Fuente : cincodias.com
La operación de compraventa de los dos inmuebles tiene fecha de 16 de junio, solo unos días después de que Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual anunciaran la venta de Viajes Marsans a Posibilitumm y solicitaran el concurso voluntario para varias sociedades del grupo turístico.
El comprador de los inmuebles -dos chalés en la exclusiva zona de Portals, en Calviá- es la sociedad Quatre Bras Inversiones, una inmobiliaria con sede en Barcelona y cuyo socio único es Jesús Alonso Galindo, según figura en el Registro Mercantil. Jesús Alonso Galindo aparece en la lista de directivos de Viajes Marsans -según consta en el informe concursal- con "sueldos extremadamente elevados" una vez que el equipo de Posibilitumm tomó posiciones en la compañía de viajes. Este directivo ha sido director general financiero de Teconsa, la constructora leonesa que en 2009 pasó a ser controlada también por Posibilitumm. Este periódico ha intentando, sin éxito, durante varios días recabar una opinión de Jesús Alonso Galindo.
Chalés con hipotecas
El primero de los activos traspasados a Quatre Bras Inversiones es un solar de 1.248 metros cuadrados en la calle Rossegada de Calviá, sobre el que hay construido un chalet de cuatro plantas. La finca tiene una hipoteca a favor de una caja de ahorros por importe de 4,6 millones de euros y vencimiento el 31 de octubre de 2021. El segundo activo es una vivienda unifamiliar de 136 metros cuadrados de planta situada en la avenida Bendinat, con una hipoteca de 2,9 millones. De ambas propiedades es titular Quatre Bras Inversiones, según consta en el Registro de la Propiedad de Calviá.
Inversiones Grudisan es la sociedad patrimonial de Gerardo Díaz Ferrán y su familia. El todavía presidente de la CEOE es administrador único y constituyó esta firma en diciembre de 1994 para la explotación y venta de cualquier tipo de bienes inmuebles. La sede de la sociedad está en la calle Juan Belmonte de Madrid, en el parque de Conde de Orgaz, que es el domicilio del ex propietario de Viajes Marsans. Son apoderados de Inversiones Grudisan dos hijos de Díaz Ferrán, Raquel y Gerardo, y una tercera persona, Antonio Ovalle García.
A principios de agosto, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid, que tramita el concurso de acreedores de Air Comet (la aerolínea del grupo Marsans), decretó el embargo cautelar de bienes de Díaz Ferrán y Pascual por importe de 37,64 millones de euros para responder con su patrimonio ante los acreedores. Según pusieron de manifiesto los administradores concursales de Air Comet la semana pasada, dicho embargo se saldó con la incautación de solo 80.000 euros debido a las diversas operaciones de venta de activos que han acometido los dos empresarios.
Los administradores concursales de Air Comet han puesto de manifiesto que el embargo preventivo ha tenido escasos resultados en Inversiones Grudisan, la patrimonial de Díaz Ferrán, ya que esta sociedad traspasó todos sus bienes antes de agosto a otra sociedad. Los expertos concursales creen que el embargo se debe mantener ya que había suficientes motivos para haber presentado el concurso de Air Comet en enero de 2008 y no se hizo hasta marzo de este año.
La administración concursal cree que los problemas de tesorería de Air Comet se remontan incluso más atrás, pues en 1997 ya tenía deudas con la Seguridad Social. Estos pagos pendientes ascendían a 17 millones de euros cuando se declaró en concurso.
Nuevos nexos entre Marsans y Teconsa
Jesús Alonso Galindo es socio al 100% de Quatre Bras Inversiones, una sociedad nacida de la fábrica de firmas urgentes de Ontinyent (Valencia). En esta asesoría se creó también Posibilitumm, una empresa cuyo objeto social sigue siendo la compraventa de animales exóticos y que compró Marsans. Alonso Galindo tiene puestos de representación en 18 sociedades en total, muchas de ellas vinculadas al grupo leonés de empresas Martínez Núñez. A este grupo pertenece Teconsa, en concurso desde 2009. Teconsa y Marsans han seguido caminos paralelos y a día de hoy sus administradores mercantiles son el despacho de abogados Aszendia, que lidera Ángel de Cabo. En el informe concursal de Viajes Marsans se refleja que Alonso Galindo tenía en la compañía de viajes un sueldo de 265.831,62 euros anuales cuando la empresa estaba ya quebrada.
Air Comet
El embargo preventivo dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid de los bienes de Díaz Ferrán y Pascual se ha saldado con la incautación de solo 80.000 euros. La administración concursal dice que Grudisan traspasó todos sus bienes antes.
miércoles, 22 de diciembre de 2010
El juez embarga tres millones al nuevo dueño de Marsans
Fuente: expansion.com
La juez que tramita el concurso de acreedores ve indicios para que se declare culpables a los antiguos y los nuevos propietarios del grupo.
El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha logrado embargar 3,02 millones de euros de las cuentas bancarias de Posibilitumm, el nuevo dueño del grupo turístico Marsans, mientras que apenas ha arañado 1.725 euros de las de los antiguos propietarios, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual. Así se desprende de la información proporcionada por 17 entidades financieras, que atienden al requerimiento que la juez Ana María Gallego hizo en noviembre para que embargaran de forma preventiva todos los saldos existentes y los traspasaran a una cuenta judicial, ha informado a Efe fuentes de las partes. La juez, que tramita el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) de Marsans, cree que existen "indicios" para que se declare culpables a los antiguos y los nuevos dueños del agujero patrimonial existente en el grupo, lo que les obligaría a pagar con sus bienes las cantidades que faltan a los acreedores. La mayor cuantía embargada procede de una cuenta de Posibilitumm en Bankinter, que contenía 2,69 millones de euros, seguida de otra en el Banco de Valencia, con 333.329 euros. En cambio, a Díaz Ferrán se le han retirado sólo 631,7 euros de varias cuentas en La Caixa y el Banco Santander, mientras que a Gonzalo Pascual se le han embargado 1.093 euros de Pastor y Santander. El pasado 13 de diciembre, los administradores concursales de Air Comet (la primera sociedad de Marsans en entrar en concurso de acreedores) ya avisaron de que el embargo cautelar de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual que había dictado primeramente el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid se había saldado con la incautación de sólo 80.000 euros. Esos escasos resultados se debían a que Inversiones Grudisan, sociedad patrimonial de Díaz Ferrán y de su familia, había traspasado todos sus bienes entre julio y agosto a Quatre Bras, vinculada a Posibilitumm. También destacaron que el único hijo varón de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría, hipotecó todos sus bienes en favor de Posibilitumm, la empresa compradora del grupo Marsans, el pasado 8 de agosto, sólo cinco días después de que el juez mercantil de Air Comet acordara el embargo cautelar.
La juez que tramita el concurso de acreedores ve indicios para que se declare culpables a los antiguos y los nuevos propietarios del grupo.
El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha logrado embargar 3,02 millones de euros de las cuentas bancarias de Posibilitumm, el nuevo dueño del grupo turístico Marsans, mientras que apenas ha arañado 1.725 euros de las de los antiguos propietarios, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual. Así se desprende de la información proporcionada por 17 entidades financieras, que atienden al requerimiento que la juez Ana María Gallego hizo en noviembre para que embargaran de forma preventiva todos los saldos existentes y los traspasaran a una cuenta judicial, ha informado a Efe fuentes de las partes. La juez, que tramita el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) de Marsans, cree que existen "indicios" para que se declare culpables a los antiguos y los nuevos dueños del agujero patrimonial existente en el grupo, lo que les obligaría a pagar con sus bienes las cantidades que faltan a los acreedores. La mayor cuantía embargada procede de una cuenta de Posibilitumm en Bankinter, que contenía 2,69 millones de euros, seguida de otra en el Banco de Valencia, con 333.329 euros. En cambio, a Díaz Ferrán se le han retirado sólo 631,7 euros de varias cuentas en La Caixa y el Banco Santander, mientras que a Gonzalo Pascual se le han embargado 1.093 euros de Pastor y Santander. El pasado 13 de diciembre, los administradores concursales de Air Comet (la primera sociedad de Marsans en entrar en concurso de acreedores) ya avisaron de que el embargo cautelar de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual que había dictado primeramente el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid se había saldado con la incautación de sólo 80.000 euros. Esos escasos resultados se debían a que Inversiones Grudisan, sociedad patrimonial de Díaz Ferrán y de su familia, había traspasado todos sus bienes entre julio y agosto a Quatre Bras, vinculada a Posibilitumm. También destacaron que el único hijo varón de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría, hipotecó todos sus bienes en favor de Posibilitumm, la empresa compradora del grupo Marsans, el pasado 8 de agosto, sólo cinco días después de que el juez mercantil de Air Comet acordara el embargo cautelar.
lunes, 29 de noviembre de 2010
El volumen del concurso fuerza un nuevo aplazamiento del informe sobre Marsans
FUENTE: CINCODIAS.COM
Los administradores de Marsans tienen hasta el 7 de diciembre para la presentación del informe concursal, después de que se haya atendido su petición de una nueva prórroga para su elaboración, dada la complejidad del caso y el elevado volumen de acreedores del grupo turístico que fue propiedad de Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán. La primera prórroga venció el 11 de noviembre y los administradores han solicitado una segunda, que acaba el 7 de diciembre, según fuentes próximas al caso.
Los administradores concursales -el letrado Edorta Etxarandio y los economistas Rafael Martín y Pedro Tortosa- se están topando con un incremento considerable en el número de acreedores a medida que avanza el tiempo, lo que está dificultando su labor de recopilación y clasificación de todas las deudas de Marsans.
En un escrito remitido al Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid en octubre, los administradores ya afirmaban que "las circunstancias avalan que la solicitud de concurso voluntario de Marsans es morosa, probable infractora del plazo del artículo 5 de la Ley Concursal y presuntamente provocadora de culpabilidad del concurso".
El mismo juzgado suspendió a los nuevos propietarios del grupo Marsans, Posibilitum Business, de las facultades de administración y disposición patrimonial de las cinco sociedades en concurso de acreedores del grupo Marsans. Posibilitum, especializada en reestructuraciones y quiebras, compró Marsans a principios de junio en una operación rodeada de dudas. El importe anunciado es de unos 600 millones de euros, que es el pasivo que se le estima al grupo turístico.
Los administradores de Marsans tienen hasta el 7 de diciembre para la presentación del informe concursal, después de que se haya atendido su petición de una nueva prórroga para su elaboración, dada la complejidad del caso y el elevado volumen de acreedores del grupo turístico que fue propiedad de Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán. La primera prórroga venció el 11 de noviembre y los administradores han solicitado una segunda, que acaba el 7 de diciembre, según fuentes próximas al caso.
Los administradores concursales -el letrado Edorta Etxarandio y los economistas Rafael Martín y Pedro Tortosa- se están topando con un incremento considerable en el número de acreedores a medida que avanza el tiempo, lo que está dificultando su labor de recopilación y clasificación de todas las deudas de Marsans.
En un escrito remitido al Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid en octubre, los administradores ya afirmaban que "las circunstancias avalan que la solicitud de concurso voluntario de Marsans es morosa, probable infractora del plazo del artículo 5 de la Ley Concursal y presuntamente provocadora de culpabilidad del concurso".
El mismo juzgado suspendió a los nuevos propietarios del grupo Marsans, Posibilitum Business, de las facultades de administración y disposición patrimonial de las cinco sociedades en concurso de acreedores del grupo Marsans. Posibilitum, especializada en reestructuraciones y quiebras, compró Marsans a principios de junio en una operación rodeada de dudas. El importe anunciado es de unos 600 millones de euros, que es el pasivo que se le estima al grupo turístico.
miércoles, 27 de octubre de 2010
Ferrán se acoge a un procedimiento especial para blindarse ante acreedores
Fuente Expansion.com
El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se ha acogido al procedimiento especial de negociación de deudas de la Ley Concursal, que le otorga un plazo de hasta cuatro meses para alcanzar un acuerdo con sus acreedores y evitar así ser declarado insolvente.
Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, Díaz Ferrán presentó el pasado martes una comunicación al Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid en la que se acogía al artículo 5.3 de la Ley Concursal, que le blinda ante las empresas que pidan posteriormente que se le declare en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).
No obstante, el empresario se enfrenta ya a dos solicitudes previas de concurso necesario, que presentaron a finales de septiembre la empresa turística Olimpia Mediterráneo y NH Hoteles y que todavía no han sido admitidas a trámite por los juzgados mercantiles madrileños donde han recaído.
Según diversas fuentes consultadas por Efe, estas peticiones no se verían paralizadas por el artículo 5.3 de la Ley Concursal, ya que se presentaron con anterioridad (el 27 y el 30 de septiembre, respectivamente), por lo que Díaz Ferrán podría ser declarado insolvente de forma judicial si siguen su curso.
El empresario evitaría esos procedimientos si paga los importes adeudados a Olimpia y NH Hoteles, lo que le permitiría agotar el plazo de negociación blindada con acreedores sin temor a entrar en suspensión de pagos. En cualquier caso, si esas conversaciones finalizaran sin acuerdo, el propio Díaz Ferrán estaría obligado judicialmente a presentar el concurso voluntario de acreedores.
Tanto Díaz Ferrán como su socio Gonzalo Pascual -a quien también se dirigen las solicitudes de concurso necesario- afrontan grandes dificultades por haber avalado personalmente las deudas de Marsans, que vendieron en junio a la sociedad Posibilitumm. De hecho, una parte importante de sus bienes cuentan con anotaciones preventivas de embargo a raíz de las reclamaciones de deudas presentadas en los Juzgados de Primera Instancia por acreedores como Sol Meliá, Pullmantur, NH Hoteles y Banco Espírito Santo.
