Casi diez millones de asuntos ingresarán este año en los tribunales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé que, al finalizar 2009, el número de asuntos ingresados en los tribunales durante el año supere los 9,8 millones, lo que supondrá un aumento del 8,7%, mientras que se habrán resuelto 9,3 millones, un 7,70% más que en 2008.
Son algunas de las previsiones que ha dado a conocer hoy el CGPJ para el presente año durante la presentación del estudio "La Justicia dato a dato" de 200, que pretende ser una "radiografía exhaustiva" de la situación de la Administración de la Justicia en España, según ha manifestado la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo.
El estudio pone de manifiesto un incremento de la carga de trabajo de los tribunales a pesar del cual, ha destacado la portavoz del Poder Judicial, el tiempo de respuesta ha descendido y se sitúa en un límite "razonable". Así, por ejemplo, el tiempo medio que los asuntos civiles están en los Juzgados de Primera Instancia es de 6,9 meses, en los de Familia, de 4 meses, en los Juzgados de lo Mercantil, de 22,9 meses y en las Audiencias Provinciales, de 5,4 meses.
El número de asuntos en trámite quedará al final del presente año en 3,3 millones, un 18,7 por ciento más que en 2008, y se habrán dictado 1,66 millones de sentencias, un 9,60 por ciento más, según estas previsiones. Por jurisdicciones, será la de Penal la que ingrese un mayor número de asuntos, (6,8 millones), seguida de Civil (2 millones), Social (524.210), Contencioso-Administrativo (338.209) y Militar (438).
El año pasado, según el estudio presentado hoy, cerró con 9.048.785 asuntos ingresados y 8.649.663 resueltos. La tasa de litigiosidad (número de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes) se situó en 196 y, por Comunidades Autónomas, son las de Andalucía, Madrid, Canarias y Comunidad Valenciana las más litigantes. Por el contrario, Navarra, País Vasco, Extremadura y Castilla-La Mancha son las que menos litigiosidad presentaron en 2008.
Las autonomías menos "congestionadas" son Navarra, Aragón y el País Vasco, mientras que Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares se encuentran a la cabeza. El número de jueces y magistrados a finales de 2008 ascendió a 4.674 y la tasa por 100.000 habitantes llegó al 9,8, número que se eleva en Asturias hasta el 13,07 frente al 8,14 de Castilla-La Mancha

La abogacía inicia el descenso

El sector crece un 11%, un buen índice que no atenuará la senda bajista por la que se encaminan los bufetes. Garrigues mantiene una posición hegemónica en el mercado legal, con un crecimiento del 14,7%, seguido de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (7%), Uría Menéndez (8,4%), Landwell (23%) y Clifford Chance (0,94%.

El sector de la abogacía inicia la senda del descenso y del estancamiento en el crecimiento de su facturación motivado por el impacto de la crisis económica. Los datos* del ránking que publica EXPANSIÓN este año (ver cuadro adjunto) dibujan la tendencia que se empezó a vislumbrar el año pasado.

La difícil situación económica que atraviesan las empresas –grandes, medianas y pequeñas– se empezó a notar con fuerza en el último trimestre de 2008, momento en el que los despachos recibieron el impacto a través de menos actividad, reducción de honorarios y retraso en el pago. Estas características ya se han asentado con cierta claridad en 2009, lo que presagia la continuación de una tendencia claramente a la baja. De esta forma, se confirma que 2007 marcó un cénit de crecimiento.

Muestras de la época difícil que se inició en 2008 y que están viviendo las firmas es que ya se empiezan a observar crecimientos negativos y en un buen número de incrementos mínimos. Aunque la media de crecimiento del sector se ha situado en un 11,23%, las especiales características de 2008 no hacen aconsejable fijarse mucho en tal índice por una razón esencial: las diferentes fechas de cierre del ejercicio de los despachos, como por ejemplo en meses del año donde la crisis todavía no había hecho su aparición con fuerza (como junio), hace que los crecimientos no hayan sido parejos.

Un ejemplo es el de las firmas jurídicas del grupo de las Big Four, (Landwell-PwC, KPMG Abogados, Deloitte Abogados y Ernst & Young Abogados), que cierran bien en septiembre, junio o mayo. Y esto no es quitarles un mérito que sin duda tienen –todas han crecido dos dígitos–, pero hay que precisarlo para tener un conocimiento real del mercado. De hecho, en los despachos que cierran el ejercicio conforme al año natural, sus crecimientos han sido mucho menores. Son estas firmas las que reflejan realmente cómo está la situación.

