La inmobiliaria Doménech no logra refinanciar su deuda

Fuente: expansion.com

20.12.2011VALENCIAA.C.A.0

El grupo castellonense, que tenía que afrontar el pago de más de 27 millones este año de los cerca de cien millones de pasivo que mantiene, ha entrado en concurso de acreedores.

El tiempo sigue corriendo en contra de las inmobiliarias que tienen que hacer frente a refinanciaciones para tomar aire ante la falta de ventas en el sector inmobiliario. El último grupo inmobiliario en tener que recurrir al juzgado de lo mercantil ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas bancarias ha sido el castellonense Doménech, una firma familiar con más de medio siglo de actividad en su provincia. El propio Rafael Doménech Hidalgo, su gestor, fue entre 2005 y 2009 presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción (Appec) castellonense.

El juzgado de lo Mercantil de Castellón ha aprobado el concurso voluntario de tres sociedades de la familia en las que concentraba su negocio inmobiliario: Dopro, Promociones Emilio Doménech y Promociones Inmobiliarias Emilio Doménech e Hijos. La situación de las tres empresas se viene arrastrando todo el año, ya que durante este año tenía que afrontar vencimientos de deuda bancaria por valor de más de 27 millones de euros, de un pasivo total de 99 millones.
Recurrió al preconcurso

Según consta en las últimas memorias de las sociedades, ya el pasado mes de marzo se comunicó al juzgado que se acogían a la fórmula del preconcurso, para tratar de renegociar con sus acreedores bancarios ante la imposibilidad de hacer frente a estos compromisos. En 2010 las tres sociedades sumaron unas pérdidas de 3,34 millones. Unas conversaciones que no consiguieron el placet de las entidades.

Además de las sociedades inmobiliarias, la familia posee una constructora, que fue el origen de la actividad y que se ha mantenido al margen del proceso concursal, aunque su volumen de negocio actual se ha reducido notablemente.
El grupo inmobiliario participa en siete sociedades con actuaciones de suelo y promociones en distintas fases en la provincia de Castellón, principalmente en la capital, Benicassim y Almazora. Además, en los últimos años y en pleno auge del negocio inmobiliario en la Costa de Azahar, se había hecho con suelos en Borriol y Moncofar. También había iniciado su internacionalización con la adquisición de terrenos en Bucarest.

El concurso de Doménech se suma a los de otras promotoras regionales como Blauverd o Viviendas Jardín que tenían que volver a refinanciarse este año. Muchas de las compañías que consiguieron reestructurar su deuda en 2009 lo hicieron por un plazo de dos años, con lo que durante estos meses finaliza esa prórroga.

El desplome de la construcción arrastra a Prevalesa

Fuente: expansion.com

22.12.2011VALENCIAA.C.A.0

El grupo de prefabricados de hormigón entra en concurso pese a que había conseguido refinanciar la mayoría de su deuda este año.

La práctica desaparición de la edificación privada, el desplome de la licitación pública y los impagos y la morosidad continúan siendo un caldo de cultivo más que propicio para las insolvencias. La onda expansiva continúa en el sector de los proveedores de la construcción con el concurso de acreedores de uno de los principales fabricantes de prefabricados de hormigón valenciano, Prevalesa. Y ello a pesar de que la empresa había logrado este mismo año un acuerdo con los bancos para refinanciar la deuda, de forma que se alargaba el plazo de pago hasta siete años, con dos de carencia. El Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Valencia ha publicado el auto del concurso, en el que también se incluyen otras dos firmas de los mismos dueños, la firma de ingeniería y arquitectura Diteco con la que ofrece asesoramiento a sus clientes, y Desuin Solana, la sociedad propietaria de la factoría y el suelo de Prevalesa ubicada en Buñol (Valencia). La compañía de prefabricados de hormigón, que ha participado en varios tramos del AVE, la estación marítima de Dénia y en la actual construcción del centro comercial Parque Ademuz en Valencia, consiguió el año pasado un ligero aumento del negocio frente a 2009, con unos ventas de 13,2 millones de euros, aunque su memoria señala que supone un 40% menos que la que manejaba en 2007. El año pasado cerró con unas pérdidas de 1,6 millones y, según su memoria, “esta situación habría sido insostenible si en paralelo, no se hubiera practicado un política de austeridad, tanto en gastos fijos como en gastos de personal con reducciones en torno al 20%, que han permitido superar el ejercicio”. Prevalesa redujo su plantilla en 2010 en 30 empleos, hasta 130. En el informe también recoge que, pese a contar con una cartera de pedidos de 25 millones para el sector industrial, logístico y terciario y de 15 millones en obra pública, en el comienzo de este año “se agrava la lentitud o aplazamiento sin fecha en la puesta en marcha de las obras, incluso por parte de algunos clientes con anticipos abonados”.

