Colonial deja atrás un "concurso evidente"

FUENTE: CINCODIAS.COM

El pasado 19 de febrero Juan José Brugera y Pere Viñolas, presidente y consejero delegado de Colonial, ofrecieron en Madrid una rueda de prensa convocada ese mismo día. Los dos ejecutivos aparecieron ante los medios con rostros cansados pero satisfechos. Tras meses de interminables reuniones con entidades financieras, la inmobiliaria había logrado firmar, esa misma noche, un acuerdo para refinanciar cerca de 5.000 millones de euros de deuda.

De no haberlo logrado posiblemente Colonial hubiese entrado en concurso de acreedores, de unas proporciones mayores a las de Martinsa Fadesa, en concurso desde julio de 2008. "Hubo un periodo que parecía evidente el concurso de Colonial", recuerda ahora Pere Viñolas.

Siete meses después de aquel acuerdo, el consejero delegado de Colonial da por completa la refinanciación de la compañía. "El normal funcionamiento del mercado debería ser suficiente para que Colonial cumpla con sus compromisos con la banca y mantenga su actividad", sostiene.

Convencer a varios bancos de financiar una deuda cercana al billón de las antiguas pesetas de una inmobiliaria española, a los dos años de explotar la burbuja, tiene su mérito. The Wall Street Journal se hizo eco en sus páginas del acuerdo de Colonial. "Gran apuesta en el sector inmobiliario español" tituló el diario estadounidense. La firma con la banca podía ser, indicaba el diario, "la primera señal de que el sector inmobiliario español está al final del túnel".

"¿Cuándo la banca está dispuesta a intercambiar deuda por acciones de una compañía?", se pregunta Viñolas. "Sólo cuando está convencida de que el valor de esas acciones será mayor en el futuro que la deuda que está asumiendo", asegura.

En la actualidad, la propiedad de la inmobiliaria, con un valor por acción inferior a 0,1 euros por título, se reparte entre Commerzbank (20,1%); The Royal Bank of Scotland (19,9%); Crédit Agricole (19,6%) y el fondo domiciliado en Luxemburgo Coral Partners, con el 14,7%, después de haber adquirido deuda de Goldman Sachs, que todavía retiene el 4,9% del capital. La Caixa, con el 5,7%, y Banco Popular, con el 4,9%, completan el accionariado de la inmobiliaria, según los registros de la CNMV.

El valor de los activos

En el caso de Colonial, la banca acreedora estuvo dispuesta a refinanciar "por el valor de sus activos", afirma Viñolas. La compañía tiene como principales activos edificios de oficinas situados en las mejores zonas de Madrid, Barcelona y París. "En realidad el negocio de una patrimonial como Colonial es bastante aburrido", comenta el ejecutivo que insiste en que la compañía cumplirá sus objetivos con la banca acreedora, a la que todavía debe 4.000 millones, ingresando puntualmente todos los meses los alquileres de sus inmuebles.

El acuerdo, a grandes rasgos, se estructura en tres partes, con dos ampliaciones de capital, la creación de un vehículo de suelo y promoción y la emisión de warrants. Pere Viñolas afirma que esos pasos ya están dados. No obstante, el acuerdo de refinanciación no es un seguro de vida ilimitado.

La compañía tiene que cumplir ciertos ratios financieros. A partir del 31 de diciembre, la relación entre la deuda de Colonial y el valor de sus activos no puede ser superior al 85%. Mientras ese porcentaje no sea inferior al 50% la compañía no podrá pagar dividendos o cualquier otro honorario a los accionistas. No podrá disponer de sus activos ni incurrir en endeudamiento financiero adicional. Y tendrá que velar por no perder la mayoría del capital que ostenta en el capital de la inmobiliaria francesa SFL (53,4%), que supone la mitad del negocio de Colonial.

Mantenerse en Bolsa y lograr nuevas alianzas

A pesar de que en la actualidad el valor por acción de Colonial es inferior a 0,1 euros por título, y de que el capital flotante de la compañía en Bolsa es menor al 10%, Pere Viñolas asegura que la compañía tiene como objetivo mantenerse en Bolsa. "Para nosotros es importante estar en Bolsa y poder atraer la atención de los inversores en un momento dado", explica.

En los últimos meses, tanto Viñolas como otros directivos de la empresa, desde el presidente, Juan José Brugera, hasta otros directivos, han comentado la posibilidad de alcanzar acuerdos con otras compañías del sector. Viñolas dice que ahora mismo no es el principal objetivo de la inmobiliaria, aunque señala que la empresa está abierta a acuerdos con otras empresas. En todo caso el consejero delegado de Colonial recuerda que son los accionistas, los bancos acreedores, los que tienen el poder de decisión en este sentido.

La cifra

4.274 millones de euros es la deuda de Colonial a 30 de junio de 2010. En 2008 la deuda de la inmobiliaria era cercana a los 9.000 millones.

El concurso de acreedores llega al caviar iraní

FUENTE: EXPANSION.COM

El Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona ha declarado en situación de concurso de acreedores a Caviar Investment, empresa con sede en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) especializada en la importación de caviar iraní.

Se trata de una de las firmas más prestigiosas del sector y una de las pocas compañías que estaban autorizadas por el Gobierno de Irán para comercializar el selecto caviar Beluga en España cuando su venta estaba permitida.

Según fuentes de la empresa, la suspensión de pagos responde a una medida de protección puramente “técnica y provisional” que no tiene nada que ver con su negocio principal, sino con unas inversiones en el sector inmobiliario.

“El concurso no está relacionado con la venta de caviar, confiamos en poderlo levantar en un plazo de sólo dos o tres meses; somos un grupo sano con mucho negocio en España”, afirma la compañía.

Al parecer, el expediente se presentó después de que uno de los bancos con los que trabaja la compañía no aceptara refinanciar una deuda de una filial inmobiliaria del grupo. Según el Registro Mercantil, Caviar Investment está vinculada a las empresas Barcelona Construcciones Altin y Construcciones Kolbe Barcelona.

Fundada en 1993, la firma es proveedora habitual de restaurantes y hoteles de lujo y de tiendas de productos gourmet. Entre sus principales proyectos, figura la puesta en marcha de una piscifactoría propia en el Mar Caspio, que podría entrar en funcionamiento a finales de año.

Con esta instalación, la empresa podrá comercializar su propio caviar procedente de la cría de esturiones, ya que la venta de caviar salvaje iraní está ahora prohibida en Europa debido a la sobreexplotación. Según cifras de Alimarket, Caviar Investment facturó seis millones de euros en 2009, frente a los nueve millones que alcanzó en 2007.

