Fernando Martín y los gestores de Martinsa Fadesa no son responsables del concurso de acreedores

Fuente: expansion.com

16.05.2011Europa Press0

La administración concursal presentó hoy este informe ante el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, que podría así archivar el procedimiento de calificación.

El concurso de acreedores de Martinsa Fadesa fue fortuito, según concluye el informe de calificación del concurso elaborado por la administración de la inmobiliaria, que de esta forma exime al presidente del grupo, Fernando Martín, y al resto de sus gestores de responsabilidad alguna en la insolvencia de la compañía.

Los administradores concursales de Martinsa también consideran fortuita la suspensión de pagos de las cinco filiales de la inmobiliaria que estuvieron inmersas en el concurso, según indicaron a Europa Press en distintas fuentes del sector.

La administración concursal presentó hoy este informe ante el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, que podría así archivar el procedimiento de calificación. Por contra, la declaración de culpabilidad en un concurso puede conllevar, según la Ley Concursal, varios años de inhabilitación en el cargo para los gestores de la empresa.

La calificación del concurso constituye la última fase del mismo, dado que se inicia incluso después de que se apruebe el convenio de acreedores y por ende, de que la empresa salga de la suspensión de pagos. En el caso de Martinsa Fadesa, la sentencia de aprobación de convenio de acreedores y superación del concurso que dictó el pasado mes de marzo el Juzgado de A Coruña no es aún firme, dado que contra la misma se presentaron dos recursos.

Tres años de concurso
Una vez se resuelvan dichos recursos y la actual fase de calificación, la inmobiliaria superará así tres años de proceso concursal, que además ha sido el mayor de la historia empresarial española, con un pasivo de unos 7.000 millones de euros.

Arrancará entonces el cumplimiento del convenio de acreedores, por el que la inmobiliaria se compromete a abonar su deuda íntegra (sin quitas), pero en un periodo de ocho años, que empezará a contar en 2012.

El convenio incluye la conversión a préstamos participativos del 15% del crédito ordinario y contempla la posibilidad de que los bancos canjeen deuda por acciones en el caso de que la inmobiliaria no pague sus deudas en un plazo máximo de diez años (los ocho del convenio más dos ejercicios adicionales).

La administración de Martinsa Fadesa comunica hoy su informe de calificación

Fuente: cincodias.com

Alberto Ortín - Madrid - 16/05/2011

La administración concursal de Martinsa Fadesa tiene previsto comunicar hoy su informe de calificación sobre el concurso de la inmobiliaria, el mayor en la historia de España. La compañía presentó concurso en julio de 2008 con unos 7.000 millones de euros de deuda; el pasado 11 de marzo la mayoría de los acreedores aprobaron el convenio presentado por la compañía, con lo que se da por finalizado el periodo en el que la empresa ha estado en concurso de acreedores.

La ley concursal obliga a la elaboración de un informe de calificación cuando se establece para la aprobación de un convenio de acreedores o una quita superior al tercio del importe de sus créditos o cuando, como es el caso, se propone una espera para cobrar superior a los tres años.

El concurso puede calificarse como culpable o fortuito, según el artículo 164 de la Ley Concursal. El concurso se calificará como culpable cuando en la generación del estado de insolvencia "hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho."

La calificación del concurso como culpable puede conllevar la inhabilitación de los afectados para administrar bienes ajenos durante un periodo de entre dos y quince años.

Manuel Jove, que en 2006 vendió Fadesa a Fernando Martín por 4.045 millones de euros, presentó el mes pasado un escrito al juez del concurso de Martinsa Fadesa en el que solicitaba que Fernando Martín fuera declarado culpable de la situación de insolvencia en la que se declaró el grupo.

El actual presidente del grupo Inveravante, y primer accionista del BBVA, reclama que Martín sea inhabilitado por 15 años para ejercer cargo de administrador y pague una indemnización de 1.800 millones.

El escrito de Jove y otros acreedores enviado al juez es una posibilidad que contempla la ley concursal. En el periodo de pieza de calificación (tres meses), los interesados pueden dirigirse al magistrado del concurso para trasladarle sus alegaciones.

