El Supremo declara competente al Juzgado de Barcelona en la venta de Cacaolat

Fuente: cincodias.com

El Tribunal Supremo ha declarado al Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona competente para tramitar la venta de la unidad productiva de Cacaolat al decidir que "no procede" la inhibición solicitada por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, informó el alto tribunal en un comunicado.

Ep - Madrid - 21/09/2011 - 14:31

"No procede la inhibición solicitada por el Juzgado de Madrid y se declara la competencia del Juzgado de Barcelona, sin perjuicio de lo que resulte del trámite de acumulación de procedimientos concursales ya iniciado", ha determinado la sala primera del Tribunal Supremo en una sesión plenaria celebrada este miércoles.

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, que tramita el concurso de acreedores de Clesa (firma de Nueva Rumasa propietaria del 95% del capital de Cacaolat) abrió un proceso de enajenación de las acciones que se solapaba con la venta de las unidades productivas iniciada por el Juzgado de Barcelona, donde se encuentra el concurso de la firma de batidos.

El magistrado de Madrid Francisco Javier Vaquer solicitó este verano al titular de Barcelona que se inhibiera del caso, pero éste lo rechazó, por lo que la decisión quedó en manos del Tribunal Supremo, que ahora da la razón al juez que tramita el concurso de Cacaolat.

En Madrid, la administración concursal recibió en plazo dos ofertas por las acciones, formuladas por Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa) y por el fondo de capital riesgo Eneas Capital junto con directivos de Clesa.

Proceso en la recta final

En Barcelona, el proceso ya se halla en su recta final, dado que la administración concursal se encuentra analizando las cuatro ofertas finalistas, que corresponden a las empresas Capsa, Vichy Catalan, Victory Corporate Turnaround (con Cobega y Damm) y Roures Reengineering.

Capsa, fabricante de Central Lechera Asturiana, lidera la puja, al haber formulado la mayor oferta, con 55 millones de euros. Del total, 48 millones van destinados a la compra de la unidad productiva, mientras que los siete millones restantes se dirigen a la cancelación de hipotecas.

La cervecera Damm y Cobega, embotelladora de Coca Cola, se han aliado con Victory Turnaround para pujar conjuntamente por la catalana de batidos y su oferta se basa en 33 millones por la unidad productiva, más otros siete para la cancelación de hipotecas, según ha informado a Europa Press el propietario del fondo, Luís Victory.

Asimismo, Damm, Cobega y Victory invertirán otros 57 millones de euros en el proyecto industrial, que comprende la nueva fábrica de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), inversiones tecnológicas, la entrada en el mercado africano y los acuerdos de empleo.

Vichy Catalán ofrece 30 millones de euros por la unidad productiva a los que se deben sumar otros siete para la cancelación de hipotecas, según han explicado a Europa Press fuentes cercanas al proceso judicial.

Roures Reengineering, por su parte, ha planteado la oferta menos cuantiosa, pues, según las mismas fuentes, ofrece 12 millones de euros por la firma de batidos.

Una vez el juez disponga de un informe con la valoración de los administradores concursales, las empresas cuentan con un plazo de cinco días para hacer las alegaciones oportunas. Acabado este plazo, el magistrado decidirá cuáles son las tres empresas con mejor oferta, por lo que una de éstas quedará descartada y el resto podrán mejorar sus ofertas si lo creen necesario.

El Congreso aprueba la Ley Concursal, que facilitará renegociar deudas fuera del juzgado

Fuente: expansion.com

22.09.2011Efe0

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy definitivamente la reforma de la Ley Concursal, que impulsará las refinanciaciones de deuda de empresas para evitar que entren en concurso de acreedores y obligará al nuevo Gobierno a plantear soluciones extrajudiciales para resolver la insolvencia de familias.

La reforma de la Ley Concursal establece que los acuerdos de renegociación pactados por una sociedad con la mayoría de sus acreedores podrán imponerse al resto, siempre que hayan recibido el apoyo del 60 % de las deudas y vengan respaldados por el informe favorable de un experto independiente.