La empresa se centra ahora en la venta de caviar de cultivo –que trae de Francia, Italia y Uruguay– y en otros productos delicattesen.

La cotización del selecto manjar
- Existen tres variedades de caviar iraní salvaje: Beluga, Osetra y Sevruga. Cuando se podía vender, el caviar Beluga costaba 10.000 euros el kilo.

- El caviar de piscifactoría cuesta entre 2.300 y 2.500 euros el kilo. En España, hay dos piscifactorías, en Granada y el Valle de Arán.

La familia Sánchez-Ramade pide amparo concursal para Noriega

FUENTE: CINCODIAS.COM

El juzgado mercantil de Córdoba ha comunicado este mes la entrada de solicitud de amparo concursal de la compañía Noriega, del grupo Sánchez-Ramade. La promotora, con más de 700 millones de euros de deuda financiera en 2008 -900 millones en la actualidad según las fuentes consultadas por este diario-, se ha acogido al punto 5.3 de la Ley Concursal.

De esta manera, la promotora del grupo familiar dispone de un periodo de tiempo -tres meses, ampliable en uno- en el que negociar con la banca acreedora la refinanciación de su deuda, después de haber reconocido su situación de insolvencia. En caso de no lograrlo, Noriega se vería abocada al concurso de acreedores, uno de los mayores en la historia de Andalucía.

La crítica situación del grupo se evidenció el pasado 29 de junio cuando la división de construcción, Noriega Edificación y Obra Civil, requirió también amparo concursal para negociar con los acreedores y evitar su entrada en concurso. La filial de construcción de Noriega cuenta con más de 70 millones de deuda, gran parte con proveedores comerciales.

Noriega Edificación y Obra Civil dispone hasta el 29 de octubre para lograr un convenio anticipado de acreedores. En el caso de Noriega SL el plazo, de tres meses ampliable en uno, comienza a contar desde la solicitud de amparo concursal, el pasado 14 de septiembre. La compañía ha declinado ampliar la información a este diario.

Eugenio Sánchez-Ramade Villegas, fallecido en 2005, creó en los años cincuenta del pasado siglo el grupo actual con sede en Córdoba. La familia Sánchez-Ramade controla sus sociedades a través de Compañía Meridional de Inversiones. El grupo pasa por ser el segundo mayor conglomerado empresarial de Andalucía tras Abengoa y el primero por facturación de un grupo andaluz no cotizado.

El grupo Sánchez-Ramade está integrado por las divisiones de promoción y de construcción (Noriega SL y Noriega Edificación y Obra Civil, que han solicitado amparo concursal); de distribución (Urende); automoción (Sánchez-Ramade Automoción); tecnología (Diasa y Diasoft); ocio y espectáculos (Cinesur); agrícola (Doña Sol) y financiero.

El fundador del grupo creó la inmobiliaria Noriega en 1962. Desde entonces la empresa ha entregado más de 14.000 viviendas. De acuerdo a las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil por Noriega SL, del ejercicio 2008, los principales bancos acreedores de la promotora eran BBVA (115 millones); Banesto (103 millones); Caja Madrid (44 millones) y Cajasur (34,5 millones), por préstamos hipotecarios sobre existencias.

Fuentes que han participado en las negociaciones comentan que la solicitud de amparo concursal por parte del grupo para Noriega SL supone "un órdago a la banca: si no refinancian entrará en concurso y las entidades tendrán que provisionar cientos de millones de euros".

Ernst & Young, auditor de las cuentas de Noriega, señala en su informe de auditoría del ejercicio 2008 que la "capacidad de sociedad" para realizar sus activos y liquidar sus pasivos depende del cumplimiento de un plan de negocio incluido en el último contrato de financiación sindicada. La empresa refinanció más de 600 millones de euros de deuda con 21 entidades financieras.

En 2007 el grupo cordobés, controlado por los cuatro hermanos Sánchez-Ramade (Javier, actualmente presidente del grupo, Eugenio, Martín y Álvaro) invirtieron en Bolsa 625 millones. En Iberdrola adquirieron el 1% con un desembolso de 425 millones.

Indo insta el concurso de Novolent y vende 11 de sus tiendas a +Visión

FUENTE: CINCODIAS.COM

Indo presentó ayer el concurso voluntario de Novolent y Európtica, dos filiales adquiridas a finales del año pasado como garantía del cobro de unos créditos otorgados a clientes. La empresa oftalmológica, también en suspensión de pagos, mantenía desde entonces en propiedad 24 tiendas de óptica que puso inmediatamente a la venta.

Simultáneamente, y tras varios meses de negociaciones, Indo anunció ayer el principio de acuerdo de venta de once establecimientos de óptica a +Visión por dos millones. La operación ha aportado plusvalías a Indo, puesto que se hizo cargo de la cadena Novolent por un precio simbólico de 1.268 euros. +Visión se ha comprometido a mantener los 60 puestos de trabajo de las tiendas. Además, la compañía informó ayer a la CNMV que no descarta que durante el concurso se materialicen otras ofertas por el resto de tiendas de Novolent. En cualquier caso, Indo señaló que la formalización de la venta de las 11 tiendas dependerá de la aprobación de la administración concursal.

Por su parte, +Visión invertirá 0,5 millones en la integración de los establecimientos adquiridos. La compañía del grupo GrandVisión cuenta con 191 establecimientos en España, 67 propios, cuatro franquiciados y 120 de asociados.

Díaz Ferrán, tendrá que pagar nóminas con su patrimonio

FUENTE: LEVANTE-EMV.COM

El Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid ha condenado al presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, a pagar con su patrimonio personal 2.451 euros más intereses a un empleado de Air Comet por las nóminas impagadas de octubre y noviembre de 2009, lo que supone el primer fallo en su contra de las ocho demandas similares que existen en los juzgados.

La sentencia dictada el pasado 8 de septiembre, a la que tuvo acceso Europa Press, avala la validez de la garantía personal firmada por Díaz Ferrán por la que se comprometió con los trabajadores a abonar los sueldos con su patrimonio a cambio de que desconvocan la huelga prevista para el pasado 1 de diciembre para protestar por el impago generalizado de los salarios.

"El documento se suscribe en un contexto de huelga de los trabajadores de Air Comet que no han percibido sus salarios por lo que exigen una garantía adicional de cobro que no es otra que el afianzamiento por el sr. Díaz Ferrán con su patrimonio personal", según declara la sentencia.

De esta forma, la juez Carmen Iglesias rechaza la alegación del presidente de la patronal con la que aseguraba que esta garantía era "ética o moral" y no suponía una obligación solidaria. Contra la sentencia cabe recurso de apelación.