Cumplir el convenio de acreedores

Expertos en materia concursal consultados por este diario estiman que la calificación del concurso de Martinsa Fadesa no será culpable y que, en todo caso, puede supeditarse el efecto de la calificación al término del cumplimiento del convenio.

Quieren decir que, aunque suponiendo que el concurso fuera declarado culpable, lo que no es previsible, o que fuera inhabilitado Martín durante dos años, la medida no sería efectiva mientras la compañía trata de cumplir el convenio de acreedores, que supuestamente será un periodo superior al de una posible inhabilitación de dos años.

Apúntate Plan

La empresa que gestionó la caja única de Nueva Rumasa también es insolvente

Fuente: expansión.com

15.05.2011Expansión.com / Efe0

Bardajera, la empresa que ha gestionado durante años la tesorería de las principales enseñas de Nueva Rumasa, también se encuentra en situación de insolvencia y presenta un preconcurso de acreedores.

Según han indicado a Efeagro fuentes jurídicas, Bardajera ha logrado con esta maniobra parar algunas acciones judiciales de las empresas de la familia Ruiz-Mateos que ya se encuentran en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) y que han pasado a ser controladas por los administradores concursales.

Es el caso de Carcesa, propietaria de Fruco y Apis, que intentó sin éxito instar el concurso necesario de acreedores de Bardajera -sociedad administrada por Zoilo Pazos Jiménez, sobrino de José María Ruiz-Mateos-, con el objetivo de que los 17 millones de euros que le adeuda tuvieran privilegio de cobro.

La petición de la administración concursal de Carcesa no ha podido prosperar porque la compañía había solicitado con anterioridad acogerse al preconcurso de acreedores, que le blinda durante un plazo de cuatro meses para renegociar sus deudas.

El protagonismo de Bardajera en el entramado de las empresa de Nueva Rumasa es uno de los aspectos tocados por los administradores concursales que el pasado viernes se reunieron en Madrid.

En concreto, el entramado de empresas de Nueva Rumasa operaba con un sistema de caja única gestionado mayoritariamente por Bardajera, que sacó millones de euros de Clesa, Dhul, Carcesa, Hibramer y Quesería Menorquina, entre otras sociedades del conglomerado de los Ruiz-Mateos.

La titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Palma de Mallorca, María Encarnación González, ya reveló al declarar el concurso de acreedores de Quesería Menorquina que una empresa de Nueva Rumasa había gestionado su tesorería, con transferencias en contra y favor de esta compañía.

El uso que los Ruiz-Mateos hicieron de Bardajera es presuntamente constitutivo de un delito de administración desleal, según ha puesto de manifiesto el despacho de abogados Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados en la primera querella presentada contra la familia.

Según las últimas cuentas depositadas ante el Registro Mercantil de Madrid, correspondientes a 2009, Bardajera tenía unas deudas de 359,79 millones de euros en ese ejercicio, en el que sólo obtuvo unos ingresos de 157.100 euros y un beneficio de 2.322 euros.

Bardajera, que contaba con tan sólo dos empleados en 2009, tenía como objeto social la adquisición, venta y explotación de inmuebles urbanos o fabriles.

El informe sobre la situación patrimonial de Dhul, en julio
Los administradores concursales de Dhul presentarán el informe sobre la situación patrimonial del fabricante de flanes y postres a mediados de julio, después de la prórroga extraordinaria que ha concedido el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada.

Según informaron a Efe fuentes jurídicas, el juez Blas González Navarro ha aceptado esta semana la solicitud que hicieron los administradores concursales de Dhul para que se ampliara el plazo de dos meses que fija la Ley Concursal para presentar el informe, debido a la complejidad del concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) de la empresa de Nueva Rumasa.

El informe provisional sobre la situación patrimonial de Dhul reflejará el volumen de activos y pasivos de la sociedad e irá acompañado de su correspondiente listado de acreedores.