El grupo de los cinco primeros despachos permanece invariable. Garrigues mantiene una posición hegemónica en el mercado legal, con un crecimiento del 14,7%, seguido de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (7%), Uría Menéndez (8,4%), Landwell (23%) y Clifford Chance (0,94%). Esta última, junto con Cuatrecasas y Uría, son las firmas del primer grupo que tienen un cierre de año natural y por ello tienen crecimientos menores.

Estos cinco despachos se consolidan como los líderes del mercado legal español y marcan distancias con el resto de la tabla. Una nota positiva de estas primeras cinco firmas es que todas han incrementado o mantenido su número de socios. Si bien es cierto que más despachos situados en puestos inferiores también lo han hecho, no deja de ser un ejemplo para el sector que los cinco primeros (Garrigues, Cuatrecasas, Uría, Landwell y Clifford) hayan marcado esta tendencia.

Donde se han producido más cambios es en la siguiente horquilla de firmas, que ha facturado entre 50 y 70 millones de euros. KPMG Abogados se mantiene en el sexto lugar y Gómez-Acebo & Pombo (este último con cierre de año natural) salta al séptimo lugar (es el único despacho de los diez primeros que sube un puesto).

Barrilero, Baker & McKenzie, Deloitte Abogados y Ernst & Young Abogados forman un grupo compacto entre los 50 y 59 millones de euros. Roca Junyent rebasa los 40 millones de euros y le sigue Cremades & Calvo-Sotelo, con 33.

Es en los siguientes tramos de facturación donde se han producido más cambios que también reflejan el nuevo escenario, con menores crecimientos. Es el caso de Elzaburu (-8,9%), despacho especializado en Propiedad Intelectual e Industrial, o el de DLA Piper (1,35%). CMS Albiñana & Suárez de Lezo sube a los 19 millones de euros, con un 11% de crecimiento (casi cinco puntos menos que el año pasado). La excepción es Ecija, despacho especializado en Nuevas Tecnologías, que ha crecido un destacado 26%. También hay que destacar a Lovells, que rebasa los 20 millones de euros.

Medianos y pequeños
Pero la crisis también se nota en los medianos y pequeños despachos. Éstos crecieron de forma considerable en 2007, pero ahora las tornas han cambiado y los crecimientos claramente han descendido. Sin embargo, el hecho de que mantengan su posición es una muestra de solidez en el mercado. Es el caso de Maniega & Soler, que facturó 11,9 millones de euros (0,99% de subida sobre 2007), Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero, con 10,77 millones (5,58% de crecimiento) y Jones Day, que llega a los 10,3 millones (5,1% más que en 2007). Aquí también hay excepciones, como Lener (antes Legalia), que ha crecido un 16% o Jausas, que alcanza los 10 millones de euros y un crecimiento del 22%.

De este grupo, Práctica Legal decrece un 10% y Pedrosa Lagos crece un 4%.
Es a partir de la horquilla de facturación de menos de diez millones de euros donde se observa también el impacto de la nueva situación. Los crecimientos más habituales no superan el 7%. Es el caso de SJ Berwin (2,9%), JGBR Horwath (1,36%), Monereo Meyer Marinel-lo (2,98%) y Simmons & Simmons Mochales & Palacios (4,54%).

La excepción son aquí Broseta, que ha crecido un 46% por su especialidad en Concursal o Davies Arnold Cooper, firma especializada en seguros, que ha subido un 21,8%. Pero hay también más crecimientos negativos, como el que ha sufrido Alza Abogados & Fiscalistas (-4,24%) o Balms Abogados (-18,16).

Más transparencia
Un aspecto para destacar del ránking de este año es que ha aumentado el número de despachos que han acreditado de forma documental sus cifras de facturación. El año pasado, lo hicieron 24 despachos de la clasificación –ver EXPANSIÓN del 8 de julio de 2008–. Sin embargo, en esta ocasión han acreditado sus resultados 29 bufetes. Sin duda, un avance en la transparencia.

Las previsiones lanzadas el año pasado en el sentido de que comenzaba una etapa difícil para la abogacía se han acercado bastante a los resultados reflejados por el ránking. Si se observa la tendencia del sector legal, se podría decir que también adquiere la condición de cíclico, parejo a la evolución de la economía. Como se puede observar, los años dulces de la abogacía que fueron 2006 y 2007, al calor de las grandes operaciones, han quedado ya realmente atrás. La tendencia hacia el estancamiento e incluso la aparición de crecimientos negativos auguran un escenario realmente complicado.

