| CONCURSADO | FECHA PUBLICACIÓN EN EL BOE |
| Climatizaciones Alto Palancia, S.L. | 23/02/2012 |
| Ropa Futura, S.L., | 25/02/2012 |
| Mibalia Creatividads, S.L | 25/02/2012 |
| José Jesús Babiloni Valls y Vicenta Castelló Salvador | 27/02/2012 |
| Gestora Producción Correduría de Seguros, S.L.U | 27/02/2012 |
Cinco Días - Madrid - 28/02/2012 - 07:00
La administración concursal de Marsans ha concluido que sus máximos responsables, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, utilizaban la compañía como un "monedero" desde el cual traspasaban dinero a sus sociedades patrimoniales provocando así su insolvencia, según el escrito de calificación de culpabilidad concursal elaborado por los administradores.
En el escrito, los administradores acusan a ambos empresarios de dejar "con importantes fondos propios negativos" a las cuatro empresas del grupo Marsans -Viajes Marsans, Tiempo Libre, Viajes Crisol y Rural Tours-, manteniendo "la función monedero del grupo Marsans incluso en las últimas fases de desintegración del negocio", informó EP. El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid dio traslado de este informe a los acreedores de la compañía turística la pasada semana para que se pronuncien sobre la calificación de culpabilidad de los antiguos administradores del grupo Marsans y de su compradora, la sociedad Posibilitumm Business. Pasado este trámite, la juez señalará una vista para dirimir sobre la culpabilidad.
Los administradores concluyen que la conducta de Díaz Ferrán y Pascual supuso "dolo eventual o culpa consciente" y piden a la juez que les condene a una inhabilitación de 15 años para ejercer como administradores de empresas, como informó CincoDías el pasado 31 de enero.
El informe concluye que la crisis de Marsans fue "agudizada" por la "tergiversación contable repetida", las "inexactitudes" documentales y el retraso en declarar la situación concursal de la compañía.
27.02.2012MADRIDEuropa Press2
Los administradores revelan que los Díaz Ferrán y su socio Pascual utilizaban el grupo de agencias como "monedero" y que extrajeron fondos del circulante para pasarlos a Teinver.
La administración concursal del Grupo Marsans ha concluido que sus máximos responsables, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, utilizaban la compañía como un "monedero" desde el cual traspasaban dinero a sus sociedades patrimoniales provocando así su insolvencia, según el escrito de calificación de culpabilidad concursal elaborado por los administradores.
En el escrito, los administradores acusan a ambos empresarios de dejar "con importantes fondos propios negativos" a las cuatro empresas del Grupo Marsans -Viajes Marsans, Tiempo Libre, Viajes Crisol y Rural Tours- manteniendo "la función monedero del Grupo Marsans incluso en las últimas fases de desintegración del negocio".
El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid dio traslado de este informe a los acreedores de la compañía turística la pasada semana para que se pronuncien sobre la calificación de culpabilidad de los antiguos administradores de Grupo Marsans y de su compradora, la sociedad Posibilitumm Business. Pasado este trámite, la juez señalará una vista para dirimir sobre la culpabilidad.
Los administradores relatan cómo los antiguos propietarios contribuyeron a generar su insolvencia "extrayendo del circulante fondos para pasar al capital de la sociedad dominante -Teinver- y otras sociedades dominadas por ésta, sin control".
En total, el informe cifra en 296 millones de euros la deuda conjunta que acumulan las sociedades controladas por Díaz Ferrán y Pascual con el Grupo Marsans, el 88% de las cuales pertenecen a Teinver. Esta sociedad actuaba como matriz del grupo empresarial y asumía las deudas sin cancelarlas posteriormente. Por su parte, Viajes Marsans debe 45 millones de euros a empresas del grupo.
Los administradores concluyen que la conducta de Díaz Ferrán y Pascual supuso "dolo eventual o culpa consciente" y piden a la juez que les condene a una inhabilitación de 15 años para ejercer como administradores de empresas y a los créditos que no hayan sido satisfechos por la liquidación de las empresas.
Tergiversación contable
El informe concluye también que la crisis del Grupo Marsans fue "agudizada" por la "tergiversación contable repetida", las "inexactitudes" documentales y el retraso en declarar la situación concursal de la compañía. Díaz Ferrán y Pascual presentaron el concurso de acreedores de Viajes Marsans en junio de 2010, al mismo tiempo que anunciaron su venta a las sociedad Posibilitumm Business.
Los administradores concursales recuerdan que Viajes Marsans declaró activos por valor de 40,8 millones de euros al juzgado cuando, en realidad, eran de 12,1 millones de euros. Asimismo, la compañía arrastraba pérdidas de 22,6 millones de euros.
En el caso de Posibilitumm Business, propiedad del empresario experto en quiebras Ángel de Cabo, los administradores concursales piden la inhabilitación por un periodo de dos años y que la sociedad pague un tercio de las deudas no satisfechas con la liquidación por contribuir al vaciamiento patrimonial de la compañía.
Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a Díaz Ferrán, su socio y el que fuera director general de la empresa turística por parte de Posibilitumm, Iván Losada, por un presunto delito continuado de apropiación indebida por valor de 4,4 millones de euros procedentes de los clientes del grupo Marsans. Los tres declararán los próximos 6 y 7 de marzo ante el juez.
24.02.2012VALENCIAA.C.A.
Los acreedores aceptan cobrar el 85% de la deuda del propietario del complejo Villaitana en Benidorm, que suspendió pagos con un pasivo de 117 millones de euros, mediante bonos para hacer uso de los servicios del hotel y de sus instalaciones deportivas.
La cada vez mayor falta de financiación y de dinero contante y sonante está haciendo que se acepten fórmulas de pago que hasta hace poco parecían impensables. Xeresa Golf, propietaria de Villaitana –el complejo hotelero y de golf anexo a Terra Mítica– ha conseguido el respaldo de sus acreedores para devolver la mayoría de su deuda ordinaria mediante el pago en especie con los servicios que ofrece el recinto.
La junta de acreedores aprobó ayer, con el voto favorable de cerca del 70%, la propuesta de convenio presentada por la empresa de la familia Cremades y que contempla abonar el 15% del pasivo en metálico en un plazo de tres años. Para el 85% restante la fórmula elegida es la retribución mediante bonos del hotel, de forma que los acreedores recibirán su importe en forma de pernoctaciones o el uso de otros servicios, como las instalaciones deportivas, su spa o la celebración de eventos y congresos en el recinto de lujo. Según fuentes de la compañía, en este caso también se contempla un periodo de tres años para hacerlo efectivo. De esta forma, el convenio no incluye la tradicional quita.
Según el informe concursal, el pasivo total de Xeresa Golf alcanza los 117,2 millones de euros, si bien esta cifra también incluye préstamos privilegiados que cuentan con otras garantías y no se incluyen en la deuda ordinaria.
A falta del auto definitivo, la decisión de la junta supone cerrar una de las suspensiones de pagos más polémicas en la región. La empresa, en la que también participan ex deportistas famosos como Butragueño o 'Aspar', mantiene un litigio judicial con uno de los administradores concursales que acusó a los gestores de desviar fondos, aunque un informe pericial posterior lo descartó. Xeresa Golf también recurrió la retribución fijada para los administradores al considerar que ponía en peligro su propia viabilidad.
Hace unas semanas la compañía también cerró un nuevo acuerdo por el que la gestión del complejo hotelero pasó a manos de Melià. Inicialmente su explotación había estado en manos de Starwood, pero tras poco más de un año se rompió el contrato y Xeresa Golf responsabilizaba de parte de su mala marcha económica a la gestión del dueño de Sheraton y Westin.
24.02.2012VALENCIAExpansión
La firma de muebles, con 160 tiendas bajo su marca en España, ha conseguido el respaldo de la banca y de la mayoría de los acreedores para continuar con su actividad, tras suspender pagos en 2010 con un pasivo de 36 millones de euros.
La junta de acreedores de las sociedades Univermoble y Expandia, que operan bajo la marca Banak Importa, ha aprobado hoy el convenio de acreedores propuesto por la firma con el apoyo del 80% de los acreedores. Aunque aún falta la firma definitiva del juez mercantil, la decisión supone finalizar el proceso concursal en el que se encontraba desde febrero de 2010.
La propuesta del convenio contemplaba dos alternativas para los acreedores. La primera consiste en acogerse a una quita del 30% con un plazo de pago de 8 años y la segunda ofrece una quita del 50% con un plazo de pago de 5 años. El pasivo concursal de las dos sociedades ascendía a 28,5 millones de euros, mientras que el resto del declarado por el grupo correspondía a dos sociedades que irán a liquidación.
La firma gestiona la cadena de tiendas Banak Importa, que cuenta con 160 tiendas en España entre propias y franquiciadas y tiene presencia en Italia, Portugal y México. La firma incluso ha incorporado diez puntos de venta en el último año pese a su situación judicial.
Precisamente el plan de viabilidad de la empresa se centra en continuar con su crecimiento internacional, tanto en Europa como en Sudamérica, donde además de sus nueve tiendas en México quiere abrir en Colombia, Brasil, Argentina y Chile.
Además, la empresa ha abandonado la producción que mantenía en España al considerar que no podía competir en costes y dentro del proceso concursal se acordó la liquidación de la sociedad que asumía esas funciones, Macurva, así como una filial en Italia. El grupo también adelgazó su plantilla dentro de su reestructuración, asesorada por la consultora Improven.
27.02.2012VALENCIAA.C.A.
La menor actividad de la factoría de Almussafes ha afectado a la situación financiera del proveedor, que a la vez estaba acometiendo su implantación en Alemania y Rumanía.
Pese al anuncio de Ford de introducir nuevos modelos en su factoría valenciana, en la industria auxiliar de la automoción se auguraba un año 2012 duro. La nueva caída del mercado automovilístico europeo y la decisión de Ford de reducir la producción en su planta, mediante un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal, empieza a tener efectos. Handling and Lager (H&L), uno de los principales operadores logísticos de la planta de Ford en Almussafes –gestiona cerca del 45% de las piezas que utiliza la factoría– ha recurrido a la antigua suspensión de pagos.