El fabricante de postres y flanes contará previsiblemente con déficit patrimonial, según se desprende de la información remitida por la propia familia Ruiz-Mateos al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada.

Según esos datos, Dhul es la segunda empresa del conglomerado de Nueva Rumasa con mayor volumen de deudas, que ascienden a 452,3 millones de euros, frente a unos activos valorados supuestamente en 220 millones de euros (lo que tendrá que ser revisado por los administradores concursales).

A los 153 millones de euros de pasivo que inicialmente reconoció la sociedad se ha añadido posteriormente información sobre avales por valor de 299,3 millones de euros que Dhul otorgó para garantizar deudas de otras sociedades de la familia Ruiz-Mateos.

La administración concursal de Dhul -formada por los abogados Francisco Romero y Francisco de Paula Zurita, los economistas Álvaro Quero y Enrique Borrello, y Deloitte, representada por Juan Jesús Valderas- centró sus primeras actuaciones en recuperar la actividad de la empresa, en lo que ha invertido buena parte de los casi dos meses que han transcurrido desde su nombramiento.

Autorizada la liquidación de Afinsa a los cinco años de la intervención

Fuente: cincodias.com

A. Ortín - Madrid - 12/05/2011

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha aprobado el plan de liquidación de Afinsa cuando se cumple un lustro de que fuera intervenida la compañía de sellos.

El juez Francisco Javier Vaquer advierte en el auto, distribuido ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en lo relativo al plan de pagos, que atendiendo a la escasa liquidez de la concursada en relación con el total pasivo exigible, "resulta aconsejable la realización de los inmuebles y la recuperación de los tributos indebidamente pagados para la realización del pago de los acreedores privilegiados y la realización de un primer pago a los acreedores ordinarios".

Afinsa fue intervenida judicialmente el 9 de mayo de 2006 junto a Fórum Filatélico por presunta estafa. La compañía tiene un pasivo de 2.443 millones de euros frente a un activo de 812 millones de euros. El número de acreedores es cercano a los 200.000.

En el auto el juez explica que existe "la voluntad de realizar un inicial pago hasta la cuantía del 5% en julio de 2011, concretando antes de dicha fecha el vencimiento de las inversiones financieras temporales, lo que sumado a la tesorería y al producto de la venta de activos permita aquel pago, realizándose pagos sucesivos de un 5% según lo vayan permitiendo las disponibilidades".

El plan de liquidación contempla la venta de inmuebles; de la sociedad Auctentia; de obras de arte, y la enajenación de los sellos en lotes, organizada por expertos en filatelia. El plazo para la venta de los activos filatélicos concedido es de un año, ampliable.

La asociación de consumidores Adicae criticó ayer el plan de liquidación de Afinsa, informó Efe, por considerar que no ofrece garantías sobre cuánto durará la venta de los bienes ni la cantidad que recuperarán los afectados.

Venta de inmuebles

Los administradores concursales de Afinsa, según fuentes consultadas por Efe, tienen intención de vender con carácter prioritario el palacio del Nuncio, en Aranjuez, y la sede de Afinsa en Madrid, para engrosar la liquidez existente, que ronda los 116 millones de euros.

Los jueces alertan del aumento de las familias en concurso de acreedores

Fuente: periodicomediterraneo.com

El procedimiento supone postergar un año el pago de la hipoteca y tratar la renegociación de los préstamos

11/05/2011 RAMON OLIVARES

• Comentarios
• Enviar
• Imprimir
• Añade a tu blog

De la cola del paro surgen muchos de los problemas económicos.
Foto: G. U.

La crisis continúa golpeando con fuerza a las familias castellonenses, forzándolas a declararse en quiebra. Una muestra clara se encuentra en los concursos de acreedores a que se acogen las personas físicas sin actividad empresarial, el último intento de algunas familias de la provincia por no perder sus posesiones. Desde el inicio de la recesión económica ya son 58 los hogares que han intentado con este método salvar su patrimonio, en una cifra que va claramente en aumento. Mientras en el 2007 no hubo ningún caso en la provincia, en el 2008 fueron solo tres las situaciones de este tipo. Ya en el 2009 la cifra se disparó, hasta los 18 concursos de acreedores de familias. El año pasado fueron 26 los casos y solo en el primer trimestre de este año han sido 11 las familias que se han acogido a este procedimiento, tal y como ya informó ayer Mediterráneo.