Además, la juez considera que Díaz Ferrán deberá abonar las dos nóminas al trabajador a pesar de que la aerolínea se encuentre en proceso concursal desde el pasado 20 de abril, lo que obliga a los acreedores a reclamar sus deudas ante el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid.
En este sentido, la sentencia recuerda que la jurisprudencia al respecto establece que "la inclusión de la deuda principal en la lista de acreedores no supone (...) la extinción de la obligación del fiador como deudor solidario y no impide al acreedor la reclamación a los fiadores, ni desvirtúa la obligación resultante de la fianza".

Tras la firma de la garantía personal, Díaz Ferrán entregó a los trabajadores unos pagarés bancarios parar asegurar el cumplimiento de la obligación solidaria. Sin embargo, el 21 de diciembre de 2009, fecha de vencimiento de los pagarés, los empleados no recibieron transferencia alguna.

Al respecto, la juez concluye que "se otorga la garantía tanto a los trabajadores que han retirado los pagarés como aquellos que no lo hicieron y ha de realizarse el pago mediante transferencia".

De esta forma, el fallo podría extenderse a los casi 700 empleados de la aerolínea. La Confederación General de Trabajadores (CGT) anunció que pedirá la extensión del fallo al resto de trabajadores de Air Comet y continuará con el trámite de las otras siete denuncias similares pendientes de señalamiento de juicio en los juzgados civiles.

El juicio por este procedimiento monitorio se celebró el pasado 6 de septiembre con la ausencia de Díaz Ferrán, hecho que fue criticado por la juez al comienzo de la vista oral.

El pasado 21 de diciembre Air Comet anunció el cierre y presentó concurso voluntario de acreedores después de que un juez de la Corte Suprema de Londres ordenara el embargo de sus aviones por la demanda por impago presentada por el banco alemán Nord Bank, al que la aerolínea adeudaba 17,2 millones de euros por el leasing de las aeronaves. El proceso concursal se encuentra en la fase de comunicación de créditos.

IDEAS PARA LA REFORMA CONCURSAL

FUENTE:ELPAIS.COM

Circula desde hace semanas un borrador de propuesta de anteproyecto de ley de reforma de la Ley Concursal que está preparando el Ministerio de Justicia. Este borrador, que parece preliminar, aborda una reforma muy amplia, la segunda de calado en poco más de año y medio. El borrador contiene muchas mejoras técnicas de agradecer, sobre todo en el ámbito procedimental, y alguna sorpresa, en nuestra opinión, muy discutible, como el otorgamiento de un privilegio general a ciertos créditos de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública por responsabilidad civil derivada de delito. Este cambio es un claro retroceso en el gran avance que supuso la Ley Concursal de limitar privilegios, tanto a acreedores privados como públicos, siguiendo la tendencia de los derechos concursales más avanzados.

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Es preciso evitar la destrucción del tejido empresarial que está enfermo pero es sanable

El activo empresarial debe poder ser vendido a un tercero con la máxima celeridad

El tema que más preocupa a los agentes económicos es si esta reforma podrá evitar, con medidas de reestructuración, la destrucción de la parte del tejido empresarial que está enfermo pero es sanable. Para que ello fuera así, la propuesta de reforma tendría que cumplir un requisito: que la gestión de la empresa enferma durante su cura no puede hacerse en el juzgado, porque los tiempos que se manejan y las habilidades de los jueces no casan, ni pueden casar, con los tiempos del mercado y las habilidades de los gestores de empresa. Discrepamos de quienes afirman que debe facilitarse la declaración del concurso necesario, y por eso nos sorprende que la propuesta de anteproyecto incentive al acreedor instante del concurso incrementando su privilegio general hasta el 50% del importe del crédito. Potenciar una "solución concursal" solo agravará la situación. Que el concurso es para la inmensa mayoría de las empresas una máquina de destrucción de valor es una evidencia: casi nueve de cada diez empresas en concurso acaban en liquidación. Este dato debería inducir a una profunda reflexión.

Para hacer frente a esta experiencia universal, la reestructuración empresarial se aborda en los sistemas concursales de nuestro entorno político-económico cumpliendo dos requisitos:

1. Antes de obligar a iniciar un procedimiento concursal deben explotarse al máximo las posibilidades de una reestructuración out-of-court pactada entre el deudor y sus acreedores.

2. Si fracasa la reorganización o reestructuración fuera del juzgado y el concurso es inevitable, el activo empresarial debe poder ser vendido a un tercero con la máxima celeridad, antes de que pierda valor.

Comenzando con el primer punto, la propuesta de reforma concursal que se ha conocido introduce algunas mejoras en nuestro exiguo régimen preconcursal, pero omite cualquier tipo de mecanismo que permita imponer el resultado de la negociación entre el deudor y sus acreedores a una minoría de acreedores disidentes y oportunistas o simplemente sin sentido de la responsabilidad.

Nuestras instituciones preconcursales están formadas por el famoso artículo 5.3 de la Ley Concursal y el régimen de protección de los acuerdos de refinanciación de la no menos conocida disposición adicional cuarta. En lo que atañe al artículo 5.3, se permitirá extender el plazo para solicitar el concurso voluntario de dos meses a cuatro meses adicionales no solo cuando se hayan iniciado negociaciones con los acreedores para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio (propuestas escasísimas en la práctica), sino también cuando el deudor esté negociando un acuerdo de refinanciación, incluso aunque no se encuentre en estado de insolvencia actual. Esto último es lo que realmente venía ocurriendo. Además, se reducirá el control judicial al mínimo para garantizar el automatismo de la solicitud del deudor. Se echa de menos, sin embargo, que la ley no imponga la paralización de las ejecuciones individuales y prohíba la compensación.

Por lo que respecta a los acuerdos de refinanciación, no es un secreto que los efectos de la disposición adicional cuarta han sido decepcionantes hasta la fecha, y no por falta de interés de los operadores. El principal problema reside en que el actual sistema de nombramiento del experto independiente es incompatible con la urgencia que demandan estas operaciones. La propuesta de anteproyecto establece ahora que el experto será designado "a su prudente arbitrio" por el registrador mercantil. Esperemos que esto se traduzca en un acortamiento de plazos y, sobre todo, en la posibilidad de que el experto pueda ser designado antes incluso de que exista un acuerdo de refinanciación con objeto de que su informe se pueda emitir tan pronto como se alcance tal acuerdo. La reforma de más calado consiste en la posibilidad de nombrar un único experto cuando, como es habitual, el acuerdo de refinanciación afecte a varias sociedades del mismo grupo.

