Los 1.095 del tercer trimestre suponen un 29% más que en el mismo periodo de 2008, pero, por primera vez en dos años, bajan un 36% en tasa intertrimestral
En los nueve primeros meses del año, se registraron 4.380 concursos de acreedores (antiguas suspensiones de pagos), lo que supone un crecimiento del 116,5% respecto a los 2.023 del mismo periodo de 2008, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el tercer trimestre, se produjeron un total de 1.095 deudores concursados, lo que supone un incremento del 29% en tasa interanual. Sin embargo, la tendencia de estos procesos se va desacelerando, ya que esta cifra representa un descenso del 36,6% respecto al trimestre anterior y es la primera vez en los últimos dos años que baja en tasa intertrimestral.
Pe a este descenso, son ya cuatro trimestres consecutivos en los que se superan la cifra de 1.000 concursos, cota que superaron por primera vez en el cuarto trimestre del pasado año.
De los 1.095 deudores concursados de julio a septiembre, 909 corresponden a empresas -tanto personas físicas con actividad empresarial como personas jurídicas- y los 186 restantes son familias que no tienen ninguna actividad empresarial. Estas últimas, pese a bajar un 41% respecto al trimestre anterior, prácticamente duplica la registrada en el mismo periodo de 2008.
La construcción y la promoción inmobiliaria era la actividad del 31,9% de las empresas concursadas, otro 25,9% estaban relacionadas con la industria y la energía, y un 17,4% con el comercio.
Por comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía fueron las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso en el tercer trimestre, dado que acapararon el 52,3% del total.
«Mala imagen»
El presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), Raimon Casanellas, señaló que en otros países de nuestro entorno se acude más al procedimiento concursal que en España, por la «mala imagen» que estos procedimientos tienen históricamente en nuestro país. Casanellas se mostró partidario de una reforma en profundidad de la actual ley, que debería reducir los plazos de la fase común y facilitar la supervivencia de las empresas viables mediante regulaciones normativas que permitan y faciliten la obtención de crédito a estas sociedades.
Fuente : ABC.es
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