicita que el efectivo y otros activos líquidos y corrientes" para hacerla frente son de 90.423 euros. La sociedad de Santamaría ha quedado sometida a la intervención de una administración concursal, cargo para el que la jueza ha estimado oportuno designar a BDO Auditores, la misma firma que también es administrador concursal de Reyal Urbis.

martes, 10 de diciembre de 2013

Sabadell y Sareb refinancian la residencia universitaria de Santa Ana

Fuente: Expansion.com


05.12.2013ALICANTEMª José Cruz


La filial del grupo inmobiliario Santa Ana ha logrado superar el concurso de acreedores tras pactar con las entidades ampliar el plazo de la deuda a nueve años sin quita y buscará socios financieros para cumplir los pagos. Consorcio Empresarial San Vicente Sur, filial del grupo alicantino Santa Ana que promueve una villa universitaria en Alicante, ha salido del concurso presentado el pasado mes de septiembre tras aprobar el convenio de acreedores y reestructurar su deuda a largo plazo gracias al respaldo de de sus acreedores bancarios Sabadell-CAM, SGR y Sareb. La empresa, con una deuda a largo plazo de 24,2 millones de euros y un valor de tasación de sus activos en el concurso de 40,2 millones de euros, ha pactado una reestructuración de su deuda que incluye un plazo de nueves años, con dos de carencia, y que no incluye quita. Su plan de viabilidad para cumplir con los bancos contempla dar entrada a socios financieros que permitan rebajar el endeudamiento bancario y planificar su gestión a largo plazo. Para ello pretende ampliar los servicios a universitarios que ofrece, ya que considera que es un sector atractivo para fondos. Con el convenio de acreedores aprobado de Consorcio Empresarial San Vicente Sur, propietaria de La Villa, así como el convenio de acreedores aprobado a finales del año pasado de su sociedad inmobiliaria más importante Coprovi, el grupo Santa Ana Corporación da por estabilizada su situación financiera, y espera iniciar “una nueva etapa de crecimiento económico” tras los últimos siete años de “dura crisis económica”.

Sabadell y Sareb refinancian la residencia universitaria de Santa Ana,Valencia.-Economía y empresa Expansión.com

Sherpa Capital se impone en la puja por los activos de Indo

Fuente. Expansion.com

09.12.2013 C.Fontgivell/S.Saborit .


El administrador concursal de Indo falla a favor de la oferta del fondo pilotado por Eduardo Navarro. Considera que su propuesta es mejor que las presentadas por PHI Industrial y Nazca Capital tanto en importe económico como en sus compromisos con los trabajadores. Sherpa Capital está a un paso de quedarse con la unidad productiva de Indo. Agustí Bou, socio del bufete Jausas y administrador concursal de Indo, ha depositado esta mañana en los juzgados un informe en el que opta por adjudicar la empresa de material óptico a Crealux, la sociedad de Sherpa que llevará a cabo la operación. El fondo de Eduardo Navarro fue el primero en presentar una oferta vinculante por los activos del fabricante de material óptico, y en la puja con PHI Industral y Nazca Capital, llegó a ofrecer hasta 25 millones de euros por Indo. PHI presentó una oferta superior, de 25,78 millones, aunque la administración concursal considera que la valoración real de los activos que plantea PHI es de 8 millones, inferiores a los 11,47 millones que, a juicio de los administradores, ofrece realmente Sherpa. "Crealux asume el compromiso de no efectuar ningún expediente de extinción de contratos durante los 18 meses siguientes a la adjudicación, y dicha circunstancia debe valorarse muy positivamente", señala en su informe la administración concursal. Aunque todas las ofertas eran muy similares en cuestión de plantilla asumida y valoración de activos, lo que ha inclinado la balanza en favor de Sherpa Capital es que el fondo cuenta con un acuerdo con el Institut Català de Finances (ICF) para subrogarse los créditos hipotecarios sobre una serie de activos inmobiliarios. "La oferta que ofrece un mejor precio, atendiendo a los criterios de la administración concursal y de los jueces, es la de Crealux", concluye el informe.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

Un juez federal da luz verde a la quiebra de la ciudad de Detroit

Fuente: Cincodias.com

AGENCIAS  WASHINGTON  03-12-2013 20:25
JOSHUA LOTT (REUTERS)