De esta manera, se evitan las minorías de bloqueo que han llevado a que muchas sociedades no puedan refinanciar sus deudas y tengan que acogerse al concurso de acreedores, un proceso judicial similar a la antigua suspensión de pagos que termina en el 95 % de los casos en la liquidación de la empresa.

La nueva Ley Concursal también favorecerá la aportación de liquidez a empresas en dificultades con el objetivo de frenar esos procesos de insolvencia.

Para paliar la decisión del Ministerio de Justicia de no mejorar los concursos de particulares, los grupos parlamentarios han introducido una disposición adicional en la Ley Concursal por la que el Ejecutivo tendrá un período de seis meses para presentar un informe con medidas que completen "la protección económica y social de consumidores y familias".

Así, se deberán proponer soluciones extrajudiciales que favorezcan, a través de mediadores o de pactos notariales, la renegociación de deudas de las familias, que casi nunca consiguen acordar un plan de pagos con sus acreedores cuando entran en concurso.

La reforma de la Ley Concursal no incorpora finalmente la mayoría de cambios que pactaron en el Senado PP y CiU, entre los que destacaba la creación inmediata de un proceso para que los particulares pudieran liquidar su patrimonio y pagar a los acreedores bajo supervisión de un notario.

El diputado del PSOE Jesús Quijano defendió que los problemas de las familias para atender sus deudas "exigen una ley especial que ojalá aborde el próximo Gobierno en la próxima legislatura porque hay un mandato parlamentario para que así se haga", en referencia a la disposición adicional aprobada en el Congreso.

El PSOE aceptó hoy no obstante las enmiendas del PP y CiU para que se siga obligando a los administradores concursales (los que gestionan los concursos de acreedores) a contar con formación en esa materia y a tener al menos cinco años de experiencia en el ejercicio de la profesión.

No obstante, los concursos serán gestionados por un único administrador nombrado judicialmente (por ejemplo, una sociedad profesional), en vez de los tres actuales.

La composición de la administración concursal ha sido uno de los aspectos más polémicos en la tramitación parlamentaria de la nueva Ley Concursal, ya que el PP considera que la regulación dada favorece a las grandes sociedades de auditoría, mientras que el PSOE defiende que es la mejor manera de abaratar los costes del proceso.

El diputado socialista Jesús Quijano destacó que la reforma de la Ley Concursal, la segunda que se aplica a esta norma de 2003, "completa bastante bien el marco legal de los concursos de acreedores", ya que "no excluye opciones de futuro pero desde luego soluciona problemas ahora".

En cambio, el diputado del PP Federico Trillo criticó que la nueva Ley Concursal no alcanzará las metas que persigue porque resulta "tardía en su aplicación, precipitada en su tramitación, confusa en su redacción, contradictoria entre la exposición de motivos y el texto y no cuenta con dotación adicional de medios, lo que la hace ineficaz".

Según el INE, un total de 5.750 empresas y particulares se acogieron en 2010 al concurso de acreedores, una cifra que se podría superar en 2011, ya que en la primera mitad del ejercicio se han registrado 3.574 procesos.

Aprobada la Ley Concursal, que facilitará renegociar deudas fuera del juzgado

Fuente: cincodias.com

El Congreso de los Diputados aprobó hoy definitivamente la reforma de la Ley Concursal, que impulsará las refinanciaciones de deuda de empresas para evitar que entren en concurso de acreedores y obligará al nuevo Gobierno a plantear soluciones extrajudiciales para resolver la insolvencia de familias.

Efe - Madrid - 22/09/2011 - 14:02

La reforma de la Ley Concursal establece que los acuerdos de renegociación pactados por una sociedad con la mayoría de sus acreedores podrán imponerse al resto, siempre que hayan recibido el apoyo del 60 % de las deudas y vengan respaldados por el informe favorable de un experto independiente.

De esta manera, se evitan las minorías de bloqueo que han llevado a que muchas sociedades no puedan refinanciar sus deudas y tengan que acogerse al concurso de acreedores, un proceso judicial similar a la antigua suspensión de pagos que termina mayoritariamente en la liquidación de la empresa.