Es una lástima que la propuesta no aclare los efectos de un acuerdo de refinanciación que cumpla formalmente los requisitos de la norma: no debería ser revisable judicialmente salvo en caso de fraude; es decir, el juez no debería poder entrar a valorar la razonabilidad de las hipótesis sobre la base de las cuales se realizó el informe. Con el concurso encima de la mesa del juez es evidente que el plan de viabilidad no fue realizable.

Donde la propuesta de anteproyecto realmente pincha es en la carencia de mecanismos que permitan imponer el acuerdo de refinanciación alcanzado en fase preconcursal entre una mayoría de acreedores y el deudor a los disidentes (cramdown), como ocurre en algunos países de nuestro entorno. Esto puede hacerse estableciendo un sistema que tenga los efectos del scheme of arrangement británico (se están produciendo casos de empresas españolas que con el respaldo de la práctica totalidad de sus acreedores se acogen, por existir suficiente conexión, a este procedimiento) o facultando expresamente al juez a subordinar a aquellos acreedores que estando en las mismas condiciones que otros abusaron de su derecho a vetar una solución negociada en la fase previa al concurso. El solo riesgo de que esto ocurra ayudará a que algunos actúen con sensatez.

¿Y si a pesar de todo fracasa la reorganización o reestructuración fuera del juzgado? Decíamos antes que el activo empresarial debe poder ser vendido a un tercero con la máxima celeridad. En relación con este punto, la reforma parece que permitirá disociar el activo del pasivo. Así, en el supuesto de que exista un tercero interesado en adquirir el negocio, o una parte de él, podrá negociar con el deudor los términos de la compra del activo, y el deudor podrá presentar el concurso con la operación de venta negociada, de modo que la ejecución de esta operación pueda realizarse inmediatamente, sin que el activo permanezca excesivo tiempo bajo la tutela del sistema concursal. Además, en este supuesto la reforma establece que el concurso se tramitará por el procedimiento abreviado, lo cual acelerará la ejecución de la oferta de venta al tercero, dejando al juzgado únicamente lo que debe tener: la tramitación de la masa pasiva, la reintegración de la masa activa y la calificación del concurso.

Cuando la oferta de compra del activo no venga de la mano del deudor en el momento de la solicitud del concurso, sino con posterioridad, también existe la posibilidad de liquidar el activo anticipadamente sin tener que esperar a que terminen las fases previas del concurso. Sin embargo, se echa de menos que la iniciativa de presentar el plan de liquidación pueda corresponder también al deudor, ya que parece que en este supuesto solo será la administración concursal la que retenga la iniciativa de liquidar anticipadamente el activo, negociando y, en su caso, aceptando la oferta del tercero

Los dueños de Marsans compraron VCP días antes de pedir su concurso

FUENTE: CINCODIAS.COM

El informe concursal de la inmobiliaria y constructora Vías, Canales y Puertos, al que ha tenido acceso este diario, relata la forma de proceder del despacho de abogados Aszendia, especializado en la adquisición de compañías en graves problemas y la gestión posterior de su situación concursal, al frente de la empresa. Al igual que en Marsans, el empresario Ángel de Cabo Sanz, vinculado a Aszendia, acordó la adquisición de VCP y pocos días después solicitó su entrada en concurso de acreedores. Este periódico intentó ponerse en contacto con De Cabo, pero no recibió respuesta alguna.

Los administradores concursales explican que Aszendia trató de quedarse con fincas de la concursada como pago por determinados servicios, "en claro perjuicio del resto de acreedores".

Vías, Canales y Puertos, con sede social en Jerez de la Frontera y actividad en Andalucía y Madrid, y una facturación anual aproximada de 50 millones, llevó a cabo "la clásica huida hacia delante" al tratar entre 2007 y 2008 de lograr créditos para superar impagos por un valor superior a los seis millones de otras inmobiliarias (como las concursadas Lábaro y Promodico) con las que mantenía negocio. Aun así, la administración destaca en su informe, presentado el pasado mayo, que no se trata "de una compañía improvisada" sino que era una empresa "profesionalizada a la que se han ido aportando los medios económicos precisos para el correcto desarrollo de su actividad". El 29 de octubre el propietario de VCP, Eduardo Rodríguez Peña, cesa como administrador único y es elegido en su cargo Ángel de Cabo Sanz. El 3 de noviembre, De Cabo Sanz presenta solicitud de concurso de acreedores para VCP.

Según el informe de los administradores concursales, el precio de venta acordado entre Rodríguez Peña y De Cabo Sanz es de 11.439 euros "es decir, al precio de un euro por acción, cuando las mismas, según las actas, tienen un valor nominal de 100 euros".

El mismo día en que VCP solicita su entrada en concurso, siendo ya administrada por De Cabo Sanz, la constructora acuerda con el despacho Aszendia la dación de bienes en pago de deuda. El pago responde a tres facturas que Aszendia presenta, también el mismo 3 de noviembre, a VCP por distintos tipos de asesoramiento por un precio de 689.249,9 euros. Pero los bienes aportados superan esa cantidad.

Según el informe concursal, VCP acuerda con Aszendia -dos empresas vinculadas a De Cabo Sanz- aportar tres fincas valoradas en 4,9 millones. Y el acuerdo de dación de esos bienes en pago por una deuda con el despacho de 0,6 millones establece un derecho de opción de recompra a favor de VCP en un plazo de un año por 6,9 millones.

"Conocida la existencia de la mencionada escritura y sus consecuencias para la masa activa de la concursada en claro perjuicio del resto de acreedores", explica la administración concursal en su informe, "se expone a los administradores (...) la conveniencia de rescindir dicho negocio jurídico de manera inmediata y, a ser posible, voluntariamente". "Tras arduas y largas negociaciones", la administración logró la retroacción voluntaria de esas fincas.

Falta de documentación y obras "objeto de auténtico saqueo"

A principios de 2009 la administración concursal de Vías, Canales y Puertos nombrada por el juez trata de estimar la situación real contable de la compañía. "Para llevar a cabo este trabajo extenso en su formulación y tremendamente complicado en su obtención no hemos contado con la colaboración del personal ejecutivo de la compañía", señalan los administradores nombrados por el juez. En abril de 2009 se dictó el cese de la actividad empresarial de VCP y el cierre de sus establecimientos. La administración concursal comenta en su informe que constata "la ausencia o dispersión de documentación" y también de activos en las obras en las que operaba "alguna incluso objeto de auténtico saqueo".

Los administradores concursales se encontraron con que 22 vehículos de VCP habían sido transferidos a terceras empresas tras la declaración del concurso. Comprobaron que algunas de esas empresas estaban vinculadas a De Cabo Sanz. En julio de 2009 los administradores solicitaron al juez que se requiriera a De Cabo la devolución de cinco vehículos. A la fecha de la presentación del informe, el pasado mayo, la administración concursal considera que faltan por justificar más de 400.000 euros.