Muestra de ello es cómo ha empezado el primer semestre de 2009. Integraciones de despachos pequeños y medianos en otros de mayores dimensiones, pocos fichajes y una clara ralentización en la abogacía en general.

* El ránking de EXPANSIÓN recoge los datos de los despachos que han querido enviar la información solicitada. Hay firmas que no aparecen en la tabla y que también son conocidas en el sector que no desean incluir sus datos.

Los concursos crecen un 212% en el primer semestre del año

En los seis primeros meses del año 2009, el número de procesos concursales en España ha superado a todos los realizados en el pasado ejercicio. Entre enero y junio de 2009, el número de concursos creció un 212% alcanzado los 3.106, según se desprende del Baremo Concursal que elabora trimestralmente la firma PricewaterhouseCoopers con datos del BOE.

Según el citado baremo, el dato negativo es que el crecimiento imparable que ha sido la tónica de los últimos meses, lejos de remitir, sigue aumentando. Se convierte así el segundo trimestre de 2009 en el más prolífico en número de concursos (1.726) desde la aprobación de la nueva Ley Concursal. Enrique Bujidos, socio responsable del Área de Reestructuraciones de PricewaterhouseCoopers, afirma que “de continuar esta tendencia será fácil superar los 6.000 concursos a finales de año”

Autonomías y sectores
Por comunidades autónomas, Cataluña es la región que registra un mayor número de concursos en lo que va de año, con 754, con el 24% de los publicados en España. La Comunidad de Madrid es la segunda en la clasificación concursal, con 427 (14%) seguida de la Comunidad Valenciana, con 415 (13%), Andalucía, con 335 (11%), País Vasco, con 159 (5%), Murcia, con 151 (5%) y Galicia, con 148 (5%)

Por sectores, los de construcción e inmobiliario siguen siendo los que más peso tienen en la distribución de los concursos. En los seis primeros meses de este año acapararon el 36% del total, con 1.116 procedimientos. Le siguieron el sector industrial -400 concursos (13%)-, y el de distribución -298 (10%)-.

Expansion 1/7/2009

TRES PROVEEDORES LOGRAN LA DECLARACION DE CONCURSO DE LA CONSTRUCTORA ESPAPROSA

El Juzgado numero 1 de Castellon ha aceptado la solicitud de concurso de acreedores instada por tres proveedores de la constructora Espaprosa. El procedimiento fue requerido por las compañias Tabiques VilaReal Cosaor y Cosaor Norte a las que Espaprosa adeuda unos 300.000€.
La constructora forma parte del Grupo Basgra, holding que nacio como fabricante de maquinaria para la industria ceramica y que en los ultimos años se reconvirtio hacia la construccion u promocion. La propiedad Basgra facruró uns 23 millones de euros fue traspasada a un inversor hace unas semanas por la simbolica cantidad de 1€. "Vamos a intentar una accion rescitoria para que la operacion no tenga validez, presuponemos que es uan vanta ficticia para eludir posibles responsabilidades", apunta Javier Fortuño abogado de las tres compañias proveedoras.

Javier Fortuño afirma que las empresas intentaron lograr un acuerdo extrajudicial con Espaprosa, "sin exito"

**Diario Expansion Viernes 5 de Junio de 2009 (Comunidad Valenciana)

Nuevo Telefono para concursos acreedores

Hola a todos,

Hemos habilitado un teléfono para los concursos de acreedores debido a la gran cantidad de llamadas que se producen y el atasco que ocasiona en el despacho y que impide atender a los clientes de la forma habitual, por lo que a partir de ahora podéis dar este teléfono a acreedores y bancos para que hablen con Javier Traver o conmigo.

El teléfono es: 964.10.44.71.


Un saludo,

Javier Fortuño

"La reforma concursal ya produce conflictos"

Antoni Frigola, ex juez de lo Mercantil, y ahora ‘Of Counsel’ de DLA Piper, opina que la urgencia de la reforma ha impedido tener la opinión de los sectores implicados.

Antoni Frigola fichó en enero pasado por DLA Piper para el Departamento Procesal y Regulatorio.

Frigola, juez desde 1990, decidió en enero de este mismo año dar el salto al despacho privado para aterrizar en DLA Piper como Of Counsel del Departamento Procesal y Regulatorio. Los últimos tres años ha ejercido la judicatura en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, donde ha podido atesorar una gran experiencia en procesos concursales, sobre tod0o a lo largo de 2008.