Una vivienda de Pascual en el parque del Conde de Orgaz (Madrid) es uno de los activos cuyo embargo más se ha reclamado por parte de los acreedores, que también se han dirigido contra terrenos que Díaz Ferrán posee en Torrejón de Ardoz (Madrid).
El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se ha acogido al procedimiento especial de negociación de deudas de la Ley Concursal, que le otorga un plazo de hasta cuatro meses para alcanzar un acuerdo con sus acreedores y evitar así ser declarado insolvente.
Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, Díaz Ferrán presentó el pasado martes una comunicación al Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid en la que se acogía al artículo 5.3 de la Ley Concursal, que le blinda ante las empresas que pidan posteriormente que se le declare en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).
No obstante, el empresario se enfrenta ya a dos solicitudes previas de concurso necesario, que presentaron a finales de septiembre la empresa turística Olimpia Mediterráneo y NH Hoteles y que todavía no han sido admitidas a trámite por los juzgados mercantiles madrileños donde han recaído.
Según diversas fuentes consultadas por Efe, estas peticiones no se verían paralizadas por el artículo 5.3 de la Ley Concursal, ya que se presentaron con anterioridad (el 27 y el 30 de septiembre, respectivamente), por lo que Díaz Ferrán podría ser declarado insolvente de forma judicial si siguen su curso.
El empresario evitaría esos procedimientos si paga los importes adeudados a Olimpia y NH Hoteles, lo que le permitiría agotar el plazo de negociación blindada con acreedores sin temor a entrar en suspensión de pagos. En cualquier caso, si esas conversaciones finalizaran sin acuerdo, el propio Díaz Ferrán estaría obligado judicialmente a presentar el concurso voluntario de acreedores.
Tanto Díaz Ferrán como su socio Gonzalo Pascual -a quien también se dirigen las solicitudes de concurso necesario- afrontan grandes dificultades por haber avalado personalmente las deudas de Marsans, que vendieron en junio a la sociedad Posibilitumm. De hecho, una parte importante de sus bienes cuentan con anotaciones preventivas de embargo a raíz de las reclamaciones de deudas presentadas en los Juzgados de Primera Instancia por acreedores como Sol Meliá, Pullmantur, NH Hoteles y Banco Espírito Santo.
Una vivienda de Pascual en el parque del Conde de Orgaz (Madrid) es uno de los activos cuyo embargo más se ha reclamado por parte de los acreedores, que también se han dirigido contra terrenos que Díaz Ferrán posee en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Viajes Marsans estudia el valor de sus participadas para culminar la liquidación
Fuente: Cincodias.com
Viajes Marsans, en concurso de acreedores, evalúa los activos que mantiene en gestión para proseguir con su liquidación. La pasada semana fue retirado el logo de la empresa de su antigua sede.
.
El edificio Pórtico, antigua sede deMarsans, la pasada semana, sin los logos del grupo.. Viajes Marsans estudia el valor de sus participadas para culminar la liquidación - PABLO MONGE
El objetivo anunciado de la viabilidad, una quimera
Sectores relacionados
Turismo y Ocio
La plantilla de Marsans trabaja ahora en unas oficinas en Serrano
Alberto Ortín - Madrid - 25/10/2010
El rojo luminoso de las letras de Grupo Marsans que coronaban el edificio Pórtico, en Madrid, visibles lo largo de un tramo de la autopista M-40 de la capital, ha dejado de brillar. La pasada semana fueron retirados del inmueble, diseñado por el arquitecto Rafael de la Hoz y el estudio Skidmore, Owings & Merril, los logotipos de la compañía de viajes, que este año cumplía un siglo de historia.
Según un portavoz de Posibilitum, la sociedad que se hizo cargo del grupo de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual cuando entró en concurso el pasado mes de junio, los 60 empleados que quedan de la compañía trabajan en unas oficinas en la calle Serrano. "Ahora la administración concursal está evaluando las participadas de la empresa para proseguir con la liquidación", explicó.
El pasado mes de septiembre, los administradores concursales nombrados por la juez solicitaron la anulación de las facultades de administración de Posibilitum, dada la ausencia de negocio en la compañía. En un escrito aseguraban que los datos actuales de la empresa "en absoluto se compadecen con los que tuvo presente el juzgado a la hora de declarar el concurso: no hay negocio".
Además de recordar que la mayoría de la plantilla había sido despedida, explicaba que "de las 550 oficinas, más de la mitad no se precisarían en ninguna hipótesis de rehabilitación de la actividad por tercero, y muchas del resto sólo se detentan de hecho, puesto que se han extinguido los derechos arrendaticios". A principios de este mes, la juez suspendió a Posibilitum las facultades de administrar la empresa.
Viajes Marsans, en concurso de acreedores, evalúa los activos que mantiene en gestión para proseguir con su liquidación. La pasada semana fue retirado el logo de la empresa de su antigua sede.
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El edificio Pórtico, antigua sede deMarsans, la pasada semana, sin los logos del grupo.. Viajes Marsans estudia el valor de sus participadas para culminar la liquidación - PABLO MONGE
El objetivo anunciado de la viabilidad, una quimera
Sectores relacionados
Turismo y Ocio
La plantilla de Marsans trabaja ahora en unas oficinas en Serrano
Alberto Ortín - Madrid - 25/10/2010
El rojo luminoso de las letras de Grupo Marsans que coronaban el edificio Pórtico, en Madrid, visibles lo largo de un tramo de la autopista M-40 de la capital, ha dejado de brillar. La pasada semana fueron retirados del inmueble, diseñado por el arquitecto Rafael de la Hoz y el estudio Skidmore, Owings & Merril, los logotipos de la compañía de viajes, que este año cumplía un siglo de historia.
Según un portavoz de Posibilitum, la sociedad que se hizo cargo del grupo de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual cuando entró en concurso el pasado mes de junio, los 60 empleados que quedan de la compañía trabajan en unas oficinas en la calle Serrano. "Ahora la administración concursal está evaluando las participadas de la empresa para proseguir con la liquidación", explicó.
El pasado mes de septiembre, los administradores concursales nombrados por la juez solicitaron la anulación de las facultades de administración de Posibilitum, dada la ausencia de negocio en la compañía. En un escrito aseguraban que los datos actuales de la empresa "en absoluto se compadecen con los que tuvo presente el juzgado a la hora de declarar el concurso: no hay negocio".
Además de recordar que la mayoría de la plantilla había sido despedida, explicaba que "de las 550 oficinas, más de la mitad no se precisarían en ninguna hipótesis de rehabilitación de la actividad por tercero, y muchas del resto sólo se detentan de hecho, puesto que se han extinguido los derechos arrendaticios". A principios de este mes, la juez suspendió a Posibilitum las facultades de administrar la empresa.
Cajasur será la última en cobrar en el concurso de la inmobiliaria Tremón
Fuente:cincodias.com
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid que tramita el concurso de Tremón ha calificado en una sentencia como subordinados crédoitos de 55 millones de Cajasur con el grupo inmobiliario, informaron fuentes judiciales. Tremón solicitó su entrada en concurso de acreedores en noviembre de 2008 con una deuda de 1.100 millones de euros.
La sentencia del juez, a raíz de la resolución de un incidente concursal en el que se solicitaba que esa cantidad se subordinase, supone que los créditos serán satisfechos después de que se haya pagado a los acreedores ordinarios. La Ley Concursal dispone que serán créditos subordinados, entre otros, aquellos mantenidos con personas (jurídicas) "especialmente relacionadas con el concursado". El juez sostiene en su sentencia que Cajasur mantenía una especial relación con el concursado, al ser socio de Tremón dos años antes de la entrada en concurso de la compañía presidida por Hilario Rodríguez.
De acuerdo a las fuentes judiciales consultadas la misma medida podría ser adoptada antes de fin de año respecto a créditos concedidos por Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al grupo inmobiliario, por 85 millones de euros. El juez del concurso de Tremón tiene que resolver también sobre la reclamación efectuada en el concurso en el que se solicita igualmente que los créditos de CAM sean calificados como subordinados.
CAM participa con Tremón en las sociedades Tremón Marroc Mediterráneo y Trecam Servicios Inmobiliarios. Cajasur se alió con Tremón en el capital de la empresa de centros de ocio Tradelia y en las promotoras Tremsur y Sermansur. La relación de Cajasur y Tremón fue precisamente uno de los motivos que obligó al grupo inmobiliario a retrasar su salida a Bolsa, en 2007. Cajasur y Tremón dejaron de ser socios en 2008.
Tremón se dio a conocer a mediados de 2007 al intentar sacar a Bolsa hasta el 35% de su capital. Según el folleto de emisión que presentó a la CNMV, el grupo acumulaba a 31 de julio de 2007 una deuda de 712,3 millones. Tremón atrasó unas semanas la fecha de su anunciada OPV por reclamaciones de impagos efectuadas por Cajasur al grupo inmobiliario. Los impagos estaban relacionados con las sociedades participadas Tradelia y Tremsur. En diciembre de 2007 comunicó que aparcaba la salida a Bolsa.
Cajasur se encuentra en la actualidad en proceso de absorción por la vasca BBK. Por su parte, CAM, Caja Cantabria y Caja Extremadura anunciaron en mayo su fusión.
Presenta plan de viabilidad
Tremón ha presentado en los juzgados de lo mercantil de Madrid donde se tramitan los concursos de las empresas del grupo un plan de viabilidad y una propuesta de convenio de acreedores en la que se contempla el pago íntegro de sus créditos.
Según explicó la empresa inmobiliaria la pasada semana, un 85% de su deuda societaria con derecho a voto se ha adherido a la propuesta.
Durante la tramitación del concurso de Tremón, la deuda del grupo se ha reducido en un 40% pasando desde los 1.100 millones de euros a situarse en algo más de 700 millones de euros.
El convenio y el plan de viabilidad, destacó el grupo inmobiliario la pasada semana, "asegura la continuidad de las compañías inmobiliarias y patrimoniales para los próximos 11 años".
Tremón ha reducido su volumen de deuda en buena parte gracias a las daciones en pago efectuadas con suelos de su propiedad a las entidades acreedoras.
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid que tramita el concurso de Tremón ha calificado en una sentencia como subordinados crédoitos de 55 millones de Cajasur con el grupo inmobiliario, informaron fuentes judiciales. Tremón solicitó su entrada en concurso de acreedores en noviembre de 2008 con una deuda de 1.100 millones de euros.
La sentencia del juez, a raíz de la resolución de un incidente concursal en el que se solicitaba que esa cantidad se subordinase, supone que los créditos serán satisfechos después de que se haya pagado a los acreedores ordinarios. La Ley Concursal dispone que serán créditos subordinados, entre otros, aquellos mantenidos con personas (jurídicas) "especialmente relacionadas con el concursado". El juez sostiene en su sentencia que Cajasur mantenía una especial relación con el concursado, al ser socio de Tremón dos años antes de la entrada en concurso de la compañía presidida por Hilario Rodríguez.
De acuerdo a las fuentes judiciales consultadas la misma medida podría ser adoptada antes de fin de año respecto a créditos concedidos por Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al grupo inmobiliario, por 85 millones de euros. El juez del concurso de Tremón tiene que resolver también sobre la reclamación efectuada en el concurso en el que se solicita igualmente que los créditos de CAM sean calificados como subordinados.
CAM participa con Tremón en las sociedades Tremón Marroc Mediterráneo y Trecam Servicios Inmobiliarios. Cajasur se alió con Tremón en el capital de la empresa de centros de ocio Tradelia y en las promotoras Tremsur y Sermansur. La relación de Cajasur y Tremón fue precisamente uno de los motivos que obligó al grupo inmobiliario a retrasar su salida a Bolsa, en 2007. Cajasur y Tremón dejaron de ser socios en 2008.
Tremón se dio a conocer a mediados de 2007 al intentar sacar a Bolsa hasta el 35% de su capital. Según el folleto de emisión que presentó a la CNMV, el grupo acumulaba a 31 de julio de 2007 una deuda de 712,3 millones. Tremón atrasó unas semanas la fecha de su anunciada OPV por reclamaciones de impagos efectuadas por Cajasur al grupo inmobiliario. Los impagos estaban relacionados con las sociedades participadas Tradelia y Tremsur. En diciembre de 2007 comunicó que aparcaba la salida a Bolsa.
Cajasur se encuentra en la actualidad en proceso de absorción por la vasca BBK. Por su parte, CAM, Caja Cantabria y Caja Extremadura anunciaron en mayo su fusión.
Presenta plan de viabilidad
Tremón ha presentado en los juzgados de lo mercantil de Madrid donde se tramitan los concursos de las empresas del grupo un plan de viabilidad y una propuesta de convenio de acreedores en la que se contempla el pago íntegro de sus créditos.
Según explicó la empresa inmobiliaria la pasada semana, un 85% de su deuda societaria con derecho a voto se ha adherido a la propuesta.
Durante la tramitación del concurso de Tremón, la deuda del grupo se ha reducido en un 40% pasando desde los 1.100 millones de euros a situarse en algo más de 700 millones de euros.
El convenio y el plan de viabilidad, destacó el grupo inmobiliario la pasada semana, "asegura la continuidad de las compañías inmobiliarias y patrimoniales para los próximos 11 años".