La nueva Ley Concursal también favorecerá la aportación de liquidez a empresas en dificultades con el objetivo de frenar esos procesos de insolvencia.

Para paliar la decisión del Ministerio de Justicia de no variar los concursos de acreedores de particulares, los grupos parlamentarios acordaron una disposición adicional por la que el Ejecutivo tendrá un período de seis meses para presentar un informe con medidas que completen "la protección económica y social de consumidores y familias".

De esta manera, se deberán proponer soluciones extrajudiciales que favorezcan, a través de mediadores o de pactos notariales, la renegociación de deudas de las familias, que casi nunca consiguen acordar un plan de pagos con sus acreedores cuando se acogen al concurso de acreedores.

El juez exhorta a Martín y Jove a llegar a un acuerdo extrajudicial

Fuente: cincodias.com

El juicio por la demanda presentada contra Manuel Jove por la venta de Fadesa a Fernando Martín comenzará el 19 de diciembre, a pesar de la insistencia del juez en lograr un acuerdo extrajudicial.

Alberto Ortín - Madrid - 20/09/2011 - 07:00

Manuel Jove, fundador de Fadesa y en la actualidad el primer accionista individual de BBVA, con cerca del 5%, declarará en el juicio que dirimirá si causó daños de 1.576 millones de euros en la venta de la inmobiliaria Fadesa a Fernando Martín. El juez fijó ayer para el próximo 19 de diciembre la apertura del juicio en el que además de Jove será llamado a declarar Antonio de la Morena, antiguo consejero delegado de la compañía.

La representación legal de Fernando Martín, que presentó la demanda por estimar que en la venta de Fadesa a Martinsa -cerrada en 2007 por 4.045 millones de euros- se sobrevaloraron activos por valor de 1.576 millones, ha solicitado al juez la declaración de Jove y De la Morena. Los abogados de Jove, informan fuentes que participan en el proceso, no han pedido que se tome declaración a Martín.

El juicio tendrá lugar a pesar de la insistencia del magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de La Coruña, Pablo González-Carreró, en que las partes alcanzaran un acuerdo extrajudicial. El juez, el mismo del concurso de Martinsa Fadesa, el mayor ocurrido nunca en España -el grupo se declaró en concurso en julio de 2008 con 7.000 millones de deuda- se refirió ayer en varias ocasiones a la conveniencia de que el fundador de Fadesa y el expresidente del Real Madrid eviten el juicio.

"El objetivo inicial de una audiencia previa", comentan las fuentes consultas, "es que las partes lleguen a un acuerdo antes de iniciar un juicio". Pero en el caso de la audiencia previa celebrada ayer en La Coruña el magistrado se refirió a la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial en varias ocasiones, lo que llamó la atención de las fuentes consultadas. Y comentó que el acuerdo debía alcanzarse "antes del 17 de octubre", fecha que coincide con el inicio previsto del juicio por la demanda presentada por la administración concursal de Martinsa contra Jove por supuesta sobrevaloración de unos terrenos en México.

González-Carreró advirtió a la representación legal de Fernando Martín de los perjuicios que puede causar a la compañía embarcarse en un proceso como este. Y sugirió a los abogados de Manuel Jove, según siempre las fuentes consultadas, presentes en la audiencia previa, que el proceso podría desgastar la imagen de su defendido.

Martinsa Fadesa aprobó en la junta general extraordinaria celebrada el pasado mes de marzo iniciar acción de responsabilidad social contra Jove, tras la que la compañía presentó la demanda contra el fundador de Fadesa. La presentación de la demanda coincidió también con la salida efectiva del concurso de acreedores de la compañía, al ser aprobada la propuesta de convenio elaborada por el grupo de Fernando Martín.

La defensa de Martinsa-Fadesa sostiene que en el proceso de venta de la inmobiliaria, Fadesa facilitó a la consultora CB Richard Ellis datos "falsos e incorrectos" en un acto "doloso" que supuso un daño de 1.576 millones en el patrimonio de la compañía.