Esto lleva al juez de lo Mercantil de Castellón, Carlos Núñez, a prever que el año puede acabar “con 30 ó 40” casos de este tipo. Y eso que esta medida no está pensada para solucionar los problemas de insolvencia de las familias, sino de las empresas, y normalmente no supone una solución definitiva, sino solo “un colchón de tiempo” para tratar de solucionar los problemas económicos del hogar, afirma.

POCAS OPCIONES
A pesar de ello, esta es la última tabla de salvación a la que se pueden acoger las familias después de sufrir un varapalo económico, como el desempleo de uno de los miembros. La otra alternativa que les queda cuando no pueden hacer frente a sus pagos, casi siempre motivados por un préstamo para una vivienda, “es la ejecución hipotecaria”, como detalla el delegado de la Unión de Consumidores de España (UCE) en la provincia, Juan Carlos Insa. Y esta actuación conlleva el embargo del inmueble por parte del banco, además de asumir el pago de la diferencia entre lo que quedaba por pagar de hipoteca (que suele ser bastante porque los primeros años se abonan sobre todo intereses) y la venta del piso por parte del banco, que en la mayoría de los casos es la mitad de su valor real, si no se vende antes en subasta.

APLAZAR PAGOS
Es por esto que cada vez más familias tratan de acogerse al concurso de acreedores, un proceso en el que por otra parte no es fácil entrar. Al menos con él se consigue un plazo de un año en que no se debe hacer frente a la hipoteca y un administrador gestiona y ordena los pagos, además de intentar alcanzar un convenio de préstamos que los posterga e incluso los puede reducir, señala Núñez.

De todas formas, acabado ese año, “pocas familias” logran reconducir su situación y se ven abocadas a la temida ejecución hipotecaria y a la pérdida del piso, informa el magistrado.

Cacaolat ultima un ERE temporal para mejorar su situación financiera

Fuente: levante-emv.com

10/05/2011 EFE

La empresa de batidos Cacaolat, en situación de concurso de acreedores, ultima un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal como medida para mejorar la situación financiera del grupo, según han explicado a Efe fuentes jurídicas conocedoras del caso. Según fuentes presentes en las conversaciones con la empresa consultadas por Efe, aunque todavía no se conoce el número de trabajadores incluidos, el expediente afectaría tanto a los trabajadores de Cataluña como Aragón, ya que entre las dos comunidades Cacaolat tiene una plantilla de alrededor de 500 personas repartidas en tres plantas.

Esta es una de las grandes medidas del plan de viabilidad para afrontar la suspensión de pagos que propone la empresa, gestionada por la familia Ruiz Mateos, que presenta esta semana el documento de viabilidad a la administración concursal, según han explicado fuentes sindicales. El plan de viabilidad de la empresa gestionada por Sebastián Masdeu, que se esperaba para la semana pasada, tendrá que recibir el visto bueno de la administración concursal, del juzgado que supervisa el concurso y, posteriormente, de los principales acreedores de la compañía. El concurso de acreedores tiene como administradores designados por el juez a la auditora de cuentas Deloitte y al abogado Juan Antonio Borrás Abos.

Además de las plantas catalanas de Barcelona y Parets del Vallès (Barcelona), Cacaolat cuenta con una planta en Utebo (Zaragoza), donde desde principios de abril, a raíz de una reunión en la sede del gobierno aragonés, planea también un posible ERE temporal como medida de viabilidad, según explican fuentes del comité de empresa de la planta, que reconocen que el expediente todavía no ha sido notificado a los trabajadores. En dicha reunión entre la empresa, los trabajadores y el ejecutivo aragonés, se habló de aplicar la medida en el horizonte de un año, con un máximo de 180 días de afectación. La medida para la planta aragonesa, que tiene 106 trabajadores y de la que dependen también ganaderos, formará parte del plan de viabilidad para la sede en Utebo, también en concurso de acreedores.