Tremón ha reducido su volumen de deuda en buena parte gracias a las daciones en pago efectuadas con suelos de su propiedad a las entidades acreedoras.
martes, 19 de octubre de 2010
Los administradores de Marsans creen que Díaz Ferran pudo vulnerar la ley
EFE/EUROPA PRESS MADRID
Los administradores concursales de Viajes Marsans creen que la compañía vulneró de forma "probable" el plazo legal para presentar concurso voluntario de acreedores, lo que podría obligar a sus antiguos dueños -Gerardo Díaz Ferran y Gonzalo Pascual- a compensar con sus bienes el agujero patrimonial de la empresa. En un escrito remitido al Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid los administradores nombrados judicialmente para gestionar el proceso de insolvencia afirman que "las circunstancias avalan que la solicitud de concurso voluntario de Marsans es morosa, probable infractora del plazo del artículo 5 de la Ley Concursal y presuntamente provocadora de culpabilidad del concurso".
La calificación de un concurso como culpable implica que los gestores de la empresa son condenados a indemnizar a los acreedores por los daños y perjuicios causados -las deudas no pagadas por falta de patrimonio- y a sufrir otras penas, como la inhabilitación para administrar bienes ajenos.
Los administradores concursales sostienen que están analizando "otros datos de presunción de concurso culpable", aunque rechazan pedir de momento medidas cautelares, como el embargo de bienes de los responsables o ex responsables de Marsans, que fue vendida en junio por Ferrán y Pascual a la sociedad Posibilitum, del abogado valenciano Ángel del Cabo.
La juez Ana María Gallego ha retirado a Posibilitum Business del control y disposición patrimonial de Viajes Marsans, Viajes Crisol, Rural Tours Viajes y Tiempo Libre, en situación de concurso de acreedores. La decisión adoptada por la juez es la misma para las cuatro compañías: "Se acuerda la suspensión de facultades de administración y disposición patrimonial de la sociedad... siendo sustituida en el ejercicio de las mismas por la administración concursal". La decisión de la juez Gallego parte de la petición de la administración concursal de suspender a las sociedades deudoras de su control y de la oposición por parte de cada una de ellas a tal propuesta.
También destaca que el embargo impulsado por los administradores concursales de Air Comet, la aerolínea del grupo Marsans, contra Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual y varios de sus familiares "ha resultado por el momento infructuoso". Los administradores concursales rechazan asimismo anular la venta de Marsans a Posibilitum.
Reelección en Fomento
De otro lado, el empresario Joan Rosell consiguió ayer una holgada victoria para seguir como presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, con casi el 67% de los votos -1.760 sobre 2.626 emitidos-, aunque instó a esperar a la constitución de la nueva junta para que sea esta la que decida si debe presentar candidatura a liderar la CEOE y relevar a Díaz Ferran.
En declaraciones a los periodistas tras ser proclamado presidente, ha asegurado que será la junta que salga de estos comicios la responsable de decidir si opta a presidir la patronal española.
Fuente:Levante-emv.com
Los administradores concursales de Viajes Marsans creen que la compañía vulneró de forma "probable" el plazo legal para presentar concurso voluntario de acreedores, lo que podría obligar a sus antiguos dueños -Gerardo Díaz Ferran y Gonzalo Pascual- a compensar con sus bienes el agujero patrimonial de la empresa. En un escrito remitido al Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid los administradores nombrados judicialmente para gestionar el proceso de insolvencia afirman que "las circunstancias avalan que la solicitud de concurso voluntario de Marsans es morosa, probable infractora del plazo del artículo 5 de la Ley Concursal y presuntamente provocadora de culpabilidad del concurso".
La calificación de un concurso como culpable implica que los gestores de la empresa son condenados a indemnizar a los acreedores por los daños y perjuicios causados -las deudas no pagadas por falta de patrimonio- y a sufrir otras penas, como la inhabilitación para administrar bienes ajenos.
Los administradores concursales sostienen que están analizando "otros datos de presunción de concurso culpable", aunque rechazan pedir de momento medidas cautelares, como el embargo de bienes de los responsables o ex responsables de Marsans, que fue vendida en junio por Ferrán y Pascual a la sociedad Posibilitum, del abogado valenciano Ángel del Cabo.
La juez Ana María Gallego ha retirado a Posibilitum Business del control y disposición patrimonial de Viajes Marsans, Viajes Crisol, Rural Tours Viajes y Tiempo Libre, en situación de concurso de acreedores. La decisión adoptada por la juez es la misma para las cuatro compañías: "Se acuerda la suspensión de facultades de administración y disposición patrimonial de la sociedad... siendo sustituida en el ejercicio de las mismas por la administración concursal". La decisión de la juez Gallego parte de la petición de la administración concursal de suspender a las sociedades deudoras de su control y de la oposición por parte de cada una de ellas a tal propuesta.
También destaca que el embargo impulsado por los administradores concursales de Air Comet, la aerolínea del grupo Marsans, contra Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual y varios de sus familiares "ha resultado por el momento infructuoso". Los administradores concursales rechazan asimismo anular la venta de Marsans a Posibilitum.
Reelección en Fomento
De otro lado, el empresario Joan Rosell consiguió ayer una holgada victoria para seguir como presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, con casi el 67% de los votos -1.760 sobre 2.626 emitidos-, aunque instó a esperar a la constitución de la nueva junta para que sea esta la que decida si debe presentar candidatura a liderar la CEOE y relevar a Díaz Ferran.
En declaraciones a los periodistas tras ser proclamado presidente, ha asegurado que será la junta que salga de estos comicios la responsable de decidir si opta a presidir la patronal española.
Fuente:Levante-emv.com
lunes, 18 de octubre de 2010
Martinsa Fadesa admite falta de liquidez en sus filiales extranjeras
FUENTE: CINCODIAS.COM
La inmobiliaria Martinsa Fadesa no descarta que algunas de sus filiales extranjeras presenten concurso de acreedores si no consiguen una refinanciación que les permita resolver sus "problemas de liquidez".
Así figura en el plan de viabilidad que la empresa, presidida por Fernando Martín, ha remitido al Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña para adaptarse al nuevo plan de pagos impulsado por cuatro de sus principales acreedores: La Caixa, Caja Madrid, Caixa Galicia y Banco Popular.
Ese plan, que el pasado 17 de septiembre recibió el visto bueno de la administración concursal, contempla que los acreedores entren en el capital de Martinsa si no paga en 10 años, aunque también pueden acogerse a la opción de cobrar el 30% del importe que adeuda la inmobiliaria en un plazo de 5 años, renunciado al 70% restante.
La inmobiliaria ha planificado nuevas vías de actuación para cumplir los compromisos con sus acreedores, pero insiste en ciertas incertidumbres que pueden trastocar incluso el plan de pagos. Respecto a las filiales extranjeras, Martinsa rechaza realizar nuevas aportaciones de capital, aunque constata que algunas "arrastran problemas de liquidez y que, de no refinanciarse, podrían tener que presentar concurso".
Las compañías que menos liquidez está previsto que generen hasta 2018 -fecha del final del plan de pagos- están radicadas en Bulgaria y República Checa. La viabilidad de México depende de un contencioso ganado en primera instancia pero que está pendiente de la apelación.
Martinsa espera que sus nueve filiales en el extranjero (también ubicadas en Hungría, Rumanía, Polonia, Francia, Portugal y Marruecos) generen unos 758 millones de euros los próximos ocho años, aunque 443 millones serán por repago de deuda y 140 por dividendos. Está previsto que los 175 millones restantes provengan de la posible venta de su participación en la sociedad de Marruecos.
lunes, 4 de octubre de 2010
Colonial deja atrás un "concurso evidente"
FUENTE: CINCODIAS.COM
El pasado 19 de febrero Juan José Brugera y Pere Viñolas, presidente y consejero delegado de Colonial, ofrecieron en Madrid una rueda de prensa convocada ese mismo día. Los dos ejecutivos aparecieron ante los medios con rostros cansados pero satisfechos. Tras meses de interminables reuniones con entidades financieras, la inmobiliaria había logrado firmar, esa misma noche, un acuerdo para refinanciar cerca de 5.000 millones de euros de deuda.
De no haberlo logrado posiblemente Colonial hubiese entrado en concurso de acreedores, de unas proporciones mayores a las de Martinsa Fadesa, en concurso desde julio de 2008. "Hubo un periodo que parecía evidente el concurso de Colonial", recuerda ahora Pere Viñolas.
Siete meses después de aquel acuerdo, el consejero delegado de Colonial da por completa la refinanciación de la compañía. "El normal funcionamiento del mercado debería ser suficiente para que Colonial cumpla con sus compromisos con la banca y mantenga su actividad", sostiene.
Convencer a varios bancos de financiar una deuda cercana al billón de las antiguas pesetas de una inmobiliaria española, a los dos años de explotar la burbuja, tiene su mérito. The Wall Street Journal se hizo eco en sus páginas del acuerdo de Colonial. "Gran apuesta en el sector inmobiliario español" tituló el diario estadounidense. La firma con la banca podía ser, indicaba el diario, "la primera señal de que el sector inmobiliario español está al final del túnel".
"¿Cuándo la banca está dispuesta a intercambiar deuda por acciones de una compañía?", se pregunta Viñolas. "Sólo cuando está convencida de que el valor de esas acciones será mayor en el futuro que la deuda que está asumiendo", asegura.
En la actualidad, la propiedad de la inmobiliaria, con un valor por acción inferior a 0,1 euros por título, se reparte entre Commerzbank (20,1%); The Royal Bank of Scotland (19,9%); Crédit Agricole (19,6%) y el fondo domiciliado en Luxemburgo Coral Partners, con el 14,7%, después de haber adquirido deuda de Goldman Sachs, que todavía retiene el 4,9% del capital. La Caixa, con el 5,7%, y Banco Popular, con el 4,9%, completan el accionariado de la inmobiliaria, según los registros de la CNMV.
El valor de los activos
En el caso de Colonial, la banca acreedora estuvo dispuesta a refinanciar "por el valor de sus activos", afirma Viñolas. La compañía tiene como principales activos edificios de oficinas situados en las mejores zonas de Madrid, Barcelona y París. "En realidad el negocio de una patrimonial como Colonial es bastante aburrido", comenta el ejecutivo que insiste en que la compañía cumplirá sus objetivos con la banca acreedora, a la que todavía debe 4.000 millones, ingresando puntualmente todos los meses los alquileres de sus inmuebles.
El acuerdo, a grandes rasgos, se estructura en tres partes, con dos ampliaciones de capital, la creación de un vehículo de suelo y promoción y la emisión de warrants. Pere Viñolas afirma que esos pasos ya están dados. No obstante, el acuerdo de refinanciación no es un seguro de vida ilimitado.
La compañía tiene que cumplir ciertos ratios financieros. A partir del 31 de diciembre, la relación entre la deuda de Colonial y el valor de sus activos no puede ser superior al 85%. Mientras ese porcentaje no sea inferior al 50% la compañía no podrá pagar dividendos o cualquier otro honorario a los accionistas. No podrá disponer de sus activos ni incurrir en endeudamiento financiero adicional. Y tendrá que velar por no perder la mayoría del capital que ostenta en el capital de la inmobiliaria francesa SFL (53,4%), que supone la mitad del negocio de Colonial.
Mantenerse en Bolsa y lograr nuevas alianzas
A pesar de que en la actualidad el valor por acción de Colonial es inferior a 0,1 euros por título, y de que el capital flotante de la compañía en Bolsa es menor al 10%, Pere Viñolas asegura que la compañía tiene como objetivo mantenerse en Bolsa. "Para nosotros es importante estar en Bolsa y poder atraer la atención de los inversores en un momento dado", explica.
En los últimos meses, tanto Viñolas como otros directivos de la empresa, desde el presidente, Juan José Brugera, hasta otros directivos, han comentado la posibilidad de alcanzar acuerdos con otras compañías del sector. Viñolas dice que ahora mismo no es el principal objetivo de la inmobiliaria, aunque señala que la empresa está abierta a acuerdos con otras empresas. En todo caso el consejero delegado de Colonial recuerda que son los accionistas, los bancos acreedores, los que tienen el poder de decisión en este sentido.
La cifra
4.274 millones de euros es la deuda de Colonial a 30 de junio de 2010. En 2008 la deuda de la inmobiliaria era cercana a los 9.000 millones.
domingo, 3 de octubre de 2010
El concurso de acreedores llega al caviar iraní
FUENTE: EXPANSION.COM
El Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona ha declarado en situación de concurso de acreedores a Caviar Investment, empresa con sede en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) especializada en la importación de caviar iraní.
Se trata de una de las firmas más prestigiosas del sector y una de las pocas compañías que estaban autorizadas por el Gobierno de Irán para comercializar el selecto caviar Beluga en España cuando su venta estaba permitida.
Según fuentes de la empresa, la suspensión de pagos responde a una medida de protección puramente “técnica y provisional” que no tiene nada que ver con su negocio principal, sino con unas inversiones en el sector inmobiliario.
“El concurso no está relacionado con la venta de caviar, confiamos en poderlo levantar en un plazo de sólo dos o tres meses; somos un grupo sano con mucho negocio en España”, afirma la compañía.
Al parecer, el expediente se presentó después de que uno de los bancos con los que trabaja la compañía no aceptara refinanciar una deuda de una filial inmobiliaria del grupo. Según el Registro Mercantil, Caviar Investment está vinculada a las empresas Barcelona Construcciones Altin y Construcciones Kolbe Barcelona.
Fundada en 1993, la firma es proveedora habitual de restaurantes y hoteles de lujo y de tiendas de productos gourmet. Entre sus principales proyectos, figura la puesta en marcha de una piscifactoría propia en el Mar Caspio, que podría entrar en funcionamiento a finales de año.