Martinsa Fadesa encara la recta final de su concurso

FUENTE: EXPANSION.COM

La compañía inmobiliaria Martinsa Fadesa protagonizó ayer el primer paso para finalizar el concurso de acreedores, en el que está inmersa desde hace más de dos años.

El juzgado de lo Mercantil número 1 de La Coruña, responsable del proceso judicial, anunció ayer el fin de la fase común del concurso, después de que los administradores concursales presentasen, el pasado viernes, el inventario y la lista de acreedores definitiva, tras la resolución de 684 alegaciones.

La novedad respecto al anterior convenio está en que abre la puerta a la entrada de los bancos en el accionariado si la empresa no paga

El tribunal establece, a partir de ahora, un plazo de 90 días hábiles para que los acreedores se posicionen a favor o en contra del convenio presentado el 15 de julio por cuatro entidades acreedoras titulares de más del 20% del pasivo ordinario del concurso: Caja Madrid, La Caixa, Banco Popular y Caixa Galicia. Para lograr la aprobación, se requieren adhesiones por un mínimo del 50%.

En él, se propone un calendario de pagos por el que la inmobiliaria propone pagar su deuda íntegra (sin quitas) en un plazo de ocho años, que empezaría a contar en 2012. No obstante, hasta 2014 la amortización sería sólo de entre el 0,25% y el 0,50% del pasivo total. La novedad respecto al anterior convenio es que éste abre la puerta a la entrada de los bancos en el accionariado si Martinsa no paga.

El periodo para alcanzar un acuerdo, tres meses de obligado cumplimiento, expira el próximo 4 de enero de 2011. De aprobarse la propuesta, Martinsa seguiría el camino de otras inmobiliarias como Habitat, que superan el concurso en el que se vieron sumidas tras el estallido de la burbuja.

Según el informe concursal, Martinsa cuenta con activos por importe de 7.264,65 millones de euros y un pasivo de 6.887,58 millones. Desde que entró en concurso, el 14 de julio de 2008, la compañía presidida por Fernando Martín ha suscrito ventas de activos por unos 692,2 millones. Desinversiones que le ha permitido recortar en 548,4 millones sus créditos hipotecarios.

El juez de Seop afirma sentirse avergonzado por los retrasos del proceso

FUENTE: CINCODIAS.COM

El pasado sábado día 19, Carlos Nieto, magistrado titular del Juzgado número 1 de Madrid, se reunía en un hotel de la capital con representantes de 300 empresas acreedoras de Seop. El juez, que hace 24 meses asumió el concurso de la constructora, abandonó el hotel tras recibir los aplausos de la mayoría de los que acudieron: las empresas acreedoras dicen que en dos años nadie les había informado, hasta entonces, de la situación del concurso.

En marzo de 2008 Seop, que aspiraba a convertirse en una de las 10 primeras constructoras del sector en España, solicitaba su entrada en concurso de acreedores. El concurso de Seop tiene consecuencias singularmente dramáticas, porque su deuda es mayor con acreedores comerciales que con entidades financieras, lo que no suele ocurrir en los concursos de empresas inmobiliarias o de construcción. La compañía, que en 2007 se hizo cargo del club de fútbol Racing de Santander, debe 161,8 millones de euros a bancos y cajas de ahorro y 168,4 millones a acreedores comerciales, entre ellos más de 4.000 empresas.

"La reunión se produjo porque el juez quería explicar directamente y sin intermediarios los motivos por los cuales se estaba retrasando el concurso", explican en la Asociación Española de Impagados de la Construcción (Aepic), que está haciendo de interlocutor de las empresas afectadas por el concurso de Seop.

El juez "dijo que se avergonzaba de la situación y que está haciendo todo lo que está en su mano para acelerar el proceso", recuerdan en Aepic. "El concurso no avanza porque se encuentra colapsado en su fase común, debido a las 564 impugnaciones interpuestas por 543 abogados personados", comentan en la asociación, que reclama más medios para el juzgado. "Lo único que puede acelerar el proceso y dar esperanzas a las más de 4.000 empresas afectadas es que las medidas de refuerzo aprobadas empiecen a funcionar a partir de septiembre", indican. Las medidas de refuerzo aludidas son las aprobadas en abril de 2009 por el Consejo General del Poder Judicial: la incorporación de un juez especialista, un secretario judicial y seis oficiales de apoyo al juzgado. El Ministerio de Justicia y la Comunidad de Madrid son los encargados de hacer realidad esas medidas.

330 millones de deuda, la mitad con proveedores

La deuda de Seop asciende a 330,3 millones de euros, según datos aportados por Aepic. De esa cantidad, 161,8 millones corresponde a entidades financieras y 168,4 millones a acreedores comerciales (más de 4.000 empresas). En Madrid, las empresas afectadas son 883; 273 en Barcelona; 205 en Cantabria; 191 en Málaga y 170 en Sevilla. Hay más de 60 empresas acreedoras de Seop en Salamanca y Murcia (62); Asturias (67); Navarra (69); Granada (71); Valencia (72); Burgos (83); Guadalajara (103); Toledo (104); Alicante (148) y Valladolid (162). La deuda de Seop con acreedores comerciales incluye 4,5 millones de deuda con administraciones públicas; 9,6 millones de anticipos por obra; 26,4 millones de retenciones; 102,9 millones pendientes de pago y 24,6 millones pendientes de pago a proveedores.

Suspende pagos la empresa del presidente de la patronal valenciana del metal

FUENTE: LEVANTE-EMV.COM

JORDI CUENCA VALENCIA Cromados Lafuente, la empresa del presidente de la patronal valenciana del metal Femeval, Vicente Lafuente, presentó el pasado mes de abril un concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos), que acaba de ser aceptado por un juzgado de Valencia, según confirmó ayer a este diario el también vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio. El concurso es la consecuencia directa de la crisis de demanda en el mercado nacional y el cierre del grifo por parte de las entidades financieras, según el empresario. Cromados Lafuente, tal como avanzó este diario, presentó el pasado mes de enero un expediente de empleo a diez de sus veintiún trabajadores con el que intentó acompasar su plantilla a la caída de la producción.
Según Lafuente, este objetivo se ha conseguido, hasta el punto de que, con la mitad de empleados, "estamos manteniendo la facturación". A esta mejora ha contribuido de forma especial el hecho "de que nos han entrado buenos pedidos desde el extranjero". El presidente de la patronal del metal se mostró satisfecho por haber tomado la decisión de pedir el concurso, porque la empresa, ya gestionada por un administrador concursal, "ha mejorado con estas medidas y ahora veo que será viable, cosa que tal vez no habría sucedido si hubiera presentado la suspensión de pagos a finales de este año". Cromados Lafuente, dedicada al recubrimiento de piezas de iluminación, accesorios de baño y mobiliario, tiene, según su propietario, "una deuda pequeña, con muy poco con la banca y los proveedores". La parte sustancial corresponde al Fondo de Garantía Salarial, por el ERE, que "la descapitalizó".