Actualmente, y tras unos primeros días de nerviosismo tras la declaración del concurso de acreedores, las plantas de Cacaolat en Cataluña están funcionando con relativa normalidad y los proveedores están abasteciendo las plantas productivas, según explican fuentes sindicales. Por su parte, la plantilla zaragozana subraya que lleva más de un mes con la producción "casi paralizada" y que sólo han producido pedidos específicos para instituciones.

La marca catalana fue adquirida a Parmalat España por Nueva Rumasa en el mismo paquete en el que compró otras empresas de alimentación del grupo italiano en nuestro país, entre ellas Clesa, en el año 2007, por un total de 188 millones.

Los empleados compran Quesería Menorquina por 346 euros

Fuente: levante-emv.com

Los 181 trabajadores asumen la deuda de la empresa, de 33 millones en 2009, y la hipoteca de las instalaciones

10-05-2011

EFE Los trabajadores y directivos de Quesería Menorquina han adquirido por 346 euros las acciones de esta empresa de Mahón (Menorca), aunque también han asumido la deuda que arrastra la productora de queso en porciones y lonchas, han confirmado a Efeagro fuentes conocedoras de la operación, cerrada ayer.

Cada uno de los 181 trabajadores aportará un euro para comprar la empresa, mientras que el equipo directivo presentará el importe restante.

El acuerdo de venta deberá ser ahora validado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz, que es el que gestiona el concurso de acreedores de Carcesa, propietaria de la compañía.

Los trabajadores se han comprometido a asumir la deuda de Quesería Menorquina, que en 2009 debía 33 millones de euros, de los que la mayoría, 27,35 millones, correspondían a proveedores y a acreedores varios.

A ello se suma que Nueva Rumasa hipotecó a favor del Santander la fábrica de Quesería Menorquina por 15 millones de euros meses después de adquirir la fábrica a la multinacional Kraft por 1,7 millones de euros, y a la que aún adeuda 1,4 millones.

Las mismas fuentes han explicado que por ello el precio de la transacción es simbólico, ya que el valor de la compañía es "nada o negativo, dada la situación en la que se encuentra".

No obstante, la familia Ruiz-Mateos anunció ayer en un comunicado que la venta de Quesería Menorquina se realizaba por 35 millones de euros.

La operación ha contado con el visto bueno del Gobern balear, que el pasado 18 de marzo adelantó un millón de euros a la empresa para garantizar su continuidad y mantener los puestos de trabajo.

La falta de financiación eleva en un 12 % los concursos de acreedores en Valencia

Fuente: levante-emv.com

El número de suspensiones de pagos crece por encima de la media nacional y afecta a 267 empresas y familias