El Juzgado de Lo Mercantil Número 2 de Valencia aprobó el pasado 6 de febrero el edicto en que autoriza el concurso de acreedores voluntario de la sociedad, matriz del grupo que cuenta con empresas en Alemanía y Rumanía. Además, cuenta con una filial tecnológica que desarrolla su propio software de gestión logística y con Lintal 99, la firma que transporta los coches terminados desde las instalaciones de Almussafes al Puerto de Valencia y hasta los concesionarios de Valencia, Alicante y Baleares.
H&L cuenta con tres almacenes en el Parque Empresarial Juan Carlos I de Almussafes desde el que abastece a la planta de Ford, a la que está directamente conectada a través de un conveyor o pasarela aérea directa. Con cerca de 250 empleados, la compañía concentra el grueso de su actividad en torno a Ford en Valencia y sus proveedores, por lo que el descenso de la producción en las líneas de montaje le afecta directamente.
El grupo que dirige Nicolás Agustín facturó 16 millones de euros el año pasado, con lo que prácticamente recuperaba el nivel de 2007, antes de la crisis que afectó especialmente a la producción automovilística. Sin embargo, en los últimos años sus márgenes se habían resentido y según el registro mercantil en 2008 y 2009 sumó pérdidas por 750.000 euros._En el ejercicio 2009 –último disponible– su pasivo rondaba los 15 millones de euros.
Inversiones recientes
Precisamente para reducir su dependencia de la planta valenciana, la compañía valenciana implantó su primera instalación en el exterior en mayo del año pasado, concretamente en Saarlouis (Alemania), también con Ford como cliente. La instalación supuso una inversión de 1,2 millones de euros para secuenciar cuatro millones de piezas al año. La compañía también tenía previsto poner en marcha esta primavera otra planta en Craiova (Rumanía), destinada a proveer los tornillos y tuercas a otra factoría de montaje de Ford cercana. La empresa no ha querido hacer ningún comentario sobre el proceso concursal ni si afecta a estos planes.
Además, el grupo valenciano buscaba diversificar su negocio con la entrada como proveedor en otros grandes fabricantes europeos, para lo que ha instalado su dirección comercial en Alemania.
Cadena logística
-H&L nació en 1999 para ofrecer soluciones en uno de los costes más críticos de Ford, la logística.
-Desde entonces es uno de los pulmones para abastecer a la factoría valenciana: sus trenes sobre ruedas recorren constantemente el parque de proveedores para servir las líneas de montaje.
-La empresa ya notó la pérdida del tercer turno en Almussafes y por ello estaba intentando crecer fuera de España para facturar 22 millones en 2014.
LEVANTE-EMV VALENCIA
El grupo Acuigroup Maremar, piscifactoría con instalaciones en Sagunt controlada por el Banco de Valencia y fundada por el exministro socialista Antoni Asunción y su socio Társilo Piles -presidente de la Fundación Valencia CF- debe renegociar con entidades financieras y acreedores una deuda de 42 millones de euros para evitar el concurso de acreedores. La situación de se esta compañía valenciana, que tuvo pérdidas de 4,4 millones en 2010, para una facturación de 13 millones, se ha complicado también con los cruces de acusaciones y demandas entre los socios. y el Banco de Valencia, que en este momento posee el 68 % del capital social.
La mercantil presentó preconcurso y se acogió al apartado 5bis de la Ley Concursal, para disponer de tres meses y negociar así la deuda con las entidades financieras. El proceso se encuentra desde hace mes y medio en los juzgados de lo Mercantil de Valencia. La mayor parte de la deuda -unos 24 millones- pertenece a su principal accionista, el Banco de Valencia, y los dieciocho restantes están repartidos entre Bankia -originariamente con Caja Madrid y Bancaja-, ICO, Sepides, el IVF y NCG. La empresa, según informó ayer el diario Expansión, negocia con estas entidades y, si hay acuerdo, propondrá a los interventores del Frob en Banco de Valencia que se sumen.
La piscifactoría se creó en 1999. Banco de Valencia, ahora intervenido por el Banco de España, tuvo el 20 % hasta 2010, cuando elevó su peso al 68 %, al transformar en acciones unos préstamos participativos, lo que dejó a los fundadores con el 31 %. Además, fueron apartados de la gestión.
Cambios en la gestión
La nueva crisis de Acuigroup estalló a finales del año pasado, cuando las diferencias llevaron a que Asunción y Piles fueran expulsados del consejo de administración. En una junta extraordinaria se presentó un balance a octubre por el cual la empresa tenía un patrimonio neto negativo de 13,9 millones y se proponía que los socios realizaran aportaciones proporcionales, ya que se encontraría en causa de disolución. A la filial de Banco de Valencia (Inversiones Valencia Capital Riesgo) le corresponderían 10,1 millones y a los socios disconformes, en conjunto, 2,75 millones de euros.
Un documento revela la estrategia seguida por la familia para evitar los embargos y ser declarados culpables del vaciamiento patrimonial
Los 13 hijos de José María Ruiz-Mateos se elevaron el sueldo y se otorgaron indemnizaciones procedentes del dinero de Nueva Rumasa para poder seguir pagando sus hipotecas días antes de anunciar la quiebra del grupo empresarial, según se desprende de uno de los documentos que forma parte del sumario de la causa al que tuvo acceso Europa Press.
