El artículo 5 bis de la Ley Concursal

Fuente: Expansion.com

31.03.2014 Silvia Cámara Lemus Abogada.  Broseta. 0

La suspensión de las ejecuciones judiciales de los bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. El Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial introduce la modificación del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. El citado precepto fue creado por la Ley 38/2011, de 10 octubre, de Reforma de la Ley Concursal con la finalidad de conceder al deudor y a sus acreedores un periodo más amplio para las negociaciones en aras de alcanzar un acuerdo de refinanciación u obtener adhesiones suficientes a una propuesta anticipada de convenio, de forma que, durante dicho periodo no le fuera exigible al deudor el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario, y por ende, que le fuera instado un concurso necesario. La práctica ha demostrado que las negociaciones con los acreedores se veían “enturbiadas” con el inicio por parte de éstos de ejecuciones judiciales, lo que deterioraba el espíritu de las mismas, y, en gran parte de los casos, impedían llevar a término las propuestas de viabilidad diseñadas por el deudor para solventar sus dificultades financieras. El legislador, consciente de estas dificultades para alcanzar acuerdos entre el deudor y sus acreedores, ha pretendido solventar esta problemática en las negociaciones preconcursales. Con tal finalidad, se modifica el artículo 5 bis disponiendo el nuevo texto legal, entre otras novedades, que con la comunicación del deudor relativa al inicio de negociaciones con sus acreedores, éstos no podrán iniciar ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. En efecto, como se recoge en la Exposición de Motivos, el legislador quiere que “se fomente una negociación eficaz sin acelerar la situación de insolvencia del deudor por razón de una precipitada ejecución de garantías sobre determinados bienes”. Ahora bien, el citado artículo no define los “bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor”. O más importante, tampoco concreta qué juez será el competente para determinar si un bien es necesario para la continuidad de la actividad de la empresa en el momento de preconcurso. Es cierto que el artículo 56.5 de la Ley Concursal prevé expresamente que será el juez del concurso el competente para determinar si un bien del concursado resulta necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor; sin embargo, este artículo se refiere al momento en el que el deudor empresarial se encuentra en situación de declaración de concurso, no al supuesto en que nos encontremos en la comunicación recogida en el artículo 5 bis de la Ley Concursal. Por tanto, ¿debemos entender que serán los juzgados que estén conociendo de las ejecuciones judiciales quienes deban determinar dicho carácter?, o por el contrario, ¿decidirá la cuestión el juez mercantil que ha conocido la comunicación del 5 bis, remitiendo el correspondiente oficio al juzgado de primera instancia competente de la ejecución? ¿Con qué criterios se determinará qué bienes son necesarios para la actividad?. A nuestro juicio, el juez competente debería ser el juez de lo mercantil ante quien se presenta dicha comunicación, si bien, como ya apunta algún autor, ello supone atribuirle competencias adicionales a la inicial prevista de mera constancia de la comunicación. En este sentido, la cuestión supondrá en la práctica una controversia que deberán resolver los tribunales. La nueva medida de suspensión de las ejecuciones judiciales facilitará las negociaciones del deudor con sus acreedores para alcanzar acuerdos de refinanciación; ahora bien, las controversias procesales que podrán surgir entorno a las cuestiones planteadas perjudicarán sin duda la finalidad perseguida por la norma.