Juzgado Mercantil de Alicante acepta el concurso de acreedores del Hercules

Fuente: abc.es

07-07-2011 / 14:10 h

Es la tercera vez que el Hércules entra en un proceso concursal -antes denominada suspensión de pagos- después de que fuera el primer en utilizar esta vía entre las sociedades anónimas deportivas en el año 2000 y de que se acogiera a otra en 2003.

El Hércules presentó el 30 de junio ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante la solicitud de concurso de acreedores dentro del plan de viabilidad que han confeccionado los dirigentes de la entidad. En ella se detallaba un presupuesto equilibrado para la próxima temporada.

Según informó la entidad alicantina en su día, "la puesta en práctica de este plan, junto con los acuerdos que se deriven del procedimiento concursal, permitirán al club aliviar su actual situación con el fin de que se desarrolle un modelo de negocio viable y sostenible a largo plazo".

El Hércules solicitará para el convenio de acreedores una quita máxima del cincuenta por ciento y cinco años de plazo para abonar las deudas, que se cifran en 59 millones de euros, que, en gran parte, corresponden a sus principales accionistas. EFE 1010144

El Racing solicita el concurso de acreedores

Fuente: elpais.com

El club, con siete millones de deudas, es el 23º entre Primera y Segunda que se acoge a la ley concursal desde 2004

AGENCIAS - Santander - 07/07/2011

El Racing de Santander ha presentado la solicitud para acogerse al concurso voluntario de acreedores a primera hora de la mañana ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander. Es el primer paso que se recoge en la Ley Concursal, que ofrece una salida a quienes se encuentran en situación de insolvencia y no pueden afrontar los pagos a sus acreedores. Las deudas del club ascienden a siete millones de euros. Y ya es el 23º equipo entre Primera y Segunda que se acoge a esta ley desde 2004.

A principios de 2011, los anteriores propietarios del conjunto racinguista, la familia Montalvo, vendieron por dos millones de euros sus acciones al multimillonario indio Ali Syed, que prometió, aparte de saldar las deudas de la entidad, de siete millones, aportar una inversión de 50 que llevara al conjunto cántabro a Europa. Durante la segunda mitad de la temporada, el nuevo propietario ha protagonizado varios episodios polémicos. Sus celebraciones en el palco cuando el Racing marcaba un gol molestaron a los rivales y algunos hombres del séquito que le acompañaba tuvieron problemas con la policía por tenencia ilegal de armas. Además, en abril, se extendió el rumor de que quería vender el club, algo que el empresario se apresuró a desmentir, y en mayo se supo que estaba siendo investigado en Australia por estafa.

El Racing se ha acogido a la Ley Concursal para evitar la multiplicidad de procesos judiciales que los acreedores del club pudieran iniciar para reclamar las deudas. Así, se da comienzo a un concurso que agrupa todas las deudas y evita que se puedan cobrar unas y otras no. La finalidad del procedimiento concursal es que la empresa pueda llegar a un convenio con sus acreedores, de modo que afronte los pagos en plazos que pueda cumplir y evitar así la liquidación de la entidad. El Juzgado se encuentra examinando en la mañana de hoy la documentación presentada, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Si advirtiera algún defecto en la misma, requerirá al club para que lo subsane; si no, mañana dictará auto de declaración de concurso voluntario de acreedores.

Según la directiva del Racing y el gobierno autonómico, que había avalado al club en un crédito de siete millones de euros en 2004, Syed, aparte de no cumplir con sus compromisos económicos, está desaparecido desde hace meses. El ejecutivo regional amenazó a principios de junio con quitarle sus acciones si no cumplía con los compromisos adquiridos y devolvérselas a sus antiguos propietarios, ante lo que el indio respondió a través de los periódicos diciendo que si le garantizaban sus participaciones pagaría encantado. El día 21 de junio, cuando todas las partes -Syed, Montalvo, el Gobierno de Cantabria y la dirtiva del club- debían rubricar el contrato de compraventa de las acciones ante notario, no se presentaron ni el comprador, Syed, ni el vendedor, Montalvo. Ahora, si se aprueba el concurso de acreedores, el futuro del club pasará a estar en manos de unos administradores judiciales.