Con esta instalación, la empresa podrá comercializar su propio caviar procedente de la cría de esturiones, ya que la venta de caviar salvaje iraní está ahora prohibida en Europa debido a la sobreexplotación. Según cifras de Alimarket, Caviar Investment facturó seis millones de euros en 2009, frente a los nueve millones que alcanzó en 2007.
La empresa se centra ahora en la venta de caviar de cultivo –que trae de Francia, Italia y Uruguay– y en otros productos delicattesen.
La cotización del selecto manjar
- Existen tres variedades de caviar iraní salvaje: Beluga, Osetra y Sevruga. Cuando se podía vender, el caviar Beluga costaba 10.000 euros el kilo.
- El caviar de piscifactoría cuesta entre 2.300 y 2.500 euros el kilo. En España, hay dos piscifactorías, en Granada y el Valle de Arán.
jueves, 30 de septiembre de 2010
La familia Sánchez-Ramade pide amparo concursal para Noriega
FUENTE: CINCODIAS.COM
El juzgado mercantil de Córdoba ha comunicado este mes la entrada de solicitud de amparo concursal de la compañía Noriega, del grupo Sánchez-Ramade. La promotora, con más de 700 millones de euros de deuda financiera en 2008 -900 millones en la actualidad según las fuentes consultadas por este diario-, se ha acogido al punto 5.3 de la Ley Concursal.
De esta manera, la promotora del grupo familiar dispone de un periodo de tiempo -tres meses, ampliable en uno- en el que negociar con la banca acreedora la refinanciación de su deuda, después de haber reconocido su situación de insolvencia. En caso de no lograrlo, Noriega se vería abocada al concurso de acreedores, uno de los mayores en la historia de Andalucía.
La crítica situación del grupo se evidenció el pasado 29 de junio cuando la división de construcción, Noriega Edificación y Obra Civil, requirió también amparo concursal para negociar con los acreedores y evitar su entrada en concurso. La filial de construcción de Noriega cuenta con más de 70 millones de deuda, gran parte con proveedores comerciales.
Noriega Edificación y Obra Civil dispone hasta el 29 de octubre para lograr un convenio anticipado de acreedores. En el caso de Noriega SL el plazo, de tres meses ampliable en uno, comienza a contar desde la solicitud de amparo concursal, el pasado 14 de septiembre. La compañía ha declinado ampliar la información a este diario.
Eugenio Sánchez-Ramade Villegas, fallecido en 2005, creó en los años cincuenta del pasado siglo el grupo actual con sede en Córdoba. La familia Sánchez-Ramade controla sus sociedades a través de Compañía Meridional de Inversiones. El grupo pasa por ser el segundo mayor conglomerado empresarial de Andalucía tras Abengoa y el primero por facturación de un grupo andaluz no cotizado.
El grupo Sánchez-Ramade está integrado por las divisiones de promoción y de construcción (Noriega SL y Noriega Edificación y Obra Civil, que han solicitado amparo concursal); de distribución (Urende); automoción (Sánchez-Ramade Automoción); tecnología (Diasa y Diasoft); ocio y espectáculos (Cinesur); agrícola (Doña Sol) y financiero.
El fundador del grupo creó la inmobiliaria Noriega en 1962. Desde entonces la empresa ha entregado más de 14.000 viviendas. De acuerdo a las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil por Noriega SL, del ejercicio 2008, los principales bancos acreedores de la promotora eran BBVA (115 millones); Banesto (103 millones); Caja Madrid (44 millones) y Cajasur (34,5 millones), por préstamos hipotecarios sobre existencias.
Fuentes que han participado en las negociaciones comentan que la solicitud de amparo concursal por parte del grupo para Noriega SL supone "un órdago a la banca: si no refinancian entrará en concurso y las entidades tendrán que provisionar cientos de millones de euros".
Ernst & Young, auditor de las cuentas de Noriega, señala en su informe de auditoría del ejercicio 2008 que la "capacidad de sociedad" para realizar sus activos y liquidar sus pasivos depende del cumplimiento de un plan de negocio incluido en el último contrato de financiación sindicada. La empresa refinanció más de 600 millones de euros de deuda con 21 entidades financieras.
En 2007 el grupo cordobés, controlado por los cuatro hermanos Sánchez-Ramade (Javier, actualmente presidente del grupo, Eugenio, Martín y Álvaro) invirtieron en Bolsa 625 millones. En Iberdrola adquirieron el 1% con un desembolso de 425 millones.
viernes, 17 de septiembre de 2010
Indo insta el concurso de Novolent y vende 11 de sus tiendas a +Visión
FUENTE: CINCODIAS.COM
Indo presentó ayer el concurso voluntario de Novolent y Európtica, dos filiales adquiridas a finales del año pasado como garantía del cobro de unos créditos otorgados a clientes. La empresa oftalmológica, también en suspensión de pagos, mantenía desde entonces en propiedad 24 tiendas de óptica que puso inmediatamente a la venta.
Simultáneamente, y tras varios meses de negociaciones, Indo anunció ayer el principio de acuerdo de venta de once establecimientos de óptica a +Visión por dos millones. La operación ha aportado plusvalías a Indo, puesto que se hizo cargo de la cadena Novolent por un precio simbólico de 1.268 euros. +Visión se ha comprometido a mantener los 60 puestos de trabajo de las tiendas. Además, la compañía informó ayer a la CNMV que no descarta que durante el concurso se materialicen otras ofertas por el resto de tiendas de Novolent. En cualquier caso, Indo señaló que la formalización de la venta de las 11 tiendas dependerá de la aprobación de la administración concursal.
Por su parte, +Visión invertirá 0,5 millones en la integración de los establecimientos adquiridos. La compañía del grupo GrandVisión cuenta con 191 establecimientos en España, 67 propios, cuatro franquiciados y 120 de asociados.
lunes, 13 de septiembre de 2010
Díaz Ferrán, tendrá que pagar nóminas con su patrimonio
FUENTE: LEVANTE-EMV.COM
El Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid ha condenado al presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, a pagar con su patrimonio personal 2.451 euros más intereses a un empleado de Air Comet por las nóminas impagadas de octubre y noviembre de 2009, lo que supone el primer fallo en su contra de las ocho demandas similares que existen en los juzgados.
La sentencia dictada el pasado 8 de septiembre, a la que tuvo acceso Europa Press, avala la validez de la garantía personal firmada por Díaz Ferrán por la que se comprometió con los trabajadores a abonar los sueldos con su patrimonio a cambio de que desconvocan la huelga prevista para el pasado 1 de diciembre para protestar por el impago generalizado de los salarios.
"El documento se suscribe en un contexto de huelga de los trabajadores de Air Comet que no han percibido sus salarios por lo que exigen una garantía adicional de cobro que no es otra que el afianzamiento por el sr. Díaz Ferrán con su patrimonio personal", según declara la sentencia.
De esta forma, la juez Carmen Iglesias rechaza la alegación del presidente de la patronal con la que aseguraba que esta garantía era "ética o moral" y no suponía una obligación solidaria. Contra la sentencia cabe recurso de apelación.
Además, la juez considera que Díaz Ferrán deberá abonar las dos nóminas al trabajador a pesar de que la aerolínea se encuentre en proceso concursal desde el pasado 20 de abril, lo que obliga a los acreedores a reclamar sus deudas ante el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid.
En este sentido, la sentencia recuerda que la jurisprudencia al respecto establece que "la inclusión de la deuda principal en la lista de acreedores no supone (...) la extinción de la obligación del fiador como deudor solidario y no impide al acreedor la reclamación a los fiadores, ni desvirtúa la obligación resultante de la fianza".
Tras la firma de la garantía personal, Díaz Ferrán entregó a los trabajadores unos pagarés bancarios parar asegurar el cumplimiento de la obligación solidaria. Sin embargo, el 21 de diciembre de 2009, fecha de vencimiento de los pagarés, los empleados no recibieron transferencia alguna.
Al respecto, la juez concluye que "se otorga la garantía tanto a los trabajadores que han retirado los pagarés como aquellos que no lo hicieron y ha de realizarse el pago mediante transferencia".
De esta forma, el fallo podría extenderse a los casi 700 empleados de la aerolínea. La Confederación General de Trabajadores (CGT) anunció que pedirá la extensión del fallo al resto de trabajadores de Air Comet y continuará con el trámite de las otras siete denuncias similares pendientes de señalamiento de juicio en los juzgados civiles.
El juicio por este procedimiento monitorio se celebró el pasado 6 de septiembre con la ausencia de Díaz Ferrán, hecho que fue criticado por la juez al comienzo de la vista oral.
El pasado 21 de diciembre Air Comet anunció el cierre y presentó concurso voluntario de acreedores después de que un juez de la Corte Suprema de Londres ordenara el embargo de sus aviones por la demanda por impago presentada por el banco alemán Nord Bank, al que la aerolínea adeudaba 17,2 millones de euros por el leasing de las aeronaves. El proceso concursal se encuentra en la fase de comunicación de créditos.
La sentencia dictada el pasado 8 de septiembre, a la que tuvo acceso Europa Press, avala la validez de la garantía personal firmada por Díaz Ferrán por la que se comprometió con los trabajadores a abonar los sueldos con su patrimonio a cambio de que desconvocan la huelga prevista para el pasado 1 de diciembre para protestar por el impago generalizado de los salarios.
"El documento se suscribe en un contexto de huelga de los trabajadores de Air Comet que no han percibido sus salarios por lo que exigen una garantía adicional de cobro que no es otra que el afianzamiento por el sr. Díaz Ferrán con su patrimonio personal", según declara la sentencia.
De esta forma, la juez Carmen Iglesias rechaza la alegación del presidente de la patronal con la que aseguraba que esta garantía era "ética o moral" y no suponía una obligación solidaria. Contra la sentencia cabe recurso de apelación.
Además, la juez considera que Díaz Ferrán deberá abonar las dos nóminas al trabajador a pesar de que la aerolínea se encuentre en proceso concursal desde el pasado 20 de abril, lo que obliga a los acreedores a reclamar sus deudas ante el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid.
En este sentido, la sentencia recuerda que la jurisprudencia al respecto establece que "la inclusión de la deuda principal en la lista de acreedores no supone (...) la extinción de la obligación del fiador como deudor solidario y no impide al acreedor la reclamación a los fiadores, ni desvirtúa la obligación resultante de la fianza".
Tras la firma de la garantía personal, Díaz Ferrán entregó a los trabajadores unos pagarés bancarios parar asegurar el cumplimiento de la obligación solidaria. Sin embargo, el 21 de diciembre de 2009, fecha de vencimiento de los pagarés, los empleados no recibieron transferencia alguna.
Al respecto, la juez concluye que "se otorga la garantía tanto a los trabajadores que han retirado los pagarés como aquellos que no lo hicieron y ha de realizarse el pago mediante transferencia".
De esta forma, el fallo podría extenderse a los casi 700 empleados de la aerolínea. La Confederación General de Trabajadores (CGT) anunció que pedirá la extensión del fallo al resto de trabajadores de Air Comet y continuará con el trámite de las otras siete denuncias similares pendientes de señalamiento de juicio en los juzgados civiles.
El juicio por este procedimiento monitorio se celebró el pasado 6 de septiembre con la ausencia de Díaz Ferrán, hecho que fue criticado por la juez al comienzo de la vista oral.
El pasado 21 de diciembre Air Comet anunció el cierre y presentó concurso voluntario de acreedores después de que un juez de la Corte Suprema de Londres ordenara el embargo de sus aviones por la demanda por impago presentada por el banco alemán Nord Bank, al que la aerolínea adeudaba 17,2 millones de euros por el leasing de las aeronaves. El proceso concursal se encuentra en la fase de comunicación de créditos.
IDEAS PARA LA REFORMA CONCURSAL
FUENTE:ELPAIS.COM
Circula desde hace semanas un borrador de propuesta de anteproyecto de ley de reforma de la Ley Concursal que está preparando el Ministerio de Justicia. Este borrador, que parece preliminar, aborda una reforma muy amplia, la segunda de calado en poco más de año y medio. El borrador contiene muchas mejoras técnicas de agradecer, sobre todo en el ámbito procedimental, y alguna sorpresa, en nuestra opinión, muy discutible, como el otorgamiento de un privilegio general a ciertos créditos de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública por responsabilidad civil derivada de delito. Este cambio es un claro retroceso en el gran avance que supuso la Ley Concursal de limitar privilegios, tanto a acreedores privados como públicos, siguiendo la tendencia de los derechos concursales más avanzados.
Es preciso evitar la destrucción del tejido empresarial que está enfermo pero es sanable
El activo empresarial debe poder ser vendido a un tercero con la máxima celeridad
El tema que más preocupa a los agentes económicos es si esta reforma podrá evitar, con medidas de reestructuración, la destrucción de la parte del tejido empresarial que está enfermo pero es sanable. Para que ello fuera así, la propuesta de reforma tendría que cumplir un requisito: que la gestión de la empresa enferma durante su cura no puede hacerse en el juzgado, porque los tiempos que se manejan y las habilidades de los jueces no casan, ni pueden casar, con los tiempos del mercado y las habilidades de los gestores de empresa. Discrepamos de quienes afirman que debe facilitarse la declaración del concurso necesario, y por eso nos sorprende que la propuesta de anteproyecto incentive al acreedor instante del concurso incrementando su privilegio general hasta el 50% del importe del crédito. Potenciar una "solución concursal" solo agravará la situación. Que el concurso es para la inmensa mayoría de las empresas una máquina de destrucción de valor es una evidencia: casi nueve de cada diez empresas en concurso acaban en liquidación. Este dato debería inducir a una profunda reflexión.