La plantilla de Marsans pide un plan de futuro

FUENTE: LEVANTE-EMV.COM

El juzgado declara la insolvencia de la filial viajes crisol. Trabajadores de Marsans de Valencia, donde trabajan 60 empleados, se concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento para protestar por la situación de la compañía en concurso de acreedores. El personal reclama un plan de viabilidad y que la compañía clarifique el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado, que reducirá la plantilla total en un 1.300 empleos. Ayer se produjeron concentraciones en otras ciudades. Por otro lado, un juzgado ha declarado el concurso de Viajes Crisol, filial de Marsans, con un pasivo de más de 10 millones de euros.

Manifestación de los trabajadores de Marsans

FUENTE: ELPERIODICOMEDITERRANEO.COM

Unos 900 empleados de Viajes Marsans participaron ayer en una movilización celebrada en varias ciudades, entre ellas, Madrid (foto) para exigir el cobro de las nóminas y denunciar la venta fraudulenta del grupo

Marsans empieza a pagar una parte mínima de las nóminas

FUENTE:CINCODIAS.COM

La administración concursal de Marsans ha autorizado el pago de unos 500.000 euros para las nóminas de junio de los 2.000 empleados de la división de viajes del grupo, que aún no han cobrado nada. Esta cantidad viene a ser sólo la sexta parte de los tres millones de euros que cada mes tiene que abonar a los trabajadores. Posibilitum, propietaria de Marsans, confirmó ayer que el pago parcial se realizará antes del próximo lunes.

Trabajadores de Marsans se manifestaron ayer en distintas ciudades de España para exigir el pago de sus salarios, la presentación del expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por Posibilitum y del plan de viabilidad comprometido por la empresa. En Madrid, varios cientos de manifestantes protestaron ante la sede de la CEOE, que preside Gerardo Díaz Ferrán. Éste y su socio, Gonzalo Pascual, vendieron el 10 de junio la compañía a Posibilitum.

Fuentes sindicales de CNT y UGT, mayoritarios en el comité de empresa, mostraron su convencimiento de que Díaz Ferrán y Pascual siguen supervisando el día a día de Marsans, en cuya sede han sido vistos en las últimas semanas en varias ocasiones.

Según CNT, hay unos 15.000 clientes de Marsans que aún no han recuperado sus depósitos, por lo que tendrán que acudir al concurso de acreedores si pretenden recuperar el dinero.

En UGT dudan del interés ninguno por parte de Posibilitum de reflotar Marsans. El sindicato piensa que, aunque se haya recuperado la licencia de la filial Viajes Atenea para emitir billetes de avión, esto no sirve de nada si no hay acuerdo con las principales aerolíneas.

Por otro lado, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha declarado el concurso necesario de Viajes Crisol, otra de las filiales del grupo Marsans.

El juez declara el concurso de acreedores de Viajes Crisol, filial de Marsans

FUENTE:EXPANSION.COM

El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha declarado el concurso necesario de acreedores (antigua suspensión de pagos) a Viajes Crisol, perteneciente al Grupo Marsans, como había solicitado la empresa Mapa Tours, según un auto publicado hoy.

La titular del Juzgado, Ana María Gallego, ha decidido que Posibilitum, la sociedad que compró el grupo el pasado 10 de junio, conserve las facultades de gestión.

El pasado 25 de junio este mismo juzgado declaró en concurso necesario de acreedores a Viajes Marsans y nombró a los tres administradores concursales que se harán cargo de ambos procedimientos: el abogado y ex juez mercantil Edorta Etxarandio, el economista Rafael Martín y Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que representará a los acreedores.

Los concursos bloquean 21.000 millones de euros

FUENTE:EXPANSION.COM

El Colegio de Registradores de la Propiedad ha remitido a la Comisión encargada de reformar la Ley Concursal una propuesta encaminada a ofrecer más garantías a los acuerdos de refinanciación.

Así lo anunciaron ayer el decano de la institución, Alfonso Candau, y el Director del Centro de Estudios Registrales, Luis del Pozo, durante la presentación en Santander de la Estadística Concursal 2009.

Según dicha estadística, el 90% de los concursos acabó en liquidación. Asimismo, se ha constatado que el crecimiento (97%) de los concursos sigue siendo “espectacular” lo que, a juicio de Del Pozo, supone que “estamos llegando al techo de saturación de la capacidad de tramitación de los juzgados mercantiles”. Ello, unido a que los concursos tienen bloqueado un volumen de masa pasivo de 21.000 mil millones de euros, hace obligado potenciar las herramientas que permitan a las empresas llegar a acuerdos extrajudiciales que eviten el estigma del concurso así como la viabilidad de la compañía.

La estadística concursal registral recoge por primera vez los acuerdos de refinanciación inscritos durante 2009 que han llegado a la cifra de 90, implicando a pasivos por valor de unos quince mil millones de euros. Ello implica, según explicó Del Pozo, que las sociedades que hacen uso de este mecanismo son de gran tamaño y por lo general muy apalancadas y con fuerte presencia de créditos a corto plazo.

Pese a que este instrumento –con el que el regulador ha abierto el camino a una posible alternativa preconcursal a las empresas con dificultades para atender los contratos de financiación– está funcionando bien, los registradores estiman que debe mejorarse.

Del Pozo apuntó a que la futura reforma de la Ley Concursal debería contemplar la refinanciación de los grupos de empresa y definir mejor la responsabilidad del experto, entre otras cuestiones. Asimismo, desde el Colegio de Registradores proponen que se otorgue a los acuerdos de refinanciación el mismo plazo de gracia que el artículo 5.3 contempla para el deudor concursado.

Finalmente, ante el crecimiento de los concursos de persona física –consumidor o empresario individual– Del Pozo precisó que sería convienente habilitar un sistema específico para su tratamiento. Sobre esta cuestión señaló que “si queremos que los juzgados de lo mercantil no se colapsen sería necesario sacarlos de la regulación concursal”.