El Racing solicita el concurso de acreedores por la grave situación económica del club

Fuente: elconfidencial.com

Deportes | Efe 07/07/2011 (06:00h)

El Racing de Santander anunció este miércoles, a través de su página web, que está en la obligación de acogerse al concurso voluntario de acreedores "por culpa de la situación económica e institucional de la entidad". "Les informamos que el Real Racing Club presentará mañana (jueves 7 de julio) la documentación necesaria para solicitar el concurso voluntario de acreedores", dijo el club montañés en un comunicado oficial.

"El Consejo de Administración, reunido en fecha 15 de junio, facultó ya al presidente-consejero delegado y al secretario para poder acudir al Concurso Voluntario de Acreedores, si bien se acordó agotar los plazos", indica el Racing.

Los plazos se llevaron hasta sus últimas consecuencias con el objetivo de "no perjudicar a terceros (proveedores del club -empresas y personas que han ayudado y colaborado con el Racing en los momentos de dificultad y que se verán afectados por esta decisión-, empleados, técnicos y jugadores)", explica el club cántabro.

Además, el Racing añade más motivos, relacionados con "la venta accionarial realizada en el mes de enero, que ha dejado a la entidad con talcomplicación legal que es imposible de solventar de forma inmediata",insisten.

Por último, el club verdiblanco no se olvida de "la premura de tiempo". "No ha sido posible encontrar la solución que estimábamos preferente para la defensa de los intereses del Racing y de los terceros afectados", finaliza la nota.

El Racing, también en concurso de acreedores

Fuente: elmundo.es

Actualizado miércoles 06/07/2011 23:11 horas

Aser Falagán | Santander

Francisco Pernía. | Efe

El Racing presentará este jueves en el Juzgado de lo Mercantil la documentación necesaria para solicitar formalmente que la sociedad entre en concurso de acreedores, una medida que la directiva encabezada por Francisco Pernía acordó después de que se hayan agotado todas las demás vías por las que habían apostado inicialmente los máximos responsables del club verdiblanco.

Con la amenaza de descenso administrativo en caso de que no se paguen las deudas acumuladas con los jugadores –correspondientes a las fichas de la temporada recién finalizada y de la anterior y denunciadas ante la AFE– y con la inminente obligación legal de pedir el proceso concursal una vez concluyera el proceso de ampliación de capital sin inversor que haya suscrito la cantidad necesaria, el club decidió ayer esperar más para no correr riesgos innecesarios.

El comunicado hecho público por el Gobierno de Cantabria, en el que el Ejecutivo les instaba a optar por esta vía, también incluyó en la decisión tomada por los verdiblancos, que a última hora del miércoles emitieron un comunicado de prensa en el que informaban sobre la solicitud de concurso que se entregará este jueves en el Juzgado.

Una vez la juez haya analizado la documentación y lo conceda, se nombrarán los administradores judiciales que supervisarán toda la actividad económica de la sociedad a la par que supervisan las cuentas de los últimos años. Si bien Francisco Pernía y Roberto Bedoyacontinuarán con sus respectivas responsabilidades como presidente y director general sus decisiones deberán estar ahora supervisadas y aprobadas por un administrador judicial, lo que no afectará a buen funcionamiento del club, pero sí les limitará a la hora de tomar decisiones estratégicas.

Cuando se haya analizado la situación, la propia administración concursal deberá establecer una quita, un porcentaje de la deuda que se le perdona a la sociedad en una ley que, pese al perjuicio que supone para los acreedores, está pensada para evitar la quiebra de la empresa y que así estos acreedores puedan acceder al menos al cobro de una parte de las cantidades que se les adeudan, a las que no tendrían acceso si la sociedad (en este caso el Racing) entrara en causa de disolución.

A la hora efectuar los pagos, se considera acreedores preferentes a los trabajadores, Hacienda, la Seguridad Social y las entidades financieras, mientras que el resto de empresas y particulares a los que adeude alguna cantidad el club se verán en una situación más delicada.

El Racing se convierte así en uno más en la nutrida lista de clubes de la LFP que en los últimos años han declarado o aún se encuentran en concurso de acreedores. Algunos ejemplos cercanos en equipos de similares dimensiones son los del Sporting de Gijón, la Real Sociedad, el Málaga –antes de la llegada de Al-Thani– o el Celta. El caso de los gallegos llama especialmente la atención, después de que se le aplicara una quita del 80%, mientras que en otras ocasiones fue sensiblemente menor aunque en casi todos ha rondado o superado el 50%.