Martinsa-Fadesa se apoya en un estudio realizado por la firma American Appraisal que asegura que Fadesa había ocultado que muchos de ellos se encontraban en ecosistemas, huertos o bosques.

Los abogados de Jove y De la Morena subrayaron que es muy dudoso que la administración concursal no se haya sumado a la demanda contra Fadesa y que la banca no advirtiese nunca ninguna supuesta sobrevaloración de los activos, informó Efe.

Como pruebas para refutar la sobrevaloración de activos, la defensa de Jove ha aportado un informe de la firma Accuracy, y estudios elaborados por catedráticos como Luciano Parejo.

El juicio por los terrenos en México, el 17 de octubre

La administración concursal de Martinsa Fadesa demandó a Manuel Jove en septiembre del pasado año por estimar que vendió terrenos en México por 118 millones de euros a Fernando Martín cuando, según tasaciones independientes, valían menos de 10 millones. El juicio tenía que haberse iniciado el pasado mes de abril, pero el juez suspendió el curso de los autos previstos tras recibir petición de las partes de suspender el proceso. Pasados los 60 días durante los que se suspendió el juicio, el juez fijó como fecha para la celebración de la primera vista el próximo 17 de octubre. En la elaboración de la demanda presentada por la administración concursal contra Jove participó también el catedrático de Derecho Mercantil Ángel Rojo. Durante la audiencia previa celebrada ayer por la demanda de Martinsa Fadesa contra Jove, el juez instó a las partes a llegar a un acuerdo antes de esa fecha.

Ulibarri logra el apoyo de la banca para superar el concurso de Begar

Fuente: cincodias.com

Alberto Ortín - Madrid - 16/09/2011 - 07:00

La banca acreedora de Begar Construcciones, en concurso de acreedores desde junio de 2009, ha apoyado la propuesta de convenio elaborada por la constructora mediante la que tratará de evitar su liquidación. La aprobación de dicha propuesta de convenio supone prácticamente que Begar Construcciones deja atrás el concurso de acreedores.

Los administradores concursales nombrados por el juez en la compañía han enviado un escrito al juzgado mercantil de Valladolid, al que ha accedido este diario, en el que comunican que las adhesiones a la propuesta de convenio representan el 54,5% de los créditos ordinarios, por un importe de 125,4 millones de euros.

La división del grupo Begar, del empresario José Luis Ulibarri, presentó ya el año pasado una propuesta de convenio que contempla una quita del 55% sobre el importe de los créditos concursales. En su propuesta la filial del grupo Begar, que antes de la crisis llegó a facturar más de 400 millones (en 2007), advertía de que en una "hipotética fase de liquidación no se alcanzaría ni de lejos el porcentaje de recuperación de créditos que la solución convencional permite". Además subrayaba que la liquidación "derivaría con toda probabilidad" en una situación concursal para las empresas del grupo Begar deudoras de su división de construcción.

La deuda que la administración concursal calculó que arrastraba Begar Construcciones cuando accedió a la compañía era cercana a los 400 millones de euros. Posteriormente los administradores rebajaron esa cantidad a 261 millones.

José Luis Ulibarri ha afrontado desde la entrada en concurso de Begar Construcciones su implicación en la trama Gürtel. El juez le imputa un presunto delito contra la Hacienda pública además de falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, cohecho y blanqueo. En julio declaró ante el juez por un supuesto fraude a Hacienda en una operación realizada por su empresa UFC en El Escorial (Madrid).

Caja España, 14 millones entregados

El apoyo de la banca a la propuesta de convenio de Begar Construcciones ha sido determinante para que el grupo deje atrás el concurso. Los acreedores que se han opuesto, o que omitieron dar su apoyo a la propuesta, son en su mayoría empresas proveedoras del grupo de Ulibarri. Las entidades financieras que se han adherido a la propuesta de convenio y sus créditos son, según los datos enviados al juez: Caja España, con 14 millones; Santander, 9,5 millones; Popular, 7,3 millones; Banesto, 6,2 millones; Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, 5,2 millones; Caja Madrid, 5 millones; Caixa D'Estalvis de Catalunya, 4,6 millones; Bancaja, 4,3 millones; BBVA, 3 millones; Caja Municipal de Burgos, 3 millones.