En el documento, elaborado presuntamente por los asesores de Nueva Rumasa, figura toda la estrategia que los Ruiz-Mateos iban a llevar a cabo antes de solicitar el concurso de acreedores de la mayoría de las sociedades del grupo.
En el punto 9 del documento, bajo el título 'Comprobación y actualización de los sueldos y emolumentos de los hijos e hijas de Ruiz-Matesos', los gestores ordenan la "actualización de los sueldos para permitir el pago de las hipotecas, añadiéndoles cláusulas indemnizatorias elevadas y bonus".
Además, el autor del informe añade una "nota" en la que destaca como "importante" el caso de Álvaro Ruiz-Mateos Rivero, que "no está dado de alta", en referencia a su inscripción en la Seguridad Social. Este documento se incluye en el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional y enviado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
Los asesores recomendaron a los seis hijos varones de Ruiz-Mateos no presentar concurso de acreedores de sus sociedades patrimoniales mientras pudieran pagar los préstamos hipotecarios. Sin embargo, les aconsejaban "revisar" quiénes eran los administradores de estas sociedades "para que no coincidan" con las empresas del grupo que iban a presentar concurso de acreedores y evitar así embargos sobre sus bienes.
Respecto a las sociedades patrimoniales de las hijas, los asesores recomendaron formular contratos de arrendamiento de las viviendas con "sus familiares para poder pedir la suspensión de las ejecuciones" hipotecarias en caso de impago o los embargos.
Ordenaron destruir toda la documentación
Otro de los aspectos que revela el escrito es cómo días antes de declarar la insolvencia de Nueva Rumasa, la familia Ruiz-Mateos ordenó la "limpieza de despachos profesionales y de las empresas concursales de toda aquella documentación comprometedora". Para ello decidieron "establecer un sistema camuflado, como una auditoría interna para evitar comentarios" con el objetivo de "realizar esta labor de forma externa sin dar explicaciones".
La incautación de este documento precipitó la petición de entrada y registro de siete inmuebles -viviendas de los Ruiz-Mateos y varios despachos profesionales de sus asesores- formulada por la Fiscalía Anticorrupción al juez y que tuvo lugar el pasado 25 de enero.
Falsificación de los balances
Del documento también se desprende que los asesores de la familia Ruiz-Mateos se dedicaron a estudiar "las diferencias entre los balances oficiales y los reales" de las empresas de Nueva Rumasa para evitar que los propietarios fueran declarados culpables del vaciamiento patrimonial.
En concreto, los gestores dieron instrucciones para "conseguir ajustarlos al máximo para evitar que declaren los procedimientos culpables. No obstante, se adjuntará valoración de activos a valor de mercado para evitar la liquidación".
En su auto del pasado 15 de febrero, Ruz levantó parte del secreto de sumario de la causa que investiga a José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, siete de sus hijos, y otras seis personas más por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad documental en la venta de pagarés a los inversores.
21.02.2012VALENCIAJ.B.0
La filial de Banco de Valencia y los fundadores –Antoni Asunción y Társilo Piles, que fueron expulsados del consejo– cruzan acusaciones de mala gestión en los juzgados.
La piscifactoría Acuigroup Maremar se ha convertido en un dolor de cabeza más para Banco de Valencia. La difícil situación de la compañía –que tuvo pérdidas de 4,4 millones en 2010, para una facturación de 13 millones– se ha complicado con los cruces de acusaciones y demandas entre los socios. Por un lado, Banco de Valencia, que en este momento tiene el 68%, y por otro, los socios fundadores Társilo Piles y Antoni Asunción (exministro del Interior con Felipe González).
La compañía presentó preconcurso –se acogió al apartado 5bis de la Ley Concursal– para disponer de tres meses y negociar así la deuda con las entidades financieras. El proceso se encuentra desde hace mes y medio en el Mercantil número 2 de Valencia. Actualmente, este endeudamiento suma 42 millones de euros. La mayor parte –unos 24 millones– contraídos con su principal accionista, Banco de Valencia, y los dieciocho restantes están repartidos entre Bankia –originariamente con Caja Madrid y Bancaja–, ICO, Sepides, el IVF y NCG. La empresa está negociando con estas entidades y, si hay acuerdo, propondrá a los interventores del Frob en Banco de Valencia que se sumen.
La piscifactoría se creó en 1999. Banco de Valencia tuvo el 20% hasta 2010, cuando elevó su peso al 68%, al transformar en acciones unos préstamos participativos, lo que dejó a los fundadores con el 31%. Además, fueron apartados de la gestión.
Demandas
Las rencillas ya habían aparecido, por diferencias en la gestión, y en marzo del año pasado comenzaron las batallas en los juzgados, con una demanda presentada por Asunción y Piles en un Juzgado del Puerto de Sagunto y otra por lo mercantil en Valencia, el verano pasado. Estos socios impugnan los acuerdos de la junta y consideran que las cuentas de 2010 están falseadas. Los nuevos gestores firmaron un acuerdo de comercialización con la firma griega Andrómeda, –que incluye compra de alevines–, pero los fundadores consideran que este contrato es lesivo para la empresa y reduce sus posibilidades de crecimiento futuro.