Para Frigola, “la complejidad de intereses que concurren en las situaciones de insolvencia del deudor justifica que la reforma de la normativa que busca soluciones a tal situación, deba ser profundamente ponderada”. Sin embargo, apunta el juez en excedencia, “el carácter urgente de este Real Decreto que modifica la Ley Concursal ha impedido contar con la opinión de los sectores implicados, de la intervención de la Comisión General de Codificación y, en fin, de las aportaciones que la tramitación de una norma como Proyecto de Ley permite hacer a todos las sensibilidades que pueden expresar los grupos parlamentarios.

Frigola considera que “quizás ha sido la aludida rapidez y, por ende, la ausencia de suficiente claridad o reflexión en algunos puntos de la nueva normativa, lo que ha dado lugar –en poco más de un mes– a los primeros conflictos”. Según el Of Counsel de DLA, el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada el 11 de mayo de 2009 –ver EXPANSIÓN de 18 de mayo– pone en entredicho la eficacia de la comunicación regulada en el nuevo artículo 5.3 LC y que se antojaba escudo protector para el deudor insolvente. “Tal conflicto se ha producido y, posiblemente, se seguirán produciendo otros similares, porque el deudor con dificultades económicas siente la necesidad de contar con un periodo de paralización de la posibilidad de ejercicio de acciones contra su patrimonio para reestructurar su situación económica y remontar la situación de crisis. Esta necesidad podría hallar una adecuada respuesta con la introducción en nuestra normativa concursal del denominado convenio extrajudicial”, explica.

El juez en excedencia opina que “alguno de los puntos que debería afrontar la reforma anunciada deberían ser la clarificación de la naturaleza jurídica de la responsabilidad concursal exigible según el actual artículo 172.3 LC, así como la coordinación legal de la exigencia de responsabilidad a administradores y liquidadores en el concurso y las acciones extraconcursales de la normativa societaria tendentes al mismo fin.

Asimismo, añade Frigola, “la reforma debería enfrentarse a la previsión normativa del impacto del ejercicio de la acción directa que regula el artículo 1597 del Código Civil una vez declarado el concurso inmobiliario, incertidumbre que actualmente permanece y que puede acarrear graves consecuencias para las empresas que se ven inmersas en esta clase de concursos. Y, de manera esencial, una adecuada regulación de las situaciones de insolvencia de los consumidores”.

"El concurso de Martinsa es trágico para muchos pequeños acreedores"

Dirige el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña que tramita el mayor proceso concursal de la historia de España. La suspensión de pagos del gigante inmobiliario dejó en el aire el cobro de una deuda de 7.000 millones de euros.

Desde el ventanal del despacho de Pablo González-Carreró (Santiago, 1962) se ve la sede de Martinsa-Fadesa, sin apenas actividad y con la rotulación devorada por el óxido. El titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de A Coruña, que tramita el mayor concurso de acreedores de la historia de España, habla de plazos y del papel de la banca. En su opinión, la supervivencia de la compañía y el cobro de los 7.000 millones de deuda que arrastra "pasa porque el mercado inmobiliario mejore o que, por lo menos, no se deteriore más". El juez no entra a valorar los 3,5 millones de euros que cobró Fernando Martín el año pasado como presidente de la compañía ni el hecho de que algunos consejeros no firmasen las cuentas.

juzgados como con las circunstancias en las que las empresas acuden al concurso. Parece un estigma. La mayor parte acude en situación prácticamente irreversible. En España, muchos concursos se presentaban para enterrar empresas.

P. Los administradores ya se han pronunciado sobre el plan de viabilidad presentado por la empresa, ¿cuál es su posición?

R. Se acaba de presentar el escrito [de los administradores], pero no estoy en condiciones todavía de valorarlo. Sí puedo decir que ha sido favorable a los planteamientos del plan de viabilidad.

P. La propuesta de convenio pasa por ampliar el plazo del pago de la deuda a ocho años y no hacer ninguna quita sobre el dinero que se debe. ¿No es fiarlo todo a que la crisis escampe?

R. Todo convenio tiene que partir de unas previsiones. En este caso, con el pago de la deuda en ocho años, se hace con unas previsiones de mejora de la situación inmobiliaria. Partiendo de esa premisa se propone pagar íntegramente la deuda. Y ese es el contrapeso: por una parte se amplía el plazo legal de cinco años y por otro se propone un pago íntegro, incluso con intereses.

P. Un convenio sin quitas y con esos plazos parece hecho a la medida de la banca. ¿Qué será de los pequeños acreedores y proveedores?

