Nozar ha pedido la retirada de los dos administradores concursales
nombrados por el juez, a los que acusa de obstrucción y de estar
"obsesionados" con la liquidación. La inmobiliaria ha presentado
convenio de acreedores para salir del concurso en el que se encuentra desde
2009.
ALBERTO ORTÍN - MADRID - 30/01/2013 - 19:25
"Desde hace algún tiempo, mi mandante viene soportando
una posición progresivamente hostil por parte de los profesionales que integran
la administración concursal", dice la representación legal de Nozar en
un escrito enviado recientemente al juez, al que ha accedido este diario. La
actitud de los administradores -la jueza en excedencia Cristina Jiménez
Savurido, y Luis Aurelio Martín Bernardo, del bufete DLA
Piper- "impide el normal funcionamiento de la empresa".
La compañía controlada por la familia Nozaleda se
declaró en concurso en septiembre de 2009 con un pasivo de 1.563 millones.
Desde entonces se mantiene en esa situación, a pesar de que otras inmobiliarias
con deudas mucho mayores, como Martinsa Fadesa o Habitat,
han salido ya del concurso tras aprobar sus acreedores un convenio de pago de
la deuda.
"Frente a la intención de la deudora de someter al
juzgado y a los acreedores una propuesta de convenio", asegura Nozar en su
escrito al juzgado mercanitl número dos de Madrid, la administración concursal
"se inclina obsesivamente hacia la liquidación". La compañía, que fue
una de las mayores inmobiliarias españolas de finales de siglo XX, recuerda que
otras empresas del grupo que también se declararon en concurso prácticamente al
mismo tiempo han presentado ya convenio, como LenaConstrucciones,
Viñedos y Crianzas del Alto Aragón, Aguas de Panticosa y, como
hará próximamente,Boi Taull.
"Es manifiesta", continúa Nozar en su escrito al
juez, "la actitud obstruccionista de la Administración Concursal en cuanto
a la posible viabilidad empresarial, al negarse absolutamente a formular ni
siquiera una de las demandas de acciones rescisorias de las que deberían
proceder los recursos con los que hacer frente al pago en los créditos
(...)". Los administradores nombrados por el juez en Nozar identificaron
19 acciones de reintegración por 180 millones de euros en diciembre de 2010
"sin embargo, han transcurrido ya más de dos años y no se ha formulado
ninguna".
La inmobiliaria recuerda que la entrada en vigor de las
nuevas tasas judiciales supondrá que si esas acciones llegan ahora a plantearse
obligará al pago de 200.000 euros "solo debidos a la absoluta dejación de
funciones de quienes tienen el deber legal de actuar en interés del concurso,
ejercitando las acciones para las que la Ley les confiere legitimación".
La posición de los administradores ha sido de tal
"hostilidad", dice la compañía, que siendo la Agencia Tributaria el
mayor acreedor del concurso, y que contaba con un representante en la
administración concursal, ha presentado su "dimisión" como miembro de
la administración.
Nozar llega a manifestar en su escrito al juez que sobre los
auxiliares delegados nombrados para apoyar la tarea de los dos administradores
"la única constancia que mi representada tiene de su existencia se limita
a la resolución judicial de nombramiento, sin que se conozca cualquier
actuación de su parte".
Una proceso confuso con coste millonario
La familia Nozaleda tenía en 2006 de un imperio
inmobiliario. Era dueña de los balnearios de Boi Taull y Panticosa y contaba
con activos valorados en 2.780,2 millones. En 2005 Nozar facturó 575,6
millones.
Entre 2005 y 2006 los Nozaleda adquirieron participaciones
en Astroc, Colonial, y Natraceutical con un valor que llegó a superar los mil
millones de euros en Bolsa. El pinchazo de la burbuja se lo llevó todo. Un
informe de la administración concursal presentado en diciembre de 2010 indicaba
que el pasivo de la inmobiliria ascendía a 1.563 millones de euros, y el activo
a 943 millones cuando se declaró en concurso, en septiembre de 2009.
El desarrollo del proceso concursal de la compañía es de lo
más extraño. La declaración de concurso ya fue polémica: en 2008, casi un año
antes de que la empresa se declarara en concurso, un acreedor, la sociedad
Avalatransa, instó la medida. El juez impidió la demanda, a pesar de que Nozar
se declararía en concurso meses después. En 2010 el juez retiró a los
administradores que había nombrado, dos reputados profesionales en la materia,
el catedrático en Derecho Mercantil Ángel Rojo y el economista Francisco Javier
Ramos, y nombró a los actuales.
Los anteriores administradores reclamaron al juez la
anulación de los pagos a entidades financieras que realizó la compañía durante
los meses previos a su entrada en concurso. Y afirmaron que fueron las
inversiones de Nozar en cotizadas y en Panticosa (240 millones) las que
condujeron al grupo a la insolvencia.
Convenio con quitas del 93% en seis páginas
La administración concursal de Nozar presentará en los
próximos días una respuesta al escrito enviado por la compañía al juez, según
fuentes jurídicas consultadas. La administración concursal de Nozar está
integrada por Cristina Jiménez Savurido, presidenta de la fundación Fibe (que
reune a jueces y administradores concursales), magistrada en excedencia, jueza
en el programa de televisión "Veredicto Final", y Luis Aurelio Martín
Bernardo, que ha trabajado en Ernst & Young, en el bufete del ex político
Miguel Roca Junyent y que actualmente lo hace en el despacho DLA Piper.
Frente a las acusaciones de la inmobiliaria, la
administración recordará que ha apoyado desde su puesto los convenios de otras
empresas de la familia Nozaleda y que las acciones de reintegración por valor
de 180 millones probablemente no tengan posibilidad de prosperar. Advertirá de
que la Agencia Tributaria dejó su puesto en la administración concursal de
Nozar por posibles incompatibilidades. Además hará alusión a la propuesta de
convenio a los acreedores presentado por la empresa y a la falta de información
incluida.
El convenio, al que ha accedido este diario, ocupa seis
páginas. Nozar propone cuatro alternativas de pago a sus acreedores: en
metálico con una quita del 75% y espera de hasta 15 años; pago en metálico en
seis meses al contado con una quita del 93%; transformar los créditos en
préstamos participativos; convertir los créditos en acciones de Nozar, con un
valor nominal de 2.366 euros cada una, siendo cien el mínimo de acciones que
deberían adquirirse.
La compañía de la familia Nozaleda también propone la
creación de una comisión de seguimiento del convenio, con cinco miembros.
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