20.03.2012VALENCIAA.C.A.0
El juzgado aprueba el concurso de acreedores de Gestiona, una firma del Ayuntamiento de Albaida cuyo principal fin era la promoción urbanística.
Muchos proveedores de la administración llevan tiempo preguntándose cuándo empezaría a producirse concursos en el sector público. Pues ya están aquí. Societat Pública de Gestio D’Albaida (Gestiona), una firma propiedad del municipio valenciano de Albaida, ha tenido el dudoso honor de convertirse posiblemente en la primera empresa pública de la Comunidad Valenciana en entrar en concurso de acreedores.
El Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Valencia aprobó el pasado 22 de febrero el auto del concurso de acreedores voluntario de la empresa propiedad al 100% del Ayuntamiento de Albaida. La sociedad tiene deudas de 4,5 millones de euros, según el propio alcalde de Albaida, Josep Antoni Albert, que llegó a la alcaldía el pasado mes de junio. Una cifra que no parece demasiado elevada, pero que viene a ser casi todo el presupuesto anual de este municipio de 6.500 habitantes.
Según el edil, la antigua corporación municipal del PP solicitó el preconcurso el 10 de junio, apenas un día antes de su toma de posesión, por lo que la declaración de concurso era prácticamente inevitable. “Según la auditoría que encargamos, desde 2008 se encontraba en situación de insolvencia”, señala. Gestiona se creó en 2004 con una finalidad fundamentalmente urbanizadora en plena vorágine inmobiliaria: un polígono industrial y una promoción de 22 viviendas libres, prácticamente finalizadas. “Era un sinsentido, porque a la vez el Ivvsa realizó en el mismo pueblo otra promoción de 85 viviendas, de las que 72 están por vender”.
El nuevo alcalde, que encabeza una coalición tripartita, asegura que su intención es que “el concurso no perjudique al Ayuntamiento”. En buena medida será el juez quien dictamine hasta qué punto se hace responsable el municipio como accionista único, un proceso en el que no hay muchos antecedentes. Buena parte de la jurisprudencia utilizada para este proceso se ha basado en el que se realizó en las empresas de Marbella tras destaparse la trama de corrupción.
El consistorio ya pactó con los tres empleados de Gestiona su salida. El propio Albert reconoce que entre empresa municipal y ayuntamiento no existían apenas límites. Y las arcas municipales tampoco están mejor. Incluyendo a su filial, Albaida tiene una deuda de 17 millones.
Más de un antecedente
La morosidad de las administraciones ha convertido a muchas empresas públicas en morosas, pero hasta ahora en la Comunidad Valenciana no se conocían casos de suspensiones de pagos en mercantiles públicas. En toda España han empezado a declararse concursos de este tipo. Utrera y Palomares del Río– en Sevilla– o Alcorcón en Madrid han declarado insolventes a sus empresas urbanísticas este mismo año.
Según la Sindicatura de Cuentas, en la región existen un centenar de empresas propiedad de ayuntamientos y diputaciones –ver cuadro– y la coyuntura de muchos hace sospechar que Albaida no será el único en recurrir a esta fórmula.
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