En cualquier caso, los verdiblancos confían en poder pedir en una fecha relativamente próxima el levantamiento del concurso, puesto que una vez evitado el descenso administrativo y salvado el fracaso de la ampliación de capital seguirán trabajando en el desalojo de Ali Syed para, ya con las acciones de nuevo en poder de Montalvo o de Cantur, cerrar una nueva venta a un grupo empresarial dispuesto a invertir el capital necesario para sanear definitivamente el club, como se ha intentado hacer ya sin éxito, dado el factor Ali, durante los últimos dos meses.

El decano de los jueces alerta de retrasos en los concursos de acreedores si no se refuerzan los juzgados

Fuente: valenciaplaza.com

X. A./J. C.. HOY Pedro Viguer recuerda que harían falta cinco jueces más de lo Mercantil, que sufren una sobrecarga de trabajo debido al aumento de los procedimientos

VALENCIA. La situación en los juzgados valencianos de lo Mercantil resulta insostenible. En mayo de 2011, un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desvelaba que la Comunitat Valenciana era la segunda autonomía española que más plazas judiciales necesitaba: 63, nada menos.

Según el informe, los juzgados de lo Mercantil de Valencia eran los que disponían de necesidades más acuciantes: cinco magistrados eran necesarios para devolver a la normalidad a unas dependencias que desde 2008 ha visto como se disparan el número de procedimientos.

Dos meses después, la situación no ha mejorado y sigue avanzando hacia el colapso. Los jueces de lo Mercantil reclamaron el lunes un juez y un secretario de apoyo para el juzgado número tres, debido a que hasta ahora sólo existe un refuerzo que comparten los órganos de lo Mercantil 1 y 2.

Uno de los asuntos que ha disparado el trabajo en estas dependencias es el ascenso meteórico de los concursos de acreedores, que en los primeros cuatro meses de 2011 registró un ascenso del 54%, al pasar de 156 en 2010 a 241 en el ejercicio actual. Ahora, se estima que deberán atender unos 725 casos durante 2011.

Preguntado por cómo puede afectar este volumen de trabajo a casos como el de los concursos de acreedores, el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, admite que si no se producen los refuerzos solicitados pueden ralentizarse los procesos. "Hay más volumen de trabajo y un personal insuficiente. Si no se resuelve, habrán demoras en todos los procesos, includos los concursales", explicó Viguer aValenciaplaza.com.

Si bien es cierto que durante el tiempo en que dura la tutela judicial la empresa concursada evita ejecuciones de deuda y puede mantener su actividad, supervisada por la administración concursal y por el juez, el que el procedimiento se alargue en el tiempo no es positivo. El objetivo de un concurso es, si la empieza tiene viabilidad, lograr un convenio con los acreedores que reestructuren la deuda y establezcan carencias, que puede dar un respiro a la compañía. Que el proceso se dilate puede introducir factores no deseados, como una cierta inactividad ordinaria de a compañía, concentrada en resolver su problema financiero, o incluso cierta desconfianza. Alcanzar un acuerdo con los acreedores cuando antes evita procedimientos más complejos, de ahí que exista la figura del preconcurso, que se viene utilizando como medida previa, con resultados dispares.

El decano de los jueces subrayó su "confianza" en que sus demandas serán asumidas y resaltó la sobrecarga de trabajo que deben soportar los magistrados, ya que el número de demandas que entrarán durante el año -según los datos estadísticos del primer cuatrimestre- será de 1.454, cuando el módulo de entrada fijado por el CGPJ es de 350, lo que supone en una carga del 315%.

CSI·F LAMENTA EL HACINAMIENTO DE LOS TRABAJADORES

Por otro lado, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), han denunciado mediante escritos al Comité de Seguridad y Salud Laboral el hacinamiento de trabajadores en los juzgados de lo Mercantil así como el bloqueo de las salidas por la acumulación de expedientes.

La Central Sindical considera que estos juzgados son "los grandes perdedores de la crisis" ya que, al margen de los jueces y secretarios, "tampoco está previsto el refuerzo de las plantillas con funcionarios ni la ampliación de las instalaciones".

Abierta la fase de liquidación de la empresa turística valenciana Traveltur

Fuente: abc.es

05-07-2011 / 11:40 h

A partir de este momento se tendrá que presentar un plan para liquidar todos los activos de la sociedad, que deberá incluir también los plazos y las condiciones para llevarlo a cabo.