Para hacer frente a esta experiencia universal, la reestructuración empresarial se aborda en los sistemas concursales de nuestro entorno político-económico cumpliendo dos requisitos:
1. Antes de obligar a iniciar un procedimiento concursal deben explotarse al máximo las posibilidades de una reestructuración out-of-court pactada entre el deudor y sus acreedores.
2. Si fracasa la reorganización o reestructuración fuera del juzgado y el concurso es inevitable, el activo empresarial debe poder ser vendido a un tercero con la máxima celeridad, antes de que pierda valor.
Comenzando con el primer punto, la propuesta de reforma concursal que se ha conocido introduce algunas mejoras en nuestro exiguo régimen preconcursal, pero omite cualquier tipo de mecanismo que permita imponer el resultado de la negociación entre el deudor y sus acreedores a una minoría de acreedores disidentes y oportunistas o simplemente sin sentido de la responsabilidad.
Nuestras instituciones preconcursales están formadas por el famoso artículo 5.3 de la Ley Concursal y el régimen de protección de los acuerdos de refinanciación de la no menos conocida disposición adicional cuarta. En lo que atañe al artículo 5.3, se permitirá extender el plazo para solicitar el concurso voluntario de dos meses a cuatro meses adicionales no solo cuando se hayan iniciado negociaciones con los acreedores para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio (propuestas escasísimas en la práctica), sino también cuando el deudor esté negociando un acuerdo de refinanciación, incluso aunque no se encuentre en estado de insolvencia actual. Esto último es lo que realmente venía ocurriendo. Además, se reducirá el control judicial al mínimo para garantizar el automatismo de la solicitud del deudor. Se echa de menos, sin embargo, que la ley no imponga la paralización de las ejecuciones individuales y prohíba la compensación.
Por lo que respecta a los acuerdos de refinanciación, no es un secreto que los efectos de la disposición adicional cuarta han sido decepcionantes hasta la fecha, y no por falta de interés de los operadores. El principal problema reside en que el actual sistema de nombramiento del experto independiente es incompatible con la urgencia que demandan estas operaciones. La propuesta de anteproyecto establece ahora que el experto será designado "a su prudente arbitrio" por el registrador mercantil. Esperemos que esto se traduzca en un acortamiento de plazos y, sobre todo, en la posibilidad de que el experto pueda ser designado antes incluso de que exista un acuerdo de refinanciación con objeto de que su informe se pueda emitir tan pronto como se alcance tal acuerdo. La reforma de más calado consiste en la posibilidad de nombrar un único experto cuando, como es habitual, el acuerdo de refinanciación afecte a varias sociedades del mismo grupo.
Es una lástima que la propuesta no aclare los efectos de un acuerdo de refinanciación que cumpla formalmente los requisitos de la norma: no debería ser revisable judicialmente salvo en caso de fraude; es decir, el juez no debería poder entrar a valorar la razonabilidad de las hipótesis sobre la base de las cuales se realizó el informe. Con el concurso encima de la mesa del juez es evidente que el plan de viabilidad no fue realizable.
Donde la propuesta de anteproyecto realmente pincha es en la carencia de mecanismos que permitan imponer el acuerdo de refinanciación alcanzado en fase preconcursal entre una mayoría de acreedores y el deudor a los disidentes (cramdown), como ocurre en algunos países de nuestro entorno. Esto puede hacerse estableciendo un sistema que tenga los efectos del scheme of arrangement británico (se están produciendo casos de empresas españolas que con el respaldo de la práctica totalidad de sus acreedores se acogen, por existir suficiente conexión, a este procedimiento) o facultando expresamente al juez a subordinar a aquellos acreedores que estando en las mismas condiciones que otros abusaron de su derecho a vetar una solución negociada en la fase previa al concurso. El solo riesgo de que esto ocurra ayudará a que algunos actúen con sensatez.
¿Y si a pesar de todo fracasa la reorganización o reestructuración fuera del juzgado? Decíamos antes que el activo empresarial debe poder ser vendido a un tercero con la máxima celeridad. En relación con este punto, la reforma parece que permitirá disociar el activo del pasivo. Así, en el supuesto de que exista un tercero interesado en adquirir el negocio, o una parte de él, podrá negociar con el deudor los términos de la compra del activo, y el deudor podrá presentar el concurso con la operación de venta negociada, de modo que la ejecución de esta operación pueda realizarse inmediatamente, sin que el activo permanezca excesivo tiempo bajo la tutela del sistema concursal. Además, en este supuesto la reforma establece que el concurso se tramitará por el procedimiento abreviado, lo cual acelerará la ejecución de la oferta de venta al tercero, dejando al juzgado únicamente lo que debe tener: la tramitación de la masa pasiva, la reintegración de la masa activa y la calificación del concurso.
Cuando la oferta de compra del activo no venga de la mano del deudor en el momento de la solicitud del concurso, sino con posterioridad, también existe la posibilidad de liquidar el activo anticipadamente sin tener que esperar a que terminen las fases previas del concurso. Sin embargo, se echa de menos que la iniciativa de presentar el plan de liquidación pueda corresponder también al deudor, ya que parece que en este supuesto solo será la administración concursal la que retenga la iniciativa de liquidar anticipadamente el activo, negociando y, en su caso, aceptando la oferta del tercero
Los dueños de Marsans compraron VCP días antes de pedir su concurso
FUENTE: CINCODIAS.COM
El informe concursal de la inmobiliaria y constructora Vías, Canales y Puertos, al que ha tenido acceso este diario, relata la forma de proceder del despacho de abogados Aszendia, especializado en la adquisición de compañías en graves problemas y la gestión posterior de su situación concursal, al frente de la empresa. Al igual que en Marsans, el empresario Ángel de Cabo Sanz, vinculado a Aszendia, acordó la adquisición de VCP y pocos días después solicitó su entrada en concurso de acreedores. Este periódico intentó ponerse en contacto con De Cabo, pero no recibió respuesta alguna.
Los administradores concursales explican que Aszendia trató de quedarse con fincas de la concursada como pago por determinados servicios, "en claro perjuicio del resto de acreedores".
Vías, Canales y Puertos, con sede social en Jerez de la Frontera y actividad en Andalucía y Madrid, y una facturación anual aproximada de 50 millones, llevó a cabo "la clásica huida hacia delante" al tratar entre 2007 y 2008 de lograr créditos para superar impagos por un valor superior a los seis millones de otras inmobiliarias (como las concursadas Lábaro y Promodico) con las que mantenía negocio. Aun así, la administración destaca en su informe, presentado el pasado mayo, que no se trata "de una compañía improvisada" sino que era una empresa "profesionalizada a la que se han ido aportando los medios económicos precisos para el correcto desarrollo de su actividad". El 29 de octubre el propietario de VCP, Eduardo Rodríguez Peña, cesa como administrador único y es elegido en su cargo Ángel de Cabo Sanz. El 3 de noviembre, De Cabo Sanz presenta solicitud de concurso de acreedores para VCP.
Según el informe de los administradores concursales, el precio de venta acordado entre Rodríguez Peña y De Cabo Sanz es de 11.439 euros "es decir, al precio de un euro por acción, cuando las mismas, según las actas, tienen un valor nominal de 100 euros".
El mismo día en que VCP solicita su entrada en concurso, siendo ya administrada por De Cabo Sanz, la constructora acuerda con el despacho Aszendia la dación de bienes en pago de deuda. El pago responde a tres facturas que Aszendia presenta, también el mismo 3 de noviembre, a VCP por distintos tipos de asesoramiento por un precio de 689.249,9 euros. Pero los bienes aportados superan esa cantidad.
Según el informe concursal, VCP acuerda con Aszendia -dos empresas vinculadas a De Cabo Sanz- aportar tres fincas valoradas en 4,9 millones. Y el acuerdo de dación de esos bienes en pago por una deuda con el despacho de 0,6 millones establece un derecho de opción de recompra a favor de VCP en un plazo de un año por 6,9 millones.
"Conocida la existencia de la mencionada escritura y sus consecuencias para la masa activa de la concursada en claro perjuicio del resto de acreedores", explica la administración concursal en su informe, "se expone a los administradores (...) la conveniencia de rescindir dicho negocio jurídico de manera inmediata y, a ser posible, voluntariamente". "Tras arduas y largas negociaciones", la administración logró la retroacción voluntaria de esas fincas.
Falta de documentación y obras "objeto de auténtico saqueo"
A principios de 2009 la administración concursal de Vías, Canales y Puertos nombrada por el juez trata de estimar la situación real contable de la compañía. "Para llevar a cabo este trabajo extenso en su formulación y tremendamente complicado en su obtención no hemos contado con la colaboración del personal ejecutivo de la compañía", señalan los administradores nombrados por el juez. En abril de 2009 se dictó el cese de la actividad empresarial de VCP y el cierre de sus establecimientos. La administración concursal comenta en su informe que constata "la ausencia o dispersión de documentación" y también de activos en las obras en las que operaba "alguna incluso objeto de auténtico saqueo".
Los administradores concursales se encontraron con que 22 vehículos de VCP habían sido transferidos a terceras empresas tras la declaración del concurso. Comprobaron que algunas de esas empresas estaban vinculadas a De Cabo Sanz. En julio de 2009 los administradores solicitaron al juez que se requiriera a De Cabo la devolución de cinco vehículos. A la fecha de la presentación del informe, el pasado mayo, la administración concursal considera que faltan por justificar más de 400.000 euros.
lunes, 26 de julio de 2010
Martinsa Fadesa encara la recta final de su concurso
FUENTE: EXPANSION.COM
![[foto de la noticia]](http://estaticos03.expansion.com/imagenes/2010/07/22/empresasinmobiliario/1279804506_0.jpg)
La compañía inmobiliaria Martinsa Fadesa protagonizó ayer el primer paso para finalizar el concurso de acreedores, en el que está inmersa desde hace más de dos años.
El juzgado de lo Mercantil número 1 de La Coruña, responsable del proceso judicial, anunció ayer el fin de la fase común del concurso, después de que los administradores concursales presentasen, el pasado viernes, el inventario y la lista de acreedores definitiva, tras la resolución de 684 alegaciones.
La novedad respecto al anterior convenio está en que abre la puerta a la entrada de los bancos en el accionariado si la empresa no paga
El tribunal establece, a partir de ahora, un plazo de 90 días hábiles para que los acreedores se posicionen a favor o en contra del convenio presentado el 15 de julio por cuatro entidades acreedoras titulares de más del 20% del pasivo ordinario del concurso: Caja Madrid, La Caixa, Banco Popular y Caixa Galicia. Para lograr la aprobación, se requieren adhesiones por un mínimo del 50%.
En él, se propone un calendario de pagos por el que la inmobiliaria propone pagar su deuda íntegra (sin quitas) en un plazo de ocho años, que empezaría a contar en 2012. No obstante, hasta 2014 la amortización sería sólo de entre el 0,25% y el 0,50% del pasivo total. La novedad respecto al anterior convenio es que éste abre la puerta a la entrada de los bancos en el accionariado si Martinsa no paga.
El periodo para alcanzar un acuerdo, tres meses de obligado cumplimiento, expira el próximo 4 de enero de 2011. De aprobarse la propuesta, Martinsa seguiría el camino de otras inmobiliarias como Habitat, que superan el concurso en el que se vieron sumidas tras el estallido de la burbuja.
Según el informe concursal, Martinsa cuenta con activos por importe de 7.264,65 millones de euros y un pasivo de 6.887,58 millones. Desde que entró en concurso, el 14 de julio de 2008, la compañía presidida por Fernando Martín ha suscrito ventas de activos por unos 692,2 millones. Desinversiones que le ha permitido recortar en 548,4 millones sus créditos hipotecarios.
El juez de Seop afirma sentirse avergonzado por los retrasos del proceso
FUENTE: CINCODIAS.COM
El pasado sábado día 19, Carlos Nieto, magistrado titular del Juzgado número 1 de Madrid, se reunía en un hotel de la capital con representantes de 300 empresas acreedoras de Seop. El juez, que hace 24 meses asumió el concurso de la constructora, abandonó el hotel tras recibir los aplausos de la mayoría de los que acudieron: las empresas acreedoras dicen que en dos años nadie les había informado, hasta entonces, de la situación del concurso.
En marzo de 2008 Seop, que aspiraba a convertirse en una de las 10 primeras constructoras del sector en España, solicitaba su entrada en concurso de acreedores. El concurso de Seop tiene consecuencias singularmente dramáticas, porque su deuda es mayor con acreedores comerciales que con entidades financieras, lo que no suele ocurrir en los concursos de empresas inmobiliarias o de construcción. La compañía, que en 2007 se hizo cargo del club de fútbol Racing de Santander, debe 161,8 millones de euros a bancos y cajas de ahorro y 168,4 millones a acreedores comerciales, entre ellos más de 4.000 empresas.
"La reunión se produjo porque el juez quería explicar directamente y sin intermediarios los motivos por los cuales se estaba retrasando el concurso", explican en la Asociación Española de Impagados de la Construcción (Aepic), que está haciendo de interlocutor de las empresas afectadas por el concurso de Seop.