Establiments Miró levanta el concurso de acreedores

Fuente: expansion.com

23.12.2011BARCELONASergi Saborit0

Establiments Miró ha logrado levantar el concurso de acreedores en un tiempo récord. La cadena catalana de electrodomésticos ha obtenido el apoyo del 75% del pasivo ordinario, que ha aceptado un convenio anticipado que estipula la devolución del cien por cien de la deuda en un plazo de diez años.

El visto bueno al convenio anticipado ha sido ratificado en una junta general de acreedores y se prevé que un plazo máximo de diez días el juez mercantil dicte el auto que dará el concurso por terminado. A partir de entonces, Francesc Miró, fundador y propietario de la cadena, recuperará la gestión y se retirarán los administradores concursales.

Miró suspendió pagos el pasado mes de mayo, con un pasivo global de 282,67 millones de euros.La compañía cuenta ahora con una red de 107 tiendas. Para lograr aprobar el convenio anticipado ha sido clave el apoyo prestado por Banco Sabadell, CatalunyaCaixa y las compañías aseguradoras de crédito Euler Hermes y Crédito y Caución.

¿Cómo evitar la declaración culpable de un concurso de acreedores?

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19.12.2011Sonia Gimeno Gil, socia de A. Magdaleno Abogados0

Cada vez más juzgados de lo Mercantil están depurando las responsabilidades de los empresarios en un concurso por su actuación en los dos años anteriores a la declaración de éste. ¿Cómo evitar estas consecuencias negativas del procedimiento?

Dentro del procedimiento concursal existe una sección, denominada de calificación, que se abrirá siempre que la empresa vaya a liquidación o apruebe un convenio con sus acreedores que supere los tres años de espera o un tercio de quita. En dicha sección se estudia la responsabilidad personal del empresario en la generación o agravación de la situación de insolvencia que lleva a la empresa a ser declarada en concurso. Así, ya de entrada puede afirmarse que, si se logra un convenio con los acreedores que no supere estos umbrales, no se abrirá la sección de calificación.

Pero si ello no se consiguiera, se tendrán que analizar las conductas llevadas a cabo antes de la declaración de concurso y se tomará la decisión, primero por los administradores concursales y por el Ministerio Fiscal y luego por el juez del concurso, sobre si la insolvencia se ha generado porque el empresario ha actuado con dolo o culpa grave o si la insolvencia se ha debido a causas imprevistas y accidentales del mercado.

En el primer caso el concurso será declarado culpable, mientras que en el segundo será considerado fortuito y no acarreará consecuencias negativas para el empresario.

Si el concurso es considerado fortuito por la administración concursal y el Ministerio Fiscal, el juez así lo declarará. Pero si alguno de los dos primeros operadores considerara el concurso susceptible de ser declarado culpable, se abrirá el trámite correspondiente y se depurará la responsabilidad del órgano de administración de la concursada.

Desde el inicio de la aplicación de la Ley Concursal, la mayoría de procedimientos se han venido a considerar fortuitos, máxime teniendo en cuenta que la situación de crisis actual ha llevado a muchas sociedades a una situación de insolvencia derivada precisamente de las dificultades propias de la coyuntura económica.

Sin embargo, desde hace un tiempo también se viene observando que la tramitación de la sección de calificación se está llevando con rigor por los juzgados y se están declarando culpables aquellos procedimientos en los que se constatan las conductas legalmente previstas y verdaderamente reprochables en los administradores societarios.

En este mismo sentido puede mencionarse la reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, de 12 de diciembre, mediante la que se considera que la concursada no solicitó a tiempo su declaración de concurso y no llevó a cabo actuación alguna tendente a minorar los efectos de la complicada situación económica que atravesaba la sociedad, no actuando su administrador como un diligente y ordenado empresario. Se entiende, por tanto, que la gestión de la insolvencia no ha sido realizada con arreglo a derecho y que dicha actuación merece el reproche previsto en la ley, consistente en la inhabilitación al administrador para administrar bienes ajenos, la condena a la pérdida de los derechos que pudiera tener como acreedor y la condena al pago a los acreedores, con su propio patrimonio presente y futuro, del total de los importes que no perciban de la empresa concursada.

Ante esta resolución de condena, el administrador de la sociedad podrá plantear el correspondiente recurso para que sea revisada por un órgano judicial superior pero, tras el incremento de sentencias en este sentido, y para evitar estas declaraciones de culpabilidad, los empresarios han de tener muy presente la conveniencia de estar debidamente asesorados en cuanto a las responsabilidades que supone la aceptación y el desempeño de las funciones inherentes a su cargo y la necesidad de cumplir estrictamente con los mandatos legales.