Según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), la secretaria judicial de dicho juzgado, Yolanda Peña Jiménez, ha acordado también suspender a los gestores de la compañía de sus facultades de administración y de la disposición sobre su patrimonio.

Tras quedar disuelta la sociedad Traveltur Hotels & Resorts, se ha cesado a sus antiguos administradores, una función que asumirá la administración concursal.

Además, en el procedimiento concursal que se sigue de la sociedad el juzgado ha acordado la elevación de los autos a la sección sexta para su calificación.

Este paso tiene como finalidad declarar si el concurso es fortuito o culpable, lo que acarrearía responsabilidades de los antiguos administradores de la sociedad.

A partir de hoy, cualquier acreedor o persona que lo acredite tendrá podrá personarse en dicha sección un plazo de diez días, alegando por escrito lo que considere relevante para la calificación del concurso como culpable.

El 4 de agosto del pasado año, el Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid declaró en concurso voluntario de acreedores a la empresa Traveltur.

En aquel momento, el abogado de la Asociación de Consumidores Afectados por Mundo Mágico (ACAMA), Damián Vázquez, explicó a Efe que cientos de familias habían contratado sus paquetes vacacionales con Traveltur Hotels y Resorts y que, o bien no pudieron disfrutar de los hoteles, o se les asignó unas fechas que no se correspondían con las épocas estivales.

La multipropiedad permite a un cliente pasar un tiempo determinado anualmente en un centro turístico, a lo largo de un período que suele oscilar entre 10 y 15 años, y a cambio de un precio pagado por adelantado.

Ante esta situación, ACAMA, que se creó a raíz de la suspensión de pagos a mediados de 2003 de la agencia de viajes Mundo Mágico, inició acciones en la vía civil contra Traveltur Hotels y Resorts, que están obstaculizadas con el concurso voluntario de acreedores.

EFE

Presentan concurso de acreedores para «Marqués de Olivara»

Fuente: laopiniondezamora.es

La familia Ruiz Mateos decide adoptar la medida por no poder hacer frente a los pagos pendientes de la bodega

01:09

M. J. C.
El grupo Nueva Rumasa, propiedad de la familia Ruiz Mateos, ha presentado concurso voluntario de acreedores para su bodega en la Denominación de Origen Toro, «Marqués de Olivara», que se encontraba en situación «preconcursal». Según la información recogida por Europa Press y facilitada por fuentes próximas al procedimiento, esta decisión afecta a la bodega toresana y a la industria «Marqués de Campo Nube», en la Denominación de Origen Rioja.


Además, según las mismas fuentes, la familia Ruiz Mateos podría estar preparando igualmente la solicitud de entrada en proceso concursal para «Cavas Hill», amparada por la Denominación de Origen Penedés. Por otra parte, con la admisión a trámite de los nuevos procedimientos concursales, la práctica totalidad de las empresas dedicadas al sector de las bebidas de Nueva Rumasa se encontraría en situación de suspensión de pagos.


La bodega «Marqués de Olivara», anunció hace tres meses el concurso de acreedores voluntario al Juzgado de lo Mercantil, paso previo a su formalización en el caso de que, en el plazo establecido, no alcanzara un acuerdo con las entidades o personas físicas con las que había contraído pagos pendientes. Esta decisión, evita a los propietarios de la sociedad responder de la deuda de forma personal y con su patrimonio particular. Además esta comunicación permitía al grupo empresarial que fueran sus acreedores los que solicitaran a la autoridad judicial el inicio del procedimiento que lleve a la tramitación de la quiebra, es decir, el denominado concurso necesario, de forma que, llegado el momento, la sociedad es la que controla la administración de la industria durante el concurso y no los perjudicados por los impagos de la bodega. La plantilla de esta industria vinícola toresana la integran cinco empleados (una enóloga, un administrativo y tres trabajadores) que, en el momento de conocer la situación de Nueva Rumasa, reconocieron que seguían trabajando con normalidad y que percibían sus salarios sin retrasos. En el día de hoy, está previsto que responsables de la Federación Agroalimentaria del sindicato UGT mantengan una reunión con los trabajadores para recabar más información sobre la decisión de presentar este concurso voluntario de acreedores, adoptada por el grupo Nueva Rumasa. La familia Ruiz Mateos, adquirió en el año 1998 la bodega «Marqués de Olivara», fundada en 1970 por el empresario y bodeguero toresano Luis Mateos.