La crisis más fuerte estalló en diciembre, cuando las diferencias llevaron a que Asunción y Piles fueran expulsados del consejo de administración. En una junta extraordinaria, el 28 de diciembre, se presentó un balance a octubre por el cual la empresa tenía un patrimonio neto negativo de 13,9 millones y se proponía que los socios realizaran aportaciones proporcionales, ya que se encontraría en causa de disolución. A la filial de Banco de Valencia (Inversiones Valencia Capital Riesgo) le corresponderían 10,1 millones y a los socios disconformes, en conjunto, 2,75 millones de euros.
Piles y Asunción votaron en contra y pidieron que Banco de Valencia transformara sus préstamos en participativos. La filial de Banco de Valencia considera que ya no es procedente esa transformación y que hay que realizar las aportaciones. Al requerirse unanimidad, la junta acuerda entrar en la Ley Concursal a través del 5bis –preconcurso– o directamente del concurso de acreedores. La opción tomada ha sido la del preconcurso .
Además, Inversiones Valencia acordó ejercer la acción de responsabilidad contra Asunción y Piles, alegando que dejaron la empresa en mala situación. Según una auditoría extra encargada por esta sociedad, habían sobrevalorado las existencias de 21,5 millones de euros.
EP - Madrid - 21/02/2012 - 07:00
El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona ha fijado como fecha límite el próximo 1 de marzo para que se cierre la venta de la unidad productiva de Cacaolat a la alianza integrada por Damm, Cobega y Victory Turnaround por 75 millones de euros, según fuentes sindicales.
De esta forma, la plantilla de Clesa en Madrid, integrada por 361 empleados, podrá cobrar en el plazo de dos o tres semanas (a contar desde esa fecha) los 12 millones de euros entre finiquitos e indemnizaciones que la empresa láctea adeuda a los trabajadores. Así se lo ha asegurado el juez que tramita el procedimiento concursal de la firma de batidos en Barcelona a la comisión de seguimiento del expediente de regulación de empleo (ERE), tras la reunión que mantuvieron ambas partes.
"Esperamos y deseamos que el juez de Barcelona no incumpla lo que nos ha dicho y envíe el dinero a los trabajadores de Clesa en Madrid, una vez que haya saldado las deudas con los acreedores de la firma de batidos", señalaron las mismas fuentes. A finales del mes pasado, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona ya denegó el recurso de Proactiva para impugnar la adjudicación de la unidad productiva de Cacaolat a la alianza integrada por Damm, Cobega y Victory Turnaround.
La reunión con el juez de Barcelona se ha producido después de que la administración concursal de Clesa haya trasladado a los representantes de los trabajadores que la empresa no dispone, "a día de hoy", de medios económicos suficientes para hacer frente al pago de las indemnizaciones que se le adeuda a la plantilla. Para conseguir ingresos, los administradores han mantenido contactos con un interesado en la compra del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), uno de los activos que adquirió la láctea a sociedades de Nueva Rumasa pese a no estar relacionado con su actividad ordinaria.
Ofertas de compra
El grupo alemán Henkell ha ofrecido 4,5 millones de euros por hacerse con Cavas Hill, la firma de vinos del grupo Nueva Rumasa. Por su parte, el empresario asturiano Rodolfo Cachero ha hecho una propuesta del mismo importe por la chocolatera Elgorriaga.
CincoDías.com - Madrid - 21/02/2012 - 14:52
La Asociación de afectados por el Cese de Operaciones de Spanair (ACOS) ha pedido al administrador concursal de la aerolínea, Bosco Gisper, que proceda al embargo de los bienes de los miembros del consejo de administración para que pueda resarcirse a todos los afectados por la quiebra de la compañía, que dejó de volar el pasado 27 de enero.
En declaraciones a Servimedia, el portavoz de ACOS, el abogado Cándido Connde-Pumpido Varela, destacó que de esa manera sería posible que todos los acreedores de la compañía, que acumula un pasivo de 474 millones de euros, puedan ser compensados en su totalidad, ya que entre los miembros del consejo está representada Fira de Barcelona.
Según ACOS, Spanair se encontraba ya en causa de disolución antes de declarar el concurso, puesto que difícilmente sus activos podrán representar el 25% del pasivo de 474 millones. Por otro lado, la asociación pide también al administrador que reintegre en el concurso la indemnización de 400.000 euros que tiene avalada en una entidad financiera el ex director general de Spanair, Michael Szucs. Para ello, Szucs tendrá que desbloquear ese aval bancario para el cobro de su indemnización pactada como blindaje por despido con la compañía, para que luego pueda ser integrada en el concurso.
Según Conde-Pumpido, el administrador comparte esta demanda ya que ya han sido aplicadas medidas similares en anteriores concursos. ACOS recuerda a los afectados que el plazo para personarse en el concurso concluye el próximo 15 de marzo.