El juez permite a la banca quedarse con los bienes de Martinsa Fadesa

Fuente: expansion.com

16.09.2011Efe0

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha levantado las medidas cautelares que desde enero de 2009 impedían a la banca acreedora de Martinsa Fadesa quedarse con bienes del grupo inmobiliario, lo que da vía libre para que las entidades Shinsei Bank y Banco Itaú puedan hacerse activos de filiales.

Según el auto de 8 de septiembre, el juez Pablo González-Carreró ha tomado la decisión esta semana después de que el pasado mes de julio anulara sólo parcialmente las garantías concedidas por Martinsa-Fadesa en 2008 para que cerca de 50 bancos, cajas de ahorros y fondos de inversión aceptaran refinanciar su deuda.

La práctica totalidad de entidades financieras, lideradas por La Caixa, se comprometieron con la administración concursal de la inmobiliaria a no quedarse con activos de las filiales ni a ejecutar otro tipo de garantías mientras se cumpliera el plan de pagos.

Sin embargo, el banco japonés Shinsei Bank y el brasileño Itaú se negaron a aceptar ese acuerdo y quedan beneficiados por la resolución del titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, que ya ha sido recurrida por Martinsa-Fadesa y por Caixabank, que lidera el sindicato bancario que financió a la inmobiliaria.

En el escrito, el juez explica que la propia administración concursal de Martinsa-Fadesa, que en su día solicitó las medidas cautelares, ha anunciado su propósito de no recurrir en apelación la anulación parcial de las garantías otorgadas por la inmobiliaria a la banca.

En este sentido, añade que "es la propia administración concursal la que en coherencia ha solicitado el alzamiento de las medidas cautelares".

El pasado mes de julio, el juez mercantil rescindió las garantías otorgadas por Martinsa-Fadesa en 2008 pero no las otorgadas por las filiales del grupo, algunas de las cuales están situadas en el extranjero (en países como Rumanía, Bulgaria, Hungría, Reino Unido o México) y cuentan con activos de interés.

El juez Pablo González-Carreró explicó que las garantías proporcionadas por la inmobiliaria gallega en la refinanciación de su deuda en 2008 gravaron casi todo su patrimonio en favor de la banca y en perjuicio de otros acreedores, como proveedores o compradores de vivienda, lo que vulnera la Ley Concursal.

González-Carreró criticó además que en mayo de 2008, pese a que la banca no concedió financiación adicional que permitiera a Martinsa evitar el concurso de acreedores, se exigieron garantías adicionales "de tal magnitud" que cubrían "prácticamente todos los activos libres" de la compañía.

Sin embargo, sostuvo que "no es posible declarar la rescisión global del acuerdo de refinanciación" porque incluye garantías dadas por terceros distintos a Martinsa-Fadesa, sociedades que no están en concurso por lo que la administración concursal carecía de legitimación activa para atacar "sus actos dispositivos o de gravamen", explica el auto de julio.

Martinsa-Fadesa adeuda a Shinsei Bank 144,33 millones de euros y al Banco Itaú 9,54 millones de euros.

Fuentes financieras consultadas por EFE dudaron de que estas dos entidades financieras opten en última instancia por ejecutar los bienes de la inmobiliaria porque se malbaratarían.

Por su parte, Martinsa-Fadesa hizo hincapié en que el asunto es complejo y está siendo estudiado por sus servicios jurídicos, que ya han recurrido el auto de levantamiento de medidas cautelares.

Contra el levantamiento de las medidas cautelares cabe interponer un recurso de apelación sin efectos suspensivos ante la Audiencia Provincial de A coruña, que deberá prepararse en un plazo de cinco días desde su notificación.