Dhul, propiedad de Nueva Rumasa, tiene un agujero patrimonial de 618 millones

Fuente: elperiodicomediterraneo.com

04/07/2011 EFE

La empresa de postres lácteos Dhul, propiedad de Nueva Rumasa, cuenta con un agujero patrimonial de 618,26 millones de euros, ya que sus activos están valorados en sólo 171,76 millones, frente a unas deudas de 790 millones. El informe de situación patrimonial que han elaborado los administradores concursales de la compañía, publicado en su página web, revela que ese déficit podría ampliarse, ya que existen deudas en discusión por importe de 109,56 millones.

Entre los activos se ha incluido la marca Dhul, que la familia Ruiz-Mateos puso en 1997 bajo la titularidad de la sociedad Lerton Holding, radicada en Belice, como medida defensiva. No obstante, la administración concursal considera que la empresa con sede en Granada es el titular real de ese activo porque "ha venido usando de modo exclusivo y excluyente, sin solución de continuidad y sin contraprestación alguna, la marca Dhul y sus derivadas y periféricas" hasta el punto de que "ha asumido y contabilizado los costes comerciales y publicitarios".

La propiedad de la marca es fundamental para garantizar el éxito de un posible proceso de venta de la empresa, sobre la que decaería el interés de los compradores si no pudieran seguir utilizando las denominaciones con las que ha comercializado hasta ahora sus productos. La administración concursal -formada por los abogados Francisco Romero y Francisco de Paula Zurita, los economistas Álvaro Quero y Enrique Borrello, y Deloitte- no ha otorgado un valor separado a la marca, sino que la ha incluido dentro del fondo de comercio, valorado en 30,5 millones.

Récord de insolventes

Fuente: levante-emv.com

El número de empresas y personas en concurso de acreedores toca récords en el primer semestre

04-07-2011

EFE / MADRID El número de empresas y personas que fueron declaradas en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en el primer semestre del año tocó un nuevo récord al situarse en 3.379, un 12 % más que en la primera mitad de 2010, según el Baremo Concursal elaborado por PriceWaterhouseCoopers.

Ese estudio, que se basa en los datos de insolvencias publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), revela que el 80 por ciento de los concursos de acreedores (equivalentes a 2.721) correspondieron a empresas, con un alza del 12 % respecto al primer semestre del año pasado.

Por su parte, 658 particulares fueron declarados en suspensión de pagos entre enero y junio, lo que supuso un incremento del 5,5 % en variación interanual.

Según PriceWaterhouseCoopers, el incremento de las insolvencias entre empresas se debió al vencimiento de muchas de las refinanciaciones realizadas en 2008, que se pactaron para periodos de 2 a 3 años.

"Muchas de estas refinanciaciones vencieron en 2010 y empiezan a vencer en 2011, provocando por ello la entrada en concurso de estas compañías", explica la firma, que considera que el nuevo récord de procedimientos registrado en el primer semestre "denota que la situación financiera y económica de España durante este periodo continúa en un estado delicado".

Las insolvencias también tuvieron un impacto considerable en el empleo, ya que afectaron a 58.076 trabajadores en los seis primeros meses de 2011, lo que supone un alza del 18 % respecto al primer semestre de 2010.

Además, las empresas que entran en concurso son muy pequeñas, como prueba el hecho de que el 60 % "prácticamente no cuentan con activos", señala PriceWaterhouseCoopers.

Por Comunidades Autónomas, la que más procesos de insolvencia de empresas registró en la primera mitad del año fue Cataluña, con 595 concursos, un 1 % más, seguida de Comunidad Valenciana, con 416 procedimientos y un alza del 7 %.

Madrid se situó en tercer lugar, con 375 concursos de acreedores de empresas y un crecimiento del 13 %, mientras que Andalucía acogió 269 procesos, un 27 % más.