Además del concurso, esta organización, respaldada por diversos despachos de abogados en toda España, estudia reclamar la responsabilidad patrimonial de la Generalitat de Cataluña, puesto que Spanair no contaba con el seguro exigido por el código de consumo de esa comunidad autónoma para vender productos de más de 100 euros por anticipado. Por último, ACOS espera recibir de la administración concursal las pólizas de seguro de responsabilidad civil exigidas por la Ley de Navegación Aérea, para estudiar las posibilidades del cobro por esta vía de las obligaciones derivadas de la responsabilidad contractual de Spanair con los titulares de los billetes.
20.02.2012MADRIDEuropa Press0
El juzgado de lo Mercantil número seis de Barcelona ha fijado como fecha límite el próximo 1 de marzo para que se cierre la venta de la unidad productiva de Cacaolat a la alianza integrada por Damm, Cobega y Victory Turnaround por 75 millones de euros, según informaron a Europa Press en fuentes sindicales.
De esta forma, la plantilla de Clesa en Madrid, integrada por 361 empleados, podrá cobrar en el plazo de dos o tres semanas a contar desde esa fecha los doce millones de euros entre finiquitos e indemnizaciones que la láctea adeuda a los trabajadores.
Así se lo ha asegurado el juez que tramita el procedimiento concursal de la firma de batidos en Barcelona a la comisión de seguimiento del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), tras la reunión que mantuvieron ambas partes recientemente.
"Esperamos y deseamos que el juez de Barcelona no incumpla lo que nos ha dicho y envíe el dinero a los trabajadores de Clesa en Madrid, una vez que haya saldado las deudas con los acreedores de la firma de batidos", señalaron las mismas fuentes.
A finales del mes pasado, el juzgado de lo Mercantil número seis de Barcelona ya denegó el recurso de Proactiva para impugnar la adjudicación de la unidad productiva de Cacaolat a la alianza integrada por Damm, Cobega y Victory Turnaround.
La reunión con el juez de Barcelona se ha producido después de que la administración concursal de Clesa haya trasladado a los representantes de los trabajadores que la empresa no dispone "a día de hoy" de medios económicos suficientes para hacer frente al pago de las indemnizaciones que se le adeuda a la plantilla.
Para conseguir ingresos, los administradores han mantenido contactos con un interesado en la compra del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), uno de los activos que adquirió la láctea a sociedades de Nueva Rumasa pese a no estar relacionado con su actividad ordinaria.
Igualmente, entre los proyectos de enajenación de bienes y derechos durante la fase común del concurso, también tienen abierto el proceso de venta de la fábrica de Clesa en Caldas de Reis (Pontevedra).
Fuente: expansion.com
21.02.2012
El administrador concursal y la compañía piden a las agencias que ingresen los importes de los billetes en una cuenta bancaria de la aerolínea.
La Asociación Catalana de Agencias de Viajes (ACAV) ha denunciado que el administrador concursal de Spanair ha notificado a las agencias de viajes que no pueden devolver a los clientes el importe de aquellos billetes de la compañía pagados, pero correspondientes a vuelos que no se han efectuado.
En una nota, la asociación informa de que las agencias tienen en su poder las cantidades correspondientes a las ventas en efectivo realizadas entre el 1 y el 28 de enero. No obstante, la compañía y sus administradores concursales no han autorizado el reembolso de los billetes no volados emitidos durante estas fechas, para lo que necesitaban la previa autorización de Spanair, que hasta ahora no se ha conseguido. Además, han requerido a las agencias el ingreso de los importes correspondientes a esos billetes en una cuenta bancaria de la compañía aérea.
Desde el cese de operaciones de Spanair, la ACAV ha mantenido diferentes reuniones con los responsables de la compañía a fin de establecer los mecanismos de reembolso que habían de efectuar las agencias de viajes, aunque de momento no se ha llegado a ningún acuerdo y en estos momentos la decisión ya está en manos del administrador concursal.
Asimismo, desde la ACAV se ha instado a Spanair y a la Administración Concursal a que reembolse estas cantidades a los viajeros, ya que en caso contrario "iría en menoscabo de sus derechos".
La Asociación ha manifestado que considera "totalmente desproporcionada, excesiva e injusta la obligación impuesta por la administración concursal y la compañía aérea de pagar unos billetes que a día de hoy se sabe con total certeza que no serán volados por el cese de la compañía y su propio incumplimiento".
URSADO | FECHA PUBLICACIÓN EN EL BOE |
Promueve Aktiva Siglo XXI, S.L. | 20/02/2012 |
Fuente: expansion.com
14.02.2012ALICANTEM.J.C.
La empresa alicantina de reciclaje del grupo Erum arrastraba un pasivo de 14 millones de euros.
La empresa de reciclaje de residuos Acteco Productos y Servicios, del grupo alcoyano de plásticos Erum, ha conseguido un acuerdo con sus acreedores para levantar la suspensión de pagos que presentó en octubre de 2009, cuando sufrió problemas de financiación tras una millonaria inversión en su planta de reciclaje en Ibi.