Un juez federal aprobó hoy la bancarrota de Detroit, la mayor quiebra municipal en la historia de EEUU, con un fallo de repercusión nacional que pone fin a medio siglo de protección de las pensiones de los empleados públicos.
El juez Steven Rhodes afirmó que la ciudad de Michigan, otrora símbolo de la industria automovilística, puede encarar un plan de reestructuración de sus deudas, que suman unos 18.000 millones de dólares.
“Esta ciudad, en su día orgullosa y próspera, no puede pagar sus deudas”, dijo Rhodes. “Es insolvente. Y es elegible para la bancarrota. Ésta es, también, una oportunidad para empezar de nuevo”.
Los sindicatos de empleados públicos y los grupos de jubilados habían cuestionado la bancarrota, declarada en julio pasado, alegando que la Constitución de Michigan no permite reducciones en los planes de pensiones.
Detroit, devastada económicamente por la Gran Recesión y las transformaciones en la industria de automoción, es la octava ciudad estadounidense que se ha declarado en bancarrota desde 2012, al tiempo que otros municipios contemplan un futuro similar.
Rhodes dictaminó que siendo ésta una bancarrota solicitada a un tribunal federal, no se aplica la ley de Michigan.
En una conferencia de prensa después del fallo judicial, el interventor municipal Kevin Orr exhortó hoy a los sindicatos a que negocien las reformas, aun cuando estos apelarán la decisión del magistrado.
Orr dijo que presentará en la primera semana de enero un plan de reorganización financiera y espera que los sindicatos colaboren en las conversaciones con el alcalde electo Mike Duggan.
La Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condado y Municipales presentó su notificación de apelación minutos después del fallo de Rhodes, y la abogada sindical Sharon Levine indicó que éste es el primer paso en un trámite que conducirá hasta el Tribunal Supremo de Justicia.
La capital del sector del motor lleva en caída libre desde la década de 1990 y, tras nefastas gestiones de alcaldes, a lo que se sumó la crisis financiera de 2008, terminó por condenarse a la suspensión de pagos.
La ciudad ha perdido un 60 por ciento de su población desde los años cincuenta, hasta el entorno de los 700.000 habitantes. Tan sólo entre 2000 y 2010 experimentó una salida de un cuarto de sus habitantes, con partes convertidas en barrios fantasmas.
Además de la caída de contribuyentes y de ingresos, el desempleo, la salida de negocios y empresas ha provocado que las arcas de la ciudad no puedan ingresar lo suficiente para mantener sus compromisos y los gastos de servicios públicos
El dictamen de Rhodes afecta especialmente a los fondos de pensión municipales cuyos recursos son vitales para los 22.000 funcionarios públicos jubilados y los 10.000 empleados activos de la ciudad.
Aunque Rhodes dictaminó que las pensiones pueden reducirse en una bancarrota federal, advirtió de que probablemente no aprobará un plan de reorganización que incluya cortes demasiado drásticos.


Cómo acceder a la información de una empresa en concurso

Fuente: Cincodias.com


¿Cómo puede un banco, un socio comercial o un consumidor acceder a la información relativa a una empresa insolvente? Hasta ahora, la existencia misma de un concurso de acreedores, las resoluciones, las anotaciones e incluso el arranque de las negociaciones (si las hubiera) para superar el proceso concursal era una información dispersa y hasta cierto punto farragosa. Aunque ya existía un Registro Público de Resoluciones Concursales desde 2005, solo contenía información parcial y presentaba ciertas deficiencias.
Ahora, el Gobierno pretende dar un impulso a la publicidad de los concursos de acreedores. A partir de marzo, el Ministerio de Justicia pondrá en marcha el nuevo Registro Público Concursal, según el Real Decreto que ha publicado el BOE, con el que se pretende facilitar el acceso a estos datos a cualquier posible interesado.
El Registro Público Concursal se configura como una nueva plataforma que “almacenará y sistematizará” toda la información relativa a un proceso concursal, y pretende configurarse como un “punto de encuentro” a efectos de publicidad a “tanto las resoluciones procesales que se adopten a lo largo del proceso concursal, como las que impliquen la apertura de negociaciones para alcanzar los acuerdos extrajudiciales y su finalización”, según indica el Real Decreto. El acceso al Registro Público Concursal será “público, gratuito y permanente, sin que requiera justificar o manifestar interés legítimo alguno”, según señala la normativa.
El acceso a esos datos, además, se realizará a través de internet “lo que facilita su accesibilidad”, dice el texto. Ese portal se localizará “dentro de la sede electrónica que determine el Ministerio de Justicia”. De hecho, las comunicaciones que se efectúen a través del Registro Público Concursal “serán siempre electrónicas”, eso sí, con “canales de comunicación securizados”.
La puesta en marcha de la nueva plataforma corresponde al Ministerio de Justicia, que encomienda su gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles. En cuanto al funcionamiento, serán los juzgados, las registradores mercantiles, los notarios y los registros públicos los que proporcionarán la información sobre los concursos.
Interconexión
El nuevo registro se interconectará con otras plataformas similares de la Unión Europea. Con ello, asegura el Real Decreto, se permitirá a “los bancos, los acreedores, los socios comerciales y los consumidores acceder a información oficial y fiable sobre casos de insolvencia”.
El portal se estructurará en tres secciones: la primera, de edictos concursales; la segunda, de publicidad registral de resoluciones concursales y la tercera, de acuerdos extrajudiciales.
Eso sí, la publicidad de algunos datos relativos a un concurso tendrá fecha de caducidad: los datos de carácter personal incluidos en las resoluciones concursales “serán cancelados dentro del mes siguiente a que finalicen sus efectos, sin perjuicio de su disociación para su utilización posterior”. Así, por ejemplo, los datos relativos a las sentencias firmes en que se ordena la inhabilitación para administrar bienes ajenos serán cancelados de oficio dos meses después de finalizar la inhabilitación. También se cancelarán de oficio dentro del mismo plazo anterior los datos relativos a la inhabilitación temporal para ser nombrado administrador en otros concursos.