El concurso de acreedores: quitas para unos; ruina para otros

Fuente: elmundo.es

Mateo Rouco | Madrid

Actualizado domingo 03/07/2011 18:32 horas

• isminuye el tamaño del texto
• Aumenta el tamaño del texto"Mi situación hace tres años era loable, tenía una buena posición económica, con mis deudas, como casi todo el mundo, pero tenía un salario amplio para cubrirlas.Solicité a los bancos refinanciar unas deudas para tener más margen de maniobra pero en el 2009 perdi mi empleo y esta situación se alargó en pleno declive económico"

"Mi situación hace tres años era loable, tenía una buena posición económica, con mis deudas, como casi todo el mundo, pero tenía un salario amplio para cubrirlas.Solicité a los bancos refinanciar unas deudas para tener más margen de maniobra pero en el 2009 perdi mi empleo y esta situación se alargó en pleno declive económico"

A partir de ese momento, este ingeniero, que prefiere mantener el anonimato, comenzó a abusar de sus tarjetas de crédito, no contaba con fuertes ingresos pero esperaba encontrar pronto un trabajo con el que pagar los créditos.

"La situación no mejoró y se alargó" explica . "A finales de 2010 empezé a ver que las deudas se echaban encima. Dejé de pagar cuotas, varios meses, y quería encontrar una solución". Y en ese momento este parado decidió presentar el concurso de acreedores para personas físicas.

Este ciudadano explica que "una vez que me aprobaron el concurso se paralizaron mis deudas y al pedirlo a tiempo evité requerimientos". Ahora espera obtener un buen acuerdo con los acreedores y destaca que "he considerado el concurso como una inversión. Si salgo a flote es un coste bajo".

Los datos publicados por el INE demuestran que durante el primer trimestre 323 personas se han acogido a este proceso. El pasado año fueron 1.150 ciudadanos. Una cifra baja en comparación con otros países como Francia o Alemania.

Marina Lorente, socia de Garrigues, explica que el concurso de acreedores de las personas físicas es un procedimiento voluntario al que se somete el deudor cuando se encuentra en insolvencia actual o inminente.

Pasos a seguir

Lorente explica que hay analizar la situación económica y acreditar la insolvencia. Luego, preparar la solicitud de declaración de concurso y acompañar un poder especial, representado por abogado y procurador.

Después hay que presentar una memoria, económica y jurídica, indicando las causas de la insolvencia y presentar un inventario de bienes y derechos junto a una lista con los acreedores. También hay que informar sobre pleitos y finalmente declarar el concurso. En ese momento se puede llegar a un acuerdo o bien proceder a la liquidación de los bienes. El proceso finaliza cuando los acreedores se hayan dado por satisfechos o cuando no haya bienes para liquidar.

Ventajas

"No tenía intención de dejar de pagar pero veía que iba a llegar a la quiebra", así resume otra de las personas que decidió acogerse a este recurso legal y que también ha optado por el anonimato por respeto a su familia.

Este ciudadano, víctima de la crisis económica, es uno de los ejemplos de que el concurso sí puede funcionar y con éxito. "He conseguido una quita del 50% y un plan de pagos a cuatro años",explica con entusiasmo.

Al recordar su situación asegura que veía que sus problemas no se "solucionaban de ninguna forma" y ahora, "haberme acogido a lo que marca la ley me ha cambiado la vida. De estar en un callejón sin salida estaré estabilizado".

Los expertos destacan que con el concurso se pueden paralizar los embargos, el pago de intereses e incluso obtener quitas -descuentos- en la deuda. También se pueden paralizar demandas. No obstante la mayoría de expertos consideran que este proceso no es el más adecuado para las personas físicas.

Inconvenientes

"Un concurso supone más costes para las personas físicas al tener que contratar un abogado, un procurador y un administrador concursal", asegura Lorente. Carlos Guerrero, experto en cocursos en Sofos Consulting, explica que el coste puede ir de 3.000 hasta 30.000 euros.

Este abogado explica que el concurso "se ha incrementado mucho este año" aunque "de diez personas que me llaman puedo ayudar a una o dos. Porque si iniciaran concurso se arruinarían".

Alberto Núñez-Lagos, socio de Uría Menéndez, considera que "el concurso presenta más inconvenientes que ventajas" y destaca que "el procedimiento concursal complica aún más la grave situación económica de los concursados, viéndose desprovistos de toda capacidad de decisión sobre su patrimonio".

Juan Ferré, socio director de Pluta abogados, explica que el procedimiento es muy complejo porque "las normas están pensadas para empresas y no para personas físicas".

Además, señala que en países como Francia o Alemania el proceso es más simple porque no se necesita contratar un abogado y un procurador. "Hay que presentar un simple formulario y el coste es reducido", explica este experto.