Al convenio se han adherido acreedores que representan el 55,30% del pasivo de la compañía, que acumulaba unas deudas de 14 millones de euros, en su mayoría con entidades bancarias, según publicó ayer el BOE.
“Hicimos una gran inversión en nuestra fábrica de Ibi y después el banco se echó atrás con la financiación, y de ahí surgieron todos los problemas, pero todo está resuelto”; aseguraron ayer fuentes del grupo.
La división Acteco, fundada en 1994, se encarga de la gestión de residuos, con plantas de reciclaje en Alicante, Valencia, Coruña, Zaragoza y Holanda, y presta servicio a clientes como Chocolates Valor, Levantina, Inditex o Coca-Cola.
Aunque el concurso de Acteco no afectó al resto del grupo, Erum planteó recientemente por razones de producción un ERE temporal para 80 de sus trabajadores y el cierre de su planta en Villena. La compañía, una de las principales productoras de perchas, cuenta con 14 factorías por todo el mundo, fabrica cerca de 1.500 millones de perchas al año y factura 56 millones de euros.
LEVANTE-EMV VALENCIA
La promotora y constructora Cleop, presidida por el empresario Carlos Turró y participada por diversos inversores valencianos, anunció ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha iniciado un proceso de refinanciación de una deuda que ronda los 48 millones de euros debido a los "relevantes retrasos en el cobro de las obligaciones de diversas administraciones públicas". Turró aseguró que Cleop no se encuentra en una fase previa al concurso de acreedores y afirmó que espera resolver en menos de tres meses, es decir el plazo legal al acogerse al amparo del artículo 5.bis de la Ley Concursal, la negociación con varias entidades para refinanciar la citada deuda. Cleop contaba con una cartera de obra valorada en 79 millones de los que casi el 75% correspondía a contratos con diversas administraciones públicas. En los nueve primeros meses del pasado año el grupo registró una cifra de negocio de 31,9 millones y pérdidas de 1,6 millones.
Litigio con Urbem
Una parte importante del pasivo corresponde al endeudamiento para adquirir parte de la inmobiliaria Urbem. Una adquisición realizada a través de Inversiones Mebru y que mantiene un litigio con la familia Pastor por el control de la promotora Urbem. El pasado 8 de febrero un acreedor de Cleop solicitó la declaración forzosa del concurso de acreedores, aunque el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia todavía no se ha pronunciado.
Fuente: expansion.com
13.02.2012VALENCIAA.C.A.
El grupo constructor y de servicios ha solicitado acogerse al artículo 5.bis de la Ley Concursal para negociar el pago de sus compromisos, después de sufrir los retrasos en los cobros de las administraciones públicas y la caída de la obra pública.
Los problemas financieros de las administraciones públicas siguen dejando tocado a buena parte del sector constructor valenciano. Cleop, que cotiza en bolsa y además de su actividad constructora posee la concesión de la grúa municipal en Valencia y Bilbao y una división geriátrica con una fuerte presencia en Baleares, acaba de acogerse a la fórmula del preconcurso que permite el artículo 5bis de la Ley Concursal.
De esta forma, la empresa cuenta con un plazo de entre tres y cuatro meses para renegociar con sus acreedores y tratar de refinanciar su deuda. Según ha comunicado la empresa a la CNMV, "los relevantes retrasos en el cobro de las obligaciones debidas a la compañía por diversas administraciones públicas" le han obligado a tomar esta decisión.
Según el informe del primer semestre de 2011, el grupo mantenía deudas con entidades financieras por 135,41 millones de euros, de los que 48,72 millones corresponden a deuda a corto. Una parte importante de este pasivo corresponde al endeudamiento para adquirir parte de la inmobiliaria Urbem. Una adquisición realizada a través de Inversiones Mebru, en la que Cleop se alío con García Ojeda. Mebru mantiene un litigio con la familia Pastor por el control de Urbem.
El grupo que dirige Carlos Turró, presidente y primer accionista de Cleop, emplea a 878 trabajadores. En los últimos meses el grupo había conseguido licitaciones en Panamá y Argelia para tratar de contrarrestar la caída del negocio en España. Además, había puesto a la venta activos para intentar lograr liquidez.
| CONCURSADO | FECHA PUBLICACIÓN EN EL BOE |
| Ombra Contratas y Gestiones de Promociones Inmobiliarias, S.L. | 06/02/2012 |
| Suministros de Fontanería Burriana S.L. | 07/02/2012 |
| Codexuno, Coop. V. | 09/02/2012 |
El grupo alimentario Confectionary Holding, empresa matriz de la turronera Almendra y Miel S. A. -propietaria de las conocidas marcas de turrón como El Lobo, 1880 y Claire de Lune, entre otras- ha solicitado un concurso voluntario de acreedores. La firma alimentaria con sede social y fábrica en Xixona tiene previsto mantener su actividad. El director de Almendra y Miel, José Manuel Sirvent, aseguró ayer que Confectionary "está implicada en la continuidad de la empresa, tanto en el mantenimiento del fondo de comercio como los puestos de trabajo". El grupo empresarial también tiene en Jaén una fábrica de chocolates, turrones, dulces de Navidad, galletas y caramelos con otras marcas. levante-emv valencia
Fuente: expansion.com
09.02.2012SEVILLA/ALICANTES.O./M.J.C.