El juez "dijo que se avergonzaba de la situación y que está haciendo todo lo que está en su mano para acelerar el proceso", recuerdan en Aepic. "El concurso no avanza porque se encuentra colapsado en su fase común, debido a las 564 impugnaciones interpuestas por 543 abogados personados", comentan en la asociación, que reclama más medios para el juzgado. "Lo único que puede acelerar el proceso y dar esperanzas a las más de 4.000 empresas afectadas es que las medidas de refuerzo aprobadas empiecen a funcionar a partir de septiembre", indican. Las medidas de refuerzo aludidas son las aprobadas en abril de 2009 por el Consejo General del Poder Judicial: la incorporación de un juez especialista, un secretario judicial y seis oficiales de apoyo al juzgado. El Ministerio de Justicia y la Comunidad de Madrid son los encargados de hacer realidad esas medidas.
330 millones de deuda, la mitad con proveedores
La deuda de Seop asciende a 330,3 millones de euros, según datos aportados por Aepic. De esa cantidad, 161,8 millones corresponde a entidades financieras y 168,4 millones a acreedores comerciales (más de 4.000 empresas). En Madrid, las empresas afectadas son 883; 273 en Barcelona; 205 en Cantabria; 191 en Málaga y 170 en Sevilla. Hay más de 60 empresas acreedoras de Seop en Salamanca y Murcia (62); Asturias (67); Navarra (69); Granada (71); Valencia (72); Burgos (83); Guadalajara (103); Toledo (104); Alicante (148) y Valladolid (162). La deuda de Seop con acreedores comerciales incluye 4,5 millones de deuda con administraciones públicas; 9,6 millones de anticipos por obra; 26,4 millones de retenciones; 102,9 millones pendientes de pago y 24,6 millones pendientes de pago a proveedores.
miércoles, 21 de julio de 2010
Suspende pagos la empresa del presidente de la patronal valenciana del metal
FUENTE: LEVANTE-EMV.COM
JORDI CUENCA VALENCIA Cromados Lafuente, la empresa del presidente de la patronal valenciana del metal Femeval, Vicente Lafuente, presentó el pasado mes de abril un concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos), que acaba de ser aceptado por un juzgado de Valencia, según confirmó ayer a este diario el también vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio. El concurso es la consecuencia directa de la crisis de demanda en el mercado nacional y el cierre del grifo por parte de las entidades financieras, según el empresario. Cromados Lafuente, tal como avanzó este diario, presentó el pasado mes de enero un expediente de empleo a diez de sus veintiún trabajadores con el que intentó acompasar su plantilla a la caída de la producción.
Según Lafuente, este objetivo se ha conseguido, hasta el punto de que, con la mitad de empleados, "estamos manteniendo la facturación". A esta mejora ha contribuido de forma especial el hecho "de que nos han entrado buenos pedidos desde el extranjero". El presidente de la patronal del metal se mostró satisfecho por haber tomado la decisión de pedir el concurso, porque la empresa, ya gestionada por un administrador concursal, "ha mejorado con estas medidas y ahora veo que será viable, cosa que tal vez no habría sucedido si hubiera presentado la suspensión de pagos a finales de este año". Cromados Lafuente, dedicada al recubrimiento de piezas de iluminación, accesorios de baño y mobiliario, tiene, según su propietario, "una deuda pequeña, con muy poco con la banca y los proveedores". La parte sustancial corresponde al Fondo de Garantía Salarial, por el ERE, que "la descapitalizó".
JORDI CUENCA VALENCIA Cromados Lafuente, la empresa del presidente de la patronal valenciana del metal Femeval, Vicente Lafuente, presentó el pasado mes de abril un concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos), que acaba de ser aceptado por un juzgado de Valencia, según confirmó ayer a este diario el también vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio. El concurso es la consecuencia directa de la crisis de demanda en el mercado nacional y el cierre del grifo por parte de las entidades financieras, según el empresario. Cromados Lafuente, tal como avanzó este diario, presentó el pasado mes de enero un expediente de empleo a diez de sus veintiún trabajadores con el que intentó acompasar su plantilla a la caída de la producción.
Según Lafuente, este objetivo se ha conseguido, hasta el punto de que, con la mitad de empleados, "estamos manteniendo la facturación". A esta mejora ha contribuido de forma especial el hecho "de que nos han entrado buenos pedidos desde el extranjero". El presidente de la patronal del metal se mostró satisfecho por haber tomado la decisión de pedir el concurso, porque la empresa, ya gestionada por un administrador concursal, "ha mejorado con estas medidas y ahora veo que será viable, cosa que tal vez no habría sucedido si hubiera presentado la suspensión de pagos a finales de este año". Cromados Lafuente, dedicada al recubrimiento de piezas de iluminación, accesorios de baño y mobiliario, tiene, según su propietario, "una deuda pequeña, con muy poco con la banca y los proveedores". La parte sustancial corresponde al Fondo de Garantía Salarial, por el ERE, que "la descapitalizó".
sábado, 17 de julio de 2010
La plantilla de Marsans pide un plan de futuro
FUENTE: LEVANTE-EMV.COM
El juzgado declara la insolvencia de la filial viajes crisol. Trabajadores de Marsans de Valencia, donde trabajan 60 empleados, se concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento para protestar por la situación de la compañía en concurso de acreedores. El personal reclama un plan de viabilidad y que la compañía clarifique el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado, que reducirá la plantilla total en un 1.300 empleos. Ayer se produjeron concentraciones en otras ciudades. Por otro lado, un juzgado ha declarado el concurso de Viajes Crisol, filial de Marsans, con un pasivo de más de 10 millones de euros.
Manifestación de los trabajadores de Marsans
FUENTE: ELPERIODICOMEDITERRANEO.COM
Unos 900 empleados de Viajes Marsans participaron ayer en una movilización celebrada en varias ciudades, entre ellas, Madrid (foto) para exigir el cobro de las nóminas y denunciar la venta fraudulenta del grupo
Unos 900 empleados de Viajes Marsans participaron ayer en una movilización celebrada en varias ciudades, entre ellas, Madrid (foto) para exigir el cobro de las nóminas y denunciar la venta fraudulenta del grupo
Marsans empieza a pagar una parte mínima de las nóminas
FUENTE:CINCODIAS.COM
La administración concursal de Marsans ha autorizado el pago de unos 500.000 euros para las nóminas de junio de los 2.000 empleados de la división de viajes del grupo, que aún no han cobrado nada. Esta cantidad viene a ser sólo la sexta parte de los tres millones de euros que cada mes tiene que abonar a los trabajadores. Posibilitum, propietaria de Marsans, confirmó ayer que el pago parcial se realizará antes del próximo lunes.
Trabajadores de Marsans se manifestaron ayer en distintas ciudades de España para exigir el pago de sus salarios, la presentación del expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por Posibilitum y del plan de viabilidad comprometido por la empresa. En Madrid, varios cientos de manifestantes protestaron ante la sede de la CEOE, que preside Gerardo Díaz Ferrán. Éste y su socio, Gonzalo Pascual, vendieron el 10 de junio la compañía a Posibilitum.
Fuentes sindicales de CNT y UGT, mayoritarios en el comité de empresa, mostraron su convencimiento de que Díaz Ferrán y Pascual siguen supervisando el día a día de Marsans, en cuya sede han sido vistos en las últimas semanas en varias ocasiones.
Según CNT, hay unos 15.000 clientes de Marsans que aún no han recuperado sus depósitos, por lo que tendrán que acudir al concurso de acreedores si pretenden recuperar el dinero.
En UGT dudan del interés ninguno por parte de Posibilitum de reflotar Marsans. El sindicato piensa que, aunque se haya recuperado la licencia de la filial Viajes Atenea para emitir billetes de avión, esto no sirve de nada si no hay acuerdo con las principales aerolíneas.
Por otro lado, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha declarado el concurso necesario de Viajes Crisol, otra de las filiales del grupo Marsans.
El juez declara el concurso de acreedores de Viajes Crisol, filial de Marsans
FUENTE:EXPANSION.COM
El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha declarado el concurso necesario de acreedores (antigua suspensión de pagos) a Viajes Crisol, perteneciente al Grupo Marsans, como había solicitado la empresa Mapa Tours, según un auto publicado hoy.
La titular del Juzgado, Ana María Gallego, ha decidido que Posibilitum, la sociedad que compró el grupo el pasado 10 de junio, conserve las facultades de gestión.
El pasado 25 de junio este mismo juzgado declaró en concurso necesario de acreedores a Viajes Marsans y nombró a los tres administradores concursales que se harán cargo de ambos procedimientos: el abogado y ex juez mercantil Edorta Etxarandio, el economista Rafael Martín y Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que representará a los acreedores.
Los concursos bloquean 21.000 millones de euros
FUENTE:EXPANSION.COM
El Colegio de Registradores de la Propiedad ha remitido a la Comisión encargada de reformar la Ley Concursal una propuesta encaminada a ofrecer más garantías a los acuerdos de refinanciación.
Así lo anunciaron ayer el decano de la institución, Alfonso Candau, y el Director del Centro de Estudios Registrales, Luis del Pozo, durante la presentación en Santander de la Estadística Concursal 2009.
Según dicha estadística, el 90% de los concursos acabó en liquidación. Asimismo, se ha constatado que el crecimiento (97%) de los concursos sigue siendo “espectacular” lo que, a juicio de Del Pozo, supone que “estamos llegando al techo de saturación de la capacidad de tramitación de los juzgados mercantiles”. Ello, unido a que los concursos tienen bloqueado un volumen de masa pasivo de 21.000 mil millones de euros, hace obligado potenciar las herramientas que permitan a las empresas llegar a acuerdos extrajudiciales que eviten el estigma del concurso así como la viabilidad de la compañía.
La estadística concursal registral recoge por primera vez los acuerdos de refinanciación inscritos durante 2009 que han llegado a la cifra de 90, implicando a pasivos por valor de unos quince mil millones de euros. Ello implica, según explicó Del Pozo, que las sociedades que hacen uso de este mecanismo son de gran tamaño y por lo general muy apalancadas y con fuerte presencia de créditos a corto plazo.
Pese a que este instrumento –con el que el regulador ha abierto el camino a una posible alternativa preconcursal a las empresas con dificultades para atender los contratos de financiación– está funcionando bien, los registradores estiman que debe mejorarse.
Del Pozo apuntó a que la futura reforma de la Ley Concursal debería contemplar la refinanciación de los grupos de empresa y definir mejor la responsabilidad del experto, entre otras cuestiones. Asimismo, desde el Colegio de Registradores proponen que se otorgue a los acuerdos de refinanciación el mismo plazo de gracia que el artículo 5.3 contempla para el deudor concursado.
Finalmente, ante el crecimiento de los concursos de persona física –consumidor o empresario individual– Del Pozo precisó que sería convienente habilitar un sistema específico para su tratamiento. Sobre esta cuestión señaló que “si queremos que los juzgados de lo mercantil no se colapsen sería necesario sacarlos de la regulación concursal”.
Sacresa protagoniza la tercera mayor quiebra de la historia empresarial española
FUENTE:EXPANSION.COM
Sacresa protagoniza la tercera mayor quiebra de la historia empresarial española. El Juzgado mercantil número 2 de Barcelona ha declarado hoy en concurso voluntario de acreedores a cuatro sociedades de Sacresa, inmobiliaria controlada por la familia Sanahuja, que suman una deuda de 2.634 millones de euros.
Esta inmobiliaria solicitó la suspensión de pagos el pasado 28 de junio, tras agotar sin alcanzar un acuerdo el plazo legal de cuatro meses con que contaba para pactar con la banca la refinanciación de su deuda.
La sociedad Sanahuja Escofet Inmobiliaria soporta un pasivo exigible de 537,9 millones; Cresa Patrimonial tiene una deuda de 686,6 millones; Sacresa Terrenos Promoción, de 1.059,6 millones, y Sacresa Terrenos 2, de 350,8 millones de euros, según consta en los autos dictados por el juez.
Estas cuatro empresas en concurso suponen el 70% del negocio del grupo Sacresa, que cuenta con un total de diez sociedades, explicaron a Europa Press en fuentes de la inmobiliaria.
El tercer mayor pinchazo
El concurso de la inmobiliaria catalana es el tercero mayor de la historia empresarial española, tras los de las también inmobiliarias Martinsa, que se declaró en concurso con un pasivo de unos 7.000 millones de euros, y Habitat (2.800 millones).
El auto constata que la inversión del grupo Sacresa en Metrovacesa, sociedad de la que la firma de la familia Sanahuja fue primer accionista, exigió un esfuerzo financiero muy importante con recursos facilitados por diversas entidades bancarias. Con la llegada de la crisis, el pasivo bancario ha resultado "inasumible", a pesar de que el grupo Sacresa continúa con su actividad tradicional de promoción de vivienda residencial, asegura el texto.
Al presentar el concurso, Sacresa defendió que ha elaborado un plan de viabilidad que considera "la mejor solución" para afrontar su actual situación de insolvencia y en cuya ejecución confía para superar el concurso "lo antes posible".
"No podemos vender nada. La empresa va a quebrar"
FUENTE: CINCODIAS.COM
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Laura Gonzalo, empleada de una oficina de Viajes Marsans en la estación de Atocha, en Madrid.. "No podemos vender nada. La empresa va a quebrar" - CINCO DÍAS
Luces apagadas, un cartel que pone cerrado y una empleada que habla por el móvil en el interior. "Está cerrado", explica. Pero se levanta y abre la puerta. "Hola, buenos días, quería información sobre un crucero para agosto". La empleada responde: "Esto es Viajes Marsans. No podemos dar información porque no podemos vender ningún producto. La empresa seguramente vaya a quebrar". "Pero ¿la situación es transitoria?", insiste el interesado. "No, no, lo más probable es que la empresa vaya a la quiebra", explica la empleada mientras cierra la puerta y se pierde nuevamente por el interior de la oficina.