R. El concurso siempre es un conflicto de intereses, en este caso colectivo, de acreedores. Es posible que un convenio de esta naturaleza sea el preferido por las entidades financieras y a lo mejor no es el más conveniente para los proveedores, que en muchos casos prefieren cobrar menos pero antes. La banca [tiene el 90% de la deuda] está en condiciones de imponer un convenio, no digo abusivo ni mucho menos, su punto de vista va a prevalecer.

P. Las recientes reformas en la Ley Concursal parecen responder a lo ocurrido con Martinsa.

R. Creo que hay una gran preocupación por la situación que atraviesan las grandes inmobiliarias. El objetivo fundamental de la última reforma fue preservar cierta seguridad de actuaciones anteriores a la declaración del concurso, que lógicamente van a favorecer a unos acreedores y perjudicar a otros, pero que es la única posibilidad para que una empresa pueda seguir adelante.

P. ¿Cree que hubo abuso de los bancos en el acuerdo de refinanciación previo al concurso? Dictó medidas cautelares...

R. Puesto que se ha pedido la rescisión de determinadas operaciones realizadas en el período anterior al concurso, es lógico que se haya solicitado también, simultáneamente, la adopción de medidas cautelares. De otra manera se podrían ejecutar las garantías y quedaría sin contenido el proceso principal. Las medidas cautelares, si es que se ratifican, no prejuzgan el fondo.

P. La fase común del procedimiento se ha prolongado. ¿Cree que afectará a los plazos?

R. Sí. En esto la ley peca quizá de un exceso de optimismo porque siempre hay que conjugar los plazos que se marcan con las posibilidades de la propia administración de Justicia y las peculiaridades de cada concurso. En este tenemos del orden de diez mil acreedores y cerca de novecientos incidentes. La tramitación va razonablemente bien. Ahora estamos a la espera de saber cuándo vamos a acabar esta fase de impugnaciones [de la propuesta de convenio]. Creo que no se han producido dilaciones significativas.

P. ¿Cómo va a pagar sus deudas Martinsa si su gran activo, el suelo, apenas tiene salida ahora?

R. Todo pasa porque el mercado inmobiliario mejore. O que, por lo menos, que no se deteriore más. La propuesta de convenio establece los dos primeros años de carencia, pero todo dependerá del marco económico general. Es una propuesta. En esto el juzgado tiene que ser totalmente neutral.

P. ¿Quién defiende a los pequeños acreedores y a los trabajadores en un concurso así?

R. Está claro que hay mucha gente sacrificada. Que ha perdido y que sigue perdiendo. Hay montones de acreedores para los que el concurso es una auténtica tragedia porque son empresas pequeñas que precisaban del cobro inmediato de sus créditos para atender obligaciones y cumplir con trabajadores y proveedores.

P. ¿Cómo está respondiendo la Ley Concursal ante la suspensión de pago de grandes empresas?

R. Se suele comentar en determinados foros que la crisis ha puesto de manifiesto las insuficiencias de una ley que no está prevista para atender a los problemas específicos de los macroconcursos. En realidad, ninguna ley concursal lo estaría. Pensemos en Fórum y Afinsa, que tienen alguno de ellos creo que 400.000 acreedores. El problema no es tanto de regulación, sino de medios, de estructura judicial. Al final siempre habrá un embudo, que no es otro que lo que deberá dictar un juez.

P. ¿Qué problemas encuentra usted en la aplicación de la ley?

R. Es cierto que el respeto a las garantías procesales ha impuesto algunos procedimientos que son excesivamente lentos, como el de la impugnación a la lista de acreedores, y probablemente demasiado amplios, con unas posibilidades ilimitadas, prácticamente. En esto la ley no es demasiado flexible. Habría que conjugar la seguridad jurídica con la celeridad, que es el gran dilema de las leyes procesales.

P. De promotora a operadora de suelo. ¿Cree que es esa la salida de Martinsa?

R. Es una decisión que la compañía debe tomar con sus acreedores. Dicen que una empresa endeudada es propiedad de sus acreedores, y no de sus accionistas. Y en términos económicos eso es cierto.

P. ¿Baraja alguna fecha para la finalización del concurso?

R. Tal y como vamos podrían estar los listados definitivos de acreedores y del inventario a finales de año, por lo que ya podríamos entrar en la discusión de un convenio. Es un cálculo que algunos me dicen que es demasiado optimista. Yo creo que se va a poder hacer. Y espero poder hacerlo, desde luego, porque también me quiero liberar de Martinsa. Mi cálculo, con impugnaciones incluidas, es que la fase procesal acabe a principios del próximo año. En cualquier caso, el concurso no termina hasta que se cumpla el convenio. Con la propuesta que hay, finalizará en ocho años.