La histórica compañía Productos J.Jiménez, fabricante de los dulces navideños Doña JimenaeImperial Toledana, ha presentado el concurso de acreedores voluntario. Desde julio, está gestionada por la alicantina Almendra y Miel.
la compañía andaluza ha implantado recientemente varias medidas, que van desde la reducción de costes a la presentación de un ERE temporal, pasando por la entrada en otros sectores como el aceite.
Ni siquiera le ha servido el acuerdo que selló en julio con la alicantina Almendra y Miel –conocida por los turrones y mazapanes de las marcas El Lobo y 1880– para que ésta gestionase la firma jiennense.
Este movimiento debía ser el primer paso para la toma de una participación accionarial a medio plazo. Con ello, ambos grupos esperaban beneficiarse de las ventajas operativas y comerciales de tener un mayor tamaño.
Sin embargo, la drástica contracción del consumo en España ha afectado de lleno a la firma fundada en 1960, que ha visto cómo sus ventas se hundían en los últimos ejercicios. Diversas fuentes estiman que el volumen de negocio de J.Jiménez se sitúa en alrededor de 15 millones, una cifra muy alejada de los 60 millones que llegó a facturar.
El grupo alicantino Almendra y Miel ha presentado una propuesta para sacar a J. Jiménez de su difícil situación financiera, un plan que prevé preservar la actividad, continuar con el fondo de comercio, así como conservar los puestos de trabajo.
“J. Jiménez arrastra una situación muy complicada, anterior a nuestro convenio de gestión, y de momento no ha logrado un acuerdo con los acreedores, sobre todo con los bancos, pero estamos con ellos y vamos a seguir el desarrollo como grupo”, aseguran en la empresa alicantina.
Almendra y Miel puso a trabajar el pasado verano a varios de sus directivos en la gestión de la firma andaluza, una operación que se perfiló como un primer paso para su futura compra. “Estamos plenamente implicados”, afirmó ayer su director general, José Manuel Sirvent, en referencia al sector de alimentación dulce de J. Jiménez, ya que el resto de los negocios que abarca el grupo andaluz no interesan a la turronera alicantina.
Cinco Días - Madrid - 07/02/2012 - 09:26
La mayoría de empresas que se declararon en concurso de acreedores en 2011 se dedicaba al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria. Sin embargo, fue en el comercio donde se registró un mayor incremento de las insolvencias.
Ello refleja que el virus de la crisis se extiende por todos los sectores de actividad. Por tamaño, la mayor parte de empresas concursada eran pymes, una situación lógica si se tiene en cuenta que las pequeñas y medianas empresas conforman más del 90% del tejido empresarial de España. Con todo, el número de concursos presentados por personas físicas con actividad empresarial, es decir, autónomos, disminuyó un 11,1% en 2011.
En total, se presentaron 6.755 concursos, un 13,3% más que el año anterior. La estadística demuestra que se registró un repunte en la última parte del año, lo que refleja el deterioro económico en el cuarto trimestre, cuando el PIB cayó un 0,3%. En cualquier caso, las familias que se declararon en quiebra descendieron un 3,9% hasta los 934 casos.
Por comunidades autónomas, Cataluña fue, con diferencia, la que presentó peores datos. Registró 1.507 concursos, seguida por la Comunidad Valenciana (995) y Madrid (995).
Fuente: expansion.com
01.02.2012BARCELONAMarc Menchén.
El Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona considera que la solicitud de los pilotos para instar el concurso necesario de la aerolínea se presentó de manera "casi simultánea" a la petición de los abogados de la compañía. La administración concursal recaerá en el grupo Gispert, Abogados y Economistas, vinculado a la familia de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert.
El Sepla no ha conseguido su objetivo de apartar al equipo directivo de Spanair de la gestión concursal de la compañía. El magistrado del Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona, Juan Manuel de Castro Aragonés, ha calificado como voluntario el concurso de la aerolínea, al considerar que la maniobra de los pilotos tenían "la intención evidente y abusiva" de "obtener un beneficio para privilegiar su crédito frente a acreedores de la misma clase".
El auto del juez cifra el número de acreedores en más de 3.000 sociedades, entre las que destacan los propios accionistas, que acumulan compromisos pendientes de saldar por 260 millones de euros. Las deudas con proveedores, entre los que se encuentra Aena, ascienden a 214 millones. El pasivo total de Spanair suma 474 millones de euros.
Ante la cantidad de actores afectados (también se ha presentado un ERE para 2.065 personas), el juez ha decicido calificar el proceso como "ordinario y de especial trascendencia". Por el momento, no se tomará ninguna medida cautelar, aunque la administración concursal podrá "acceder libremente a las instalaciones" de Spanair para "revisar sus libros y contabilidad y recabar cuantos documentos o información consideren necesaria".
La administración concursal estará liderada por Grupo Gispert, Abogados y Economistas, un bufete vinculado a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. Este despacho tiene un plazo máximo de dos días para aceptar el caso. A partir de ahí, también deberá escoger un representante para que vele por los intereses de los acreedores.