JORDI CUENCA VALENCIA
La falta de financiación por el cierre del grifo por parte de las entidades bancarias está teniendo un efecto desastroso para las empresas, que en el último año han aumentado el recurso al concurso de acreedores como fórmula para hacer frente a la falta de liquidez. El número de empresas y particulares que se acogieron en el primer trimestre de este año a la antigua suspensión de pagos alcanzó en España un récord histórico de 1.803, superior a los 1.762 contabilizados en el segundo trimestre de 2009, el año más duro de la crisis económica. Según los datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística, la mencionada cifra equivale a un incremento del 5,9 % respecto al mismo período del año pasado. Los datos correspondientes a la Comunitat Valenciana son peores, dado que el aumento interanual alcanza el 12,1 %. Tras Cataluña, con 411, la autonomía es la segunda con un mayor número de deudores concursados -267-, si bien muy cerca de los 261 de Madrid. Un año antes, estas dos comunidades registraban el mismo número de suspensiones de pagos: 238.
El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), José Vicente González, no tiene dudas al achacar el mencionado incremento, fundamentalmente, a la ausencia de liquidez: "Si a una empresa le cortas la financiación para circulante, no puede pagar, aunque tenga negocio". Eso es lo que está sucediendo en estos momentos y lo peor de todo "es que no tiene pinta de resolverse este año". El problema está ya enquistado: La banca "no tiene dinero y es muy dura exigiendo garantías a quien se lo presta", es decir, peca de lo contrario de lo que pecaba antes, cuando daba créditos casi con los ojos cerrados. Entonces, "echaba una mano a empresas que no estaban del todo mal y que, así, podían subsistir". González opina también que las empresas se están viendo afectadas por los impagos de las administraciones públicas, no siempre de forma directa sino que en ocasiones es a través de subcontratas.
De las 228 empresas valencianas que entraron en concurso, el número más elevado correspondió a la edificación y promoción inmobiliaria, con 65, la cifra más elevada de toda España. A continuación, con 64, aparecen las firmas industriales y en tercer lugar, el comercio al por mayor (27).
Por otro lado, en abril se constituyeron 7.584 empresas en España, según Informa. Esta cifra rompe la tendencia al alza mantenida desde comienzos de año ya que desciende un 18,25% frente a marzo. También es más baja, un 2,02%, que la de abril de 2010. En cuanto a disoluciones, la Comunitat Valenciana-donde la creación de firmas cayó de 896 a 821 en un año- ocupó el segundo lugar, con 262.

Los jueces de lo mercantil apoyan la entrega del piso como pago de la hipoteca

Fuente: levante-emv.com

Los magistrados reunidos en los IV Encuentros de Profesionales del Derecho Concursal reivindican su competencia para adoptar esta medida

LEVANTE-EMV VALENCIA
Los VI Encuentros de Profesionales del Derecho Concursal, que reunieron hasta ayer en Valencia al 70% de los magistrados de lo mercantil españoles, se cerraron "con la unanimidad de apoyo hacia la dación en pago", por la cual los particulares y empresas que no puedan afrontar sus deudas podrían entregar a los bancos sus inmuebles y quedarían eximidos de sus obligaciones económicas.
Ese fue el tema estrella de las jornadas organizadas por la Fundación Pro Iure, que se clausuraron ayer en la Ciudad de la Justicia de Valencia, un enclave que ha permitido obtener la "mejor cifra de participación desde su nacimiento", con 320 inscritos y más de 50 ponentes, según precisaron fuentes de la organización. Cabe recordar, tal como publicó el viernes Levante-EMV, que el Consell cedió gratis a la organización la sala donde se ha celebrado este encuentro. De esta manera, la organización de las jornadas -codirigidas por el magistrado titular del juzgado de lo Mercantil número 2, Fernando Presencia- se habría embolsado un total de 144.000 euros procedentes de las 320 matrículas de los asistentes; sin embargo, el alquiler del local no habría generado gasto alguno a la fundación.
El encuentro se centró en el inminente proyecto de reforma de la Ley Concursal y, en concreto, según Presencia, la "gran mayoría" de los jueces asistentes "se han mostrado favorables a este aspecto de la reforma", en alusión a la dación en pago. "Es el legislador el que debe debatir, analizar y razonar este aspecto, teniendo en cuenta que nadie podía prever una crisis de la índole de la que sufrimos en estos momentos, donde muchas personas físicas no pueden extinguir sus deudas de ningún otro modo", dijo Presencia.

Comisión en el Congreso
Además, recordó que el Congreso de los Diputados "creó esta misma semana una comisión para estudiar este aspecto, lo que indica que una legislación clara sobre este ámbito puede estar más cerca de lo que pensamos, merced al debate social que se ha creado".
Muchos de los magistrados asistentes secundaron estas palabras en la jornada de conclusión del encuentro, en la que se apuntaron posibilidades como el acuerdo previo entre las partes mediado por un juez, los problemas de pérdidas que esta iniciativa podría suponer para las entidades bancarias, en tanto en cuanto son acreedores, e incluso la posibilidad de que el propio administrador pudiera dictaminar la dación sin el consentimiento del hipotecante

Las insolvencias de empresas y particulares crecen un 5,9%

Fuente: levante-emv.com

La construcción y la promoción de viviendas acapararon casi un tercio de los concursos de acreedores hasta marzo

EFE/MADRID El número de empresas y particulares que se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) tocó un nuevo récord en el primer trimestre del año al situarse en 1.803, un 5,9 por ciento más que en el mismo período de 2010.