Los aproximadamente 2.000 empleados de Viajes Marsans siguen ocupando día a día sus puestos de trabajo, aunque hace meses que apenas hay actividad. Desde el mes de abril, la compañía no puede vender billetes y ahora ultima un ERE que afectará a cerca del 70% de la plantilla, que hoy está convocada a la huelga.
"Le comento", explica una empleada de una oficina de Viajes Marsans cuando se le pregunta por un crucero, "no estamos operativos, la empresa está en concurso de acreedores y no podemos dar información ni vender". "¿Esto es transitorio?". "No. Desgraciadamente llevamos así bastante tiempo y encima no nos pagan", comenta otra trabajadora de la misma oficina.
Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual comunicaron la venta, por 600 millones de euros, de Marsans a la sociedad Posibilitum el 10 de junio. La firma compradora está controlada por empresarios especializados en quiebras y liquidaciones. El mismo día que compraron Marsans solicitaron el concurso de acreedores para Viajes Marsans.
"Lo vemos muy mal. No pagan, no hay dinero", explicaban ayer dos trabajadoras de Marsans a las puertas de Edificio Pórtico, la sede corporativa del grupo, en Madrid. En la plantilla no cala el presunto interés en reflotar el negocio que tienen los nuevos dueños. "Lo fundamental para recuperar la normalidad es pagar a la IATA y eso no lo han hecho. Han recuperado la licencia de Viajes Atenea pero la web no funciona", comentaba ayer una trabajadora.
Laura Gonzalo y Sara Casino, empleadas de Marsans desde hace 10 y 6 años respectivamente, han colocado un saco de dormir en la oficina que Viajes Marsans tiene en la estación de Atocha de Madrid, donde trabajan. De vez en cuando una de las dos se tumba en el saco tratando así de llamar la atención de los transeúntes sobre la situación de los empleados de la agencia de viajes. "Venimos todos los días porque no podemos ausentarnos de nuestro puesto de trabajo, sería despido procedente, pero no hacemos nada", comentan. "Hemos estado dando la cara por la empresa ante los clientes, les decíamos que esto se iba a arreglar para que adelantaran el pago de sus vacaciones, y mira". "No nos han pagado la nómina de junio, no esperamos que nos paguen la de julio y nadie nos dice nada", se quejan. Además añaden que "por convenio" no pueden iniciar las vacaciones hasta el mes de agosto. "Mi familia me está ayudando, dicen que están orgullosos de mí", comenta Laura mientras muestra una fotografía de sus dos hijos pequeños en la que se lee: "Quiero que paguen a mi mami".
Varios de los empleados de Marsans consultados en los últimos días manifiestan sus sospechas de que los anteriores propietarios del grupo, Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, siguen manejando la compañía, y que la venta a la firma Posibilitum no fue tal. "Vienen casi todos los días a Pórtico el edificio sede de Marsans", dicen. "Entran por el garaje, van con guardaespaldas y mientras están ellos el edificio ningún empleado puede acceder a las tres últimas plantas", aseguran.
Desde la compañía, los portavoces remiten a los comunicados oficiales enviados por Marsans. Sobre la negociación del ERE y el pago de la nómina de junio insisten en que se está estudiando y que posiblemente "muy pronto" se pueda decir algo al respecto.
Uno de los empleados de Viajes Marsans inicia el ordenador de su oficina. "Aquí todos los trabajadores del grupo tenemos asignados un número", comenta. "El primero es el de Iván Losada uno de los directivos de Posibilitum", dice. "Los dos siguientes números, el 11858 y el 11859, no tienen asignados ningún nombre, todos creemos que corresponden a Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual".
jueves, 8 de julio de 2010
Bancaja recurre la sentencia sobre la deuda de Martinsa
FUENTE: CINCODIAS.COMBancaja ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña por la que se califica su deuda de 230 millones de euros con Martinsa Fadesa como crédito subordinado, informó un portavoz de la entidad.
Los créditos subordinados son los últimos en cobrarse en el proceso concursal de una compañía y son aquellos que responden a personas especialmente relacionadas con el deudor. Bancaja ocupaba un puesto en el consejo de administración de Martinsa Fadesa desde mediados de 2007 y superó el 5% del capital de la inmobiliaria, que solicitó concurso de acreedores en julio de 2008 con 7.000 millones de deuda. Según el portavoz de Bancaja, la entidad ya había provisionado la deuda con Martinsa Fadesa.
El juez Pablo González Carreró estimó parcialmente en su sentencia sobre el crédito de Bancaja la demanda de un grupo de 70 acreedores representados por el despacho Iure. "La sentencia supone un importante beneficio para los acreedores ordinarios en el concurso de Martinsa Fadesa, ya que se ha minorado en 230 millones el importe de los créditos ordinarios, aumentando así las perspectivas de cobro de los otros acreedores", indicó en un comunicado el despacho de abogados.
Bancaja, la última de la fila para cobrar de Martinsa
FUENTE: LEVANTE-EMV.COM
Mercantil número 1 de A Coruña ha decidido colocar a Bancaja a la cola de las posibilidades de cobro en el procedimiento por insolvencia de Martinsa-Fadesa, con lo que no podrá recibir cerca de 230 millones que le adeuda la inmobiliaria hasta que cobre el resto de los acreedores.
Así figura en una sentencia fechada el 28 de junio, en la que el juez Pablo González Carreró estima parcialmente la demanda de un grupo de acreedores representados por el despacho Iure Abogados, que habían pedido que se subordinaran las deudas de Bancaja porque esta conocía los problemas financieros que llevaron al grupo a presentar el concurso de acreedores, en su calidad de accionista y consejero.
El juez admite que la caja valenciana era una "persona especialmente relacionada" con Martinsa, ya que fue nombrada miembro del consejo de administración el 27 de junio de 2007 y alcanzó el 5,975% del capital de la compañía cotizada en bolsa.
La Ley Concursal, la que rige los procedimientos de empresas insolventes, establece que en cualquier caso serán considerados como subordinados los créditos de "las personas especialmente relacionadas con el deudor".
Entre ellas cita a "los socios que sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial".
Por tanto, aplica las normas de subordinación de créditos que establece la Ley Concursal, que en concreto impone ese castigo a las deudas que hayan pasado a la titularidad del nuevo acreedor con posterioridad al momento en que tiene legalmente la condición de persona especialmente relacionada con la empresa deudora.
Así, ordena que se subordinen los importes que Martinsa-Fadesa empezó a deber a Bancaja después de que entrara a formar parte de su consejo de administración, es decir, los procedentes del crédito sindicado que se concedió a Fernando Martín para comprar la inmobiliaria gallega y que se renegoció en mayo de 2008.
El juez reconoce, no obstante, que cuando se negoció y firmó ese préstamo en febrero de 2007, "Bancaja no intervino en modo alguno y no pudo desplegar ninguna influencia puesto que por entonces no era consejera, ni de Martinsa ni de Fadesa, y no había adquirido tampoco la participación accionarial en Martinsa que tomó en marzo de 2007".
González-Carreró rechaza en cualquier caso subordinar los importes que Martinsa-Fadesa debe a la promotora de la caja valenciana, Bancaja Habitat, que superan los 53 millones de euros.
"Que se trate de una entidad del grupo Bancaja no quiere en modo alguno decir que haya sido utilizada fraudulentamente por la cabecera del grupo para amparar sus créditos ante la eventualidad de la insolvencia de Martinsa-Fadesa", señala la sentencia.
Añade que "la mera existencia de un grupo de empresas no permite, por sí sola, presumir finalidades espurias ni establecer comunicación de responsabilidades en cualquier ámbito".
En un comunicado, Iure Abogados sostiene que la sentencia supone un importante beneficio para los acreedores ordinarios en el concurso de Martinsa Fadesa, como los compradores de vivienda, ya que "aumenta así sus perspectivas de cobro".
La administración concursal valoraba el activo de la empresa en 7.336,9 millones de euros, con los que tenía que hacer frente a deudas por 7.155,9 millones de euros.
De esa cantidad, 1.827,6 millones son créditos privilegiados (se pagan con prioridad), 4.361,7 millones son créditos ordinarios y 542,7 millones eran calificados como subordinados, a los que ahora habrá que añadir los 230 millones de Bancaja.
Así figura en una sentencia fechada el 28 de junio, en la que el juez Pablo González Carreró estima parcialmente la demanda de un grupo de acreedores representados por el despacho Iure Abogados, que habían pedido que se subordinaran las deudas de Bancaja porque esta conocía los problemas financieros que llevaron al grupo a presentar el concurso de acreedores, en su calidad de accionista y consejero.
El juez admite que la caja valenciana era una "persona especialmente relacionada" con Martinsa, ya que fue nombrada miembro del consejo de administración el 27 de junio de 2007 y alcanzó el 5,975% del capital de la compañía cotizada en bolsa.
La Ley Concursal, la que rige los procedimientos de empresas insolventes, establece que en cualquier caso serán considerados como subordinados los créditos de "las personas especialmente relacionadas con el deudor".
Entre ellas cita a "los socios que sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial".
Por tanto, aplica las normas de subordinación de créditos que establece la Ley Concursal, que en concreto impone ese castigo a las deudas que hayan pasado a la titularidad del nuevo acreedor con posterioridad al momento en que tiene legalmente la condición de persona especialmente relacionada con la empresa deudora.
Así, ordena que se subordinen los importes que Martinsa-Fadesa empezó a deber a Bancaja después de que entrara a formar parte de su consejo de administración, es decir, los procedentes del crédito sindicado que se concedió a Fernando Martín para comprar la inmobiliaria gallega y que se renegoció en mayo de 2008.
El juez reconoce, no obstante, que cuando se negoció y firmó ese préstamo en febrero de 2007, "Bancaja no intervino en modo alguno y no pudo desplegar ninguna influencia puesto que por entonces no era consejera, ni de Martinsa ni de Fadesa, y no había adquirido tampoco la participación accionarial en Martinsa que tomó en marzo de 2007".
González-Carreró rechaza en cualquier caso subordinar los importes que Martinsa-Fadesa debe a la promotora de la caja valenciana, Bancaja Habitat, que superan los 53 millones de euros.
"Que se trate de una entidad del grupo Bancaja no quiere en modo alguno decir que haya sido utilizada fraudulentamente por la cabecera del grupo para amparar sus créditos ante la eventualidad de la insolvencia de Martinsa-Fadesa", señala la sentencia.
Añade que "la mera existencia de un grupo de empresas no permite, por sí sola, presumir finalidades espurias ni establecer comunicación de responsabilidades en cualquier ámbito".
En un comunicado, Iure Abogados sostiene que la sentencia supone un importante beneficio para los acreedores ordinarios en el concurso de Martinsa Fadesa, como los compradores de vivienda, ya que "aumenta así sus perspectivas de cobro".
La administración concursal valoraba el activo de la empresa en 7.336,9 millones de euros, con los que tenía que hacer frente a deudas por 7.155,9 millones de euros.
De esa cantidad, 1.827,6 millones son créditos privilegiados (se pagan con prioridad), 4.361,7 millones son créditos ordinarios y 542,7 millones eran calificados como subordinados, a los que ahora habrá que añadir los 230 millones de Bancaja.
viernes, 2 de julio de 2010
La Audiencia Provincial abre el camino para declarar culpable el concurso de Nozar
FUENTE: CINCODIAS.COM
El concurso de Nozar dio ayer un vuelco al anunciar la Audiencia Provincial de Madrid que el concurso del grupo no debe ser declarado voluntario, como lo fue en septiembre de 2009, sino necesario.
Avalatransa, sociedad acreedora de Nozar, representada por el despacho madrileño Osorio & Asociados, instó el concurso del grupo de la familia Nozaleda en 2008, pero el juez del juzgado de lo mercantil de Madrid desestimó su demanda. Sin embargo, en septiembre de 2009 Nozar, defendido por el despacho internacional Ashurst, admitió su insolvencia y se declaró en concurso voluntario. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid otorga la razón a Avalatransa en su demanda de 2008.
Nozar argumentó para evitar la declaración de concurso necesario que a pesar de la situación crítica en la que se encontraba estaba negociando la refinanciación de la deuda con la banca acreedora, y que la demanda de Avalatransa afectó negativamente a esas negociaciones.
En el auto de la Audiencia Provincial se manifiesta que "la no reclamación en un momento dado de la deuda vencida por parte de los bancos (...) no significa que ésta haya dejado de resultar exigible". Y añade que Avalatransa "estaba en su derecho de promover el concurso ante el sobreseimiento en los pagos que pudo constatar en que estaba incurriendo su deudora Nozar".
La declaración de concurso necesario puede provocar la retirada de la administración de la compañía de sus propietarios, que serían sustituidos por otros nombrados por el juez. La ley concursal otorga al magistrado amplio margen de actuación en este sentido y dada la situación de crisis actual pocos jueces deciden retirar de la administración a los propietarios de una empresa en concurso.
Una vez declarado como necesario el concurso podría ser declarado culpable. La ley concursal presume la existencia de culpa grave cuando, entre otros supuestos, los administradores hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso. En su auto la Audiencia Provincial dice que en su opinión Nozar, en noviembre de 2008, "estaba incursa en un sobreseimiento generalizado en el cumplimiento de sus obligaciones". El concurso necesario permite actuar contra el patrimonio de los propietarios.
martes, 29 de junio de 2010
Preocupación entre los clubes por la insolvencia de Mediapro
FUENTE: CINCODIAS.COM
La situación de Mediapro, que ha solicitado el concurso de acreedores al encontrarse en situación de "insolvencia inminente", ha suscitado una seria preocupación en la Liga y en todos los clubes de fútbol. En los próximos meses, los equipos deben recibir importantes cantidades de dinero del grupo que dirigen Jaume Roures y Tatxo Benet que son claves para su estabilidad y funcionamiento.