Sacresa protagoniza la tercera mayor quiebra de la historia empresarial española

FUENTE:EXPANSION.COM

Sacresa protagoniza la tercera mayor quiebra de la historia empresarial española. El Juzgado mercantil número 2 de Barcelona ha declarado hoy en concurso voluntario de acreedores a cuatro sociedades de Sacresa, inmobiliaria controlada por la familia Sanahuja, que suman una deuda de 2.634 millones de euros.

Esta inmobiliaria solicitó la suspensión de pagos el pasado 28 de junio, tras agotar sin alcanzar un acuerdo el plazo legal de cuatro meses con que contaba para pactar con la banca la refinanciación de su deuda.

La sociedad Sanahuja Escofet Inmobiliaria soporta un pasivo exigible de 537,9 millones; Cresa Patrimonial tiene una deuda de 686,6 millones; Sacresa Terrenos Promoción, de 1.059,6 millones, y Sacresa Terrenos 2, de 350,8 millones de euros, según consta en los autos dictados por el juez.

Estas cuatro empresas en concurso suponen el 70% del negocio del grupo Sacresa, que cuenta con un total de diez sociedades, explicaron a Europa Press en fuentes de la inmobiliaria.

El tercer mayor pinchazo
El concurso de la inmobiliaria catalana es el tercero mayor de la historia empresarial española, tras los de las también inmobiliarias Martinsa, que se declaró en concurso con un pasivo de unos 7.000 millones de euros, y Habitat (2.800 millones).

El auto constata que la inversión del grupo Sacresa en Metrovacesa, sociedad de la que la firma de la familia Sanahuja fue primer accionista, exigió un esfuerzo financiero muy importante con recursos facilitados por diversas entidades bancarias. Con la llegada de la crisis, el pasivo bancario ha resultado "inasumible", a pesar de que el grupo Sacresa continúa con su actividad tradicional de promoción de vivienda residencial, asegura el texto.

Al presentar el concurso, Sacresa defendió que ha elaborado un plan de viabilidad que considera "la mejor solución" para afrontar su actual situación de insolvencia y en cuya ejecución confía para superar el concurso "lo antes posible".

"No podemos vender nada. La empresa va a quebrar"

FUENTE: CINCODIAS.COM

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Laura Gonzalo, empleada de una oficina de Viajes Marsans en la estación de Atocha, en Madrid.. "No podemos vender nada. La empresa va a quebrar" - CINCO DÍAS

Luces apagadas, un cartel que pone cerrado y una empleada que habla por el móvil en el interior. "Está cerrado", explica. Pero se levanta y abre la puerta. "Hola, buenos días, quería información sobre un crucero para agosto". La empleada responde: "Esto es Viajes Marsans. No podemos dar información porque no podemos vender ningún producto. La empresa seguramente vaya a quebrar". "Pero ¿la situación es transitoria?", insiste el interesado. "No, no, lo más probable es que la empresa vaya a la quiebra", explica la empleada mientras cierra la puerta y se pierde nuevamente por el interior de la oficina.

Los aproximadamente 2.000 empleados de Viajes Marsans siguen ocupando día a día sus puestos de trabajo, aunque hace meses que apenas hay actividad. Desde el mes de abril, la compañía no puede vender billetes y ahora ultima un ERE que afectará a cerca del 70% de la plantilla, que hoy está convocada a la huelga.

"Le comento", explica una empleada de una oficina de Viajes Marsans cuando se le pregunta por un crucero, "no estamos operativos, la empresa está en concurso de acreedores y no podemos dar información ni vender". "¿Esto es transitorio?". "No. Desgraciadamente llevamos así bastante tiempo y encima no nos pagan", comenta otra trabajadora de la misma oficina.

Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual comunicaron la venta, por 600 millones de euros, de Marsans a la sociedad Posibilitum el 10 de junio. La firma compradora está controlada por empresarios especializados en quiebras y liquidaciones. El mismo día que compraron Marsans solicitaron el concurso de acreedores para Viajes Marsans.

"Lo vemos muy mal. No pagan, no hay dinero", explicaban ayer dos trabajadoras de Marsans a las puertas de Edificio Pórtico, la sede corporativa del grupo, en Madrid. En la plantilla no cala el presunto interés en reflotar el negocio que tienen los nuevos dueños. "Lo fundamental para recuperar la normalidad es pagar a la IATA y eso no lo han hecho. Han recuperado la licencia de Viajes Atenea pero la web no funciona", comentaba ayer una trabajadora.

Laura Gonzalo y Sara Casino, empleadas de Marsans desde hace 10 y 6 años respectivamente, han colocado un saco de dormir en la oficina que Viajes Marsans tiene en la estación de Atocha de Madrid, donde trabajan. De vez en cuando una de las dos se tumba en el saco tratando así de llamar la atención de los transeúntes sobre la situación de los empleados de la agencia de viajes. "Venimos todos los días porque no podemos ausentarnos de nuestro puesto de trabajo, sería despido procedente, pero no hacemos nada", comentan. "Hemos estado dando la cara por la empresa ante los clientes, les decíamos que esto se iba a arreglar para que adelantaran el pago de sus vacaciones, y mira". "No nos han pagado la nómina de junio, no esperamos que nos paguen la de julio y nadie nos dice nada", se quejan. Además añaden que "por convenio" no pueden iniciar las vacaciones hasta el mes de agosto. "Mi familia me está ayudando, dicen que están orgullosos de mí", comenta Laura mientras muestra una fotografía de sus dos hijos pequeños en la que se lee: "Quiero que paguen a mi mami".

Varios de los empleados de Marsans consultados en los últimos días manifiestan sus sospechas de que los anteriores propietarios del grupo, Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, siguen manejando la compañía, y que la venta a la firma Posibilitum no fue tal. "Vienen casi todos los días a Pórtico el edificio sede de Marsans", dicen. "Entran por el garaje, van con guardaespaldas y mientras están ellos el edificio ningún empleado puede acceder a las tres últimas plantas", aseguran.

Desde la compañía, los portavoces remiten a los comunicados oficiales enviados por Marsans. Sobre la negociación del ERE y el pago de la nómina de junio insisten en que se está estudiando y que posiblemente "muy pronto" se pueda decir algo al respecto.

Uno de los empleados de Viajes Marsans inicia el ordenador de su oficina. "Aquí todos los trabajadores del grupo tenemos asignados un número", comenta. "El primero es el de Iván Losada uno de los directivos de Posibilitum", dice. "Los dos siguientes números, el 11858 y el 11859, no tienen asignados ningún nombre, todos creemos que corresponden a Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual".

Bancaja recurre la sentencia sobre la deuda de Martinsa

FUENTE: CINCODIAS.COMBancaja ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña por la que se califica su deuda de 230 millones de euros con Martinsa Fadesa como crédito subordinado, informó un portavoz de la entidad.