Según la Estadística del Procedimiento Concursal publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ese ascenso se debió a que la cifra de empresas y autónomos insolventes se incrementó el 8,3 por ciento, hasta 1.552, mientras que los particulares que recurrieron a estos procedimientos bajaron un 7 por ciento en tasa interanual, hasta totalizar 251.

Casi un tercio de las empresas y empresarios en concurso (498) entre enero y marzo operaban en el sector de la construcción y la promoción de vivienda, mientras que el 19,6 por ciento, equivalente a 305, pertenecía a la industria y al sector energético, y el 15,7 por ciento (244 sociedades), al comercio.

Por número de trabajadores, el 74,9 por ciento del total de empresas insolventes era de pequeño tamaño, ya que tenían menos de 49 empleados.

La estadística del INE también muestra que, del total de concursos de acreedores presentados en el inicio del ejercicio, sólo el 1,6 por ciento iba acompañado de una propuesta anticipada de plan de pagos y de viabilidad, lo que demuestra las escasas posibilidades que tienen las sociedades para evitar la liquidación y salir del procedimiento de insolvencia.

Los expertos esperaban esta nueva alza trimestral pese a que las empresas y particulares que se acogieron al concurso de acreedores el año pasado se redujeron un 7,2 por ciento, hasta 5.750.

El primer trimestre de cada ejercicio ha sido siempre propicio a un incremento del número de insolvencias, aunque el comienzo de 2011 ha resultado especialmente dañino, con un alza del 21,2 por ciento en el número de concursos respecto a los últimos tres meses del año.

Desde 2009, las insolvencias trimestrales habían oscilado entre las 1.500 y las 1.700, a excepción de los meses de verano, cuando se registraban cerca de 1.100 concursos.

El anterior máximo trimestral se alcanzó en el segundo trimestre de 2009, con 1.762 insolvencias, frente a la media de 250 concursos trimestrales que se registraban antes de que estallara la crisis económica.

Por comunidades autónomas, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid concentraron el 52,1 por ciento del total de deudores concursados en el primer trimestre de 2011.

En Cataluña se registraron 411 concursos de acreedores entre enero y marzo; en la Comunidad Valenciana, 267, y en Madrid, 261.

El juez acepta quitas del 70% en el concurso de la planta de Outokumpu

Fuente: cincodias.com

Javier Vadillo - Bilbao - 03/05/2011

El Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Bilbao ha emitido una sentencia por la que admite el convenio de acreedores de la fábrica de tubos de cobre de la antigua Outokumpu en Zarátamo (Vizcaya), ahora gestionada por la sociedad Leaf Business Holdings (LBH).

El magistrado Aner Uriarte ha aceptado la propuesta de los administradores del concurso, Pedro Olabarri, Alfonso Gómez y Alberto Urbaneja, que plantea quitas del 70% sobre una deuda de 50 millones. El pago de este pasivo está pactado en un plazo de tres años. A cambio, la planta de Zarátamo seguirá en actividad con 37 trabajadores en plantilla tras la salida pactada de 180 operarios.

La supervivencia fabril de la antigua Outokumpu es un ejemplo para aquellas industrias que intentan superar la antigua suspensión de pagos, una situación que en la mayoría de los casos supone el cierre de numerosas fábricas. Los administradores del convenio de Outokumpu han logrado sacar adelante el proyecto en dieciocho meses. La fábrica de Zamudio fue gestionada durante décadas por la siderúrgica finlandesa Outokumpu, que luego cedió la propiedad de las instalaciones a la citada sociedad LBH, en una proceso asesorado por Garrigues.