Según los últimos datos remitidos al Registro Mercantil, al cierre de 2008 la productora acumulaba unas obligaciones de pago de 2.583 millones de euros por derechos audiovisuales de eventos deportivos hasta la temporada 2014-2015.
El problema para los clubes es que, si no tienen dinero para pagar a sus jugadores antes del 31 de julio, podrían verse abocados al descenso de categoría. En la actualidad, según ha publicado el diario As, sólo tres clubes tienen avalados sus contratos en caso de que no reciban el dinero de Mediapro: Real Madrid, Atlético de Madrid y Getafe.
En marzo, el Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid estimó, de forma íntegra, la demanda interpuesta por Audiovisual Sport (AVS) contra Mediapro por incumplir el contrato firmado en julio de 2006 para que AVS (participada al 80% por Sogecable) explotara los derechos audiovisuales del fútbol en Primera y Segunda División de las temporadas 2006-2007 a la 2008-2009.
La juez condenó a Mediapro a entregar los derechos de los clubes a AVS y a pagar 104,9 millones de indemnización. El 9 de junio, AVS solicitó la ejecución de la sentencia, lo que ordenó la juez el día 21. Un día después, se aprobó el concurso de acreedores de Mediapro, solicitado al no poder hacer frente al pago de la indemnización. La situación concursal de la productora (con más de 800 acreedores) ha paralizado la ejecución de la sentencia.
Marsans acude a la ley concursal para no pagar 700.000 euros al mes
FUENTE:CINCODIAS.COM
Los nuevos dueños de Marsans -la firma especializada en quiebras Posibilitumm- han solicitado concurso de acreedores para Parque Pórtico, la sociedad que gestiona el cobro y pago del alquiler de la sede del grupo de viajes, el edificio Pórtico, en Madrid, informan fuentes jurídicas. El equipo de Ángel de Cabo Sanz evita así que el fondo alemán propietario del inmueble, Union Investment, ejecute las garantías aportadas en su día por Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual.
Los dos empresarios, que este mes anunciaron el traspaso del grupo a De Cabo Sanz, vendieron a finales de 2008 el edificio Pórtico al fondo alemán. Según distintas fuentes consultadas, el precio de venta osciló entre los 70 y los 120 millones de euros. La operación de venta fue un acuerdo de sale&lease back, es decir, que el vendedor aseguraba las rentas de alquiler al comprador al comprometerse a mantenerse como inquilino durante un determinado número de años.
Marsans accedió, aseguran las fuentes consultadas, al pago mensual de una renta por ocupar su sede de 700.000 euros al mes. Las mismas fuentes explican que Marsans "lleva meses" sin pagar el alquiler y que el fondo alemán podría haber forzado la ejecución de las garantías ofrecidas en la venta de Pórtico y provocar el desahucio del grupo español.
Sin embargo, la maniobra legal de los nuevos propietarios de Marsans, solicitar concurso para Edificio Pórtico, evita que el fondo alemán pueda ahora recuperar los alquileres no pagados y los restantes que tendría que aportar Marsans. La solicitud de concurso dilata las negociaciones e imposibilita el cobro de las deudas a corto plazo. "Ahora el fondo alemán tendrá que negociar la recuperación de los alquileres en un contexto de concurso", indicaron las fuentes consultadas. El fondo alemán, con sede en Hamburgo, no ha querido comentar esta información.
Según fuentes del mercado, Union Investment se ha planteado en los últimos meses presentar una demanda de desahucio contra el grupo Marsans, pero este aspecto no ha podido tampoco ser confirmado.
En el sector turístico se explica que Marsans accedió a la operación de venta de su sede a finales de 2008 cuando comenzaron a aparecer los primeros síntomas serios de tensiones de liquidez en el grupo propiedad entonces de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual. Las mismas fuentes sostienen que la contrapartida a la inyección de liquidez fue asumir una renta anual muy elevada que finalmente no ha podido asumir.
Los nuevos propietarios de Marsans prevén que los empleados del grupo se trasladen a otro edificio antes de que termine el verano, posiblemente tras haber culminado un ERE que puede afectar hasta el 70% de la plantilla (cerca de 1.500 personas).
El edificio Pórtico está situado a la altura del kilómetro 7 de la autopista M-40 de Madrid. Está ubicado en el área del Campo de las Naciones, una de las zonas de implantación de algunas de las grandes empresas españolas.
El recurso al 'sale & lease back' se extiende
Las operaciones inmobiliarias de sale & lease back, aquellas en las que el comprador obtiene el compromiso del vendedor de quedarse como inquilino del inmueble vendido, han sido las que más han activado el mercado de oficinas español en los últimos dos años. Grandes grupos financieros y empresariales del país han vendido sus sedes u oficinas bancarias a fondos de inversión a cambio de quedarse como inquilinos, y en algunos casos firmando una opción de recompra. BBVA acordó a través de esta fórmula la venta de 948 inmuebles (en su mayoría de oficinas) al fondo inmobiliario Deutsche Bank RREEF Alternative Investment por 1.154 millones de euros el pasado año. Previamente, Santander empleó el mismo sistema para vender sus inmuebles, incluida la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte, por unos 2.000 millones. Otras entidades financieras como Banco Pastor, Sabadell o Popular también han acudido a esta fórmula. Compañías como Prisa o Ferrovial también han cedido sus inmuebles a fondos manteniéndose como inquilinos.
En el segmento hotelero, las operaciones de sale & lease back se han reproducido también en los últimos meses. Compañías como Sol Meliá o Confortel han vendido hoteles en Madrid y se han quedado posteriormente como inquilinos. Una de las operaciones más importantes fue la venta del Meliá Princesa, que compró BBVA por 87,8 millones de euros, con 50,1 millones de plusvalía a finales de julio de 2009. La hotelera mallorquina hizo caja pero firmó un contrato de alquiler por doce años con una cláusula de preferencia sobre la compra.
Confortel hizo lo propio también en 2009 son el Confortel Suites y no descarta repetir esta fórmula en el futuro con algún otro de sus hoteles que tiene en propiedad.
La última operación de este tipo ha sido la venta del hotel Abba Castilla Plaza de Madrid por 33 millones de euros. El acuerdo alcanzado por Abba con los compradores del establecimiento (un conjunto de inversores liderados por el grupo Milenium) incluye una opción de recompra después de diez años.
La cifra
1.500 es el número de empleados que podrían verse afectados por el ERE que planea Marsans.
Sacresa presenta concurso de acreedores y protagoniza la tercera mayor quiebra de una inmobiliaria
FUENTE:CINCODIAS.COM
El grupo no ha logrado conseguir el apoyo de la banca para refinanciar su deuda. La quincena de entidades a las que la familia Sanahuja adeuda unos 1.600 millones no ha considerado creíble el plan de viabilidad presentado por la familia, que preveía ceder a la banca activos valorados en más 1.000 millones de euros, una quita del 30% en la deuda que no cuenta con garantía hipotecaria y un periodo de carencia de cinco años para todos los pagos.
Según el plan de viabilidad, los Sanahuja cedían a la banca casi todos sus activos inmobiliarios, y retenían la nuda propiedad del centro comercial Magic Badalona, unos terrenos para promover viviendas junto a Finestrelles y la sociedad patrimonial propiedad de la Illa Diagonal.
La banca ha considerado que la deuda que retenía el grupo tenía escasas posibilidades de ser pagada, por lo que el acuerdo no evitaría la presentación del concurso en un par de años. Asimismo, se ha negado a dar nuevos créditos al grupo, sin los que no podía llevar a cabo las promociones previstas en los terrenos que retenía, según el rotativo.
En marzo, el grupo se declaró insolvente para negociar la reducción de su deuda antes de verse abocada a presentar concurso de acreedores. El juzgado mercantil número 2 de Barcelona admitió a trámite la declaración de insolvencia.
La deuda procede de la lucha de los Sanahuja por tomar el control de Metrovacesa entre 2006 y 2008, lo que les llevó a acumular un endeudamiento superior a los 5.000 millones.
RBS, Hacienda y la Generalitat, principales afectados de la quiebra de Sacresa
FUENTE: EXPANSION.COM
El grupo inmobiliario Sacresa ha presentado esta mañana concurso voluntario de acreedores en el Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona con un pasivo bancario superior a los 1.500 millones de euros. La entidad británica Royal Bank of Scotland, Hacienda, la Generalitat y una lista de 25 bancos y cajas son los principales afectados.
La empresa propiedad de la familia Sanahuja, que comunicó al juez su situación de insolvencia el 19 de febrero, agotó su plazo de negociación con la banca y tenía de plazo hasta hoy a las 15 horas para presentar concurso voluntario de acreedores.
El Juzgado ha confirmado que los abogados de Sacresa ya han presentado la solicitud del concurso. En los próximos días el juez decidirá si admite a trámite el concurso voluntario de acreedores.
Fuentes oficiales de la compañía indicaron la semana pasada que la empresa negociaría con la banca hasta el último momento su plan de viabilidad. La familia Sanahuja estaba dispuesta a ceder a la banca activos valorados en 1.000 millones de euros, que incluían el proyecto inmobiliario de Finestrelles. Su objetivo era reducir deuda y el tamaño de la compañía y centrarse en el negocio residencial en Barcelona.
Su deuda con unas veinte entidades financieras, el Institut Català de Finances, dependiente de la Generalitat, y Hacienda la convierte en la tercera inmobiliaria que ha presentado concurso de acreedores por volumen de deuda, por detrás de Martinsa Fadesa y la también catalana Habitat.
La compañía ha confirmado que el pasivo total de las sociedades afectadas asciende a 1.800 millones de euros. Las sociedades que han solicitado concurso voluntario son: Cresa Patrimonial, Sacresa Terrenos Promoción, Sacresa Terrenos 2 y Sanahuja Escofet Inmobiliaria (Sein).
Según ha informado hoy, Grupo Sacresa "ha venido negociando con sus bancos acreedores una propuesta de refinanciación que a fecha de hoy no ha obtenido el respaldo suficiente).
PRINCIPALES ACREEDORES.
Pese a la solicitud de concurso, representantes de Sacresa y de las principales entidades financieras acreedoras están citados hoy a una reunión para seguir negociando, en un intento para poder retirar el concurso hoy mismo o mañana en caso de acuerdo, explicaron a Europa Press fuentes cercanas a la negociación.
Los principales escollos son unas garantías hipotecarias conjuntas entre varias entidades y la negativa a firmar un acuerdo del principal banco acreedor, RBS, que reclama a Sacresa 318 millones.
Entre el resto de acreedores de la sociedad también figuran Hacienda, con 150 millones, y el Institut Català de Finances (ICF), organismo dependiente de la Generalitat, con 81,3 millones, además de unos 25 bancos y cajas.
viernes, 18 de junio de 2010
La CNMV suspende Indo, que ha presentado concurso de acreedores
Indo no ha podido hacer frente a sus obligaciones y tras 3 años de pérdidas ha presentado y registrado la solicitud de concurso voluntario de acreedores en el Juzgado Mercantil de Barcelona. La compañía ha confirmado esta información a la CNMV después de anunciarlo ayer. Los títulos de la empresa catalana de material óptico permanecen suspendidos en bolsa desde que la CNMV suspendiera su cotización antes de la apertura.
La CNMV, el organismo regulador de los mercados, suspendió su cotización antes de la apertura de la sesión recurriendo a su clásico al "concurrir circunstancias que pudieran alterar la cotización del valor".
A media sesión ha comunicado de forma oficial la presentación y el registro de la solicitud de su concurso voluntario de acreedores, tal y como acordó ayer el El consejo de administración de la empresa, que cotiza en el mercado continuo.
Pidió el concurso para cuatro de sus firmas: Indo International (la matriz), y tres de sus filiales: Indo Equipment Group, Indo Lens Group e Industrias de Óptica. El grupo justificó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su decisión responde a la difícil situación de la empresa y al retraso a la hora de materializar las desinversiones de activos no estratégicos previstos en su plan de negocio. Esto provocó, según el grupo, la imposibilidad de obtener la financiación necesaria para evitar la insolvencia.
Indo llevaba meses en la cuerda floja después de haber presentado unas pérdidas de 10 millones de euros tan sólo en el primer trimestre del año, una cifra que más que duplicaba la anterior. Indo facturó 23 millones de euros en el primer trimestre del año, un 6,5% menos respecto a igual período de 2009. La compañía, fundada por las familias Cottet, Colomer y Garrigosa, atribuyó los resultados a la caída de la venta de gafas en España, así como en los mercados europeos.
El grupo llevaba trimestres encadenando pérdidas. Una situación que engrosó su pasivo tanto a corto plazo como a largo plazo. Indo acumulaba a finales de 2009 un pasivo consolidado con entidades de crédito de 42 millones de euros y las obligaciones con los proveedores sumaban casi 21 millones de euros.
Reducción drástica
El grupo se ha visto inmerso en los últimos meses en un frustrado intento para evitar la disolución. Tras los resultados del primer trimestre, el consejo de Indo aprobó una reducción del capital social en 20,92 millones de euros, hasta dejarlo situado en 1,33 millones de euros. Esto implicó un recorte superior al importe que la compañía captó en agosto de 2008, cuando completó una ampliación de capital por 16,69 millones de euros. Así, el patrimonio neto del grupo se colocó por debajo del 50% del capital social.
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