Los créditos subordinados son los últimos en cobrarse en el proceso concursal de una compañía y son aquellos que responden a personas especialmente relacionadas con el deudor. Bancaja ocupaba un puesto en el consejo de administración de Martinsa Fadesa desde mediados de 2007 y superó el 5% del capital de la inmobiliaria, que solicitó concurso de acreedores en julio de 2008 con 7.000 millones de deuda. Según el portavoz de Bancaja, la entidad ya había provisionado la deuda con Martinsa Fadesa.

El juez Pablo González Carreró estimó parcialmente en su sentencia sobre el crédito de Bancaja la demanda de un grupo de 70 acreedores representados por el despacho Iure. "La sentencia supone un importante beneficio para los acreedores ordinarios en el concurso de Martinsa Fadesa, ya que se ha minorado en 230 millones el importe de los créditos ordinarios, aumentando así las perspectivas de cobro de los otros acreedores", indicó en un comunicado el despacho de abogados.

Bancaja, la última de la fila para cobrar de Martinsa

FUENTE: LEVANTE-EMV.COM

Mercantil número 1 de A Coruña ha decidido colocar a Bancaja a la cola de las posibilidades de cobro en el procedimiento por insolvencia de Martinsa-Fadesa, con lo que no podrá recibir cerca de 230 millones que le adeuda la inmobiliaria hasta que cobre el resto de los acreedores.

Así figura en una sentencia fechada el 28 de junio, en la que el juez Pablo González Carreró estima parcialmente la demanda de un grupo de acreedores representados por el despacho Iure Abogados, que habían pedido que se subordinaran las deudas de Bancaja porque esta conocía los problemas financieros que llevaron al grupo a presentar el concurso de acreedores, en su calidad de accionista y consejero.

El juez admite que la caja valenciana era una "persona especialmente relacionada" con Martinsa, ya que fue nombrada miembro del consejo de administración el 27 de junio de 2007 y alcanzó el 5,975% del capital de la compañía cotizada en bolsa.

La Ley Concursal, la que rige los procedimientos de empresas insolventes, establece que en cualquier caso serán considerados como subordinados los créditos de "las personas especialmente relacionadas con el deudor".

Entre ellas cita a "los socios que sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial".

Por tanto, aplica las normas de subordinación de créditos que establece la Ley Concursal, que en concreto impone ese castigo a las deudas que hayan pasado a la titularidad del nuevo acreedor con posterioridad al momento en que tiene legalmente la condición de persona especialmente relacionada con la empresa deudora.

Así, ordena que se subordinen los importes que Martinsa-Fadesa empezó a deber a Bancaja después de que entrara a formar parte de su consejo de administración, es decir, los procedentes del crédito sindicado que se concedió a Fernando Martín para comprar la inmobiliaria gallega y que se renegoció en mayo de 2008.

El juez reconoce, no obstante, que cuando se negoció y firmó ese préstamo en febrero de 2007, "Bancaja no intervino en modo alguno y no pudo desplegar ninguna influencia puesto que por entonces no era consejera, ni de Martinsa ni de Fadesa, y no había adquirido tampoco la participación accionarial en Martinsa que tomó en marzo de 2007".

González-Carreró rechaza en cualquier caso subordinar los importes que Martinsa-Fadesa debe a la promotora de la caja valenciana, Bancaja Habitat, que superan los 53 millones de euros.

"Que se trate de una entidad del grupo Bancaja no quiere en modo alguno decir que haya sido utilizada fraudulentamente por la cabecera del grupo para amparar sus créditos ante la eventualidad de la insolvencia de Martinsa-Fadesa", señala la sentencia.

Añade que "la mera existencia de un grupo de empresas no permite, por sí sola, presumir finalidades espurias ni establecer comunicación de responsabilidades en cualquier ámbito".

En un comunicado, Iure Abogados sostiene que la sentencia supone un importante beneficio para los acreedores ordinarios en el concurso de Martinsa Fadesa, como los compradores de vivienda, ya que "aumenta así sus perspectivas de cobro".

La administración concursal valoraba el activo de la empresa en 7.336,9 millones de euros, con los que tenía que hacer frente a deudas por 7.155,9 millones de euros.

De esa cantidad, 1.827,6 millones son créditos privilegiados (se pagan con prioridad), 4.361,7 millones son créditos ordinarios y 542,7 millones eran calificados como subordinados, a los que ahora habrá que añadir los 230 millones de Bancaja.

La Audiencia Provincial abre el camino para declarar culpable el concurso de Nozar

FUENTE: CINCODIAS.COM

El concurso de Nozar dio ayer un vuelco al anunciar la Audiencia Provincial de Madrid que el concurso del grupo no debe ser declarado voluntario, como lo fue en septiembre de 2009, sino necesario.

Avalatransa, sociedad acreedora de Nozar, representada por el despacho madrileño Osorio & Asociados, instó el concurso del grupo de la familia Nozaleda en 2008, pero el juez del juzgado de lo mercantil de Madrid desestimó su demanda. Sin embargo, en septiembre de 2009 Nozar, defendido por el despacho internacional Ashurst, admitió su insolvencia y se declaró en concurso voluntario. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid otorga la razón a Avalatransa en su demanda de 2008.

Nozar argumentó para evitar la declaración de concurso necesario que a pesar de la situación crítica en la que se encontraba estaba negociando la refinanciación de la deuda con la banca acreedora, y que la demanda de Avalatransa afectó negativamente a esas negociaciones.

En el auto de la Audiencia Provincial se manifiesta que "la no reclamación en un momento dado de la deuda vencida por parte de los bancos (...) no significa que ésta haya dejado de resultar exigible". Y añade que Avalatransa "estaba en su derecho de promover el concurso ante el sobreseimiento en los pagos que pudo constatar en que estaba incurriendo su deudora Nozar".

La declaración de concurso necesario puede provocar la retirada de la administración de la compañía de sus propietarios, que serían sustituidos por otros nombrados por el juez. La ley concursal otorga al magistrado amplio margen de actuación en este sentido y dada la situación de crisis actual pocos jueces deciden retirar de la administración a los propietarios de una empresa en concurso.

Una vez declarado como necesario el concurso podría ser declarado culpable. La ley concursal presume la existencia de culpa grave cuando, entre otros supuestos, los administradores hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso. En su auto la Audiencia Provincial dice que en su opinión Nozar, en noviembre de 2008, "estaba incursa en un sobreseimiento generalizado en el cumplimiento de sus obligaciones". El concurso necesario permite actuar contra el patrimonio de los propietarios.