Guerrero explica que el concurso no es recomendable para personas que tengan toda su deuda en la hipoteca porque "los bancos no suelen aceptar quitas". Este abogado explica que aquellos que tengan la mayoría de deuda en créditos al consumo "lo tienen más fácil porque estas entidades suelen aceptar las quitas y llegar a acuerdos".

Más empresas y personas insolventes que el año pasado

Fuente: elpais.com

Con un total de 416 procedimientos la Comunidad Valenciana alcanza el 7 % y se coloca segunda, por detrás de Cataluña

EFE - Madrid / Valencia - 04/07/2011

El número de empresas y personas declaradas en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en el primer semestre del año aumentó el 7 % en la Comunidad Valenciana al situarse en 416 procedimientos, según el Baremo Concursal elaborado por la empresa auditora PriceWaterhuseCoopers.

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Valencia es la provincia en que se ha producido el mayor incremento en el número de concursos, con un 25 % más, ya que Alicante y Castellón registraron descensos del 24 y el 12 % respectivamente.

El estudio, que se basa en los datos de insolvencias publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), revela que el 80 por ciento de los concursos de acreedores (equivalentes a 2.721) correspondieron a empresas, con un alza del 12 % respecto al primer semestre del año pasado.

En el conjunto nacional, el número de empresas y personas que fueron declaradas en concurso de acreedores en el primer semestre del año tocó un nuevo récord al situarse en 3.379, un 12 % más que en la primera mitad de 2010.

Por Comunidades Autónomas, la que más procesos de insolvencia de empresas registró en la primera mitad del año fue Cataluña, con 595 concursos, un 1 % más, seguida de la Comunidad Valenciana. Madrid se situó en tercer lugar, con 375 concursos de acreedores de empresas y un crecimiento del 13 %, mientras que Andalucía acogió 269 procesos, un 27 % más.

Por su parte, 658 particulares fueron declarados en suspensión de pagos entre enero y junio, lo que supuso un incremento del 5,5 % en variación interanual. Las insolvencias también tuvieron un impacto considerable en el empleo, ya que afectaron a 58.076 trabajadores en los seis primeros meses de 2011, lo que supone un alza del 18% respecto al primer semestre de 2010.

Las posibles causas

Según PriceWaterhouseCoopers, el incremento de las insolvencias entre empresas se debió al vencimiento de muchas de las refinanciaciones realizadas en 2008, que se pactaron para periodos de 2 a 3 años.

"Muchas de estas refinanciaciones vencieron en 2010 y empiezan a vencer en 2011, provocando por ello la entrada en concurso de estas compañas", explica la firma, que considera que el nuevo récord de procedimientos registrado en el primer semestre "denota que la situación financiera y económica de España durante este periodo continúa en un estado delicado".

Además, las empresas que entran en concurso son muy pequeñas, como prueba el hecho de que el 60 por ciento prácticamente no cuentan con activos", señala PriceWaterhouseCoopers.

Todos contra todos en el mayor concurso de Jávea

Fuente: cincodias.com

Alberto Ortín - Madrid - 04/07/2011

La historia del concurso de acreedores de la empresa de alquiler de vehículos Sol Mar, uno de los mayores concursos de una compañía registrados en Alicante, está repleta de demandas en los juzgados, investigaciones de Hacienda, conflictos laborales, apariciones de la Guardia Civil y contratación de detectives. En juego está la supervivencia de una de las mayores compañías españolas de alquiler de vehículos -facturó 127 millones de euros en 2008 y entró en concurso en 2010 con más de 70 de pasivo- y la honorabilidad de sus distintos propietarios, así como la de la administración concursal nombrada por el juez.

La pasada semana los actuales dueños de Sol Mar solicitaron al juzgado de lo mercantil número dos de Alicante la expulsión de la administración concursal, liderada por Jesús Verdes en representación de un acreedor, la financiera Lico. Y en abril los administradores nombrados por el juez solicitaron la sustitución de facultades y disposición del patrimonio del actual administrador social de la compañía, Juan Solaeche.