Acogerse al concurso no impedirá que una sociedad deportiva baje de categoría

Fuente: cincodias.com

Efe - Madrid - 15/09/2011 - 07:00

El Pleno del Senado aprobó ayer la reforma de la Ley Concursal, que establece que las sociedades deportivas que se acojan a un concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) no evitarán las penalizaciones de la normativa deportiva y, por tanto, descenderán de categoría si no pagan a sus jugadores.

La norma, que será remitida al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva la próxima semana, establece en cualquier caso que el Gobierno deberá presentar en seis meses desde la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal un proyecto de ley que regule "las especialidades del tratamiento de la insolvencia de las sociedades y asociaciones deportivas profesionales", como pedía el Partido Popular.

Según se establece en su preámbulo, la nueva Ley Concursal busca evitar el "uso indeseado o abusivo" de los concursos de acreedores por parte de sociedades deportivas que quieren esquivar, por ejemplo, el descenso de categoría por no pagar a sus jugadores.

La juez aparta a Nueva Rumasa de la gestión de Elgorriaga

Fuente: cincodias.com

El Juzgado de lo Mercantil de Ávila ha decidido apartar a Nueva Rumasa de la gestión de Chocolates Elgorriaga, al entender que los "riesgos" de la situación generada por el cambio del accionariado en pleno proceso concursal puede afectar al "normal desarrollo" del procedimiento, e interferir en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la actividad empresarial desarrollada por la compañía.

Europa Press - Madrid - 14/09/2011 - 13:52

La administración concursal, que solicitó al juzgado la suspensión de las facultades patrimoniales del órgano de representación y dirección de la concursada, asumirá por tanto la gestión de la empresa, según consta en el auto.

En concreto, la magistrada suspende las facultades de los administradores mancomunados Zoilo Pazos Jiménez, sobrino de José María Ruiz-Mateos, y Susana Álvarez Ampuero.

Entre los "argumentos de peso" que aconsejan la "inmediata" suspensión de las facultades del consejo de administración, la juez considera que cualquier modificación de los órganos de decisión y representación de la sociedad declarada en concurso genera "cierta inquietud" y abre un periodo de tiempo durante el 'traspaso de poderes' que puede afectar a la "gestión cotidiana" de la sociedad.

Los administradores de Elgorriaga comunicaron a la juez que el 7 de septiembre se suscribió la escritura de compraventa de las acciones de la sociedad, cuyo nuevo propietario es "una empresa española", y que posteriormente se produciría el nombramiento de administrador único, con el cese de los administradores mancomunados.

Dos días después, la familia Ruiz-Mateos anunció públicamente la venta de las empresas de Nueva Rumasa a la sociedad Back in Business, del empresario Ángel de Cabo.

Otro de los motivos en los que se basa la suspensión de facultades es la "razonable duda, cuanto menos temporal", respecto a la presentación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2010 y 2009 y a la legalización de los libros oficiales, según recoge el auto.

Además, la juez destaca en su resolución que la administración concursal "ha desplegado ya en Elgorriaga una importantísima actividad que ha ido más allá de la simple intervención, que aborda distintos ámbitos de la actividad concursal y empresarial". Por tanto, considera que se encuentran en "condiciones operativas" de asumir la responsabilidad de la gestión. SITUACIÓN DE LOS CONCURSOS.

De este modo, Elgorriaga se suma a los concursos en los que el 'holding de la abeja' fue apartado de la gestión, entre los que figuran los hoteles de Hotasa en Baleares, Grupo Dhul, Clesa, Cacaolat, Carcesa, Cavas Hill, Cárnica Oliventina e Hibramer.

Aún mantiene las facultades de administración y disposición del patrimonio de las bodegas de Cádiz (Zoilo Ruiz-Mateos, Unión de Grandes Bodegas, Bodegas Valdivia de Cádiz, Bodegas Teresa Rivero y Complejo Bodeguero Bellavista), de Rioja (Marqués de Campo Nuble) y de Toro (Marques de Olivara), así como en Helados Dhul y en Chocolates Trapa.