El juez aprueba el concurso de Emosa

Fuente: expansion.com

16.12.2011VALENCIAA.C.A.0

La actividad de la constructora de la familia Cotino especializada en movimientos de tierras ha caído un 80% y ya había reducido su plantilla.

Una de las principales empresas valencianas especializadas en los trabajos de movimientos de tierras, excavaciones y subcontratas para la minería, Emosa, ha tenido que recurrir al proceso concursal ante el desplome de su actividad. El Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Valencia ha aprobado el concurso de acreedores de la empresa, que ya hace unos meses realizó un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a 40 trabajadores para intentar ajustarse a la situación.

Fuentes de la compañía explicaron que su actividad se ha desplomado alrededor de un 80%, lo que, unido a las dificultades para conseguir financiación, han llevado a la empresa a declararse en insolvencia voluntaria. Emosa ha participado como subcontrata de algunas de las principales obras públicas realizadas en los últimos años en la Comunidad Valenciana, como el trazado del AVE entre Valencia y Madrid o la ampliación norte del Puerto de Valencia. La constructora es una de las empresas históricas de la familia Cotino, si bien hace unos años se separó del grupo Sedesa –hoy Ezentis Infraestructuras–, otra de las víctimas de la crisis, y quedó en manos de Francisco Cotino Solaz.

Desde la empresa, que mantiene 90 trabajadores, aseguran que la intención es intentar asegurar su continuidad pese a las dificultades. En su caso, la salida a otros países que han abordado muchas constructoras para intentar aguantar la crisis en España es difícil de acometer, ya que “son trabajos con maquinaria pesada, un material con un coste de transporte muy elevado, por lo que para salir a otros países tendrían que ser contratos a largo plazo”. Aunque han recibido algunas ofertas para operar en otros mercados, hoy por hoy toda la actividad de Emosa se concentra en España.

Según el Registro Mercantil, el pasivo de Emosa al cierre de 2010 se situaba en 35 millones de euros. Ese ejercicio había cerrado con unas ventas de 29,9 millones de euros, frente a los 41 millones del año anterior.

Concurso voluntario versus concurso necesario

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12.12.2011Javier Sánchez, de Antonia Magdaleno Abogados0

La libertad para disponer y administrar el patrimonio de una empresa va a depender básicamente de que el concurso se declare de forma voluntaria por el propio deudor o de forma necesaria por parte de un acreedor. La pregunta que cabe hacer es: ¿Seguiré teniendo el control de mi empresa en caso de concurso?

La Comunidad Valenciana se mantiene en un triste segundo puesto, sólo por detrás de Cataluña, en la declaración de concurso de acreedores. Ante esta incesante avalancha de nuevos procedimientos parece conveniente aclarar las diferencias procesales básicas entre encontrarnos en la posición jurídica del deudor o la de encontrarnos en la piel del acreedor que insta el concurso.

Una de las diferencias básicas que conviene conocer es el distinto tratamiento que merece un concurso de acreedores dependiendo de si el auto de declaración le otorga un carácter voluntario o, por el contrario, un carácter necesario.

El carácter voluntario del procedimiento quedará plasmado en aquellos concursos en los que la primera solicitud haya sido interpuesta por la propia sociedad deudora. Así, si atendemos a las estadísticas, el porcentaje de concursos voluntarios que se declaran en la Comunidad Valenciana supera con creces el de concursos necesarios.

Además, el deudor insolvente está obligado por la Ley Concursal a presentar la solicitud de concurso durante los dos meses siguientes al conocimiento de su insolvencia y, por ello, en la práctica diaria, es el propio deudor quien solicita su declaración de concurso en la mayoría de procedimientos.

Para hacer efectiva esta obligación, la Ley considera, como norma general, que está en situación de insolvencia aquel deudor que no puede atender regularmente sus obligaciones exigibles, configurándose una serie de supuestos que presumen su conocimiento sobre la situación de insolvencia.

Otro efecto derivado de la naturaleza voluntaria del concurso será que, como norma general, las facultades de disposición y administración del patrimonio del deudor concursado quedarán sujetas al régimen de intervención. En la práctica supone que el deudor concursado podrá seguir actuando por sí mismo con la mera “supervisión” de la Administración Concursal, “supervisión” que se ejercita articulando un sistema de autorizaciones y conformidades.

Por otra parte, ¿qué queremos decir cuando nos referimos a un concurso de carácter necesario?