Aeconofin, una consultora especializada en reestructuraciones que se hizo cargo de Sol Mar cuando la empresa había ya presentado concurso de acreedores, asegura al juez que los administradores concursales han mostrado "deslealtad", "falta de diligencia" y "obstaculización" de sus funciones. Y mantienen que esa actitud tiene como objetivo "la reincorporación del antiguo administrador de la concursada Antonio Hernández, que fundó la compañía en 1993 y la traspasó en 2010 a la dirección de la sociedad y, en último término, la restitución de este a la titularidad de la misma con vistas a asegurar su liquidación".

Los administradores concursales aseguran al juez en su escrito de abril que los actuales dueños desconocen la idiosincrasia del negocio de Sol Mar "por más de ser sus emolumentos totalmente discriminatorios respecto del resto de los trabajadores". "Mucho nos tememos", advierten, "que a muy corto plazo, de no adoptar medidas urgentes, conduzca a la sociedad concursada a una situación económica de caída libre, si no lo está ya".

En el escrito de solicitud de separación la representación legal de los dueños de Sol Mar afirma que el supuesto objetivo de la administración concursal de devolver la compañía a su anterior propietario tiene también como finalidad "ocultar y tapar los comportamientos fraudulentos, cuando no presuntamente delictivos, realizados en la época en la que él mismo era propietario y administrador solidario de la sociedad".

Para demostrar la existencia de esa connivencia en la documentación enviada al juez se incluyen fotografías y vídeos del administrador concursal Jesús Verdes con el fundador de la empresa, Antonio Hernández, tomados por una agencia de detectives. Se trata de imágenes de ambos en el Parador Nacional de Jávea, donde comieron el pasado 19 de abril.

Mientras que los dueños actuales de Sol Mar denuncian una supuesta alianza entre la administración concursal y el fundador de la compañía para controlar el proceso, la administración concursal denuncia que es Aeconofín quien estaría conchabada con el empresario Salvador Gabaldón para quedarse con Sol Mar. Gabaldón es un inversor que el pasado año acordó con Antonio Hernández la compra de Sol Mar y que nueve meses después presentó concurso de acreedores para la compañía. Antes de que el juez declarara el concurso de la empresa de renting, Aeconofin acordó la adquisición a Gabaldón de la compañía.

Sobre la supuesta relación entre Gabaldón y Solaeche denunciada por la administración concursal, los abogados del primero indicaron al juez que se trata de "un relato novelesco propio de la peor literatura" y recuerdan que han denunciado tanto a Antonio Hernández como a Salvador Gabaldón.

En el asunto también ha tomado cartas el sindicato CC OO, que ha hecho llegar al juez una carta firmada por Vicente Alcaraz, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato en Alicante. En ella Alcaraz advierte que en una reunión de Jesús Verdes con parte de la plantilla de Sol Mar para negociar un ERE el administrador concursal "manifestó que Antonio Hernández (anterior propietario) debía volver como director de planificación comercial y de flota (...)" y que el administrador "trató de desprestigiar al actual propietario Juan Solaeche (...) y que la debería gestionar Antonio Hernández que es quien la había creado y tenía conocimiento del medio".

Distintos propietarios en cuestión de meses

Antonio Hernández, el fundador de Sol Mar, llevó a cabo el 16 de febrero de 2010, junto a esposa, una operación acordeón a la inversa sobre la empresa de alquiler de vehículos, según los escritos presentados al juzgado: realizaron una ampliación de capital a cargo de reservas presuntamente inexistentes y a continuación una reducción de capital.

Sobre esta operación la Agencia Tributaria, en una notificación del 14 de junio de 2010 y a la que ha accedido este diario, indica que tuvo "una clara voluntad fraudulenta". Como consecuencia de esa operación, asegura Sol Mar al juez, "la práctica totalidad de los inmuebles que poseía Sol Mar han dejado de formar parte de su patrimonio" y pone de manifiesto "una clara voluntad fraudulenta, la de sustraer al alcance de la Hacienda pública bienes que podrían haber sido aplicados al pago de sus deudas".

Ese mismo día 16 de febrero Hernández vendió Sol Mar al empresario Salvador Gabaldón Alcántara. Tan solo nueve meses después de adquirirla, el 19 de noviembre de 2010, Gabaldón solicitó concurso para Sol Mar. El 14 de diciembre de 2010, antes de que fuera declarada en concurso por el juez, la sociedad Aeconofin compró el 100% de la empresa.

El 14 de enero de 2011 se publicó el auto por el que se declaraba el concurso de Sol Mar y se nombraba a los administradores concursales.