El concurso tendrá carácter de necesario cuando el mismo haya sido solicitado en primer lugar por un acreedor y, además, éste haya conseguido acreditar la situación de insolvencia.

La ventaja principal para el acreedor que insta un concurso necesario es que el 25% del importe del crédito derivado a su favor se configura como crédito privilegiado especial, posicionándose de forma muy ventajosa a la hora de ver satisfecho el importe adeudado sobre el resto de acreedores de la concursada.

Por contra, también puede suponer un importante perjuicio económico si la solicitud es desestimada, aventurándose una más que posible condena en costas y, a su vez, la demanda de reclamación de daños y perjuicios por el deterioro de la imagen de la persona física o jurídica contra quien se dirigió la solicitud desestimada.

En el caso de que se declare el procedimiento concursal necesario, como regla general, se aplicará el régimen de suspensión, sustituyéndose en sus funciones al concursado por los miembros de la Administración Concursal, órgano que administrará su patrimonio y adoptará aquellas medidas convenientes para conseguir la continuidad de la actividad de la entidad concursada.

En conclusión, el carácter del procedimiento, determinará la rigidez con la que el concursado se encontrará a la hora de poder administrar su patrimonio y, además, tendrá consecuencias sobre la eventual responsabilidad personal que los administradores sociales asumirán con relación a la deuda no satisfecha a la conclusión del procedimiento.

La sangría continúa en el sector del ladrillo con una docena de concursos en pocos días

Fuente: expansion.com

09.12.2011VALENCIAA.C.A.0

Aunque media España está de puente, la bola de las insolvencias empresariales sigue creciendo y amontonando expedientes en los juzgados de lo mercantil de la Comunidad Valenciana.

Y las empresas vinculadas a la construcción y el inmobiliario siguen siendo las que más continúan recurriendo a la tutela judicial. En las últimas dos semanas al menos una docena de empresas de estos sectores, en su gran mayoría de pequeño tamaño y ámbito local, han entrado en concurso de acreedores según desvela el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los registros especializados.

Solo el miércoles el BOE publicaba la suspensión de pagos de tres empresas regionales del sector: Avant Ingeniería y Construcción, de Nules (Castellón); Primor Urbana, promotora de Sollana (Valencia) con varias actuaciones en la comarca de La Ribera; y Construcciones Felmarp de Tavernes de la Valldigna (Valencia). Además publicaba la liquidación de Proyectos y Construcciones Laumar, de Gandía.

No son las únicas que han iniciado el proceso concursal. Los juzgados de Valencia también han aprobado los procedimientos estos días de Meridan Urbanismo, CG Alquileres Urbanos, Construcciones y Promociones Rafael Sierra, Construcciones y Servicios Integrales Garu y Promoland Puerto de Valencia. También han aprobado las liquidaciones de Trillo Obras y Decoración, de Sagunto, y Costa Malvarrosa.

Por su parte, en Alicante se han declarado en concurso Estructuras y Hormigones del Mediterráneo, Construcciones Siscar de Polop de la Marina e Inmobiliaria Jijona, además de liquidarse Obras Civiles y Sistemas de Construcción.

Martinsa Fadesa comienza a pagar a sus acreedores

Fuente: cincodias.com

EP - Madrid - 07/12/2011 - 07:00

Martinsa Fadesa empieza este mes de diciembre a pagar los importes que adeuda a sus acreedores, a los que abonará unos 23 millones de euros, según informaron fuentes próximas a la compañía.

Con este primer pago, la inmobiliaria que controla y preside Fernando Martín comienza a cumplir el convenio de acreedores con el que el pasado mes de marzo logró salir del mayor concurso de la historia empresarial española.

En virtud de este convenio, Martinsa se comprometió a amortizar en un periodo máximo de diez años (ocho años prorrogables a otros dos) toda su deuda íntegra (sin quitas), si bien fija que en los primeros años los pagos oscilen entre el 0,25% y el 0,50% del pasivo.

El acuerdo también contempla la posibilidad de que los bancos acreedores canjeen deuda por acciones en el caso de que Martinsa no pague en el plazo límite de 10 años.

La compañía presenta actualmente un pasivo de unos 4.500 millones de euros de euros, frente los 7.000 millones con que en julio de 2008 se declaró insolvente, gracias a la venta de activos y entrega de viviendas, principalmente.

El calendario de pagos incluido en el convenio fija que la inmobiliaria debe atender a finales de este mes de diciembre su primera amortización de deuda, abonando un importe equivale al 0,50% de su pasivo total.

Este porcentaje supone un importe de unos 23 millones que, según las mismas fuentes, se distribuirán proporcionalmente entre toda la masa de acreedores de la empresa.